Se inicia juicio que involucra a empresa en crímenes de dictadura argentina
En las audiencias serán juzgados el exgeneral Luciano Menéndez (85 años) y los exoficiales Mariano Braga, Antonio Vargas y José Bulgheroni.
Un juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy (norte), que involucra al principal ingenio azucarero de Argentina se inicia mañana con cuatro exmilitares en el banquillo, y varios empresarios en la mira de los jueces para una segunda parte del proceso.
En las audiencias serán juzgados el exgeneral Luciano Menéndez (85 años) -sobre quien ya pesan seis condenas a prisión perpetua por graves violaciones a los derechos humanos- y los exoficiales Mariano Braga (61), Antonio Vargas (71) y José Bulgheroni (65) por, entre otras cosas, privación ilegitima de la libertad y homicidio en perjuicio de 43 personas.
Pero en la causa aparecen ligados para una segunda etapa el presidente del emporio azucarero Ledesma desde 1971, Carlos Blaquier, de 84 años, quien tiene prohibida la salida del país, junto al exadministrador de la compañía, Alberto Lemos.
Ambos están citados a indagatoria, acusados de ser partícipes del secuestro de personas durante la última dictadura (1976/83) en la localidad jujeña de Libertador San Martín, también conocida como Ledesma.
«Este primer juicio es bienvenido, por más pobre que sea en imputados, por más mal instruido, por más que trataron de encubrir todo, algunas sorpresas van a haber», dijo Adriana Arédez, querellante junto a sus hermanos y acusadora de Blaquier.
El grupo Ledesma incluye 40.000 hectáreas plantadas de caña de azúcar en el ingenio de Jujuy, fábricas de azúcar y otras inversiones agrícolas en 25.000 hectáreas en la rica provincia de Buenos Aires (centro-este), además de exploración de petróleo.
Arédez dijo que el juicio «durará cinco meses y después vendrá el otro, el de los empresarios, los amigos del poder, incluido del poder actual».
Esta mujer de 56 años es hija de Luis Arédez, quien era médico y alcalde de Libertador San Martín cuando fue secuestrado por militares en dos oportunidades, la primera el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado.
Tras ser liberado meses después, volvió a ser ilegalmente detenido en mayo de 1977 y desde entonces permanece desaparecido.
Los exmilitares están acusados de delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio en perjuicio 43 víctimas, entre ellos Arédez, precisó el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).
Luis Arédez había sido despedido del ingenio Ledesma, donde fue asesor médico de los Sindicatos Azucareros y de la Mutual de Obreros, en represalia por sus denuncias contra la empresa, antes de ser elegido alcalde en 1973.
Tras la separación de la causa del juez Juan Olivera Pastor, denunciado por supuesta connivencia con el ingenio Ledesma y que restringió el juicio a cuatro militares, el magistrado Fernando Poviña reabrió la causa en abril.
Así, Blaquier y Lemos fueron imputados por su presunta vinculación con la llamada «Noche del apagón», ocurrida el 27 de julio de 1976, en Ledesma, donde está emplazado el ingenio que manejaba la usina eléctrica local.
Esa noche se produjo un enorme corte de electricidad que dejó a oscuras durante varias horas a Ledesma y localidades vecinas.
En medio de la oscuridad, militares secuestraron a unas 400 personas, que fueron encapuchadas y trasladadas a centros clandestinos de detención donde se les aplicaron torturas.
Una treintena de aquellas personas aún sigue desaparecida.
Blaquier anunció la intención de presentarse a declarar el viernes pasado y presuntamente llegó en un automóvil con vidrios polarizados a los tribunales de Jujuy pero ante una manifestación de familiares de víctimas y organizaciones sociales y políticas, el vehículo se alejó, según testigos a la prensa jujeña.
El empresario denunció a la prensa un intento de homicidio en su contra, lo que fue rechazado por los activistas que dijeron que nunca habrían impedido que se realizase la indagatoria que reclamaban.
Los juicios a exmilitares de la dictadura se reactivaron hace casi 10 años al ser anuladas las leyes de amnistía de los años 80.
