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jueves 5 ago 2021 | Actualizado a 18:13

Ordoñez declara por el caso Gases y afirma que hubo ‘bastante presión’ de Murillo y López

Mauricio Ordoñez pidió celeridad en la investigación y apuntó a los extitulares de Gobierno y Defensa por presunta corrupción en la compra de gases lacrimógenos.

/ 14 de junio de 2021 / 14:53

Mauricio Ordóñez, exministro de Desarrollo Rural y Tierras, se presentó este lunes a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía de La Paz por el caso Gases lacrimógenos y a su salida aseguró desconocer sobre la existencia de un “minigabinete” en el gobierno de transición, pero reveló que “siempre hubo bastante presión” de los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente

“Desconozco (si había un minigabinete, pero) siempre hubo bastante presión del ministro de Gobierno y también de Defensa, hubo bastante presión hacia algunos de nuestros ministerios (que) siempre fuimos promotores del diálogo (para que se pueda) pacificar el país sin usar la fuerza, (mientras otros) ministerios proponían usar la fuerza” durante el conflicto poselectoral de 2019, dijo la exautoridad.

También puede leer: Huallpa afirma que había ‘minigabinete’ de decisiones entre Áñez, Murillo, López y Núñez.

Murillo y López son los principales procesados por la adquisición de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Áñez con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

El exministro de Gobierno se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero y pago de sobornos que se habrían registrado, precisamente, durante la compra de ese material para Bolivia a través de una empresa intermediaria y de López aún se desconoce su paradero exacto, aunque se sospecha que está en Brasil.

Es así que hoy “me hice presente para prestar mi declaración en calidad de testigo y hablar con la verdad (…) para que se pueda dar con los responsables de este posible hecho de corrupción que quizá puede derivar en algunos responsables de otros ministerios”, agregó Ordoñez.

Asimismo, remarcó que “condena cualquier hecho de corrupción” que afecte al país e incluso solicitó a la justicia dar celeridad al proceso de investigación para dar con los verdaderos culpables.

Además, si bien “nosotros firmamos decretos (para autorizar la cuestionada adquisición) dando cumplimiento a un procedimiento, (eso) no quiere decir que nosotros hemos ejecutado los decretos porque quienes han ejecutado y han hecho la adquisición han sido el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, quienes deben responder ante la justicia por estos supuestos hechos de corrupción”, subrayó.

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Reestructuración de BoA involucró el retiro de 150 empleados y reducción de salarios en 23%

Ronald Casso prevé que el proceso de reestructuración terminará en septiembre.

Un avión de la estatal BoA.

/ 5 de agosto de 2021 / 16:07

El proceso de reestructuración de Boliviana de Aviación (BoA) significó el retiro de aproximadamente 150 empleados y la reducción de los salarios de todo su personal en 23%, informó este jueves Ronald Casso, gerente de la empresa estatal.

“Hemos entrado a un periodo de reestructuración de toda la empresa y esa reestructuración, que nos está llevando todavía y esperamos terminar en septiembre, ha involucrado el retiro de alrededor de 150 personas, jubilaciones, (el pago de) beneficios sociales y todo lo demás, y (además) hemos tenido que hacer una reducción, en promedio, del 23% de los salarios a todos”, dijo Casso en una entrevista con el programa “Piedra, Papel y Tinta” de La Razón.  

Estas medidas, según el gerente, se asumieron porque la empresa “ha sido muy afectada” durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, primero, por algunas decisiones “perjudiciales”, y luego, principalmente, por la pandemia.

Entre esas decisiones estuvo, por ejemplo, “el quitar o ceder rutas (importantes) como el Salar de Uyuni, siendo Uyuni es la ruta que mejor tarifa tiene en Bolivia o tenía, porque ahora ya no se vuela a Uyuni; (y asimismo) se bajaron (los vuelos en rutas como) La Paz-Santa Cruz, que es la siguiente (o segunda) ruta con mayor cantidad de pasajeros en el país, (entonces ahí) se bajaron los vuelos y hasta  se cambiaron los horarios, (lo cual) benefició claramente a la competencia”, lamentó.

