Los pueblos indígenas peruanos saludaron ayer una ley aprobada en el Congreso que obliga a consultarles cualquier proyecto que se emprenda en sus territorios, aunque advirtieron que deberá quedar claro que su opinión será de obligatorio cumplimiento.
El Congreso peruano aprobó por unanimidad una ley que obliga a consultar a las comunidades nativas cuando en sus tierras se vaya a implementar un proyecto minero, maderero o petrolero. «Es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en forma previa sobre las medidas, planes y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente sus derechos colectivos», dice la ley.
Ésta deberá ser firmada por el presidente Ollanta Humala, quien se congratuló por la medida en Twitter, donde señaló que «el derecho a la consulta previa sobre el desarrollo de pueblos indígenas es un signo más de inclusión social».
Pero es en la reglamentación de la ley donde puede haber problemas, porque es muy diferente que la posición de los indígenas sea vinculante —si no están de acuerdo, el proyecto no se hace— o si sólo es una opinión para un proyecto.
«La ley es un buen paso, pero no quiere decir que el problema con eso se soluciona. El tema de fondo se verá en el reglamento para saber si esto es vinculante o no», dijo a la AFP Wálter Aduviri, dirigente indígena del sureño Puno que a comienzos de año lideró una fuerte protesta para prohibir la minería en su región.