La Sala Constitucional Primera de Cobija, Pando, dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejar sin efecto los obrados del proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La información fue confirmada por la senadora opositora Andrea Barrientos, presente en el acto judicial y citada en una nota de Los Tiempos. Los vocales que dejan en fojas cero el proceso son Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, según confirmó la legisladora.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dicto, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Nota en desarrollo…

Luego de ocho años de proceso, Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, quedó absuelta del supuesto delito de trata y tráfico, en el cual se le acusaba de haber suplantado al hijo que habría tenido con el expresidente.

“Se hizo justicia. Ocho años hemos luchado, incluso se ha forzado. Teníamos las solicitudes de la comisión de fiscales. Ha sido un proceso político y armado, el 21 de febrero, estoy feliz”, dijo al salir de su audiencia este martes en La Paz.

Luego de ocho años de proceso, Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, quedó absuelta del supuesto delito de trata y tráfico, en el cual se le acusaba de haber suplantado al hijo que habría tenido con el expresidente.

“Se hizo justicia. Ocho años hemos luchado, incluso se ha forzado. Teníamos las solicitudes de la comisión de fiscales. Ha sido un proceso político y armado, el 21 de febrero, estoy feliz”, dijo al salir de su audiencia este martes en La Paz.

William Sánchez, abogado de Zapata, explicó que luego de la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de La Paz, aún queda la lectura de sentencia del caso, el 6 de mayo.

Junto con Zapata, otras 10 personas fueron investigadas, ellas también quedaron absueltas en la audiencia de este martes.

A instancias del mismo Morales, el caso investigó la presentación de un niño como hijo de él y la ahora absuelta. Durante el proceso, Zapata denunció que el gobierno del MAS la presionó en diferentes ocasiones para que indique que el niño había muerto.

Entre lágrimas, Pilar Guzmán, tía de Zapata, involucrada en este caso, también celebró la decisión judicial, a la que calificó de “justa”.

“Diez personas fueron procesadas siendo inocentes, presionadas, amenazadas, coartadas en sus derechos y reducidas de seres humanos a ser tratadas como cosas”, dijo su abogado, Manolo Rojas.

“Se ha demostrado categóricamente que el denunciante Evo Morales ha armado todo este proceso”, agregó el jurista.

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este martes que las organizaciones sociales que lo respaldan están dispuestas a movilizarse ante la “amenaza” de proscribir a su partido e inhabilitarlo como candidato a las elecciones de 2025.

“Escuchamos atentos cómo, con mucha firmeza, están dispuestos a defender su Instrumento Político el MAS-IPSP, dispuestos a movilizarse en contra de la proscripción y la inhabilitación de Evo”, escribió en su cuenta de X.

Morales publicó ese mensaje luego de reunirse con dirigentes de la localidad de Warisata, en el departamento de La Paz, además de representantes de los interculturales de Beni.

“A pesar de las amenazas, persecuciones y amedrentamientos desde el gobierno, nuestro pueblo no abandona a su pueblo”, agregó el exmandatario.

La publicación de Morales no es casual, se conoce a poco de cumplirse el plazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fijó el 5 de mayo como plazo fatal para que las organizaciones políticas presenten la renovación de sus directivas y la actualización de sus estatutos.

Evo Morales

Dividido, el MAS tiene pendiente la resolución de dos convocatorias a congreso nacional. Por un lado, está el llamado del ala arcista, cuyo encuentro está previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. La Secretaría de Cámara observó esa convocatoria por cuatro incumplimientos a la Ley de Organizaciones Políticas y a su estatuto.

Entretanto, el TSE aún no se pronunció respecto a la convocatoria propiciada por el ala evista; ese encuentro se fijó el 10 de julio su realización, en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

Ante la incertidumbre y luego de una serie de observaciones por la Sala Plena del TSE y la misma Secretaría de Cámara, el equipo jurídico del MAS exigió que los siete miembros de las Sala Plena reciban en audiencia a los interesados; eso con el fin de conocer “de manera directa” en qué consistes sus observaciones. Des ser positiva la respuesta, pidieron que el encuentro tenga cobertura de los medios de Comunicación.

Hay también una discusión política por el supuesto intento de “proscribir” al MAS e inhabilitar a Morales como candidato.

‘Porscripción’

El exjefe de Estado y sus afines acusaron al presidente Luis Arce de buscar “eliminar” políticamente a Morales y a su partido, con fines electorales. Mientras que Arce y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad que lo respalda hicieron bandera de la “recuperación del MAS” para las organizaciones sociales.

Incluso, dijeron que su llamado a congreso “evitará” la proscripción de ese partido.

