El presidente de Perú, Pedro Castillo, y su familia empezaron este viernes una maratón de audiencias judiciales, acusados por la fiscalía de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno.

La primera en comparecer ante un juez este viernes, en forma virtual, fue la cuñada del mandatario izquierdista, Yenifer Paredes, para quien la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva.

Apenas iniciada la audiencia con dos horas de retraso, el juez Johnny Gómez Balboa la suspendió y la reprogramó para el domingo a las 16.00 locales (21.00 GMT), argumentando que «éste es un caso complejo».

El abogado defensor, José Dionicio Quesnay, se declaró «conforme» con la decisión, pero el fiscal se molestó: «ya deberíamos tener una resolución» sobre el pedido de prisión preventiva, dijo.

La cuñada de Castillo, de 26 años, arriesga una condena de 23 años de prisión, según la fiscalía.

Afuera del tribunal se congregaron horas antes decenas de partidarios del gobierno y de la oposición, separados por un cordón policial.

«Yenifer libertad», decía la pancarta de un oficialista; «Yenifer a la cárcel», señalaba el letrero de un opositor.

Ella está en prisión preliminar en un cuartel policial en Lima desde el 10 de agosto, un día después de que el palacio de gobierno fuera allanado por fiscales y policías, algo inédito en el país, con el fin de arrestarla.

Castillo afirmó que ese allanamiento fue «ilegal» y ahora busca destituir al coronel Harvey Colchado, quien lo dirigió, por considerar que «vulneró» la inmunidad presidencial.

La cuñada formaba parte de una «organización criminal liderada por el señor presidente de la república», sostuvo el fiscal Jorge García Juárez al fundamentar el martes el pedido de prisión para ella.

Yenifer, quien considera a la pareja presidencial como sus «padres», «es parte de esta red criminal como lobista o coordinadora», agregó.

En la audiencia de este viernes también compareció José Nenil Medina, alcalde de Anguía, un pueblo de la norteña de Cajamarca, región de la que es oriunda la familia de Castillo.

La cuñada y el alcalde supuestamente estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento, según la fiscalía, que pidió para cada uno de ellos 36 meses de prisión preventiva.

«No han robado»

En tanto, el lunes 5 de septiembre Castillo debe comparecer ante la fiscalía y su esposa, Lilia Paredes, ante un juez. Ambos son maestros rurales.

Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

El martes afirmó que su esposa y su cuñada «van a demostrar que no han robado un centavo al Perú».

Castillo, de 52 años, ha declarado dos veces en la fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.

La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado, Benji Espinoza.

«¿Es honesto?»

El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, dijo este viernes que «el Ejecutivo está de acuerdo en que se hagan investigaciones fiscales, judiciales, administrativas y políticas, pero que se haga con objetividad, no con ánimo de persecución».

Castillo está citado a la fiscalía para responder por la abrupta salida, el 20 de julio, del ministro del Interior, Mariano González, quien se mantuvo apenas dos semanas en su cargo.

También será interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú.

«¿Tenemos, realmente, un presidente honesto? Qué bueno, que siga trabajando, y bien. De lo contrario, si tenemos uno que está coludido y gestando una organización criminal, que se vaya», declaró el jueves la jefa del Congreso, la opositora Lady Camones.

Seis investigaciones

La primera dama debe comparecer ante el juez Raúl Justiniano Romero en una audiencia en que los fiscales fundamentarán un pedido para prohibirle que salga del país durante tres años.

Esta solicitud incluye a dos de sus hermanos: Walter y David Paredes.

En sus 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.

Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.

Castillo enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, algo también inédito para un presidente en ejercicio en Perú.

El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, designó este martes un nuevo gabinete ministerial, el cuarto desde su llegada al poder hace seis meses, el cual será encabezado por el abogado Aníbal Torres en sustitución de un cuestionado primer ministro que apenas duró tres días en el cargo.

«Sí, juro», declaró el nuevo primer ministro al ser investido por Castillo ante un crucifijo, en una breve ceremonia en el Palacio de gobierno, en Lima.

Torres, de 79 años, era el titular del Ministerio de Justicia desde el inicio del actual gobierno, el pasado 28 de julio.

Este nuevo gabinete de 19 miembros es el cuarto que juramenta Castillo en sus seis meses, que se han caracterizado por tropiezos propios y pugnas internas en el gobierno, así como embates de la derecha radical, que intentó abrirle un juicio de destitución, desestimado en diciembre por el Congreso.

