Al igual que hace algunos años cuando la vida no era tan agitada y la familia tenía el privilegio de poder comer en la casa, hoy por la cuarentena la gente está volviendo a la rutina de aprovisionarse de alimentos diversos el día de mercado que le corresponde por semana. Dadas las recomendaciones de los expertos en salud, hoy más que nunca esta elección debería darse en función al grado nutricional de los alimentos y su capacidad de reforzar nuestro sistema inmunológico. Mucho se ha enfatizado en el consumo de hortalizas frescas, tubérculos y frutas; entre más coloridas y diversas, mejor. Pero nos hemos preguntado ¿de dónde provienen estos alimentos?, ¿cuántos productores hay en el país?, o ¿en qué condiciones se producen?  Probablemente esto no nos inquieta, pero ahora que estamos en un contexto insalubre y que nos da tiempo a la reflexión, podemos abordar algo del tema.

La producción agropecuaria proviene del mundo rural, cuya población indígena campesina tiene como principal actividad la agricultura, ganadería, caza, pesca y recolección. Según el Censo Nacional Agropecuario del INE de 2013, en el país existen 861.927 unidades productivas agropecuarias, de las cuales el 94% son pequeñas unidades y están dedicadas a la agricultura familiar. Son muchas las cualidades de la producción campesina indígena: prioriza el autoconsumo, pero según el grado de tecnificación de los predios y la conexión caminera puede destinar al menos el otro 50% de su producción al mercado. Gracias a su grado de diversificación genera una gama de productos alimenticios que no son posibles con la producción especializada y de gran escala. Usa la mano de obra familiar, generando autoempleo; y a veces contrata el mismo número de miembros en épocas de alta demanda; mantiene un manejo sistémico del predio y contribuye a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

A nivel mundial se reconoce que el aporte de la agricultura familiar a la alimentación es alto: la FAO estima que el 70% de alimentos en el mundo son producidos por agricultores familiares. En Bolivia este aporte representa entre el 40% y el 60% de los alimentos que se consumen, según diversos estudios. Pese a ello, en los últimos años el fomento a la producción de agricultura familiar ha sido ínfimo. E incluso muchas políticas que respaldan al sector agroindustrial podrían eventualmente ir en desmedro de esta gran masa de agricultores familiares, que en términos de población bordean los 4 millones de personas en el país.

Un estudio reciente sobre la contribución de la agricultura familiar campesino indígena en Bolivia, elaborado por el Instituto de Investigaciones Socio Económicas (Iisec) y Cipca con base en datos del Censo Nacional Agropecuario 2013 y la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016, devela que las unidades de producción de agricultura familiar producen la mayor variedad de productos frescos de consumo diario entre hortalizas, tubérculos, frutas y cereales; frente a la agricultura no familiar (de gran escala), que concentra casi la totalidad de su producción en fibras, granos y cereales industriales. El 96% de los 39 productos de la canasta básica, que comprenden hortalizas, tubérculos y frutas, es producido por la agricultura familiar. Asimismo, el consumo interno es abastecido en un 65% por la agricultura familiar, el 3% por la agricultura no familiar y el restante 32%, por importaciones.

Es decir que la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica provienen de la agricultura familiar campesino indígena, y que éstos involucran a un importante número de habitantes en el país. Y si bien estos productores satisfacen sus necesidades alimentarias con su producción y contribuyen a la seguridad alimentaria del país, son uno de los grupos que más desventajas encuentran en su inserción al mercado, por las complejas condiciones de producción y comercialización que enfrentan: incipiente tecnificación de los predios y alta demanda de mano de obra, factores productivos adversos (parcelas pequeñas, baja calidad de suelo, escasez de agua, insuficientes insumos agrícolas), baja productividad, acceso restringido al mercado, relaciones inequitativas con intermediarios y transportistas, precios bajos por la subvaloración de sus productos, escaso fomento público y privado a este tipo de producción, entre otros.

Por todas estas condiciones, los ingresos de las familias campesino-indígenas dedicadas a la agricultura se encuentran entre los más bajos del país: Bs 32.958 (4.721 dólares) al año en promedio, según un estudio elaborado en 2017 en 40 municipios. Considerando familias de cinco miembros en promedio, hablamos de un ingreso per cápita anual de Bs 6.572 (944 dólares). Muy por debajo del salario mínimo o el ingreso per cápita nacional anual de Bs 24.000. Asimismo, el mayor porcentaje del ingreso (83%) se genera de las actividades productivas (Salazar y Jiménez, 2018).

