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Las elecciones de Estados Unidos, ante la justicia

Los republicanos alegan que algunos de esos cambios se aplicaron indebidamente y para favorecer a los demócratas.

/ 4 de noviembre de 2020 / 22:41

Demócratas y republicanos se preparaban el miércoles para librar una batalla judicial para determinar el ganador de las elecciones entre el presidente Donald Trump y su rival, Joe Biden.

Ya en las primeras horas del miércoles, cuando los resultados aún no eran muy claros en varios estados, Trump dijo estar listo para pedir a la Corte Suprema de Justicia que resuelva las disputas sobre el recuento de los votos.

Su equipo de campaña pidió un recuento de votos en Wisconsin, donde según la prensa ganó Biden, e impugnó las votaciones en Michigan y Pensilvania, tres estados claves para las aspiraciones de ambos candidatos.

La determinación de Trump de cuestionar resultados reavivó la hipótesis de que, como en 2000, la justicia decida cómo los estados pueden escrutar los sufragios o hacer recuentos.

Pandemia y voto por correo

Las acciones legales del equipo de Trump atacan un aspecto característico de los comicios de este año: el hecho de que decenas de millones de electores recurrieran al voto por correo debido a la pandemia de covid-19.

El coronavirus obligó a los estados, responsables de fijar sus normas electorales, a promover el sufragio postal y a cambiar las reglas sobre cómo y cuándo se iban a recoger, verificar y contabilizar.

Para responder al flujo de millones de votos emitidos por correo, congresos estatales y autoridades electorales extendieron el plazo de recepción de sufragios debido a la sobrecarga del servicio postal, prolongaron el tiempo de conteo de esos votos y dieron otros pasos para facilitar el proceso.

Los republicanos alegan que algunos de esos cambios se aplicaron indebidamente y para favorecer a los demócratas.

En Pensilvania, la campaña de Trump anunció que se iba a sumar a una demanda presentada por los republicanos antes de las elecciones sobre la extensión del plazo para recibir el voto postal en ese estado.

Si ganan esa batalla legal, podrían descalificarse decenas de miles de votos entregados a las autoridades electorales después del día de las presidenciales.

La Corte Suprema de Pensilvania ya dictaminó que era legal la extensión de plazo, y el caso llegó la semana pasada a la Corte Suprema federal, que se negó a implicarse en ese asunto.

El alto tribunal dejó, sin embargo, la puerta abierta para un recurso después de las elecciones.

El equipo del Presidente también anunció que presentó una demanda para detener temporalmente el escrutinio en Pensilvania, alegando que el proceso estaba siendo ocultado por los demócratas. En Filadelfia, sin embargo, el conteo se difundía en directo.

En Michigan, la campaña del presidente también pidió parar el recuento porque, según afirmó, no se le había dado un «acceso significativo» al proceso.

¿Puede decidirse una elección en las cortes?

Sí. En el año 2000, las elecciones entre el republicano George Bush y el demócrata Al Gore dependieron del estado de Florida.

Bush tenía una ventaja de apenas 537 votos sobre seis millones en el estado y hubo numerosos problemas con las papeletas, una tarjeta que los votantes tenían que perforar. El equipo de Gore solicitó por tanto un recuento de los sufragios en Florida.

La campaña de Bush llevó el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, que decidió detener el recuento de los votos, lo que le dio la victoria definitiva al republicano.

Los expertos aseguran que esas demandas sólo pueden resultar útiles si se centran en un problema real y la distancia entre los dos candidatos es reducida.

Derek Muller, profesor de derecho de la Universidad de Iowa, cree que ningún candidato presentará demandas si está significativamente a la zaga en varios estados.

«Si eso ocurre en un solo estado», dice, «entonces sí espero litigios». Pero si el margen de diferencia es de dos o tres puntos porcentuales -unos 100.000 votos en el caso de Pensilvania- «es bastante difícil litigar», añade.

Una Corte cautelosa

La Corte Suprema ha sido muy cautelosa en cuanto a involucrarse en asuntos electorales que son regidos por leyes de los estados.

Y su decisión de 2000 que definió la presidencia en favor de George W. Bush dejó muchas preguntas sin respuesta sobre el sistema de votación de Florida, por lo que la Corte se cuida ahora de dañar su imagen ante la sociedad.

Un pleito electoral pondría bajo los reflectores a los seis miembros conservadores y tres progresistas de la Corte Suprema.