Hace una semana, Castillo designó su tercer gabinete tras la sorpresiva renuncia de la primera ministra Mirtha Vásquez por desacuerdos sobre ascensos en la Policía.

En su lugar, el mandatario nombró al abogado y parlamentario Héctor Valer Pinto, quien quedó en la cuerda floja luego de que medios limeños publicaron que su esposa y su hija universitaria lo denunciaron en 2016 por supuesta violencia familiar.

Tres días después, Castillo anunció que iba a «recomponer» nuevamente el gabinete, lo que marcó la salida del cuestionado Valer.

Los cambios al modelo económico peruano que promueve el líder izquierdista Pedro Castillo despertaron temores entre el empresariado, inversionistas y sectores de la sociedad civil, pero no tienen «nada que ver con la propuesta de Venezuela», asegura en entrevista con AFP su principal asesor, Pedro Francke.

«Como ha dicho el profesor Pedro Castillo, no tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela. No haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios que haga que no puedas comprar y vender dólares y sacar los dólares del país», dijo el encargado del programa económico del candidato presidencial que lidera por estrecho margen el escrutinio del balotaje del domingo ante la derechista Keiko Fujimori.

«Se va a mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, es importante en el Perú que hemos tenido una inflación baja. Mantendremos una política de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, entonces en realidad nuestra política no se parece casi en nada o en nada a la de Venezuela», agrega Francke en entrevista con la AFP, en su hogar de Jesús María, un distrito de clase media de Lima.

Casado dos veces y padre de tres hijas, este máster en economía de 60 años, formado en la Universidad Católica del Perú, se declara como «hombre de izquierda». En la primera vuelta asesoró a la candidata izquierdista Verónika Mendoza, cuyo partido se sumó a la campaña de Castillo para el balotaje.

«Un modelo peruano»

Pregunta: Si se confirma el triunfo de Castillo, ¿tenderán puentes con sectores que no votaron por él?

Respuesta: Definitivamente [sí], tanto por los resultados de la segunda vuelta, como por el resultado de la primera vuelta, que muestran una fragmentación y una composición del Congreso que nos exige un esfuerzo grande de concertación. P: ¿Pretenden seguir un modelo económico extranjero?

R: No, nosotros pensamos más en un modelo peruano. Y creo que es totalmente exacto. Como experiencia de izquierda en América Latina, Uruguay es súper interesante, pero es un país tan distinto al Perú, mucho más pequeño, sin estas fracturas étnicas y sociales, con un nivel educativo y desarrollo productivo mucho mayor.

P: ¿Pero hay sectores que temen estatizaciones

R: No está planeado hacer ninguna estatización, expropiación ni control general de precios, ni nada de eso. Hay un cambio sí, porque queremos que las economías populares mejoren y que esa sea la prioridad en nuestro gobierno, el empleo.

Conflictos sociales

P: ¿Han hablado con la Confiep, principal gremio de empresarios?

R: Con el gremio no, pero sí hemos contactado con varios empresarios de distintos sectores y estamos todavía promoviendo nuevos encuentros.

P: ¿Cree que Castillo puede acabar con los conflictos sociales que frenan algunos proyectos mineros?

R: Sí, por supuesto. Como vocero trato de alguna manera reflejar de la mejor manera su punto de vista […], y creo que en el tema de la minería él es realmente el candidato que puede tener un diálogo con los pueblos para poder reducir los conflictos sociales.

Fíjate que en áreas del sur minero, donde hay muchos conflictos sociales, es donde Pedro Castillo ha sacado 80, 90% de votos. Desde luego hay una posibilidad de llegar a esa población mucho mayor que la que tendría Keiko Fujimori.

«Mayores impuestos»

P: ¿Qué harán para tranquilizar a la mitad del país que teme a los cambios y votó por Fujimori?

R: Más de la mitad de la población que votó Castillo, quiere una propuesta de cambios […], por lo tanto hay que tener una inversión pública, un mayor gasto social en el Perú, (..) y mantener el equilibrio con mayores impuestos cobrados a las grandes empresas y las mineras.

Y el segundo gran tema es, bueno, hay que dar empuje sobre todo a la economía popular, lo que pasa por generar empleos, muchos empleos.

P: ¿Y quién va a pagar esos mayores impuestos?

R: Las grandes empresas que ahora evaden y eluden impuestos, más de la mitad del impuesto a la renta es evadido en Perú, eso no puede continuar. Hoy tenemos esta ventaja del precio del cobre a 4,70 dólares [la libra].

