El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso el primer recorte de gasto social orientado a acelerar el recorte del déficit que le exige Bruselas. Una medida es la reducción del 5% de los salarios.  

En una decisión sin precedentes que rompe algunos de los hasta ahora compromisos intocables del Gabinete de Zapatero, el Ejecutivo aprobará nueve medidas que incluyen: reducción de los salarios de los funcionarios en un 5% el 2010 y congelamiento el 2011, la no actualización de las pensiones, el fin del cheque-bebé (la prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo), y recortes en gastos de medicamentos, dependencia e inversión pública. El objetivo, ahorrar 15.000 millones más de lo previsto de aquí al 2011 para devolver el déficit al límite del 3% antes del 2013.

El plan ha sido recibido con duras críticas por parte de los sindicatos, aunque, por el contrario, ha sido celebrado por el FMI y la Unión Europea (UE), que ven en el movimiento de Rodríguez Zapatero «el mejor camino para reforzar la confianza de los mercados», según ha destacado el director del departamento europeo del Fondo, Marek Belka.

Zapatero ha tratado de explicar por qué el Gobierno al tiempo que anuncia la recuperación pide sacrificios y «esfuerzos muy considerables»: «Es ahora cuando más lo necesitamos para mantener entre nosotros a los inversores y mantener imagen de estabilidad».

Por primera vez en la historia reciente de España, el Gobierno ha tomado la impopular decisión de rebajar el sueldo a los trabajadores públicos. Desde la llegada de la democracia hasta la fecha, la única medida parecida la había tomado el Ejecutivo de Aznar en su primera legislatura. Ahora, Zapatero los bajará un 5% de media este año a todos ellos: policías, bomberos, personal sanitario y todo aquel dependiente de las Administraciones Públicas, ya sean del Estado o las comunidades. Eso sí, no será igual para todos. Según ha explicado el Presidente, la medida será proporcional a los ingresos, por lo que afectará más a los salarios más altos. El Gobierno, por su parte, recorta los suyos en un 15%. En total, calcula que este tijeretazo, que afectará a 2,6 millones de trabajadores, le permitirá ahorrar unos 2.400 millones este año.

En la segunda intervención y en respuesta al resto de partidos, Zapatero no ha descartado subir los impuestos a las rentas más altas durante el 2011.

Aseguró que el paquete de recortes intenta no afectar a las inversiones porque son las que generan empleo y dinamizan la economía. Por otra parte, se ha mostrado confiado en la rápida consecución de un pacto sobre la reforma laboral, cambios que junto a la lucha contra el déficit centran las llamadas de atención de los organismos económicos de dentro y fuera de las fronteras, desde el Banco de España al FMI.

El diálogo social para aprobar la reforma laboral está «en su recta final», aseguró Zapatero antes de defender que el momento «más oportuno» para ello es «ahora», cuando «arranca la recuperación». Sin embargo, ha reconocido que para volver a crear empleo «sólo se producirá cuando el crecimiento se consolide».

CRÍTICAS. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, que ha propuesto 10 medidas alternativas, ha utilizado su intervención para atacar duramente a Zapatero a quien ha acusado de convertir el país en «un protectorado» y al dictado de las exigencias de la UE y del presidente de EEUU, Barack Obama, que precisamente el martes llamó a Zapatero para exhortarlo a adoptar medidas más severas y estructurales contra el déficit de las cuentas públicas.

«Usted ha hecho un recorte de derechos sociales, contradiciendo lo que lleva diciendo en los últimos años», subrayó Rajoy.

Comisión Europea pide más control

La Comisión Europea (CE) propuso una serie de medidas destinadas a vigilar los presupuestos nacionales y endurecer las sanciones contra los Estados que no corrijan sus déficit públicos.

Como respuesta a la crisis de la deuda en Grecia, que ha puesto en peligro la estabilidad de toda la zona euro, el Ejecutivo comunitario propone que las instituciones europeas supervisen los presupuestos antes de ser enviados en los respectivos parlamentos. La Comisión propone igualmente prestar más atención a la evolución y corrección de la deuda pública, y no sólo al déficit, así como a los desequilibrios macroeconómicos y a las divergencias internas en materia de competitividad.

En rueda de prensa, el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, aclaró que la propuesta de vigilancia «estricta» no pretende menoscabar ni esquivar la soberanía de los parlamentos nacionales. «Lo que proponemos les dará más información, o sea más poder»; la decisión sobre la aprobación de los presupuestos nacionales «siempre será competencia de los parlamentos». La Comisión Europea también anunció su intención de presentar una propuesta de mecanismo de ayuda financiera para los miembros de la Eurozona que tenga carácter permanente.