domingo 13 jun 2021 | Actualizado a 20:02

PLURALISMO JURÍDICO

Pese a ser reconocido en la Constitución, en el país aún falta un saber concreto del pluralismo de los derechos.

/ 9 de mayo de 2021 / 21:39

DIBUJO LIBRE

Tomar al pluralismo jurídico como objeto de estudio o como argumento político se puso de moda en muchos países, con esa influencia en Bolivia desde hace unos treinta años se viene tratando el asunto en diferentes espacios de discusión académica y política. En ese interés creciente por el tema, el corte de tres décadas toma en cuenta la influencia de la renombrada Marcha por el Territorio y la Dignidad efectuada por los pueblos indígenas del Beni en 1990. Si bien aquellos pueblos entonces no plantearon una propuesta específica referida al pluralismo jurídico, el reconocimiento de “territorios indígenas” como demanda principal se acompañaba con el reclamo de respeto al autogobierno y la autorregulación según sus normas comunitarias, sin que este pedido suponga el rechazo de las normas estales; es más, incluso las utilizaron en su defensa territorial. Es evidente el papel de los movimientos indígenas en el posicionamiento del pluralismo jurídico en la agenda de reformas en la ideología jurídica estatal, con referencia al derecho de los pueblos indígenas a aplicar su propio derecho.

En coincidencia con lo ocurrido en Bolivia, en varios países americanos los movimientos indígenas tuvieron una participación pionera, a través de sus acciones colectivas, en la inserción del pluralismo jurídico como parte de las reformas constitucionales. En el país, ese posicionamiento político dio lugar a un mayor interés por su introducción como principio organizador de una nueva ideología jurídica del Estado, en tanto se argumenta que es compatible con la condición plurinacional de Bolivia, en el nuevo discurso constitucional emergente, después de aquella marcha.

Concepto y teoría. En las corrientes teóricas, hablar de pluralismo jurídico no es una cuestión sin dificultades de definición e incluso aceptación de su utilidad científica, es decir, no es un tema ajeno a polémicas en torno a su consistencia teórica o a los procedimientos metodológicos para investigar lo que conlleva. De cualquier modo, hoy día es materia de interés en disciplinas especializadas como la sociología jurídica, la antropología jurídica y el derecho constitucional. Se reconoce que el pluralismo jurídico ha sido una cuestión que recibió primeramente la atención de antropólogos culturales, en estudios referidos a la vida y organización de sociedades indígenas en situación de colonialismo, ellos dieron cuenta de la vigencia de normas y autoridades jurisdiccionales propias, en situaciones de convivencia o choque con reglas del derecho estatal, también presentes de algún modo en aquellos espacios sociales.

Como concepto, el pluralismo jurídico hace referencia a la presencia, en una misma población, de normas que dependen, en su emisión y aplicación, de diferentes autoridades con poder de regulación, no dependientes entre sí y que responden a distintas fuentes de derecho; es decir, se trata de una situación donde reglas de diferente origen de emisión se hacen cumplir, se obedecen o se usan, en algún momento o circunstancia, por las personas que interactúan en esa población. Ese contexto poblacional puede referirse al territorio de un Estado, a un pueblo indígena o una comunidad campesina. Coexistencia, sin embargo, no quiere decir que esos derechos o sistemas normativos tengan una aceptación plena de los miembros de esa población, como efecto de un consenso explícito, o que operen en complementación; en todo caso, quiere decir que ambos conjuntos de normas han de tener una eficacia vigente, de manera tal que se pueda diferenciar el funcionamiento autónomo de cada uno de ellos, de lo contrario no habría razón de referirse a una situación fáctica de pluralismo jurídico, donde rija un solo tipo de normas.

La existencia en un mismo espacio social de normas que responden a diversos sistemas normativos, en tanto responden a fuentes diferentes de autoridad creadora de normas, tampoco requiere de un reconocimiento explícito en una cláusula constitucional estatal, ya que se trata de prácticas constituidas en la misma realidad social, es decir, derecho en acción, funcionan sea o no con el aval del derecho positivo. El reconocimiento oficial del pluralismo jurídico a través de un artículo constitucional o una ley específica no crea las realidades de pluralismo jurídico señaladas, pero establece algunas garantías, condiciones de protección a la vigencia de esos derechos, diferentes o incluso divergentes al derecho estatal, además formaliza el relacionamiento y la jerarquía entre los derechos. Por ejemplo, los pueblos indígenas del Beni, a través de sus comunidades, antes del reconocimiento constitucional a los derechos de los pueblos indígenas ya tenían un derecho propio en funcionamiento, aplicado a través de sus autoridades mandatarias, pero con su movimiento político se preocuparon por constitucionalizar el reconocimiento a su derecho a aplicar su propio derecho.