Esas luces expondrían especialmente a la jueza Amy Coney Barrett, que fue escogida por Trump y se sumó al cuerpo hace escasos días.

Trump dijo reiteradamente que apuró la designación de Barrett en parte para que estuviera en funciones en caso de problemas en las elecciones.

«La Corte Suprema no tiene que intervenir», dijo Muller. «Creo que se necesitaba en 2000 pero no está necesariamente claro que sea lo mismo ahora», afirmó.

(04/11/2020)

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Secretos contra libertad de prensa: el caso de EEUU contra Julian Assange

En 2009, WikiLeaks sacudió al mundo al publicar unos 750.000 documentos clasificados de Estados Unidos y cables diplomáticos que ponían al descubierto posibles crímenes de guerra, torturas y operaciones militares secretas

Julian Assange

/ 17 de junio de 2022 / 22:11

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por Reino Unidos el viernes, se enfrenta a cargos de espionaje en un caso que podría resultar en una batalla legal sin precedentes entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales de la libertad de prensa.

Cargos imputados

En 2009, WikiLeaks sacudió al mundo al publicar unos 750.000 documentos clasificados de Estados Unidos y cables diplomáticos que ponían al descubierto posibles crímenes de guerra, torturas y operaciones militares secretas, además de desvelar las actividades entre bastidores de la diplomacia estadounidense.

Una oficial de inteligencia militar estadounidense, Chelsea Manning, fue detenida y condenada a prisión por filtrar los archivos a WikiLeaks.

Las autoridades estadounidenses alegan que Assange dirigió e incitó a Manning a robar los archivos, cuando intentó ayudarla a descifrar una contraseña a un sistema informático del Pentágono.

Sobre esa base, el 11 de abril de 2019 el Departamento de Justicia (DOJ) desveló los cargos iniciales contra Assange por conspiración para entrar en un sistema informático clasificado para obtener «información de defensa nacional», y solicitó su extradición a Gran Bretaña.

Doce días después, el departamento emitió una acusación sustitutiva, con 17 cargos bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos.

Decía que Assange, un ciudadano de Australia, había robado y divulgado información de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos, poniendo en peligro al país, a sus funcionarios y a sus fuentes confidenciales.

¿Es Assange periodista?

Los cargos en virtud de la Ley de Espionaje son especialmente preocupantes para los defensores de las libertades civiles y los medios de comunicación.

Assange se llama a así mismo periodista, y aunque Wikileaks, cuando se creó en 2006, era un nuevo tipo de producto -un sitio web que recopilaba documentos secretos y los publicaba en línea para que cualquiera pudiera verlos-, no se diferenciaba mucho de los medios de comunicación tradicionales que publicaban secretos gubernamentales.

Desde esa perspectiva, las actividades de publicación de Assange podrían estar protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza explícitamente la libertad de prensa.

«Los nuevos cargos se centran en recibir y publicar material clasificado de una fuente gubernamental. Eso es algo que los periodistas hacen todo el tiempo», escribió el New York Times en un editorial el día en que se hizo pública la acusación.

«Esto es lo que la Primera Enmienda está diseñada para proteger: la capacidad de las publicaciones para proporcionar al público la verdad».

El gobierno de Barack Obama (2009-2017) optó por no perseguir a Assange para evitar una pelea constitucional sobre qué es periodismo y qué no.

Pero la siguiente administración del presidente republicano Donald Trump adoptó una línea dura, tachando a Assange de amenaza extranjera y a Wikileaks de «servicio de inteligencia hostil».

«El departamento se toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia. Pero Julian Assange no es un periodista», dijo el fiscal general adjunto de Trump, John Demers, cuando se desvelaron los cargos.

¿Qué le espera en EEUU?

Assange podría paralizar cualquier extradición con apelaciones tanto en Gran Bretaña como en la Corte Europea de Derechos Humanos.

Pero si finalmente es enviado a Estados Unidos, será juzgado en un tribunal federal de Alexandria, Virginia, conocido por su duro tratamiento de casos delicados relacionados con la inteligencia y el espionaje.

Por la acusación original, de ayudar a un intento de entrar en los ordenadores del Pentágono, Assange se enfrentaría a hasta cinco años de prisión.

Pero los cargos bajo la Ley de Espionaje podrían suponer hasta 175 años tras las rejas.

