La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ratificó este viernes su denuncia contra Ponciano Santos, dirigente campesino afín al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, luego que este calificara a la autoridad municipal de “mujerzuela”.

Tras prestar su declaración y salir de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la urbe alteña, la alcaldesa también indicó que “si es necesario” ella misma lo notificará a Santos para que se presente a declarar por los delitos de acoso y violencia política.

“Creo que estos son los espacios donde se debe aclarar las denuncias y el que se crea afectado también puede acudir. Estamos solicitando a la juez que nuestras audiencias sean públicas y que la gente también sepa por qué lo estamos denunciando”, dijo.

Capa añadió que Santos también se debe desenvolver en el escenario judicial y decir “por qué lo ha hecho, quién ha dado la orden o por qué tiene el derecho de difamar y criticar”.

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Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Morales, calificó— en una conferencia de prensa, el 19 de septiembre— de “mujerzuela” a la alcaldesa Copa.

“No puede impedirnos a nosotros, si bloquea o no bloquea, igual pasaremos con la marcha entonces no nos afecta en nada, incluso yo no quiero hablar de Eva Copa, esa mujerzuela no sabe lo que está haciendo en la ciudad de El Alto”, declaró Santos entonces.

Las declaraciones de Santos surgieron a raíz de la advertencia de Copa a la marcha evista del MAS de que no pasaría por ese municipio. Incluso señaló que “nadie va a entrar a convulsionar y matar a los alteños”.

“No podemos permitir que venga gente a atacar de una forma tan grosera hacia las personas. No es por el hecho de que sea autoridad me tenga que callar y que me digan lo que quieran. Yo también soy madre, hija y hermana y tengo familia detrás. ¡Qué piensa! que no tengo mi familia, que no me llama y me dice porqué están diciendo estas cosas”, indicó la burgomaestre alteña.

Luego de la primera sesión extraordinaria del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas, esta instancia exhortó a la sociedad a denunciar ante las instancias competentes “este flagelo de carácter imprescriptible y sujeto a sanciones agravadas en caso de afectar niñas, niños o adolescentes”, esto con el fin de activar las “acciones legales correspondientes de persecución y sanción del delito, así como la protección integral a las víctimas”.

Protección

Instó “firmemente” a todas las entidades del Estado, en todos sus niveles, a velar por el cumplimiento de los mecanismos de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, “especialmente cuando estos son o, se presume que hayan sido; objeto de trata de personas, delitos conexos y tráfico ilícito de migrantes, garantizando una protección a las víctimas”.

Luego que se conociera los casos de estupro y trata y tráfico que investiga el Ministerio Público de Tarija contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por la denuncia que lo implica con el embarazo de una adolescente de 16 años cuando era jefe de Estado, en 2016; el ministro de Justicia, César Siles, indicó el 3 de octubre que se observó que estos delitos “pretenden quedar en la impunidad”.

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“Me refiero a una niña violada a sus 16 años, producto de esa violación engendró a otra niña. El padre reconocido en un certificado de na“Me refiero a una niña violada a sus 16 años, producto de esa violación engendró a otra niña. El padre reconocido en un certificado de nacimiento el señor Evo Morales Ayma. Certificado que cursa en el cuaderno de investigaciones, evidencia suficiente que cursa en la investigación”, dijo entonces la autoridad.

Intervención

Indicó también que se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Plurinacional Contra la Trata de Personas para que también intervenga el Consejo en este caso y otros que involucren a niños, niñas y adolescentes ante este “gravísimo” delito de trata.

El Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico en el pronunciamiento además recordó que la legislación prohíbe “expresamente” la trata de personas, delitos conexos y tráfico ilícito de migrantes; cuya eventual comisión está penada por la legislación penal.

Esta instancia está conformada por los ministerios de Justicia, de Gobierno, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Trabajo, de Salud y el Viceministerio de Comunicación, también la conforman la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Pastoral Caritas Bolivia y Fundación Educación y Cooperación (EDUCO).

El excívico Marco Pumari señaló este viernes que el caso Golpe I es una medida política contra aquellas personas que se movilizaron por el “fraude” electoral que se realizó en 2019. Indicó también que “todos” los juicios y procesos que se armaron “ya están con sentencia”.

Pumari, la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de exaltos mandos militares y policiales, se volverán a reunir nuevamente en el inicio del juicio oral y presencial programado para el lunes 14, a las 09.00, en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz.

El excívico indicó que la “intención” de trasladarlo se lo va a ejecutar, puesto que el Gobierno “no se hacen ningún problema”. Sin embargo, dijo también que “el tiempo para ellos está corto”.

Cambio

“Se ve claramente que va a existir un cambio de gobierno y ahí vamos a poder demostrar todas las vulneraciones de nuestros derechos hasta este momento”, dijo Pumari a Continental Potosí.

Desde sus redes sociales, también escribió que en “2020 los muy valientes tuvieron que mandar más de dos mil policías a mi pueblo para secuestrarme, porque ni orden de detención tenían contra mí, y hoy el cobarde Evo Morales escapa de su propia justicia corrupta” (sic).