En Perú se recauda poquísimo [en impuestos], por eso tenemos una salud que no tiene camas UCI, médicos ni medicinas, y ha dejado 180.000 muertos (por la pandemia), la mortalidad mas alta del mundo en nuestro país.

Reforma integral de pensiones

P: Ustedes hablan de reformar el sistema de pensiones, manejado por compañías privadas. ¿Qué proponen?

R: Hace falta una reforma integral y también un poco más de competencia en el ahorro individual […]. El tema de las AFPs (Administradoras de los Fondos de Pensiones) es muy visible, porque la gente se siente muy abusada por las APFs, pero hay un problema más grande, que es el de la política pública.

En el Perú debe estar ahorita aportando un 25%, 30% de la población económicamente activa y con la crisis debe ser menos. Por eso el tema de cobertura es esencial. Ahora, la solución no es fácil.

El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, y su rival derechista Keiko Fujimori presentaron el martes a sus equipos de asesores, en busca de ganar votos en el balotaje del 6 de junio, que amenaza con polarizar al país.

Castillo presentó entre sus asesores a un reconocido físico y un exfiscal del juicio que condenó al padre de su rival, mientras que ella escogió a algunos políticos con pasado antifujimorista. Ambos candidatos esperan que el prestigio de sus colaboradores les ayuden a cosechar votos.

«Hay todo un equipo grande para sacar adelante a este país», dijo el candidato, quien enfrentará a Keiko en el balotaje del 6 de junio, al encabezar un mitin que congregó a algunos miles de seguidores en un polvoriento campo de fútbol de El Zapallal, una barriada del norte de Lima.

Castillo anunció que el físico nuclear Modesto Montoya, de 72 años, y el exfiscal Avelino Guillén, de 66, formarán parte de su «equipo técnico», junto a una docena de otros profesionales, para salir al paso de las críticas de adversarios políticos de que carecía de asesores para su eventual gobierno.

El abogado Guillén es un exfiscal en casos de corrupción y derechos humanos que se hizo conocido durante el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, tras ser extraditado desde Chile en 2007, en el que participó como fiscal superior adjunto.

«No estamos designando ministros», advirtió Castillo al presentar a 15 miembros de su equipo técnico de cara al balotaje entre dos candidatos situados en las antípodas que amenaza con polarizar al país andino.»De orillas diferentes» – Keiko también presentó horas después que su rival a los miembros de su equipo técnico, entre los que figuran dos antiguos críticos de su padre: Máximo San Román y Carlos Bruce.

San Román era vicepresidente de Alberto Fujimori, pero se pasó a la oposición cuando éste dio un autogolpe de 1992. Bruce era un legislador antifujimorista que organizó una marcha de protesta en 2000 que contribuyó a la caída del gobernante de ancestros japoneses.

«Hoy agradezco que se sumen personalidades de diferentes sectores, incluso de orillas tan distantes», dijo Keiko al presentar a los miembros de su equipo en una conferencia de prensa.

«Esto de ninguna forma configura alianzas políticas. El próximo Congreso será fragmentado y estamos en la obligación de dialogar», añadió la candidata derechista, quien obtuvo el segundo lugar (13,4%) en la primera vuelta.

Indultos

En 2009, el expresidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y hechos de corrupción bajo su gobierno (1990-2000). Keiko ha dicho que va a indultar a su padre, de 82 años, si gana la presidencia.

Keiko, de 45 años, debe su popularidad en buena medida a los logros de su padre (quien acabó con la hiperinflación y derrotó a las guerrillas), pero los abusos cometidos bajo su gobierno han constituido una pesada carga en sus tres campañas presidenciales.

Aniversario de Túpac Amaru

Castillo, en tanto, quiere indultar a Antauro Humala, un militar nacionalista que es hermano y adversario del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado a 25 años por encabezar una rebelión que dejó cinco policías muertos en 2005.

«No más pobres en un país rico», dijo en el mitin Castillo, quien explicó que designó a su equipo técnico este martes, día en que se conmemora el 240º aniversario del «sacrificio» (ejecución) de Túpac Amaru II y su esposa Micaela Bastidas, quienes encabezaron una rebelión indígena contra el poder colonial español en el siglo XVIII.

Túpac Amaru es venerado por los peruanos y por la izquierda latinoamericana.

Música, consignas y baile marcaron el mitin izquierdista, en el que algunos asistentes lucían trajes tradicionales de la sierra y la selva, y participaron una veintena de suboficiales militares retirados vestidos con trajes de camuflaje.