Los abogados de Assange en Reino Unido bloquearon originalmente la extradición el año pasado argumentando que corría riesgo de suicidio y que no estaría seguro en las mal gestionadas prisiones estadounidenses.

En la apelación, las autoridades estadounidenses prometieron a los tribunales británicos que Assange sería vigilado de cerca, no sería sometido a confinamiento solitario y no sería enviado a una prisión «supermax» que Estados Unidos reserva para los delincuentes terroristas más peligrosos.

Pelea política

Si el caso llega a juicio, las cuestiones de lo que hizo Wikileaks y el daño que pudo haber causado podrían quedar absorbidos por las cuestiones de seguridad nacional.

Assange lo ha calificado de proceso político, y sus abogados tratarán de pintarlo como tal.

No está claro cómo lo ve el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden, que heredó el caso del de Trump. Biden fue vicepresidente de Obama.

Gran parte de la comunidad de inteligencia estadounidense quiere a Assange procesado. Mientras, los medios de comunicación y los grupos de defensa de los derechos del país se están preparando para una lucha por principios constitucionales.

«Al continuar con la extradición de Assange, el Departamento de Justicia de Biden está ignorando las graves advertencias de prácticamente todas las principales organizaciones de libertades civiles y derechos humanos del país», advierte Trevor Timm, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.

«El caso causará un daño irreparable a los derechos básicos de la libertad de prensa de los reporteros estadounidenses», dijo.

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EEUU publica un tesoro de archivos secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy

Los documentos muestran que persiguieron innumerables pistas, desde la inteligencia soviética hasta los grupos comunistas africanos y la mafia italiana.

/ 15 de diciembre de 2021 / 18:22

Las autoridades estadounidenses publicaron el miércoles miles de archivos secretos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, un caso que aún alimenta teorías conspirativas a pesar de la conclusión oficial de que Lee Harvey Oswald le disparó.

Los archivos de la CIA y el FBI muestran que los investigadores estadounidenses ampliaron considerablemente su rango de búsqueda para averiguar si Oswald conspiró con otros en el asesinato del 22 de noviembre de 1963 que conmocionó al mundo.

Los documentos muestran que persiguieron innumerables pistas, desde la inteligencia soviética hasta los grupos comunistas africanos y la mafia italiana.

También dan cuenta de los ingentes esfuerzos de Estados Unidos para espiar e influir en el gobierno comunista cubano de Fidel Castro, con el que Oswald tenía contactos y al que Kennedy había tratado de derrocar.

Los 1.491 documentos, muchos de ellos extensos informes, se publicaron en la página JFK Assassination Records del Archivo Nacional, que ya tiene decenas de miles de registros relacionados con la muerte de Kennedy y la investigación subsecuente.

El asesinato de Kennedy ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración que no aceptan el veredicto oficial de que Oswald trabajó como un lobo solitario cuando le disparó a Kennedy mientras el joven presidente desfilaba por las calles de Dallas, Texas, en una limusina convertible.

Algunos creen que Oswald, un simpatizante del comunismo, fue utilizado por Cuba o la Unión Soviética.

Otros creen que activistas anticubanos, posiblemente con el apoyo de la inteligencia estadounidense o del FBI, hicieron matar a Kennedy.

Y otros creen que sus rivales políticos podrían haber estado detrás del asesinato.

«Conspiraciones siniestras»

Hace cuatro años, el expresidente Donald Trump estaba obligado por una ley de 1992 a divulgar la información retenida por la inteligencia estadounidense sobre el tema.

La ley exige que se divulguen todos los registros gubernamentales sobre el asesinato «para permitir que el público esté completamente informado».

Trump desclasificó más de 53.000 documentos en siete partidas, que constituían el 88% de todo el contenido sobre el asesinato, según el Archivo Nacional.

Sin embargo, Trump mantuvo en secreto a miles de documentos por motivos de seguridad nacional.

Este año, el presidente Joe Biden se comprometió a respetar la ley, aunque también fue criticado en octubre cuando la Casa Blanca pospuso más desclasificaciones.

Biden explicó en su momento que la demora era necesaria «para proteger contra daños identificables a la defensa militar, las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducción de las relaciones exteriores».

La Casa Blanca ahora está bajo presión para completar la revisión de los documentos antes de finales de 2022, cuando deben ser publicados, a menos que el gobierno dé razones para retenerlos.

