La selección de México tendrá su primer partido de corte amistoso bajo la dirección técnica de Diego Cocca y ante los Estados Unidos, en Glendale, Arizona, en abril.

 «La selección nacional de México se enfrentará a su similar de Estados Unidos en duelo programado para el miércoles 19 de abril en el estadio State Farm», informó la Federación Mexicana de Fútbol en un comunicado.

 La FMF resaltó que el partido «será el primer clásico de la Concacaf para Diego Cocca, quien dirige a la selección nacional de México desde el pasado 10 de febrero».

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 De acuerdo con el conteo de la FMF, este será el enfrentamiento número 76 entre las selecciones mayores masculinas de México y Estados Unidos, el balance de los anteriores 75 juegos para el Tri es de 37 victorias, 16 empates y 22 derrotas.

 Asimismo, antes del partido amistoso contra Estados Unidos, la selección mexicana dirigida por Diego Cocca tendré en marzo dos partidos de carácter oficial correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf.

 El Tri visitará, también, a Surinam el jueves 23 de marzo en el estadio Doctor Ir. Franklin Essed de Paramaribo y el domingo 26 recibirá a Jamaica en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó este martes la celebración de una conferencia donde se tratarán aspectos relacionados a la masiva migración de venezolanos y su impacto en la región, al considerarla un «evento hostil» contra el país.

Venezuela «rechaza la convocatoria y realización de la llamada Conferencia Internacional en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida (…) organizada por los gobiernos de Canadá y la Unión Europea, con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)», indicó la cancillería venezolana en un comunicado.

Caracas señaló que la actividad, que se celebrará entre el 16 y 17 de marzo en Bruselas, es «convocada con el objeto de rebuscar ingentes cantidades de dinero, además de ser un evento hostil» contra el país sometido a «929 medidas coercitivas unilaterales criminales».

Para el gobierno venezolano la conferencia es «un espectáculo que solo sirve a los intereses mercantiles de algunos de sus participantes, quienes en convocatorias similares han administrado los recursos de manera opaca y sin ninguna rendición efectiva ante la opinión pública que intentan manipular».

La administración de Maduro denunció además la «politización de los organismos internacionales responsables de la migración, así como la manipulación y el desvergonzado desapego al rigor científico en el manejo de las cifras de migrantes».

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Según la ONU, unos 7,2 millones de venezolanos han abandonado el país forzados por una contracción económica que se mantuvo durante siete años consecutivos y que vivió un respiro al cierre de 2022, aunque la inflación sigue estando entre las más altas del mundo.

Se estima que de esta cantidad unos 6 millones migraron a América Latina y el Caribe.

Sin ofrecer números, el gobierno sostiene que la cifra de migrantes es mucho menor, al tiempo que señala que muchos han sido repatriados mediante el «Plan Vuelta a la Patria», mientras que otros «cientos de miles» han retornado en los últimos años de manera voluntaria.

ACNUR, por su parte, indicó que la conferencia reunirá a representantes de los gobiernos anfitriones y donantes, organizaciones internacionales, instituciones financieras internacionales y sector privado, además de refugiados y migrantes de Venezuela.

Tanto ACNUR como la OIM «solicitaron hoy aumentar el apoyo internacional para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y las comunidades de América Latina y el Caribe que las acogen», indicó el organismo en una nota de prensa este martes.

La preocupación crece día a día en Uruguay por una fuerte sequía que destruye cultivos y seca reservorios de agua destinados a las ciudades, constataron periodistas de la AFP.

El embalse de Canelón Grande, ubicado unos 61 km al norte de Montevideo en el departamento de Canelones, quedó seco al punto de que se observan las rajaduras en la tierra otrora cubierta por el agua.

Ese reservorio fue originalmente pensado para riego y se usaba también para abastecer a una de las principales infraestructuras de distribución de agua potable del país, conocida como Aguas Corrientes, que sirve a la capital Montevideo y su zona metropolitana.

Uruguay, un país de casi 3,5 millones de habitantes, tiene más de la mitad de su población concentrada en esa área urbana y suburbana.

El prosecretario general de la agencia estatal de aguas, OSE, Juan Martín Jorge, explicó a la AFP que en materia de agua potable el país atraviesa «una situación crítica, pero bajo control», gracias al uso de reservorios alternativos y camiones cisterna que solucionan el faltante en todo el país.

