El analista político Vladimir Peña reflexionó sobre los desafíos que marcarán el año electoral y su impacto en el contexto del Bicentenario de Bolivia, un país que arrastra diversos problemas económicos, políticos y sociales.

Bolivia atraviesa una crisis económica profunda, sumada a la escasez de dólares que persiste desde principios de 2023. En el ámbito político, la fragmentación y polarización son cada vez más evidentes, con la división interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) y en las demás fuerzas políticas del país.

“Lamentablemente, nos encaminamos hacia el Bicentenario en medio de una crisis económica, crispación política y desunión. Sin embargo, aspiro a que este momento histórico sea un punto de inflexión para el país”, reflexionó Peña en entrevista con La Razón Radio.

“La crisis económica es muy grave y no hay un horizonte de salida. El presidente Arce y su gobierno no transmiten certidumbre de mejora”, señaló Peña, subrayando la creciente indignación por la gestión de la economía y los conflictos internos dentro del MAS.

A pesar del descontento, observó que aún no hay un camino claro hacia una nueva etapa política, lo que agrava el sentimiento de frustración entre la ciudadanía.

Aseguró que fundamental que los liderazgos comprendan la importancia del próximo año y trabajen por la estabilidad y certidumbre que el país necesita.

En cuanto a las elecciones, Peña hizo un llamado a garantizar un proceso democrático y transparente donde “el pueblo boliviano pueda decidir libremente un mejor futuro del que tenemos actualmente”.

En las últimas horas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ratificó y blindó la realización de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre y advirtió a los jueces y salas constitucionales que cualquier acción contraria a este dictamen se dispondrá la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público y la instancia disciplinaria que correspondiente.

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El comandante de Incidentes en Bajo Llojeta, coronel Wilson Lupa Bernal, informó que el equipo de las Fuerzas Armadas está concentrado en la construcción de gaviones para reforzar la zona afectada por el reciente deslizamiento y mitigar futuros desastres.

La noche del 23 de noviembre, un deslizamiento de mazamorra sepultó al menos 40 viviendas, dejando una niña fallecida, varias viviendas afectadas y decenas de familias damnificadas.

“Estamos apoyando a la Alcaldía en el llenado de bolsas de contención y en la construcción de gaviones que permitirán canalizar el agua y reducir el impacto en áreas vulnerables”, explicó Lupa en La Razón Radio.

Señaló que, aunque no se tiene una fecha exacta para concluir las obras, el equipo llena diariamente entre 850 y 1.200 bolsas, las cuales se utilizan en la construcción de los gaviones.

Además, advirtió que se debe reforzar puntos críticos en la zona debido a la inclinación pronunciada en la venida Los Sargentos, que incrementa la velocidad del flujo del agua.

“De esa manera obviamente va a chocar a ciertos lugares que son vulnerables, tanto las viviendas como la parte de las avenidas” añadió.

Dentro de las investigaciones por el alud que afectó la zona, se aprehendió al alcalde de Achocalla, Lucio Mamani, y tres funcionarios de la empresa Kantutani.

Hoy, el alcalde de La Paz, Iván Arias, debe presentar su declaración en la fiscalía en calidad de sindicado.

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El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, afirmó que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 podría generar un “efecto boomerang”, incentivando el contrabando y el comercio ilícito.

La disposición establece que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las autoridades podrán actuar contra quienes almacenen, retengan o incrementen los precios de estos productos.

En entrevista con La Razón Radio, Camacho cuestionó la necesidad de esta disposición, argumentando que el marco legal vigente ya regula estas prácticas.

Además, destacó que la incertidumbre generada por la norma podría desalentar la inversión y debilitar el sector empresarial formal, perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

“El contrabando es el sector que no está regulado, no paga aranceles, no paga impuestos, daña nuestra economía, asfixia al industrial formal y puede terminar siendo un detonante para incrementar el contrabando y el crimen organizado en Bolivia”, denunció.

Ante la eventual aprobación del artículo, la CNI adelantó que recurrirán a acciones legales para impugnar la norma.

“Si el gobierno insiste en implementar esta disposición, tomaremos medidas legales. Esto solo generará más conflictos y desincentivará aún más a los inversores”, advirtió.