Sobre estas decisiones contrarias a la empresa, según Casso, la Contraloría ya tomó cartas en el asunto y está haciendo un trabajo de investigación como corresponde y ahora se espera que pueda “delimitar quién tiene la responsabilidad”.

Ahora también “es verdad que la industria del turismo y particularmente las aerolíneas fueron los sectores más afectados por la pandemia porque esta industria es de altos costos fijos, es decir, costos que siguen corriendo aunque cuando uno deja de funcionar, (por ejemplo el alquiler de aviones o mantenimiento)”, admitió.

Entonces, eso ha generado una deuda “muy grande”. Es así que, durante “la primera semana de diciembre de 2020, cuando entramos a controlar (nuevamente) la empresa, teníamos 43 millones de dólares para pagar en ese momento, o sea de deuda inmediata, y eso es mucho para un tamaño de empresa como la nuestra”, subrayó.

Sin embargo, frente a esa crítica situación, según recordó el gerente, el presidente Luis Arce aprobó 5,5 millones de dólares de inyección económica de emergencia en diciembre de ese mismo año porque incluso se tenía que pagar “sueldos atrasados”.

La empresa en 2020 tenía 1.700 trabajadores y actualmente cuenta con 1.403 funcionarios.

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El GIEI anuncia que publicará su informe sobre la crisis de 2019 del 16 al 20 de agosto

Actualmente el GIEI realiza la edición y corrección de estilo del informe para su difusión.

Una de las "masacres" de 2019. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de agosto de 2021 / 13:46

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, informó este jueves que realizará el “lanzamiento público” de su informe “la semana del 16 al 20 de agosto” en diversas ciudades del país.

El GIEI —que es una entidad independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— entregó su informe final al Gobierno boliviano el pasado 23 de julio.

Sin embargo, el Protocolo de Actuación, anexo al acuerdo que suscribieron la CIDH y el Estado Plurinacional para la investigación sobre la crisis de 2019, señala que “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Por tanto, “finalizado el plazo mencionado, actualmente el GIEI está realizando la edición y corrección de estilo del informe para su publicación y difusión, así como, organizando los aspectos logísticos para llevar a cabo el lanzamiento público del informe en Bolivia la semana del 16 al 20 de agosto”, cita un comunicado publicado por Jaime Vidal Melero, secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario, en su cuenta en Twitter.

Es así que en el mismo documento se precisa que, además de La Paz, el GIEI visitará otras ciudades y localidades para dar a conocer su “informe y los hallazgos sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”.

El pasado 22 de julio, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el informe “en algunas partes” será vinculante y en otras tendrá carácter de recomendación.

“Por ejemplo, será vinculante (en cuanto a) la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas”, sostuvo entonces la autoridad gubernamental.

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El Gobierno garantiza ‘protestas pacíficas’ y asegura que no hace ‘ninguna persecución’

A solo horas de que Bolivia conmemore sus 196 años de independencia, se realizaron una serie de convocatorias para manifestaciones en distintas ciudades del país.

La viceministra Gabriela Alcón en conferencia de prensa. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

/ 5 de agosto de 2021 / 13:12

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este jueves que están garantizadas las manifestaciones pacíficas en el país y convocó a trabajar de manera conjunta por la “reconstrucción” del país, principalmente en el tema económico y la salud.

“Ahora sí en Bolivia, en el estado de derecho que tenemos, existen las garantías para todas las movilizaciones pacíficas, las personas tienen derecho, nosotros no estamos haciendo ninguna persecución”, dijo la autoridad.

Sin embargo, remarcó que este tipo de acciones solamente afectan a los ingresos económicos de los bolivianos porque, en la actual coyuntura de pandemia, todavía se está “batallando” por la reactivación de la economía del país.

“Estamos todos los días luchando para reconstruir nuestra economía, (…) entonces a dónde vamos a ir, necesitamos reconstruir, trabajar y los bloqueos, las medidas de presión, no nos ayudarán; la ama de casa, el transportista, el hermano gremial, necesita trabajar todos los días”, remarcó.