Abril es época de cosecha, y los agricultores familiares temen que las desventajosas condiciones en las que comercializan sus productos se agraven como nunca antes, debido a la cuarentena y a las restricciones impuestas. Testimonios de agricultores de seis regiones en las que trabaja CIPCA muestran un breve panorama. En el Altiplano, valles, trópico, Amazonía y en el Chaco el precio de lo poco que se está comercializando es el que les ofrece intermediario, debido a la falta de transporte público o privado para que los productores lleguen a los mercados.

En muchas áreas alejadas de los centros urbanos o de los mercados del eje troncal, la producción de cítricos y de otras frutas de temporada no podrá salir, porque el transporte público no está funcionando y los rescatistas tampoco podrán llegar. Y conseguir un permiso de circulación resulta casi imposible. La producción campesino indígena es dispersa, diversa y se da en volúmenes menores, lo cual complejiza el acopio y la comercialización incluso para llegar a mercados intermedios. Es más fácil acceder a los mercados locales, sobre todo en el Altiplano y valles, pero en muchas áreas del Beni y Pando, donde los indígenas sacan la producción en lanchas a motor por río, hoy no es posible, dada la escasez de combustible.

De igual manera, en las provincias cruceñas de Velasco y Guarayos, quienes producen pescado en pozas temen no poder comercializar su producción planificada para Semana Santa, pues además de la restricción vehicular no hay frigoríficos accesibles. En algunas comunidades de la Amazonía sur y norte, al no poder trasladar el cacao en grano, los agricultores están preparando pastas de chocolate para no perder su producción. En la Amazonía norte, la almendra está siendo comercializada por pocas empresas a mitad de precio, o está siendo intercambiada por víveres como en el pasado. Las hortalizas y tubérculos del Altiplano y los valles se comercializan en los mercados locales e intermedios, dada las cortas distancias y accesibilidad a los centros urbanos. Entretanto, algunos gobiernos municipales están facilitando el acceso de los productos a mercados móviles organizados en las ciudades.

Por otro lado, la población campesino indígena, sobre todo en las áreas más distantes a las capitales departamentales, no solo empieza a sentir el desabastecimiento de alimentos que no se producen en sus predios, sino también carece de información sobre el COVID-19, la cuarentena y las medidas socioeconómicas emitidas por el Gobierno central. Si no se toman medidas, este importante sector quedará una vez más desamparado, afectando sus derechos, su economía y sus medios de vida. Urge que el Estado dé respuestas a estas poblaciones, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

Amplificar la información sobre el coronavirus con lenguaje sencillo, en idiomas nativos y en formatos que permitan llegar al mundo rural con un mensaje claro es necesario. Para ello hay que recurrir a vías alternativas no tradicionales de información, de tal modo que no solo se conozca el problema de la pandemia y la cuarentena, sino que además se sensibilice a la población en general.

Urge generar información clara para el sector campesino indígena y condiciones que les permitan acceder a las políticas gubernamentales en vigencia. La gente del área rural no conoce los requisitos ni los procedimientos para recibir ayuda. Las autoridades no están tomando en cuenta la falta de acceso al sistema bancario en muchas regiones rurales, ni tampoco las dificultades que enfrentan los pobladores ante los tecnicismos burocráticos. También se debe garantizar precios justos para la producción campesino indígena, y brindar facilidades para que la producción llegue a los mercados, sin que esto conlleve pérdidas o sacrificios extremos al sector ni se ponga en riesgo su salud e integridad.

Urge asimismo coordinar la logística necesaria con actores públicos y privados de los territorios y redes de comercialización, para minimizar las pérdidas en esta época de cosecha, cuya transformación y comercialización se extiende hasta junio. También se debe facilitar la provisión de alimentos que no produce el predio familiar y que forman parte de la dieta de las familias campesino-indígenas; y garantizar la llegada de combustible, sobre todo a las comunidades que se integran al resto del país por vía pluvial.

Asimismo se deben generar lineamientos para que los gobiernos subnacionales puedan atender la emergencia sanitaria, ya sea bajo la institucionalidad basada en los comités operativos de emergencia (COE) a nivel departamental y municipal u otras estructuras transitorias y menos burocráticas que pueden funcionar en el contexto actual. Por último, se debe sensibilizar al público en general sobre las ventajas y aportes de la producción campesino indígena. Duele ver a las autoridades comprometer alimentos baratos a las ciudades a costa de las pérdidas de los productores nacionales. Se debe actuar de manera más responsable, valorando el aporte de los productores no solo en términos de alimentos, sino también su contribución a la conservación de semillas, a la cultura alimentaria, la preservación de saberes locales asociados a la biodiversidad y sobre todo en la herbolaria, su capacidad de mostrarnos formas de vida más sencillas y armónicas con la naturaleza, en fin, su aporte a la construcción de modelos alternativos de desarrollo que mucha falta le hacen al país.

Pamela Cartagena, directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).