El exdictador Reynaldo Bignone y otros cuatro exmilitares argentinos fueron condenados este martes a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio de Campo de Mayo (periferia noroeste de Buenos Aires), informó el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema.
El Tribunal Oral Federal de San Martín (noroeste) «condenó a Bignone a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo» durante la dictadura (1976-83), y además fueron condenados a la misma pena otros cuatro exoficiales, dijo el CIJ en su página web.
La sentencia fue por la causa en la que se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo y que se conoce como «Embarazadas», ya que incluyó las desapariciones de siete parejas de detenidos que al momento de los secuestros las mujeres esperaban hijos.
Además de las cinco perpetuas, el tribunal dictó sentencias a penas de entre 12 y 25 años de prisión a otros seis acusados, precisó el CIJ.
Bignone (85 años), sobre quien pesa otra condena a la pena máxima, así como otras dos sentencias de 25 y 15 años de prisión, fue el último gobernante de la dictadura (1982-83), que dejó 30.000 desaparecidos, según entidades humanitarias.
Durante el régimen militar, Campo de Mayo se transformó en el mayor centro de exterminio de prisioneros y en el hospital que funcionaba en el predio había una maternidad clandestina donde las prisioneras parturientas eran alojadas para dar a luz.
Tras el parto, los bebés eran separados de sus madres, quienes en la mayoría de los casos permanecen desaparecidas.
Los niños eran luego entregados a familias vinculadas con militares o integrantes de fuerzas de seguridad.
La entidad humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo logró hasta la actualidad la restitución de 108 de alrededor de 500 niños que fueron robados en dictadura.
El nacimiento de niños en el hospital de Campo de Mayo quedó probado para el tribunal, a partir de testimonios de sobrevivientes y de enfermeras que atendieron a las prisioneras, apuntó el CIJ.
Activistas de derechos humanos, acompañados por agrupaciones políticas y sociales, se concentraron frente al tribunal y saludaron las condenas en un juicio que se prolongó por siete meses.
Ante el tribunal, se ventiló el caso de Laura Catalina, hija de Raúl René de Sanctis y Miryam Ovando, quien fue secuestrada en abril de 1977 en la localidad de Virreyes (periferia norte de Buenos Aires) con un embarazo de seis meses.
La niña fue apropiada por Carlos del Señor Garzón, ex oficial de inteligencia del Batallón 601 del Ejército, y su mujer, María Francisca Morillo, quienes la inscribieron como hija propia.
Catalina recuperó su identidad en 2008, tras la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.
Unas 250 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad desde que se reactivaron las causas en 2005, mientras que actualmente hay 1.886 enjuiciados, según el Centro de Estudios Legales y Sociales.