Entre lo político y lo académico. El pluralismo jurídico tiene también una irradiación política, en tanto se lo propone como alternativa de reforma a la relación Estado-derecho positivo-sociedad. Con este propósito se desplazan activistas indígenas o políticos pluralistas, con acciones que aspiran a romper el monopolio estatal de la creación jurídica y la provisión de justicia; además, rechazan la creencia de que el derecho estatal regula o determina el comportamiento de todos los individuos. El pluralismo jurídico tiene mayor protagonismo en Estados con condiciones plurinacionales y sociedades nacionales con presencia de pueblos indígenas como culturas integrales, es decir que son poseedoras de un territorio, creencias generales que los unifican, reglas de regulación y autoridades con capacidad de gobierno y de dar justicia.

Asimismo, el pluralismo jurídico es un objeto de estudio, un planteamiento de investigación concreto, porque se propone estudiar la interrelación entre dos o más conjuntos de normas, en este caso el derecho indígena y el derecho estatal en determinados pueblos indígenas. La utilidad académica del pluralismo jurídico es amplia, de su teorización se desprenden teorías, metodologías y conceptos que sirven para estudios desde las perspectivas de la sociología jurídica o del derecho. Ahora mismo el departamento del Beni, con sus dieciocho pueblos indígenas, es escenario social de gran riqueza y dinamismo en la creación de condiciones de pluralismo jurídico.

En Bolivia, el pluralismo jurídico ha logrado existencia constitucional desde que se introdujo en el primer artículo de la Constitución aprobada en 2009; sin embargo, su discusión académica se ha estacionado en la especulación teórica con enfoque centrado en el análisis del contenido normativo, o bien en la fundamentación ideológica de su valor político. La tarea que ahora se requiere es pasar a trabajos de investigación empíricos que produzcan conocimiento relevante, es decir, insertarse en las realidades culturales de los pueblos indígenas para conocer cómo están construyendo esas prácticas de pluralismo jurídico o, dicho de otro modo, cómo están haciendo dialogar a esos dos derechos, el estatal y el indígena, en su vida cotidiana.

 Wilder Molina A. es sociólogo

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JUSTICIA, ESTUDIOS PARA REFORMAR

Para reformar la justicia también se debe estudiar la forma de ser del boliviano ante la justicia.

/ 30 de mayo de 2021 / 19:18

DIBUJO LIBRE

 Hasta ahora en el país, no se ha desplazado un trabajo investigativo, multidisciplinario, integral, científico, sobre los factores que interfieren en la construcción de una justicia con calidad, transparencia y eficiencia, lo que se sintetiza en una nueva justicia. Son al menos tres décadas que los políticos prometen cambios estructurales y luego toman acciones parciales; por eso, al final, se vuelven a repetir los mismos actos cuestionados, o peor aún. Sea desde la visión de un abogado, un activista o un político, incluso de algún académico, casi siempre se ofrecen soluciones parciales o posturas políticas antes que respuestas científicas. No se trabaja con un enfoque sistemático y multidisciplinario, acompañado de teorías y procedimientos metodológicos que ayuden a explicar las causas que interfieren en el logro de ese ideal llamado reforma de justicia. La cuestión es analizada siempre con relación a un problema específico, por eso luego las respuestas son fragmentadas o bien políticas, ideas calculadas en busca de ganar adhesión a una gestión.

Con respuestas parciales nos referimos, por ejemplo, a sostener que los métodos de selección de jueces o fiscales son los que fallan y, por ende, una vez perfeccionados éstos serán la clave de una justicia transparente, eficiente y profesional. Lo cierto es que estudios serios —quiero decir científicos— sobre el funcionamiento anómico de la justicia y los factores que lo determinan no se tienen en Bolivia; pero más allá de esta constatación, la pregunta de fondo es por qué no existen esos estudios.

Análisis parciales para un problema sistémico. Las propuestas de solución a la administración de justicia fracasan, es decir, no cumplen los propósitos de cambio positivo para superar las fallas identificadas, porque las respuestas son a solo una parte del problema, casi siempre para salir del paso en un momento de conflicto social. Además porque las acciones tomadas como parte de una reforma no responden ni derivan de un trabajo previo de investigación científica, integral, multidisciplinario, que haya dado cuenta de los factores que intervien en la justicia, en el modo de actuar de los operadores, ciudadanos litigantes, abogados defensores y también los políticos.

Entonces, cuáles son los factores sociales que inciden y cómo en el funcionamiento de la administración de justicia. Es la pregunta central de un problema de investigación que, a su vez, obliga a plantearnos una vía científico-metodológica sobre cómo abordar esa cuestión problemática. Un problema de investigación es aquella situación que requiere una explicación a través de un proceso de investigación basado en procedimientos científicos, con uso de teorías y con un abordaje de trabajo de campo que incluye una recolección controlada de datos. A ese cumplimiento de criterios le llamamos estudios serios y es esto que hasta ahora no se aborda, desde ninguna perspectiva académica, ni del derecho ni de la sociología, las disciplinas más llamadas a involucrarse en este objeto de estudio.

