El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

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La autopsia realizada al cuerpo del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) develó que el motivo de su deceso fue un “infarto agudo”, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue el encargado del análisis. Además, se espera el resultado del informe de la prueba toxicológica, que, según anunció, se conocerá en las próximas horas.

“El resultado de protocolo de autopsia da cuenta de que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardiaco. Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología”, dijo Lanchipa, citado en una nota de la Fiscalía.

Las muestras fueron derivadas a los laboratorios del IDIF en La Paz.

Montenegro

Además del informe de toxicología, Lanchipa solicitó que se practique un estudio grafológico para determinar si la carta póstuma que lleva una firma corresponde o no al exfuncionario fallecido.

Investigado por el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión.

La Policía ejecutó hasta el martes cuatro de esas órdenes; todas en contra de exfuncionarios de la estatal de litio.

Uno de los aprehendidos es fue exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú. En su audiencia cautelar, un juez resolvió otorgarle el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

‘Irregularidades’

El caso, que se abrió a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, investiga “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Eso, según la gerente de YLB, Karla Calderón, generó un daño al Estado de más de Bs 452 millones.

Los 12 implicados están investigados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de Estado, César Siles.

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El presidente Luis Arce se solidarizó con su par del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el caso de una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción. Atribuyó el caso a un “linchamiento mediático”.

“No podemos (hacer) menos que expresar nuestra sincera solidaridad con el presidente del Gobierno de España, @sanchezcastejon, su esposa y familia ante el sistemático ataque que soportan desde la ultraderecha de ese país. Detrás de ese linchamiento mediático y político, bien planificado y desarrollado, está el objetivo de generar pulsaciones antidemocráticas en la sociedad”, escribió el mandatario este jueves en su cuenta de X.

La Justicia española investiga a Gómez por una supuesta vinculación con hechos de tráfico de influencias y corrupción; eso a instancias de la organización Manos Limpias desde el 16 de abril.

Luis Arce

Ante eso, Sánchez anunció que evaluará una eventual dimisión a su mandato. “Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, escribió en su cuenta de X.

Según anunció a los periodistas, su decisión se conocerá el martes 29 de abril.

Al respecto, Arce también criticó las “noticias falsas”; dijo que son utilizadas por ciertos grupos para “desacreditar y destruir gobiernos, presidentes y familias”, en una práctica “antipolítica”.

“Esta práctica alejada de toda norma ética, engaña a la población y daña estructuralmente al sistema político a niveles tan altos que potencialmente genera una tendencia fascistoide en la sociedad”, agregó el mandatario boliviano.

Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asumió su segundo mandato ante el rey Felipe VI el 17 de noviembre de 2023.

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La Cámara de Senadores aplazó el debate del proyecto de ley para la modificación de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, que contempla una ampliación de plazos para la preselección de postulantes.

La solicitud fue planteada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores, que consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

“Estos próximos días vence el plazo y en determinado momento, si continúa tomando exámenes en dos o tres días las constituciones y pasa ese plazo, ya sería ilegal. Ahí, cualquiera puede hacer un amparo y, con seguridad, le van a dar la razón. Tampoco podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo”, defendió Flores.

Aprobada la solicitud por 20 de los 29 senadores presentes, el debate se reinstalará el jueves.

Preselección

La propuesta del legislador oficialista ocurre luego de la medida cautelar que dictó la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

La audiencia por ese amparo estaba programada para el lunes de esta semana, en la capital cruceña. Sin embargo, el acto judicial fue suspendido para este viernes.

El lunes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, reclamó que un amparo haya frenado la preselección y reivindicó la independencia de los órganos del Estado.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana, arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, dijo.

Plazos

Según el cronograma establecido en la Ley 1549, el 21 de abril debió culminar la evaluación de méritos y los exámenes de los postulantes. Del 22 al 26 de abril, las Comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de la preselección, estaba prevista la elaboración del informe con la lista de postulantes y su remisión a la Presidencia de la Asamblea legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, se prevé el debate de la lista de candidatos en la Asamblea legislativa. Finalmente, la remisión de la lista de 192 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ocurrir entre el 5 y 6 de mayo.

Luego de eso, el TSE tiene hasta 150 días para la organización de las elecciones judiciales.

La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión de un cuarto implicado en el caso de las piscinas de evaporación de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Se trata de Cristian B. A. A., un exfuncionario Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según publicó Erbol, la captura del investigado ocurrió la tarde del martes en el departamento de Santa Cruz.

La mañana del martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que desde el Ministerio Público se emitieron 12 órdenes de aprehensión. El lunes, se ejecutaron tres de esas órdenes: la del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú y otros dos exfuncionarios de la estatal.

Piscinas

Celebrada el martes, la audiencia de medidas cautelares de Echazú terminó con el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000. Sin embargo, los otros dos exfuncionarios aún esperan su audiencia.

La aprehensión de la exautoridad en la gestión de Evo Morales generó el repudio de los miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); cerraron filas en torno a Echazú.

A instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, el Ministerio Público investiga “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de evaporación en esa planta.

Aprehendidos

Según el reclamo, solo cinco de ellas funcionan y atribuyen esa “falla” a problemas desde su construcción; según la parte acusadora, se realizó con materiales no aptos para las condiciones climáticas de esa factoría.

Los 12 acusados están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de estado, César Siles.

Según informó YLB, esas “irregularidades” causó al Estado un daño económico de al menos Bs 425 millones.