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Uruguay tiene posibilidades incluso de recurrir al agua del río de la Plata y potabilizarla.

«No está previsto el corte de agua», enfatizó Jorge.

De todos modos, desde inicios de febrero, el gobierno emitió una prohibición de uso de agua potable para fines no prioritarios como puede ser riego de jardines ornamentales o lavado de vehículos.

En el sector agropecuario la situación es de extrema gravedad. Es «la mayor pérdida de la agropecuaria y de la economía nacional en los últimos 30 años», dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, citado el lunes por el diario El Observador.

En Uruguay, un país agropecuario por excelencia, muchos cultivos que habitualmente se utilizan para obtener granos fracasaron y están siendo pastoreados (comidos) por el ganado o, en el mejor de los casos, guardados en silos como alimento de cara a un invierno que se anuncia difícil por la escasez de pastos.

Una crisis diplomática se atiza en Ecuador y Argentina luego de que una exministra condenada por corrupción y refugiada por más de dos años en la sede diplomática argentina de Quito escapara hacia Venezuela en hechos que no han sido esclarecidos.

La cancillería ecuatoriana decidió «llamar a consultas a nuestro embajador en Argentina», Xavier Monge, luego de que María de los Ángeles Duarte escapara mientras «se encontraba en jurisdicción» de ese país, dijo en una rueda de prensa el jefe de la diplomacia de Ecuador, Juan Carlos Holguín.

Además, declaró persona «non grata» al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, quien deberá abandonar el país en «un tiempo prudente», añadió.

De su lado Argentina respondió en la misma línea y declaró persona non grata al embajador ecuatoriano en Buenos Aires.

«No existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre Duarte», reclamó la Cancillería de ese país.

La funcionaria del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) está condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador. Exjefa de la cartera de Transporte y Obras Públicas, Duarte permaneció refugiada en la embajada argentina de Quito desde agosto de 2020 en compañía de su hijo menor de edad de padre argentino.

Ese país le había ofrecido asilo, pero el gobierno ecuatoriano le negó en diciembre un salvoconducto para salir.

Entonces Duarte escapó de Quito, huyó hacia Venezuela y se presentó en la embajada de Argentina de Caracas sin dar explicaciones sobre cómo llegó al país ni si la acompañaba su hijo, según un comunicado de la Cancillería este martes.

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Reconstruir relaciones –

El gobierno ecuatoriano cuestionó a Argentina por «inconsistencias» en sus explicaciones sobre este caso y por negarse a entregar videos de las cámaras de seguridad de la embajada para esclarecer la fuga de Duarte, de acuerdo a un boletín.

«Sentimos que se ha violado la buena fe en los actos que buscan la relación entre estados y sobre todo la confianza mutua», expresó Holguín, quien tildó de «dura y triste» la decisión de su gobierno.

Por su lado, la Cancillería de Argentina dijo recibir con «sorpresa y profunda tristeza» la «incomprensible decisión» de Ecuador, según un boletín.

Quito conoció de la ausencia de Duarte el lunes, cuando el jefe de la diplomacia argentina, Santiago Cafiero, se comunicó con Holguín para indicarle que la exministra «escapó» de la legación «sin conocimiento del personal» de la embajada.

«Al tratarse de una jurisdicción diplomática, la policía ecuatoriana no tiene acceso al predio de más de 3 hectáreas de la misión argentina, que cuenta con seguridad privada», explicó la cancillería ecuatoriana.

Duarte está condenada junto al expresidente socialista Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno por integrar una estructura delictiva que pidió sobornos por casi $us 7,6 millones a empresas a cambio de contratos con el Estado, según la Fiscalía.

Correa y excolaboradores rechazan los fallos de la justicia y los consideran una persecución política del actual gobierno de derecha.

En Caracas, Duarte «manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo», aunque «realizó averiguaciones sobre la documentación» que ese país puede ofrecerle, detalló la cancillería.

Al término de la rueda de prensa Holguín expresó su confianza en que «las relaciones (entre ambos países) puedan reconstruirse» mediante un «diálogo de alto nivel».

«Espero con mucha sinceridad que las relaciones de Argentina y Ecuador sobrepasen este momento de tensión, además causado por un factor externo a los gobiernos», añadió el canciller.