La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), las Fuerzas Armadas y las Policías de Chile se reunieron hoy para analizar el origen de una serie de ataques ocurridos los últimos días en zonas mapuches del sur del país, y que el gobierno cree serían obra de «un grupo terrorista» financiado desde el exterior.
La reunión especial, convocada tras el ataque incendiario en el que murió el viernes un matrimonio de ancianos, se realizó en estricta reserva y finalizó sin una versión oficial sobre el encuentro.
La ANI es un organismo creado en 2004 y hasta la fecha había tenido una escasa figuración pública, por lo que llamó la atención su involucramiento en este caso, que se vincula con el conflicto de reivindicaciones mapuches en el sur del país.
«La ANI no tiene una labor investigativa, sino de coordinación», dijo este lunes el fiscal nacional Sabas Chahuán. «La información que nos ha dado la ANI no ha sido útil y no se ha podido usar» hasta ahora en causas que involucran a mapuches, comentó.
En tanto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a la «unidad nacional» para enfrentar este tema, al final de sendas reuniones con los jefes de los partidos políticos de la coalición oficialista y de la oposición, también convocadas con carácter de urgencia.
La región de la Araucanía -unos 600 kms al sur de Santiago- es el antiguo territorio de los mapuches, primera minoría indígena del país (unas 700.000 personas, 6% de la población de Chile).
La comunidad reclama la restitución de sus tierras ancestrales que fueron tomadas por el Estado a finales del siglo XIX y hoy están en manos privadas y de grandes grupos forestales.
«Sabemos que no es una situación fácil, que se arrastra por décadas, donde todos los gobiernos anteriores han fracasado, pero nosotros sentimos que hoy día se necesita de unidad nacional, política, social y policial para poder derrotar a grupos minoritarios de terroristas», dijo la vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez, al final de una de las reuniones con los partidos políticos.
El ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, reafirmó que el gobierno cree que en la región de La Araucanía está operando un grupo terrorista pro mapuche y aseguró que éste será combatido «con decisión, fuerza y sin debilidades».
Este grupo, que el gobierno cree recibe financiamiento del exterior, sería el responsable del atentado en el que el viernes un matrimonio de ancianos de origen suizo murió calcinado tras el incendio intencional de la vivienda en que habitaban en la localidad de Vilcún, y de la serie de ataques que se registraron en la zona el fin de semana, sin dejar nuevas víctimas.
«Hay todavía mucha duda sobre el nivel de participación de uno u otro grupo en la región. No hay ninguna prueba o nivel de certeza que los mapuches habrían participado en estos hechos», dijo a la AFP el werkén o líder mapuche, Aucán Huilcamán.
Historia de un conflicto
Guerreros por naturaleza, los mapuche -o «gente de la tierra» en su lengua nativa- dieron fiera lucha a los conquistadores hasta que a fines del siglo XIX fueron sometidos y miles de hectáreas les fueron arrebatadas.
La mayoría habita hoy en pequeñas comunidades con un escaso desarrollo y niveles de pobreza mayores a las del resto de la población.
Desde mediados de la década de los 90, los mapuches reactivaron sus demandas por tierras, manteniendo un foco de tensión constante en La Araucanía.
Unos 13 mapuches han muerto en el marco de estas protestas o la acción policial. El ataque del viernes, no obstante, es el primero atribuido a grupos pro mapuches que se salda con víctimas.
Tras este atentado, el presidente Piñera se trasladó de urgencia a la región y anunció un fuerte dispositivo policial. El domingo, en tanto, el tercer hombre en la jerarquía policial fue designado para coordinar el «combate al terrorismo».
El gobierno invocó también la «ley antiterrorista», una normativa que endurece las penas y le entrega a la justicia algunas facultades excepcionales, como extender indefinidamente las órdenes de prisión preventiva.
No es la primera vez que el gobierno invoca esta normativa, estructurada durante la pasada dictadura de Augusto Pinochet (1973-1999) y cuya aplicación a mapuches ha sido criticada por grupos de derechos humanos.
«Nos preocupa que haya una línea únicamente represiva por parte del gobierno y no hayan canales de diálogo», criticó Huilcamán.
«Esta no es una situación nueva, esto es consecuencia de la invasión que se hizo de parte del Estado (en 1883) y mientras no se trate ese punto no se está tratando esta situación de maneta integral», agregó el werkén.
El presidente del opositor Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pidió en tanto al gobierno «mesura y proporcionalidad» en sus acciones y dijo que en la zona hoy hay una «sensación de doble estándar».