Philip Shenon, experto en el expediente del asesinato de Kennedy, escribió en un artículo publicado en el medio estadounidense Politico el miércoles que probablemente haya documentos que nunca serán publicados por razones de seguridad.

«Mientras el gobierno continúe manteniendo algunos documentos ocultos, solo promoverá más la idea de que las siniestras conspiraciones sobre la muerte de Kennedy tienen asidero en hechos», advirtió.

«Hoy, QAnon, que el FBI considera una amenaza de terrorismo nacional, ha abrazado las teorías de conspiración de JFK», agregó Shenon, refiriéndose al movimiento de conspiración de amplio espectro de Estados Unidos que en los últimos años ha ganado popularidad.

Shenon calculó que 15.000 documentos relacionados con asesinatos permanecen clasificados, la mayoría de ellos de la CIA y el FBI.

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Unas 16.000 personas fueron evacuadas del aeropuerto de Kabul en las últimas 24 horas

De las 16.000 personas evacuadas en ese período, 11.000 fueron evacuadas en vuelos militares

/ 23 de agosto de 2021 / 18:31

Unas 16.000 personas fueron evacuadas desde Afganistán a través del aeropuerto de Kabul en las últimas 24 horas, dijo el lunes el Pentágono, al acercarse la fecha límite del 31 de agosto que ha provocado una aceleración de las operaciones.

Esta cifra eleva el número de personas trasladadas fuera de Afganistán desde julio a 42.000, incluidas 37.000 desde la escalada de evacuaciones aéreas el 14 de agosto, un día antes de que Kabul fuera capturada por los talibanes, dijo el portavoz John Kirby.

Desde las 07.00 GMT del domingo hasta las 07.00 GMT del lunes, 61 aviones militares y civiles de varios países despegaron del aeropuerto de Kabul, precisó el general Hank Taylor, del Estado Mayor estadounidense.

De las 16.000 personas evacuadas en ese período, 11.000 fueron evacuadas en vuelos militares, dijo.

Esto incluye a «varios miles» de ciudadanos estadounidenses, así como a miles de afganos que cooperaron con Estados Unidos, que habían solicitado o recibido una visa especial de inmigración (SIV), así como afganos que temen represalias de los talibanes por trabajar para oenegés, medios de comunicación y otros trabajos mal vistos por los islamistas, dijo Kirby.

El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense se negó a dar una estimación precisa del número de estadounidenses evacuados.
Destacó que la meta sigue siendo retirar todas las fuerzas estadounidenses de Kabul antes del 31 de agosto, fecha límite fijada por el presidente Joe Biden para la retirada militar de Afganistán.

Esta meta se mantiene a pesar de las objeciones de los aliados de la OTAN, que temen que los vuelos desde Kabul sean suspendidos unos días antes del 31 de agosto para permitir la evacuación de los 5.800 soldados estadounidenses desplegados en el aeropuerto para la apoyar la propia operación.

«Tenemos tiempo»

En vísperas de una reunión virtual del G7 dedicada a Afganistán, Kirby no descartó un aplazamiento del plazo.

Para Estados Unidos, «el objetivo es lograr que la mayor cantidad posible de personas se vayan lo más rápido posible», dijo. «El objetivo es intentar hacer todo lo que podamos antes de fin de mes».

En la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, eludió preguntas sobre un posible aplazamiento de la fecha límite y repitió que la administración estadounidense estaba evaluando la situación «día a día».

Dijo que Biden había hablado con el primer ministro británico, Boris Johnson, el lunes.

«Seguimos en estrecho contacto con aliados y socios para coordinar la evacuación de sus propios ciudadanos y su personal prioritario», dijo Sullivan.

Estimó que queda tiempo suficiente para evacuar a todos los ciudadanos estadounidenses que quieran irse del país.

«Como ya ha dicho el presidente, creemos que tenemos tiempo de aquí al 31 para evacuar a todos los estadounidenses que lo deseen», dijo.

Funcionarios alemanes, británicos y franceses afirmaron el lunes que las evacuaciones que realizan podrían continuar después del 31 de agosto, y dijeron que querían que la fuerza de Estados Unidos permaneciera en el terreno para ayudar al transporte aéreo internacional.

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Flynn, un general de EEUU caído en desgracia por sus mentiras

El ex director de inteligencia militar, conocido su indulgencia con Rusia, su línea dura contra el extremismo islámico y su respaldo al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, era una de las escasas figuras de la defensa estadounidense que apoyó a Trump en la campaña presidencial de 2016.

