El porvenir de la regulación migratoria en EEUU quedó ayer en manos de la Corte Suprema, que empezó a revisar la controvertida ley migratoria de Arizona numerada SB1070.
La normativa de este estado del suroeste, considerada racista en diversas presentaciones ante Washington de naciones latinoamericanas, como las del Mercosur y la del canciller boliviano David Choquehuanca, fue el detonante en el propio suelo estadounidense de una serie de iniciativas estaduales en esta materia, que coincidían en declarar delito a la migración sin papeles y en perseguir a presuntos infractores, considerados sospechosos, por el solo aspecto o color de piel.
En la que será la única sesión pública sobre el tema en el más alto tribunal estadounidense, ocho jueces supremos —la magistrada Elena Kagan se recusó— escucharon ayer los argumentos a favor y en contra de la SB1070.
Concretamente, los altos magistrados deben analizar cuatro partes de la ley que fueron congeladas por una jueza local antes de que la SB1070 entrara en vigor a finales de 2010 por considerar que podrían ser discriminatorias, entre ellas el requerimiento de que los agentes de la ley verifiquen la documentación de cualquier persona que detengan o arresten si tienen una “sospecha razonable” de que no están de forma legal en el país.
Mientras, en las afueras de la Corte en Washington, frente al Capitolio, decenas de personas protestaban contra una ley que ven como racista.