Ante las denuncias de supuesto uso desmedido de la fuerza por parte de efectivos en la aprehensión del dirigente cocalero César Apaza, la Policía boliviana negó “tortura” en ese operativo, sin embargo, se verificará algún hecho de violencia.

César Apaza, miembro del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), fue aprehendido la madrugada del jueves, en cumplimiento de una orden emitida por el fiscal Carmelo Laura, y trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en El Alto.

“Negamos enfáticamente, que el aprehendido haya sido objeto de algún tipo de ‘tortura’ o ‘uso innecesario de la fuerza’ en su traslado ni cuando se encontraba en dependencias de la FELCC”, dice un comunicado publicado en las redes sociales de la Policía Boliviana.

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Según el mismo comunicado, “el sindicado habría intentado darse a la fuga (…), llegando, inclusive, a agredir físicamente a los servidores policiales intervinientes, situación que fue controlada respetando en todo momento su integridad física, derechos y garantías constitucionales”.

La noche del jueves el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó, luego de una evaluación médica, cuatro días de impedimento para el dirigente cocalero.

Por su parte, el director nacional de la FELCC, Sergio Bustillos, dijo que se investigará internamente los hechos en la aprehensión de César Apaza y, de hallar elementos suficientes, el o los culpables serán sometidos a un “procedimiento”.

“No se ha realizado ningún hecho de violencia. Sin embargo, todo funcionario policial será sometido a procedimiento si hay duda o denuncia al respecto. Estamos haciendo una verificación de los hechos de ayer”, dijo a los medios.

César Apaza lideró junto con el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado -aprehendido el 14 de septiembre-, la multitudinaria movilización que derivó en la toma violenta e incendio del mercado paralelo de Villa El Carmen.

Esos actos terminaron con el incendio de ese edificio, agresiones a mujeres, periodistas, incluso niños y, según se denunció, robos y saqueos.