/ 1 de diciembre de 2017 / 19:43

Michael Flynn, exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, era un brillante oficial de inteligencia cuya reputación se derrumbó tras revelarse que mantuvo contactos con funcionarios rusos y que mintió al respecto.

El ex director de inteligencia militar, conocido su indulgencia con Rusia, su línea dura contra el extremismo islámico y su respaldo al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, era una de las escasas figuras de la defensa estadounidense que apoyó a Trump en la campaña presidencial de 2016.

«Estoy encantado de que el general Michael Flynn esté a mi lado ahora que trabajamos para vencer al terrorismo islámico radical», había dicho Trump al anunciar la nominación del militar como consejero de Seguridad Nacional en noviembre de 2016.

Pero la luna de miel duró poco. Tras asumir el cargo casi a la par que Trump asumía la presidencia el 20 de enero, Flynn fue obligado a renunciar el 13 de febrero debido a sus contactos secretos con el embajador de Moscú en Washington, Sergei Kislyak, antes y después de las elecciones de 2016.

Por esa época, cuando el gobierno de Barack Obama ordenaba nuevas sanciones contra Rusia por su presunta injerencia en las elecciones estadounidenses, Flynn también habría asegurado al diplomático ruso que Trump sería menos severo con Moscú una vez que llegara a la Casa Blanca. 

Con Moscú contra los yihadistas

Este viernes, Flynn se declaró culpable de mentir a los investigadores del FBI ante un juez. El fiscal especial, Robert Mueller, lo acusó de mentir «obstinadamente y a sabiendas».

El militar siempre fue partidario de un acercamiento a Rusia y China, incluso apareciendo junto al presidente Vladimir Putin durante una cena en Moscú en diciembre de 2015, organizada por el canal de televisión ruso RT.

«Derrotamos a Hitler debido a nuestra relación con los rusos, entonces verla como una relación necesaria para nuestros intereses comunes y contra el grupo Estado Islámico (…) es la verdadera posición que tengo sobre Rusia», dijo Flynn en una entrevista con The Washington Post a principios de 2016.

De rasgos duros y nariz aguileña, Flynn defendió también una línea más agresiva contra el islamismo, acusando al gobierno de Obama de haberse mostrado poco enérgico ante esa amenaza, e incluso llegó a ser calificado de islamofóbico por sus detractores.

«Tenemos un problema con el islamismo radical y podemos trabajar» con los rusos «contra este enemigo», expresó.

En un libro publicado en 2016, el general también defendió la idea de que los países musulmanes deberían ser forzados a identificar y erradicar los movimientos islamistas radicales que, según él, están haciendo «metástasis» en todo el mundo.

Apoyo a Erdogan

Hijo de un banquero de la costa oeste y nacido en diciembre de 1958, Flynn tuvo una carrera militar muy diversa, pasando de trabajar en inteligencia a servir en Irak y Afganistán, donde dirigió la unidad de inteligencia de las fuerzas de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos.

En 2012, el entonces presidente Obama lo nombró jefe de la inteligencia militar (DIA, en inglés), con unos 16.500 funcionarios. Pero fue obligado a renunciar a sus funciones menos de dos años después, debido a problemas en la entidad y a sus conflictos con el Ejecutivo.

Tras ese episodio arremetió incansablemente contra el gobierno de Obama y, más tarde, contra la entonces candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton, llegando a pedir que la encarcelaran ante los simpatizantes de Trump durante la campaña.

Los expertos de seguridad nacional critican a Flynn por sus posturas monolíticas, con las que debilitó relaciones muy estables y beneficiosas para Estados Unidos. Asimismo fue criticado por su apoyo al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

A inicios de noviembre, la prensa estadounidense reveló que los investigadores del fiscal Mueller estaban interesados particularmente en una reunión entre Flynn, su hijo Michael y altos responsables del gobierno turco.

El objetivo de la reunión, realizada tras la victoria de Trump en las presidenciales, era negociar la extradición del opositor turco Fethullah Gulen, quien es acusado por Ankara del fallido golpe de estado de 2016 y reside en Estados Unidos.