Un problema de interacciones estructurales. Un análisis con enfoque integral quiere decir que no solo tiene que estudiarse —y luego reformar, como se hizo hasta ahora— algún componente de la administración de justicia (la reorganización administrativa, la aplicación de tecnologías que favorezcan el acceso, la ampliación de financiamiento o infraestructura, o incluso métodos de selección de operadores de justicia); también se tiene que investigar las acciones y creencias de la gente, el modo de actuar de los ciudadanos frente a los actores involucrados en la gestión de la justicia; es decir, se tiene que estudiar también la cultura jurídica.Como enfoque sistemático entendemos que la cuestión de la calidad de la justicia se la tiene que tomar como resultado de interacciones estructurales entre cultura jurídica, sistema jurídico, poder político y profesión jurídica, además considerando las condiciones estructurales del modo de ser de la sociedad boliviana, caracterizada por la diversidad de pueblos indígenas, identidades regionales, vigencia de prácticas de discriminación, formas alternativas al derecho estatal, entre otros fenómenos estructurales. Es, por tanto, un problema- sistema, no es solo un tema de reforma jurídica o judicial, de organización de funciones o cambio de contenidos de leyes solamente.

Se tiene que considerar factores y componentes que en conjunto configuran o inciden en el modo de ser y reproducirse del sistema de justicia, tal cual viene siendo, con todos los indicadores que se resumen como “problemas de la justicia”, pero justamente dando cuenta que esos problemas son, en parte, efectos de la acción social o política desde fuera de la estructura organizativa y normativa de la justicia. Allí, en ese entorno se encuentran también los factores que coadyuvan en la reproducción de esos problemas; por tanto, insistir en responder a un solo factor como parte de un estudio o de acciones de solución será otra vez un acto fallido. Dicho de otra manera, no es solo una cuestión de malos o buenos operadores de justicia, ni tampoco de nuevas leyes más o menos duras; es necesario también analizar el papel que tienen los ciudadanos en la reproducción de los males de la justicia. No se ha generado en el país una movilización ciudadana autónoma por una mejor justicia, más allá de aquellas acciones de participación social programadas por políticos en función de gobierno, con el propósito de legitimar una supuesta voluntad de reforma.

Investigación sí, y quién lo hace. Aceptando la crítica que se hace a ese modo parcial de análisis de la administración de justicia, la pregunta clave es ahora: ¿quiénes tienen la responsabilidad o compromiso de llevar a cabo una tarea con estas características y condiciones? Esperar que algunas instancias de los órganos del Estado lo hagan sería como esperar un milagro en esta repetición de fracasos, no lo hicieron ni en los momento de mayor lucidez política y predisposición de cambio estructural.Las experiencias en otros países americanos muestran, más bien, que la cooperación internacional, los organismos internacionales han tenido un rol de incidencia en la generación de estudios serios e independientes sobre los problemas de la justicia, luego, en la puesta en marcha de políticas gubernamentales de mayor alcance, integrales y exitosas.

Las universidades tendrían que ser las encargadas idóneas de los estudios, a través de sus centros de investigación y carreras respectivas en el campo de las ciencias sociales, pero no han asumido ese rol. Ni siquiera las carreras de sociología de universidades públicas, que son las que más enfatizan en la investigación científica, producen trabajos serios, ni qué decir de las facultades de derecho, donde esta actividad es una preocupación secundaria y la formación de investigadores jurídicos con perfil de científicos no existe. En la formación del Derecho cada vez más se trabaja con la idea de hacer abogados eficientes, preparados para ejercer la función de defensa como máximo objetivo, y no se prioriza la formación de profesionales jurídicos que trasciendan al campo de la producción científica, más allá del manejo operativo de las leyes.

(*)Wilder Molina es sociólogo, Beni

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División centro-periferia en la elección beniana

El voto rural  es cambiante en el corto plazo; por la forma como cambia de un proceso a otro, más bien es volátil, no se alinea de manera continua a ningún discurso político, es decir, no conforma un ‘voto duro’.

/ 5 de abril de 2015 / 04:01

Siempre sostengo tres posiciones, cuando me piden explicar las tendencias del comportamiento electoral en el Beni.  Primero, que una campaña no es determinante para ganar las elecciones en el departamento, es un factor coyuntural más que habrá que tomar cuenta, pero no puede ser el punto central de la explicación. Segundo, y por eso mismo, hay que remitirse al fondo de su estructura social, es decir, introducirse en la configuración de la sociedad beniana en relación a la formación del Estado boliviano y el modo de actuación de las élites que lo manejan frente a la región. Por último, que no es fácil explicar por qué la gente vota como vota,  y en este sentido dudo de las generalizaciones que nos dan los analistas que circulan por los medios de comunicación.