Del mismo modo, invitó a todas las gobernaciones y alcaldías a seguir trabajando “por la reconstrucción del país en términos económicos y en términos sanitarios”.

“Necesitamos trabajar, trabajemos, los convocamos (a trabajar por) la reactivación económica (…), necesitamos demostrar las buenas proyecciones económicas que nos dan los organismos internacionales”, insistió.

El Consejo Nacional de la Democracia (Conade), cívicos y otras organizaciones contrarias al Gobierno convocaron a una serie de marchas de protesta para esta tarde-noche en contra del anunciado cierre de las investigaciones sobre el presunto “fraude electoral” de 2019, en demanda del cese de la “persecución política” y otros pedidos.

Asimismo, se convocó a un bloqueo de carreteras de 48 horas, decretado para el 9 de agosto por los comités cívicos provinciales de Santa Cruz, en protesta contra los “avasallamientos” de tierras y como una respuesta a la inasistencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de esa región.

Estos anuncios de movilizaciones se registran a solo horas de que Bolivia conmemore los 196 años de su independencia.

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Alcón confirma que Arce dará solo un mensaje el 6 de agosto y anticipa que no será extenso

Para las 10.00 está prevista la instalación de la Sesión de Honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente Luis Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de agosto de 2021 / 12:18

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó este jueves que el presidente Luis Arce, en conmemoración de los 196 años de la independencia de Bolivia, solamente dará un mensaje a la nación y no un informe, por lo que adelantó que “no va a ser extenso”.

“Es importante mencionar que será un mensaje, no es un informe, un mensaje por el primer aniversario después de que recuperamos la democracia, el informe anual eso lo va a hacer cuando se cumpla el año (de gestión)”, dijo Alcón en una conferencia de prensa.

La autoridad agregó el mandatario enfocará su mensaje en la importancia del Estado Plurinacional y la unidad del país.

Arce dará su mensaje en la Sesión de Honor, que se realizará en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la ciudad de La Paz.

El cronograma de actividades establece que a las 07.30 iniciarán los actos con la entrega de ofrendas florales en la plaza Murillo y para las 08.45 está prevista la iza de la bandera.

Luego, “a las 09.00, las autoridades se van a trasladar a la Casa Grande del Pueblo (…) y las 10.00 se va instalar la Sesión de Honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, precisó.

De acuerdo a los cálculos de la viceministra Alcón, estos actos protocolares concluirán entre las 12.00 y 12.30.

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El Presidente prevé que Envibol generará ingresos por Bs 69 millones hasta fin de año

La empresa da empleo a 160 personas, según el Jefe del Estado.

Arce durante la inspección a la planta de Envibol en abril. Foto: Presidencia.

/ 5 de agosto de 2021 / 11:34

El presidente Luis Arce informó este jueves que la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) actualmente está produciendo 250 mil botellas al día y en ese contexto calculó que hasta fin de año generará Bs 69 millones de ingreso económico para el país.

“Nuestra Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia está produciendo 250 mil botellas al día, da empleo a 160 personas y hasta fin de año generará ingresos por Bs 69 millones. Fortalecemos el aparato productivo y reactivamos la economía”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

La planta industrial de Envibol, creada en abril de 2015, está ubicada en el municipio de Zudáñez, distante a 105 kilómetros de la ciudad de Sucre, y su construcción demandó una inversión de Bs 396,4 millones.

El pasado 1 de abril, el propio Arce llegó a la planta a realizar una inspección y en esa ocasión denunció que durante el gobierno de Jeanine Áñez se causaron “daños económicos” en la empresa.

Pero ahora “venimos a relanzar (la fábrica) porque estaba trabajando solo una fase y (desde) ahora ya van a trabajar las dos fases. (Además) es un éxito nuestra fábrica Envibol, hay que pensar en la ampliación (para) empezar a pensar también a entrar en la producción de vidrio plano y con todos los estudios, lo vamos a hacer”, afirmó entonces.

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