Tras dos meses de protesta de escolares y universitarios, el clima se polarizó de manera definitiva tras la prohibición anunciada el miércoles por el Gobierno a una marcha de estudiantes el jueves y la decisión de éstos de mantenerla, todo lo que derivó en los violentos incidentes.
Como símbolo de un clima más polarizado, ayer estudiantes, profesores y activistas de DDHH, presentaron una querella ante un juzgado contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quien responsabilizan de «haber prohibido las marchas y del excesivo uso de la fuerza» de la policía.
«Estamos querellándonos contra el ministro Hinzpeter por el proceder represivo, cuando se violaron libertades constitucionales como el derecho de reunión y desplazamiento, y hubo detenciones ilegales y represión contra particulares», dijo Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (Fech).
«Nos parecen inaceptables muchas de las prácticas que se cometieron, de represión, de transgresión a muchos derechos constitucionales, sobre todo al de reunión, que tenemos garantizados todos los ciudadanos», agregó.
«Nosotros sabíamos que al colocar límites se iban a producir manifestaciones en el entorno, pero creo que hay veces que la autoridad tiene que demostrar que también está protegiendo el derecho de todos», afirmó el vocero de gobierno, Andrés Chadwick.
Esto sucede en momentos en que el Gobierno había presentado un plan sobre el cual los estudiantes habían previsto responder ayer, aunque ya habían expresado que lo rechazarían por no acoger su principal pedido, de eliminar el lucro en la educación pública.
«La propuesta no fue bien recibida por los estudiantes», manifestó el dirigente Giorgio Jackson.