El expresidente Evo Morales criticó este miércoles que, a más de tres años y medio de gestión del presidente Luis Arce, no haya “ningún resultado” de la anunciada industrialización del litio.

“El Gobierno, con bombos y platillos, al inicio de su gestión, anunció un nuevo plan de industrialización con la extracción directa del litio (…). Pasaron 3 años y medio, no vemos ningún resultado (sic)”, publicó Morales en su cuenta de X.

La crítica del exmandatario a su otrora elogiado ministro de Economía sucede a la aprehensión del exministro Luis Alberto Echazú, que fue titular de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos de la gestión de Morales.

Evo Morales

El Ministerio Público, a instancias de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, investiga a 10 exfuncionarios de la estatal y otras dos personas por supuestos daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Uyuni Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

El martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que las 12 personas implicadas cuentan con una orden de aprehensión; de ellas, tres ya fueron ejecutadas, una de Echazú.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público expone una serie de “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de esa factoría. Según el reclamo, solo cinco están en funcionamiento debido a problemas desde su construcción y los materiales usados en ella.

Planta de litio

“Hubo deficiencias en el diseño estructural de ingeniería, porque bajo esas condiciones nunca se hubiera llegado a la producción de carbonato de litio. El origen de estos delitos es el diseño, los términos de referencia y las especificaciones técnicas”, explicó Siles el martes en una conferencia de prensa.

La detención de Echazú hizo que el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cierre filas en torno al exfuncionario; sus miembros denunciaron una supuesta “persecución política” por parte del Gobierno.

“Con la detención de Alberto Echazú y otros exfuncionarios quieren tapar su fracaso de haber optado por la extracción directa del litio”, agregó Morales.

 El presidente Luis Arce entregó este miércoles el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca, debido a su viaje a Venezuela, para participar de la XXIII cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Alba-TCP.

“Entregamos el Bastón de Mando a nuestro jilata vicepresidente @LaramaDavid, antes de partir a la hermana República Bolivariana de Venezuela, la tierra de Bolívar, donde llevaremos la voz de Bolivia a la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del #ALBATCP”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X, la mañana de esta jornada.

Por su parte, desde Caracas, Venezuela, el vicecanciller Elmer Catarina informó que la llegada del mandatario y su delegación a la sede de ese evento está prevista para el mediodía de este miércoles.

“En esta visita se reafirman los valores del Alba-TCP, que son la solidaridad, reciprocidad y la defensa de la soberanía de las naciones de América Latina y El Caribe”, señaló en entrevista con Bolivia Tv.

Esta alianza de integración regional está conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica. También Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, y Venezuela.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo. El documento, igualmente, destaca entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.

“No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”, dice el documento, citado en una nota de ANF.

En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.

En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Derechos humanos

“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.

“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.

El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.

“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, conminó a diputados y senadores a aprobar el proyecto de Ley 035, de Límites de la Fracción Solidaria y advirtió con la toma física de su edificio si no ocurre.

“Estamos advirtiendo, por decisión unánime de los ejecutivos y trabajadores, (que) si no promulgan el proyecto de Ley de la modificación en los límites solidarios, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional y vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley”, dijo el dirigente de los trabajadores en una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.

“Ya hemos sido muy pacientes esperando el tratamiento de este proyecto” agregó y calificó de “sana” su advertencia.

El contenido de esa ley generó diferentes interpretaciones que impulsaron a algunos sectores como salud y magisterio a movilizarse. Consideraron que la disposición adicional Única de ese proyecto de ley implica una “jubilación forzosa”.

En realidad, dicha disposición señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

COB

En el segundo día de protestas propiciado por el magisterio, incluso con bloqueo de las principales calles y avenidas del centro de La Paz, el ministerio de Educación convocó a la dirigencia.

La protesta generó enfrentamientos entre ese sector y miembros de la Policía Boliviana; el resultado, al menos una decena de heridos.

Otro sector que se movilizó en la sede de gobierno es el de salud, cuya dirigencia fue convocada por el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

El fin de ese encuentro es explicar el contenido de la propuesta y aclarar las dudas sobre ella.

El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó en una conferencia de prensa que existen en el país 17.800 personas jubiladas que siguen trabajando. Entretanto, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), a través de un cuestionario, informó a la Razón que el 62% de ellos pertenece a los sectores movilizados.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la APS.

Luego de un encuentro entre el presidente Luis Arce y otras autoridades del Estado con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), el mandatario anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico.

“Se ha acordado con La COB un incremento al salario mínimo nacional del 5,85% al salario mínimo nacional (…); adicionalmente, se ha acordado el incremento del 3% al haber básico”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa junto con dirigentes de la organización en Casa Grande del Pueblo en La Paz.

Con el nuevo incremento salarial, el nuevo salario mínimo nacional asciende a Bs 2.500. “Con esto cuidamos, no solamente las finanzas públicas, sino preservamos la generación de empleos en nuestro país y el crecimiento económico y la estabilidad económica (con la) que tanto estamos beneficiándonos”.

Dicha determinación, como es costumbre, tiene un carácter retroactivo a enero de este año.

“Con estos incrementos, estamos seguros que la economía no solo va a mantenerse estable, sino va a continuar creciendo, pese a los efectos externos e internos en el país, sigue avanzando y creciendo”, agregó.

Incremento

Además, el jefe de Estado destacó la “madurez” de la dirigencia de la COB y dijo que eso permitió el acuerdo entre el ente matriz de los trabajadores y el Gobierno.

“El país tiene que funcionar en base a la racionalidad y no en base a los caprichos de nadie”, añadió.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, remarcó que su propuesta de incremento fue “saludable” y que su planteamiento respondió a la situación económica nacional y mundial.

“Para nosotros, la respuesta que hemos recibido ha sido importante y contundente (…). Las reuniones han sido productivas, coherentes, sanas y razonables”, dijo.

“La COB no solo busca un interés salarial, sino peleamos la plusvalía de nuestro esfuerzo y a través de ello, la recompensa es un salario”, indicó.

En febrero de este año, la COB planteó al Gobierno un incremento del 7% al haber básico y 8%. Recogida por el Gobierno, la propuesta fue sometida a mesas técnicas de trabajo.