La incorporación de las FARC en la arena política es una condición para la paz que no pasa necesariamente por la cárcel, pero todas las partes deben reconocer el daño causado a las víctimas, afirman analistas, tras la formalización del diálogo de paz.

“Las FARC tienen que dejar las  armas, hacer política y ganar las elecciones” para plantear su programa, afirmó el expresidente y jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, durante el acto de lanzamiento de la negociación de paz celebrado el jueves en Noruega (país garante del diálogo junto con Cuba).

De acuerdo con el reporte del diario español El País, De la Calle también indicó que en este diálogo “se trata de acordar una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada”.

Para los analistas, el salto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la palestra política es la única manera de enterrar el conflicto y no tiene por qué quedar para el final, pues puede hacerse a la par que se negocia.

PARTICIPACIÓn. “Crear un partido político o movimientos sociales o sindicales, y que se integren lo antes posible (…) puede hacerse de forma paralela a la negociación”, dijo a la AFP Eduard Vinyamata, experto en conflictología.

Ese partido, añadió, estaría integrado por miembros de la guerrilla que no estén acusados de delitos de sangre y su formación debería ir precedida “por un alto al fuego, aunque fuese unilateral”, para contar con credibilidad entre los sectores más reticentes.

El Ejecutivo, por su lado, “debe dar garantías de que cualquier partido político puede empezar a funcionar dentro de las instituciones” del país sin correr peligro.

En un video difundido en septiembre, su jefe, Timochenko, fue claro: El Gobierno debe proteger los “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final”.

El que no quiere ni oír hablar de participación política del grupo guerrillero es el exmandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), que lo combatió con mano dura. “Me preocupa la elegibilidad política del narcotraficante, del secuestrador, del extorsionista”, dijo.

Los analistas difieren. La reinserción “es posible y necesaria”, insistió Vicenç Fisas, doctor en estudios sobre paz por la universidad de Bradford, en el Reino Unido.

Que se reinserten no presupone que vayan a la cárcel, al menos en esta fase, consideró. Hay que encontrar otro mecanismo, “aunque esto no guste a las víctimas (…) es el precio que hay que pagar”, pero en cambio “tienen que pedirles perdón”, señaló.

Las víctimas, el punto más difícil del diálogo

Dar respuesta satisfactoria a las víctimas del conflicto armado de casi 50 años en Colombia será uno de los puntos más complejos del proceso de paz iniciado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, coincidieron expertos.

El problema de los cientos de miles de víctimas figura como uno de los cinco puntos de la agenda que se discutirá en La Habana a partir del 15 de noviembre, y afloró incómodamente en los discursos de instalación de la mesa de diálogo.

“Las FARC deben darle la cara a las víctimas”, afirmó enfático el jefe de la delegación gubernamental, el exvicepresidente Humberto de la Calle.

“No hemos cometido crímenes contra el pueblo”, replicó Iván Márquez, número dos de las FARC, quien encabeza el equipo de esta guerrilla.

El conflicto en Colombia en el que han participado diversas guerrillas, grupos paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado dejó al menos 600 mil muertos, unos 15 mil desaparecidos y 3,7 millones de personas desplazadas por la violencia.

“Hay que encontrar un equilibrio que permita cerrar el conflicto. El proceso de paz no se puede guiar solamente por los intereses de la víctimas, sino que también están los intereses de la sociedad”, señaló el experto Luis Eduardo Celis.