Presidente ruso promulgó leyes contra «propaganda» homosexual y ofensas a creyentes
Las sanciones son mayores si esta propaganda se efectúa en internet y la ley prevé que las entidades jurídicas puedan cerrarse en 90 días.
El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó este domingo dos controvertidas leyes que sancionan con fuertes multas todo acto de «propaganda» homosexual delante de menores de edad y que reprimen «las ofensas a los sentimientos religiosos», muy criticadas por los defensores de los Derechos Humanos.
Según la primera ley, una persona física que lleve a cabo «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales delante de un menor» se enfrenta a una multa de entre 4.000 y 5.000 rublos (100-125 euros); una persona depositaria de la autoridad pública, a una multa de entre 40.000 y 50.000 rublos (1.000-1.250 euros), y una entidad jurídica, a entre 800.000 y un millón de rublos (entre 19.000-23.500 euros).
Las sanciones son mayores si esta propaganda se efectúa en internet y la ley prevé que las entidades jurídicas puedan cerrarse en 90 días.
Los extranjeros también se exponen a una multa de hasta 100.000 rublos (unos 2.500 euros) y podrán ser detenidos 15 días y expulsados.
El líder de la comunidad homosexual de Rusia, Nikolai Alexeiev, calificó este domingo en un comunicado de «error histórico» la decisión de Putin y prometió elevar la protesta contra esta ley ante la Corte europea de Derechos Humanos.
«Putin ganó una batalla local para (obtener) los votos de sus electores poco cultivados, pero perdió una batalla histórica», dijo Alexeiev.
La homofobia está muy extendida en Rusia, donde la homosexualidad estaba considerada como un crimen hasta 1993 y como una enfermedad mental hasta 1999.
Según una encuesta del instituto Vtsiom, el 88% de los rusos apoyan la prohibición de la «propaganda» homosexual. Además, el 54% cree que hay que castigar la homosexualidad.
Recientemente se registraron varios casos de homicidios de personas por su condición de homosexuales.
El presidente ruso también promulgó una ley que reprime las «ofensas a los sentimientos religiosos de los creyentes» e impone una pena a quienes las cometan que puede ir hasta los tres años de prisión.