Este miércoles, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados debía iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Sin embargo, la sesión entró en un cuarto intermedio hasta el viernes, debido a la ausencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Dio inicio la primera sesión ordinaria para tratar el Proyecto de Ley N°003/2024-2025, del PGE 2025. La sesión entró en cuarto intermedio hasta el viernes a las 8.00 a.m.”, señala un comunicado de la Cámara de Diputados.

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PGE

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), informó en sus redes sociales que los legisladores de oposición reclamaron la ausencia de Montenegro, por lo que se suspendió la sesión hasta el viernes.

En ese sentido, el asambleísta advirtió el tema de los plazos, pues la Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para tratar el PGE.

El proyecto debe ser aprobado en Diputados para remitirse a la Cámara de Senadores, que deberá ratificar el visto bueno para que se promulgue por el Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, algunos legisladores de la Cámara Alta que el tiempo no les permitirá analizar a profundidad el PGE, por lo que anunciaron que podrían rechazarlo.

“Eso nos rebaja de siete a cinco días hábiles el plazo disponible para la Asamblea. ¿Decretazo a la vista?”, cuestionó Roca.

La Constitución Política del Estado señala en su artículo 158 que la Asamblea tiene la potestad de aprobar el PGE, pero de no hacerlo indica que “cumpliéndose los plazos establecidos” de 60 días, el Presupuesto “se dará por aprobado”.

En ese caso, podría repetirse la misma figura legal del PGE de la presente gestión, pues en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el PGE 2024 se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su preocupación por el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, destacando que mantiene una política de expansión del gasto público con un incremento del 11,7% respecto al año anterior.

La entidad empresarial exhortó al Gobierno a adoptar medidas de austeridad ante la difícil coyuntura económica que enfrenta el país.

Según la CNC, el déficit proyectado en el PGE del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) marcará el octavo año consecutivo con déficits fiscales superiores al 7%, lo que, en su criterio, agrava problemas como la escasez de divisas, combustibles y el encarecimiento de productos básicos.

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CNC

También alertaron sobre el impacto del creciente endeudamiento público, incluido el uso de garantías estatales como las reservas de oro del Banco Central de Bolivia (BCB).

El PGE establece que el BCB puede poner las Reservas Internacionales Netas (RIN) como garantía para acceder a bonos soberanos por hasta $us 3.000 millones.

Asimismo, al igual que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y otros sectores, la CNC rechaza la disposición adicional séptima del PGE.

“La disposición adicional séptima es atentatoria contra las actividades comerciales y la economía del pueblo boliviano. Los precios deben regirse por el mercado y no establecerse a criterio de algún funcionario público”, afirmó la CNC, en referencia a las medidas de control, fiscalización y decomiso de productos para evitar alzas de precios en alimentos.

Control

La institución enfatizó que los controles de precios históricamente han fracasado, generando desabastecimiento y pérdidas para productores y comercializadores.

Asimismo, rechazaron la obligación de declarar información sobre producción y comercialización de alimentos, calificándola como una intromisión en las actividades privadas.

No obstante, destacaron aspectos positivos del PGE 2025, como incentivos a la inversión privada, exenciones impositivas para bienes de capital y facilidades de pago en deudas tributarias.

“Estas medidas fomentan la actividad económica y privada, pero deben ser acompañadas de un enfoque fiscal responsable”, añadió la CNC.

El PGE 2025 ya se encuentra siendo revisado por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. La Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para tratar el proyecto.

El expresidente Evo Morales se sumó a los cuestionamientos al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, cuya disposición adicional séptima autoriza el comiso y confiscación de los productos alimenticios almacenados por los productores.

“Este es un desincentivo más que, sumado a la libre importación, destruirá nuestro aparato productivo nacional, empobrecerá a las familias y profundizará la crisis. Pedimos a nuestros asambleístas patriotas que debatan la ley y rechacen este tipo de disposiciones”, protestó en sus redes sociales.

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Disposición

De esta manera, Morales se suma a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre otros que criticaron al artículo del Presupuesto.

El expresidente se definió a sí mismo como “productor” y detalló las dificultades que atraviesa el sector.

