Martes 14 de mayo. Casa Grande del Pueblo. Ciudad de La Paz. Acompañado de autoridades y dirigentes de sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce anunciaba la anulación del Decreto Supremo 5143, sobre Derechos Reales. 

Es la cuarta norma en la que su administración gubernamental capitula durante su gestión de tres años y medio, desde noviembre de 2020. En el listado se encuentran los proyectos de ley 218 (octubre de 2021) y 280 (abril de 2023), la Ley 1386 (noviembre de 2021) y precisamente el decreto 5143.

“En esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo 5143 para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando”, dijo el mandatario, en su conferencia.

Arce

El mensaje fue celebrado por sus rivales opositores, que catalogaron a la determinación gubernamental como una derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder. Mientras que el Gobierno atribuyó el rechazo a la norma a intereses políticos que generaron desinformación, con una malintención de por medio.

LISTA. En criterio de Arce, podía germinar un ambiente de “convulsión social” si no se anulaba el decreto 5143, ya que el tema inclusive fue tomado como bandera por el expresidente Evo Morales, que lidera el otro bloque del MAS. Un discurso que ya se asumió en otras oportunidades, con la denuncia de planes de desestabilización.

La primera capitulación gubernamental llegó en octubre de 2021, cuando la escalada en las movilizaciones de los gremiales se centró contra el proyecto de Ley 218, contra la “Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

Proyectos

Se retiró el documento de la agenda de la Asamblea Legislativa, empero, ello no bastó para los movilizados, que sumaron otros aliados como transportistas y cooperativistas, y pusieron en la mira a la que denominaron “ley madre”, la 1386, sobre la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

La mayor observación fue que el Presidente podía ajustar la estrategia por decreto. El 14 de noviembre, Arce abrogaba la norma. “Ya no queremos más luto, ya no queremos más zozobra, más dolor… Tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia, de cuidar a nuestras familias”, remarcó, ante las movilizaciones.

La pulseta no acabaría allí. Año y medio después, en abril de 2023, nuevamente salió a la palestra un proyecto del Ejecutivo ante la Asamblea con la misma temática: la Ley 280, sobre “Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Y otra vez surgió la presión de sectores como los gremiales, que denunciaron la criminalización de la protesta.

Protesta

“Se han vertido una serie de mentiras que dicen que afectará a los gremiales, carpinteros, trabajadores por cuenta propia, diciendo que en el proyecto de Ley 280 existe una delimitación de nuevos delitos tributarios y eso es falso”, aclaró entonces el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. No obstante, el documento fue retirado de la Asamblea para que sea debatido.

La cuarta vez que el Gobierno levantó las manos fue la anterior semana, con el decreto 5143. Ello a nivel de normas, ya que para desbloquear el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado, el año pasado, retiró dos disposiciones del proyecto, también ante la presión en las calles y en la Asamblea, por parte de legisladores afines a Morales y opositores.

Ahora, se abrió otro conflicto con gremios como el magisterio y los trabajadores en salud; esta vez sobre el proyecto de Ley 035, de incremento a los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez, que está en el Legislativo. Por ahora se activaron mesas de trabajo para su discusión. ¿Arce cederá al pedido de retirarla o logrará su aprobación?

Un cuestionado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), bajo la sombra de la prórroga de mandato, tiene nuevamente la llave para revivir o sepultar el nuevo proceso de las elecciones judiciales en la Asamblea. Se espera su fallo hasta mañana.

El jueves 16 se dio el último portazo a los comicios, cuando fracasó la convocatoria al diálogo del presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca. Una cita que contó con representantes de los dos bloques (arcistas y evistas) del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Las posiciones encontradas afloraron. Por un lado, el ala del MAS que respalda al expresidente Evo Morales y las alianzas opositoras, que apuntaron a Choquehuanca y lo acusaron de no tener la voluntad para llamar a una sesión de la Asamblea que defina el camino a seguir para reencauzar la preselección de postulantes al TCP, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

Por el otro, Choquehuanca y los asambleístas que apoyan al presidente Luis Arce, que ratificaron su posición de esperar el pronunciamiento del TCP sobre la tutela solicitada por el Legislativo para que se pueda proseguir el proceso de las judiciales, que quedó truncado en la fase de los exámenes orales a los aspirantes.

TCP

La brújula de las judiciales está sin norte al igual que el año pasado, cuando debían realizarse pero fueron bloqueadas por recursos judiciales. Ahora, una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó en foja cero la preselección y declaró inaplicables la ley y la convocatoria de los comicios.

Así, sigue en curso la prórroga de mandato de las autoridades judiciales dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, lo cual es objetado por evistas y opositores, por lo cual también demandan el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 para que estos magistrados sean retirados de sus cargos.  

Ayer, en Bolivia Tv, el presidente de la bancada del MAS en la Cámara Baja, Jerges Mercado, del bloque arcista, ratificó que la llave jurídica para destrabar las elecciones está en el TCP. “Inmediatamente el Tribunal Constitucional nos asigne la tutela, retomamos todo el proceso de preselección. Estábamos ya en la recta final”. Y admitió que los plazos están al límite, ya que para este año están previstas igual las primarias en las organizaciones políticas y la elección del nuevo Fiscal General.