Dijo que no “se escapa ni se corre” y que los muy “valientes que metieron a inocentes a la cárcel no se atreven a hacer lo mismo con un verdadero criminal que es su exjefe”.

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“Ya seremos libres porque se termina su tiempo, la verdad sale a luz porque es algo imparable. Sin revanchas ni resentimiento señores, solo con el espíritu más fuerte para cambiar nuestra Bolivia y decirles a mis secuestradores que sus acciones en contra mía fortalecen más mis convicciones”.

El excívico cumple la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí, es acusado por la quema del Tribunal Electoral Departamental durante la crisis de noviembre de 2019.

Querella

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El caso refiere a los hechos ocurridos en 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Dentro de este caso se encuentran Camacho, Áñez, además de exjefes militares.

Según la denuncia, la exlegisladora llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Cuatro exaltos jefes militares ya fueron condenados a dos y tres años de presidio por cumplir en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz, así como los exministros de Justicia y de Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente. Ambas exautoridades recibieron una pena de dos años, bajo los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa.

En el ejercicio de su derecho a la libre determinación, el territorio indígena originario campesino de los Ayllus de Totora I de Potosí aprobó la conversión a autonomía indígena originaria campesina.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), del Órgano Electoral, supervisó el cabildo de consulta de acceso a la autonomía indígena originaria campesina mediante normas y procedimientos propios.

La comunidad de Totora I, ubicada en el municipio de Cotagaita, Potosí, fue el epicentro para dar lugar a este cabildo qué albergó a más de 500 comunarios de los Ayllus: Arasaya Grande, Manqhasaya Grande, Manqhasaya Chico y el Ayllu Kellaja Grande.

Durante este encuentro, las autoridades dieron lectura a su convocatoria y el orden del día, a tiempo de dar la bienvenida a la comisión del Órgano Electoral que informó sobre su función de supervisión al cumplimiento de las normas y procedimientos propios en el cabildo en el marco del Reglamento para la Supervisión al Proceso de Autonomías Indígena Originario Campesinas.

Ayllus

Los cuatro ayllus se reunieron por separado y bajo la conducción de sus kurakas discutieron la pregunta correspondiente de la jornada ¿Estás de acuerdo o no, que los ayllus de Totora I se constituyan en Autonomía Indígena Originaria Campesina? Cada ayllu debía lograr una resolución por consenso o por mayoría de las comunidades que la conforman.

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Tras la reunión interna, el kuraka de cada ayllu informó en la plenaria la decisión que se tomó en cada uno de ellos, donde aceptaron acceder a la autonomía indígena concluyendo sus reuniones con la firma del acta por cada uno de los comunarios y las autoridades correspondientes.

En la plenaria se realizó nuevamente la pregunta para acceder a la autonomía indígena y la respuesta de las comunidades que conforman los cuatro ayllus de Totora I fue un contundente “Sí”.

Norma

La Ley 026 del Régimen Electoral establece que “en el marco de la democracia intercultural, las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos políticos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, en una relación de complementariedad con otras formas de democracia”.

Añade que “las instituciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos forman parte del Estado Plurinacional, por lo que se reconocen sus autoridades y sus normas y procedimientos mediante los que ejercen su derecho al autogobierno”.

El proceso fue registrado en un material audiovisual del Órgano Electoral que servirá para la elaboración del informe técnico que deberá ser presentado a sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La comisión Técnica responsable del proceso de supervisión deberá elaborar el informe de actuación en campo en un plazo no mayor a los cinco días hábiles.

Una reciente investigación de Oxfam Bolivia, titulada “A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia”, reveló que la gobernanza ambiental en Bolivia enfrenta serias limitaciones a pesar de contar con un marco legal que reconoce los derechos de la naturaleza y promueve el Vivir Bien.

El estudio señaló que, en la práctica, “la aplicación de estas leyes es débil, y actores clave de sectores extractivos como la minería y el agronegocio operan con pocas restricciones”.

Añadió que la influencia económica de estos sectores permite que continúen sus actividades, muchas veces al margen de las normativas, contribuyendo a la deforestación y a la contaminación.

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“Este estudio nos invita a reflexionar sobre cómo el modelo de desarrollo basado en una economía extractivista no solo ha perpetuado, sino también ampliado las desigualdades y vulnerabilidades. Nos preguntamos cómo, y en qué medida, las formas de producción y explotación, tanto legales como ilegales, están generando una crisis ecológica mientras profundizan las brechas de inequidad”, explica Lourdes Montero Justiniano, directora país de Oxfam en Bolivia.

El informe también resaltó la necesidad “urgente” de fortalecer las instituciones encargadas de la protección ambiental y de aplicar de manera efectiva las leyes que regulan el uso de los recursos naturales. “Sin una acción decidida por parte del Estado, los daños ambientales continuarán afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del país”.