En el Beni, pesan aún los factores estructurales. Desde 2003 hasta las elecciones del 29 de marzo, entre los factores estructurales que influyen en la formación de lealtades políticas y que ahora se manifiestan en los votos hacia los bloques políticos que se oponen al MAS, se encuentra el clivaje centro-periferia.

De este clivaje se desprenden un proyecto político y una identidad regional que sostienen un cuestionamiento a las formas de actuación del Gobierno nacional frente al departamento. Clivaje (del inglés cleavage, escisión) es un concepto de la sociología política que se usa para explicar la génesis, las características y la persistencia de una determinada división social en el marco de una comunidad nacional y que se configura en el transcurso de la formación de un Estado. 

No obstante, no es éste el único factor influyente en la orientación del voto en el departamento; depende de qué tipo de votantes hablamos, desde luego, no es un determinante fuerte en el caso del voto rural,  hacia quienes representan las posiciones de una crítica regional al centralismo estatal en nombre del Beni.    El voto rural está conformado por los ciudadanos indígenas y campesinos que son una población menor, 30%,  respecto del total de la población electoral departamental. Desde 2003 hasta ahora, los indígenas no votan por los portavoces del discurso regional de manera amplia; en cambio, lo vienen haciendo por los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que puso énfasis, en su primer quinquenio de gobierno,  en otras divisiones sociales como son la ecuación colonización versus descolonización o indígenas versus blancos. 

El voto rural  es cambiante en el corto plazo. El voto rural beniano es,  por la forma como cambia de un proceso a otro, más volátil, no se alinea de manera continua a ningún discurso político, es decir, no conforma un “voto duro”, como sucede en otros grupos sociales. Por eso, ahora el MAS pierde en los municipios de San Ignacio de Mojos y San Andrés,  considerados desde hace una década un bastión del movimiento indígena aliado del partido gobernante en diversos procesos electorales. Sin embargo, en las ciudades y pueblos  que conforman el mundo urbano del departamento, el clivaje centro-periferia tiene mayor trascendencia y ha sido hasta ahora, exitosamente, activado a favor del proyecto político que impulsan los adherentes de la autonomía departamental: Primero el Beni, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y otras agrupaciones políticas locales. 

Si ahora el MAS ha logrado una  votación mayor con su candidato a gobernador, no se explica por la desaparición del clivaje regional,  sino más bien por la aparición de dos proyectos, uno liderado por Sandro Giordano y otro por Ernesto Suárez que, con variantes de forma, representan el clivaje centro-periferia,  y que dio lugar a un desdoblamiento del voto regional. Este voto, podría decirse, constituye el voto duro en el departamento, difícil de ser influido por campañas electorales e incluso por el  incremento de  inversiones públicas en obras y servicios.

En cambio, el MAS no ha constituido aún un núcleo duro de votación, porque su conformación requiere de un proceso largo. El MAS tiene una historia corta en el Beni y  esto es uno de los factores que le afecta; si bien ha incrementado su caudal electoral, con un permanente ascenso en cada elección desde el 2003, carece aún de una identidad política y las lealtades que recibe son aún incipientes. Recordemos además que en nuestro departamento no hay una tradición de izquierda y por consiguiente hay pocos actores que se reconocen como tales.

Permanencia del clivaje regional. El clivaje centro-periferia es una división estructural al interior de la sociedad nacional, resultado del modo en que se desarrolló la relación entre el Estado y los departamentos alejados, desde los primeros gobiernos centrales.

Las élites nacionales que manejaron el Gobierno central son las responsables principales de la formación de este clivaje, a partir de la creación misma de Bolivia. Los diferentes intentos de integración del Beni en el Estado no desplazaron su permanencia, ahora mismo sigue vigente, aunque el gobierno nacional del MAS intenta debilitarlo, por diversas vías, entre éstas, el reclutamiento de élites locales —antes regionalistas—,  la habilitación de grandes carreteras  interdepartamentales, la ampliación de una burocracia del Gobierno central en las principales ciudades del departamento.

En algunos momentos, este clivaje puede tener menos incidencia  en el alineamiento político hacia un partido regional, cuando, por ejemplo,  los partidos nacionales abren acuerdos con élites locales que buscan una alternativa a sus expectativas personales, de tal modo que éstas dejan su lealtad regional y aceptan recibir directrices desde el centro nacional, aunque no estamos seguros si es por convicción total o por cálculo político. De todas maneras, el clivaje centro-periferia no desaparecerá por la sola integración de élites locales a partidos nacionales como el MAS, que utilizan otros clivajes para canalizar a su favor lealtades políticas y votos; seguirá siendo en el Beni un factor importante de votación a favor de los políticos regionales que lo visibilizan, al menos a mediano plazo.

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