Judiciales

La anterior semana se supo que el TCP ya sorteó el recurso presentado por la Asamblea y que se designó al Tribunal de Garantías del departamento de Pando para que asuma una determinación. Mercado complementó que se espera entre hoy y mañana si las judiciales son reencaminadas.

PRÓRROGA. Así, el TCP, cuestionado sobre todo por su resolución para la prórroga de mandato de los magistrados ante la no realización de las judiciales en 2023, y por otras deciciones como la “inhabilitación de Evo Morales” para las presidenciales de 2025, y la orden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto, tendrá de nuevo a su cargo una sentencia clave.

Y en ello no hay que olvidar que el año pasado fue precisamente el Constitucional que enterró los comicios, cuando se intentó impulsar el proceso mediante el proyecto de Ley 144 aprobado por la Cámara de Senadores. En diciembre, declaró inconstitucionales ocho artículos del documento y prorrogó a los magistrados. Ahora tiene la llave para el proceso, o el candado para cerrarlo de nuevo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, lanzó un dardo al expresidente Evo Morales (2006-2019), al criticar que no se haya podido aprovechar la producción de las regiones para la industrialización, en 14 años de mandato.

“Estamos construyendo más de 150 plantas industriales en diferentes partes del país, aprovechando las vocaciones productivas que tienen nuestras regiones. Bolivia tiene materia productiva de todo nivel y lamentablemente me preguntó por qué en 14 años no se ha podido aprovechar esa producción”, indicó este domingo, en Bolivia Tv.

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La autoridad defendió la política de la administración del presidente Luis Arce, que apunta a la construcción de plantas industriales hasta el siguiente año, bicentenario de la creación del país, bajo la bandera de la industrialización para la sustitución de importaciones.

Asimismo, tal como lo hizo en la semana, ratificó los buenos números del crédito SIBolivia, sobre todo para el sector de los microempresarios, que protestan por la falta de dólares para las importaciones. “Gracias al crédito SIBolivia, el sector de microempresa ha accedido a Bs 874,4 millones, la gran empresa recibió Bs 406,5 millones y el sector de mediana empresa ha sido beneficiado con Bs 335,1 millones (…) Son beneficiarios que vienen del rubro de alimentos, prendas de vestir, muebles, cauchos, entre otros”.

Subrayó que este crédito tiene un interés de 0,5% y un fondo de Bs 2.393 millones. “Hasta la fecha, el crédito ha tenido un excelente desenvolvimiento porque hemos desembolsado más de Bs 1.616 millones y destinado 12.293 créditos a unidades productivas del sector microempresarial”.

El presidente Luis Arce advirtió este sábado que “la derecha se está afilando para las elecciones del próximo año” y ratificó que hay un boicot económico contra su administración, en medio del bloqueo a créditos externos en la Cámara de Senadores y un encuentro de opositores en Estados Unidos que levantó polémica y discutió una alternativa de unidad contra el MAS.

“Esto sucede en un marco complicado, porque la derecha se está afilando para las elecciones del próximo año. Muchos quieren acortar el mandato, todos quieren hacer todo; y lo único que estamos haciendo es trabajar por el pueblo boliviano y devolverle a las organizaciones sociales su instrumento político. No le gusta a mucha gente que sigamos avanzando”, dijo Arce.

El mandatario emitió estas declaraciones en la entrega de ocho obras en Icla, Chuquisaca. “No le gusta a mucha gente que sigamos avanzando y resolviendo los problemas de los más humildes, de los que siempre han sido marginados”, remarcó. “Hay un boicot hacia el Gobierno nacional, un estrangulamiento que se quiere hacer a la economía del pueblo”.

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Arce y la derecha

Créditos de organismos internacionales que son demandados por el Gobierno se encuentran estancados en el Senado. Allí, el Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda a Evo Morales (evistas); junto a las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos les han puesto trabas; exigiendo que se debata las leyes 073 y 075 contra los magistrados prorrogados.

El Gobierno y los legisladores del MAS que apoya a Arce (arcistas) denunciaron que hay una nueva coalición entre evistas y opositores, que le ponen zancadillas a las propuestas legislativas del Órgano Ejecutivo. Esto ha ahondado la división interna en el partido oficialista, que también libra una pulseta para la realización de congresos que definan a su nueva directiva nacional.

Esta semana también se reveló una reunión de representantes opositores, como Zvonko Matkovic (Creemos), el diputado Carlos Alarcón (CC) y Samuel Doria Medina, empresario y extitular de Unidad Nacional (UN), la cual tuvo un cariz netamente “político”, tal como indicó Matkovic, afirmando que estos encuentros apuntan a tantear la “unidad” en la oposición.

El diálogo convocado por el presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, fracasó este jueves. Opositores indicaron que el motivo es la falta de voluntad de éste para convocar a una sesión del Legislativo para destrabar las judiciales.

El senador Roberto Padilla, del MAS, criticó la “falta de voluntad” de Choquehuanca, al igual que su colega Guillermo Seoane, de Comunidad Ciudadana (CC). Sus declaraciones fueron tras el encuentro en la Vicepresidencia del Estado, en la ciudad de La Paz.

Choquehuanca convocó a la cita para salvar los comicios, cuyo proceso de preselección de postulantes fue anulado por una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, que anuló la ley y la convocatoria sobre las judiciales.