“Soy productor y testigo de las dificultades que enfrentamos: encarecimiento de insumos, escasez de combustible, sequías. ¿Cómo después de todo lo que resistimos para garantizar la producción, pueden amenazar con confiscar nuestro trabajo? Con esta medida, ¿quién se va a animar a producir?”, cuestionó el productor de tambaquí.

La disposición criticada por el exmandatario señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Explicación

El Gobierno explicó que el artículo no es contrario a los productores o comerciantes, sino que pretende combatir el agio y la especulación. En ese sentido, pidió que ayuden en la reglamentación para evitar susceptibilidades.

Morales, por su parte, insistió en que la disposición es “inaceptable e inaplicable” y reiteró los efectos negativos que podría tener para el sector productivo.

De igual manera, pese a la explicación del Gobierno, la CAO y otros sectores continúan rechazando el artículo y piden que se lo elimine del PGE.

Debido a los recientes desastres naturales causados por las lluvias en distintas regiones del país, el presidente Luis Arce anunció el envío inmediato de 3,4 toneladas de ayuda humanitaria al municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, que sufrió un deslizamiento el pasado domingo, que dejó como saldo cuatro fallecidos y dos viviendas destruidas.

“Estamos en alerta permanente ante las inundaciones y deslizamientos en el país. Hemos instruido a nuestro Viceministerio de Defensa Civil el envío inmediato de vituallas, alimentos, carpas y kits de equipamiento, además de horas de maquinaria pesada para atender a la población afectada por la mazamorra en el municipio de Villa Tunari”, señaló Arce en sus redes sociales.

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Deslizamiento

La ayuda incluye equipos básicos para las familias afectadas, mientras que las maquinarias se utilizan para la limpieza y recuperación de las zonas impactadas.

Debido al deslizamiento, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la carretera quedó intransitable mientras se realizan las acciones correspondientes.

Según el mandatario, el Gobierno “seguirá extremando esfuerzos para atender a las regiones afectadas por los fenómenos climáticos”.

Cochabamba es una de las áreas más afectadas por las intensas precipitaciones, con deslizamientos e inundaciones que han generado daños significativos en diversas comunidades.

Aparte de Villa Tunari, el municipio de Colcapirhua también sufrió inundaciones, luego de que un río se desbordara el lunes.

De acuerdo con Arce, el envío de ayuda humanitaria forma parte de las acciones inmediatas para garantizar el bienestar de los damnificados.

Defensa Civil permanece movilizada en otras regiones del país que también enfrentan las consecuencias de los eventos climáticos adversos, como inundaciones y pérdidas materiales, en el marco del inicio de la época de lluvias por la cual muchos municipios activaron la alerta naranja.

Finalmente, el Gobierno remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley para aprobar un contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC, destinado a la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio.

“El día de hoy (miércoles) se ha probado la remisión del anteproyecto de ley mediante el cual la Asamblea va a tratar la suscripción del convenio de contrato entre la empresa YLB con el consorcio Hong Kong CBC respecto a dos plantas de producción de litio”, informó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en conferencia de prensa.

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Contrato

El proyecto contempla una inversión de $us 1.030 millones asumidos por el consorcio “bajo riesgo propio”. Una planta tendrá una capacidad de producción de 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio, mientras que la segunda alcanzará las 25.000 toneladas.

Gallardo calificó la iniciativa como “un proyecto muy importante, de mucho impacto en lo que es la industrialización de litio”.

Éste es el segundo contrato que el Órgano Ejecutivo envía al Legislativo. El primero, con la empresa rusa Uranium One Group, implica una inversión de $us 975 millones para una planta industrial con capacidad de 4.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Es decir, más de $us 2.000 millones deberán tratarse y aprobarse en la Asamblea, donde los legisladores de oposición y del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que no darán el visto bueno a los contratos.

Por ello, Gallardo instó a los asambleístas “reflexionar” y tratar ambos contratos con urgencia, destacando que estas inversiones son esenciales para potenciar la industrialización del litio y generar recursos significativos para Potosí y el país.