Este lunes, a través de un comunicado, la CNI expresó “su más profunda preocupación y alarma” por la disposición y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio.

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En medio de un conflicto de competencias territoriales tras la mazamorra que afectó a la zona de Bajo Llojeta, la Alcaldía de La Paz reafirmó que el cementerio Los Andes está dentro de su jurisdicción. Sin embargo, señaló que los permisos de movimientos de tierra en el área fueron emitidos por la Alcaldía de Achocalla.

En entrevista con La Razón Radio, el asesor la Alcaldía de La Paz Óscar Navarro aseguró que las leyes respaldan que el cementerio está en terrenos de La Paz. Sin embargo, la falta de límites definidos permitió que Achocalla realice intervenciones en el lugar.

“Nosotros hemos presentado en la Fiscalía todas las licencias de funcionamiento emitidas para la inmobiliaria Kantutani. Ninguna de estas incluye la dirección del cementerio Los Andes, en la avenida Mario Mercado 1.000. Hemos demostrado que la inmobiliaria coordina sus actividades con el municipio de Achocalla”, afirmó Navarro.

El deslizamiento de tierra que afectó el pasado sábado en Bajo Llojeta dejó una niña de cinco años fallecida, más de 40 viviendas afectadas y varias familias damnificadas. Según Navarro, el desastre fue causado por movimientos de tierra autorizados por Achocalla en el camposanto.

Navarro informó que la Alcaldía de La Paz solicitó a la Gobernación un proceso de delimitación territorial. Sin embargo, indicó que, si no se logra una solución en coordinación con el gobierno departamental, se debería convocar a un referéndum, como lo establece la normativa vigente.

“Para que los habitantes decidan a qué municipio quieren pertenecer”, sostuvo.

El funcionario cuestionó el accionar de la justicia, asegurando que las decisiones judiciales priorizan “usos y costumbres” sobre la normativa vigente.

“Hemos presentado planos y normas que demuestran que estas áreas son de nuestra jurisdicción, pero los jueces nos limitan, dificultando nuestras acciones y exponiendo a los vecinos a riesgos graves”, denunció.

El 28 de noviembre, el alcalde de La Paz, Iván Arias, durante su declaración ante la Fiscalía por la mazamorra en Bajo Llojeta, entregó documentación que, según en su criterio, prueba las irregularidades en el movimiento de tierras que llevaron al desastre.

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Pese a que según la cotización del según el Banco Central de Bolivia (BCB), sostiene que el dólar oficial en Bolivia sigue siendo a Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra, la situación es muy diferente en el mercado paralelo.

En el centro de la ciudad de La Paz, la cotización del dólar paralelo es de Bs 11,90 para la venta, mientras que para la compra está entre Bs 10,50 y Bs 11. Sin embargo, los tradicionales librecambistas de la avenida Camacho y sus alrededores ofrecen la moneda a la venta en Bs 12,00.

En la zona Sur, las fluctuaciones son aún más pronunciadas. La casa de cambio Mercy vende el dólar a Bs 11,50 y lo compra en Bs 10,60, mientras que Cambios Sur registra una cotización máxima de Bs 12,50 para la compra, y se sitúa como una de las tasas más altas reportadas en la ciudad.

Otras monedas

Sin embargo, estos contrastes no se limitan al dólar. Otras monedas también muestran diferencias notables frente a las cifras oficiales del BCB:

Peso mexicano: cotiza en promedio a Bs 0,70 en casas de cambio, más del doble del valor oficial de Bs 0,33.

Real brasileño: se oferta en cerca de Bs 2,00, mientras que el BCB lo fija en Bs 1,18.

Sol peruano: su precio en el mercado alcanza hasta Bs 3,46, frente a los Bs 1,82 establecidos oficialmente.

La falta de dólares en el país es un problema que se arrastra desde el año pasado. Producto de la demanda, la moneda llegó a cotizarse hasta en Bs 15 en el mercado paralelo durante el mes de agosto.

El fenómeno tiene efecto en distintas actividades de la economía nacional, como las exportaciones e importaciones, el incremento de los productos de la canasta familiar e incluso problemas en los anticréticos y alquileres.

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