En los hechos, ambas facciones confirmaron la realización de sus encuentros, en El Alto y Villa Tunari, “con o sin” el visto bueno del TSE.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) por Chuquisaca, Silvia Salame, afirmó este martes que ningún tribunal de justicia puede frenar el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“Todos los ciudadanos tienen derecho a tomar acciones constitucionales que vean conveniente; lo que no tienen derecho ni los ciudadanos ni ningún tribunal es la facultad de suspender el proceso”, dijo a los periodistas en La Paz.

Salame se refirió a las medidas cautelares sobre la preselección que dictaron, primero, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, a instancias de Margarita Medrano. Es una abogada rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura; quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso de preselección.

También, el 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a instancias de la abogada Yeny Dury Bautista, dispuso una medida similar. La denuncia expone la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección. Asimismo, solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

La audiencia para resolver el último de los procesos está fijada para este martes.

Elecciones judiciales

“Las decisiones que se han tomado por la Sala Constitucional de Santa cruz y la Sala Constitucional de Pando, donde se dispone la suspensión (del proceso de preselección) son arbitrarias, ilegales e inconstitucionales”, consideró la legisladora.

Por la interposición de al menos 12 amparos constitucionales y la acción popular de Pando, el cronograma de actividades de la preselección quedó “desfasado”, indicó el diputado Juan José Jáuregui. Ante eso, varios legisladores se abrieron a la posibilidad de ampliar el plazo del proceso.

Al respecto, Salame adelantó que a las 15.00 de este martes, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa se reunirá para definir “varias medidas”; entre ellas, la reformulación del cronograma.

La preselección de postulantes a las judiciales se frenó en la etapa de exámenes de la evaluación de méritos. A esa etapa también la acecha la supuesta filtración de preguntas a los postulantes de los tribunales Constitucional Plurinacional y Supremo de Justicia.

Desde la Comisión de Constitución, liderada por el senador Miguel Rejas, negaron el hecho . Además, recordaron que la batería de preguntas fue entregada a una Notaría de Fe Publica. Ahora está guardada en una oficina precintada y de un solo acceso en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa.

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista de personas “ajenas” a ese partido que llamaron al congreso de El Alto para “tomar acciones legales”.

“Hemos pedido que nos hagan conocer los pormenores de la solicitud de otro tipo de gente que no es del MAS-IPSP, que ha usado ilegalmente nuestros membretados; que usa y convoca a un congreso este fin de semana en El Alto (…). Estamos pidiendo al Tribunal Electoral que nos entreguen fotocopias legalizadas para ver qué acciones legales (tomamos) en contra de esos impostores”, dijo el abogado del MAS, Wilfredo Chávez, a los periodistas en La Paz.

Congreso

Así se refirió el jurista a la convocatoria del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, cuya convocatoria de congreso está prevista para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

La convocatoria fue presentada por el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe; el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia  (CSCIOB), Esteban Alavi, y la secretaria ejecutiva de las Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Guillermina Kuno.

Chávez, en reiteradas oportunidades, descalificó a esos dirigentes, de los que afirmó “no son militantes del MAS” y que no tienen la representatividad de esa fuerza política.

Dijo que Quispe está inscrito en Unidad Cívica Solidaridad (UCS); de Kuno, que milita en Transformación Democrática y Patriótica (Tradepa) y, de Alavi, que fue elegido de manera irregular en un ampliado que “se convirtió en congreso”.

MAS

Para Chávez, la única convocatoria “que vale” es la presentada por la Dirección Nacional del MAS, liderada por Evo Morales.

“Que nos diga el TSE como organización política que somos, quién, a nombre del MAS, o quiénes, quieren hacer ese congreso. Se están arrogando la representación y este tribunal se está sirviendo de cómplice. ¿Qué repuesta les dio, les han dicho que no?”, reclamó el evista.

Asimismo, Chávez dijo que la única convocatoria que debió considerar el TSE es la presentada por la Dirección Nacional del MAS. Ese cónclave está previsto para el 10 de julio en el estadio Bicentenario de Villa Tunari, en Cochabamba.

Por su parte, el delegado político del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, advirtió que el visto bueno para el congreso arcista sería un delito y que el congreso arcista “ha nacido muerto”.https://www.la-razon.com/

“Pueden hacer 20 congresos, si quieren, lo que está mal es que este tribunal les de alguna consideración. ¿Los ha rechazado?, sí, pero sabemos que están queriendo, desde la oscuridad, buscar alguna forma para meterse por la ventana”, dijo Jiménez.

Hasta el momento, el TSE no resolvió cuál de las dos convocatorias es la “legítima”. Entretanto, el plazo fatal que dio el Órgano Electoral a los partidos políticos para el cambio de directivas vence el 5 de mayo.