El maestro de escuela rural de 51 años, que siempre lleva un sombrero de copa alta blanco típico de los campesinos de la norteña Cajamarca, su región natal, sorprendió al ser el más votado (18,9%) en la primera vuelta electoral, el 11 de abril, que tuvo un récord de 18 candidatos.

Perú estaba este domingo sin presidente tras la renuncia de Manuel Merino en medio de protestas cinco días después de asumir el poder, y también quedó descabezado el Congreso por la dimisión de los miembros de su directiva.

La renuncia de Merino desató una celebración en las calles peruanas tras varias jornadas de protestas duramente reprimidas por la policía, en las que hubo dos muertos y un centenar de heridos.

«Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República», declaró por televisión el fugaz gobernante.

Unas horas después renunció la junta directiva del Congreso, encabezada por Luis Valdez, lo que dejó temporalmente al país andino sin autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo.

Por la noche, el Congreso no se puso de acuerdo para elegir como nueva presidente de Perú a la legisladora izquierdista Rocío Silva Santisteban, quien supuestamente era una candidata de consenso. Necesitaba 60 votos y consiguió solo 42, con 52 en contra y 25 abstenciones.

«El congreso tenía en sus manos la ruta de solución a esta crisis política que ellos generaron. Sin embargo, hoy le han vuelto a dar la espalda al país», tuiteó la exministra de Economía de Vizcarra María Antonieta Alva.

«Están mandando al Perú por la borda. íIrresponsables!», agregó Alva al reprochar que el Congreso no se ponga de acuerdo para escoger a las nuevas autoridades del país.

En la lista única de Silva Santisteban iba de número dos el parlamentario del centrista partido Morado Francisco Sagasti, lo que implicaba que quedaría de jefe del Congreso.

Esto condujo a una reunión a puertas cerradas entre los jefes de bancadas para buscar la manera de superar el estancamiento, mientras miles de manifestantes permanecían pacíficamente en las calles, sin ser molestados por la policía.

Merino había sustituido el martes al popular mandatario Martín Vizcarra, un día después de que éste fuera destituido por el Congreso por un caso de presunta corrupción.

El Congreso debe designar a un nuevo presidente que pacifique el país. Será el tercero en menos de una semana, en una nación muy golpeada por la pandemia del coronavirus y la recesión económica, que se sumió en una crisis política tras la destitución de Vizcarra.

Merino, un centroderechista de 59 años, dijo que para que no haya «vacío de poder», los 18 ministros que él juramentó el jueves seguirán en sus puestos temporalmente, aunque prácticamente todos habían renunciado tras la represión a los manifestantes del sábado.

«Lo logramos»

Apenas Merino anunció su renuncia, las calles de Lima se llenaron de manifestantes que golpearon cacerolas y gritaron consignas en una bulliciosa celebración.

«Lo logramos. ¿Se dan cuenta de lo que somos capaces de hacer?», escribió en las redes sociales el seleccionado peruano de fútbol Renato Tapia.

El exmandatario Vizcarra celebró la renuncia del presidente y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse lo antes posible sobre su destitución del cargo el pasado 9 de noviembre. «Ha salido un dictadorzuelo de palacio», dijo a la prensa.

Las manifestaciones del sábado dejaron dos muertos y 94 heridos, según responsables del Ministerio de Salud. Pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos afirmó que los lesionados son 112 y alertó que además había una decena de «desaparecidos» durante las marchas.

La represión de esas protestas le costó el poco apoyo político que tenía a Merino. El presidente del Congreso, Luis Valdez, exigió su «renuncia inmediata», sumándose a la demanda que miles de manifestantes hacían desde el martes.

Merino, un político provinciano casi desconocido para los peruanos antes de asumir el mando, fue criticado incluso por figuras de su propio partido, la centroderechista Acción Popular, como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Los muertos en las manifestaciones del sábado fueron identificados como Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, e Inti Sotelo Camargo, de 24, según la policía. En las redes sociales circulan fotos de ambos bajo el título «Héroes del Bicentenario» (que Perú cumple el 28 de julio de 2021).

«Una persona independiente»

La actuación policial ha sido severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, desde que empezaron las protestas el martes, el día que asumió Merino.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lamentó la muerte de los dos manifestantes y exigió «investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades».

«No tengo responsabilidad en la violencia», declaró este domingo el número dos del gobierno, el primer ministro Ántero Flores-Aráoz.

Desde España, el escritor y premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa había pedido el cese de la «represión contra todo el Perú» y solicitado que Merino fuera reemplazado por «una persona que sea realmente independiente» y que dé garantías de imparcialidad en las elecciones presidenciales y legislativas de abril de 2021.

(16/11/2020)