Pero la embajada de Turquía en Washington consideró que las acusaciones son «ridículas». (01/12/2017)

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Expertos advierten que política energética de Trump puede hacer caer los precios

A diferencia de su predecesor demócrata Barack Obama, que priorizó las energías renovables, el próximo mandatario republicano promete relanzar la extracción de carbón y facilitar aún más la explotación de combustible fósil.

/ 15 de noviembre de 2016 / 14:08

La estrategia del presidente electo Donald Trump en materia de política energética, en favor de reimpulsar la producción estadounidense de petróleo, gasolina y carbón, podría hacer caer los precios, señalan los analistas.

A diferencia de su predecesor demócrata Barack Obama, que priorizó las energías renovables, el próximo mandatario republicano promete relanzar la extracción de carbón y facilitar aún más la explotación de combustible fósil.

Trump también garantizó eliminar las leyes que limitan el «fracking», apoyar la construcción del oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos que Obama bloqueó, permitir la explotación de más áreas –principalmente en Alaska– y acabar con la ley sobre la contaminación atmosférica (Clean Power Plan, en inglés).

«Producir más energía estadounidense es una parte central de mi plan para que Estados Unidos vuelva a ser rico», dijo Trump durante una conferencia sobre «fracking» (fracturación hidráulica) en septiembre.

«Voy a eliminar las restricciones sobre la energía estadounidense y permitir que esta riqueza llegue a nuestras comunidades», señaló.

 Superproducción mundial     

Los expertos advierten que esta estrategia puede exacerbar la actual superproducción mundial. Los precios del petróleo cayeron en 2014 por la alta producción estadounidense alentada por el «fracking», que permite llegar a reservas de difícil acceso.

La producción nacional pasó de 5,5 millones de barriles por día en 2010 a 9,6 millones en 2015. Esto provocó que el país redujera sus importaciones y que los precios en el mercado mundial se deshincharan de forma automática.

La producción de Estados Unidos se sitúa desde entonces por debajo de los 9 millones de barriles por día, pero las cotizaciones del crudo siguen bajas por el alto rendimiento de países como Irak, Libia, Arabia Saudita e Irán.

Abrir más áreas para la explotación impulsará de nuevo la producción y, por ende, conllevará otra bajada de precios.

«El petróleo de esquisto puso en el mercado una cantidad increíble de crudo nuevo», subraya Sam Ori, director del instituto de estudios energéticos de la Universidad de Chicago.   «El principal reto de la industria del petróleo son los precios», insiste.

Para el analista Carl Larry, de la firma Frost & Sullivan, en cambio, la producción de petróleo estadounidense sólo tiene futuro si se reducen las importaciones. En su opinión, una manera de hacerlo sería a golpe de impuestos.

Pero la explotación de esquisto puede penalizar también al carbón porque el gas natural así producido es más limpio y más fácil de transportar que la hulla que generaba el 50% de la producción eléctrica hace unos 15 años.

Unos 100.000 puestos de trabajo desaparecieron en las minas de los Apalaches, cordillera en el este de Estados Unidos, donde también sufrieron la competencia de yacimientos más fáciles de explotar, sobre todo en el estado de Wyoming (oeste).

Sin embargo, Trump prometió reactivar el sector de la hulla, una iniciativa que posiblemente lo ayudó para su victoria frente a su rival demócrata Hillary Clinton en varios estados del noreste del país.

Lo mejor que puede ocurrir es ralentizar el declive del carbón, afirma Ori. «Nada de lo que haga el gobierno de Trump cambiará eso», apunta.

¿Renovables amenazadas?     

Las energías verdes pueden sufrir las consecuencias de las políticas que adopte Trump desde la Casa Blanca, después de haber recibido grandes incentivos fiscales y subvenciones federales durante la era Obama.

De todas formas, algunos expertos reiteran que las renovables ya pueden garantizar su rentabilidad sin ayudas. Texas, principal productor de petróleo en Estados Unidos, recurre con frecuencia a la energía eólica y solar para obtener electricidad.

«El sector de las renovables es realmente competitivo en materia de precios», destaca Greg Wetstone, presidente del consejo estadounidense sobre las energías renovables. «La elección [de Trump] no cambiará nada».

El principal riesgo para las renovables, sector que emplea a unas 300.000 personas, sería una nueva caída de los precios del gas natural.   «Es un sector importante y no hay motivo para sacarle importancia a su crecimiento y a su tasa de empleo», cuenta Wetstone.

(15-11-2016)

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