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Sunday 14 Apr 2024 | Actualizado a 15:51 PM

Solo el 18% de los choferes interciudad tributa en La Paz

El conflicto sigue latente, los dirigentes de los choferes aseguran que la municipalidad busca entregarles tarjetas de operación bajo condición de que tributen en suelo paceño.

Un policía rocía gas pimienta a choferes que bloqueaban a la altura del distribuidor de la Cervecería, en La Paz.

/ 26 de febrero de 2024 / 07:06

Para la Alcaldía de La Paz, de al menos 15.000 unidades del transporte interciudad (La Paz-El Alto) que circulan por día en esta urbe, solo 2.700, o sea el 18%, tributa en este municipio. Del total, se pretende bajar a 3.750 motorizados que recorran las vías paceñas. 

El impasse entre el gobierno local y los choferes intermunicipales afloró desde principios de este mes, cuando el gremio activó el bloqueo de las “mil esquinas” en el centro paceño, en protesta a la exigencia edil de que estos transportistas accedan a su tarjeta de operación bajo la condición de tener radicatoria en esta región, y así pagar impuestos en La Paz.

El plan de la administración de Iván Arias es que no solo tributen ante la Alcaldía paceña, sino reducir sus unidades de trabajo a cerca del 75% (11.350 vehículos). Esta medida es rechazada por el sector, ya que “discrimina y coarta su derecho al trabajo”, por lo que se pedirá la revisión de la normativa a través de un recurso constitucional, indica Ramiro Valdez, ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes “1° de Mayo”.   

Desde la Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, el director Luis Oliden señala que solo permitirán 25 coches por ruta, cuando en la actualidad, una línea puede contar con hasta 210 motorizados. Y esta cantidad genera demasiado tráfico y trancaderas en el centro de la ciudad.

RUTAS.

“Son 206 rutas y estamos hablando de que diariamente operan con hasta 210 vehículos por ruta. En ninguno de los casos cumplen con la cantidad establecida. Bajo esa lógica, calculamos qué día a día 15.000 vehículos vienen desde el municipio de El Alto”.

La cifra de motorizados del transporte interciudad es cuestionada por Oliden; esto debido al congestionamiento que se genera en puntos clave de la zona Central. Es el caso de la Pérez Velasco, El Prado, la Plaza del Estudiante y la calle Colombia. “La mayoría viene por la autopista, otras vienen por la Naciones Unidas, y en menor proporción por Pasankeri”.

 “Existe una sobreoferta en relación a la demanda y ese es el problema. Como transporte se han dedicado a afiliar a mucha gente porque eso representa réditos económicos para el sindicato y para el dirigente. No se dan cuenta que seguir afiliando va en contra de sus propios intereses. La torta que estaba diseñada para 20 personas, hoy la están comiendo 210 personas. Obviamente ahí es donde se da el problema en la congestión vehicular”, remarca el secretario municipal a La Razón.

De acuerdo con la Ley Municipal 457, aprobada en marzo de 2021, cada sindicato del transporte interciudad tiene derecho a registrar un máximo de 25 unidades vehiculares para operar su ruta.

Con datos de 2021 publicados por la Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, en el municipio de La Paz hay 572 rutas del servicio público de transporte de pasajeros. Es decir, el 36% de las rutas (206) están destinadas para el transporte interciudad.

CHOFERES.

El dirigente Valdez es enfático al señalar que no se puede “coartar el derecho al trabajo”. Añade que está plenamente de acuerdo en revisar junto a las autoridades municipales la Ley 457. Sin embargo, afirma que no “existe la invitación” por parte de la municipalidad.

“Estamos viendo el tema legal, porque no podemos aceptar que se pueda discriminar a un sector que presta el servicio por más de 50 años. Vamos a presentar una acción de constitucionalidad para que el Tribunal Constitucional Plurinacional revise la norma”.

Admite que pagar los impuestos en La Paz es “mucho más caro” y no se les puede obligar a ser parte de esta ciudad. “Un minibús 0 kilómetros paga como 7.000 bolivianos en el municipio de La Paz, pero si vamos a Achocalla, Viacha o el mismo El Alto solo se paga el 50%. Es grande la diferencia de los impuestos. En ese tema también dijimos vamos, no hay problema (tributar) en el municipio (de La Paz), pero que nos den el tiempo, como les dieron a las demás federaciones de esa urbe”.

Respecto a la diminución del parque automotor del transporte interciudad, sostiene que es “imposible” trabajar con 20 unidades, ya que los choferes de este gremio cumplen un recorrido de entre 30 y 40 kilómetros. Según el análisis del dirigente, el transporte del municipio paceño solo recorre entre 3 y 4 kilómetros, por lo que no pueden estar a la misma altura. “Es bueno que nos podamos sentar y ver la mejor opción. No nos hemos cerrado al diálogo, pero no hay respuesta (de la Alcaldía)”.

Sobre las estadísticas de la Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana de que circulan 15.000 motorizados del servicio interciudad, Valdez subraya que el gobierno local saca números “con el único propósito de hacer quedar mal” a este gremio. “No es posible que se pueda generar semejante movimiento. Nuestro sector debe llegar a unas 5.000 unidades, no más de eso”.

NORMA.

Roberto Mamani, ejecutivo de la Federación Urbana de Choferes Interciudad, dice que la Ley Municipal 457 obliga a que cada línea tenga 22 vehículos. Esla medida con la que no están de acuerdo en razón de que es insuficiente el recorrido que hacen al centro de la ciudad paceña y El Alto,

“Lamentablemente 22 vehículos, más los restringidos que no se contarían, estamos hablando de 18 vehículos por cada línea. Eso no es suficiente y ellos están conscientes de que no es suficiente esa cantidad para el transporte”.

Añade que en el transporte interciudad se cuenta con 22 sindicatos que ingresan al municipio de La Paz desde El Alto y que,  por línea, cuentan con un aproximado de entre 40 y 50 motorizados, cantidad que, en criterio del dirigente, no abastece principalmente en las “horas pico”.

Puede leer: A plan de gas, la Policía despeja puntos de bloqueo en La Paz

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Caso Marset: Acusan a dirigentes de la ACF de haber recibido $us 300.000

La dirigencia cruceña de fútbol niega algún vínculo con el capo uruguayo del narco, prófugo de la Policía.

/ 13 de abril de 2024 / 07:37

Víctor Hugo Pérez, presidente del Club Sport Boys, acusó a los dirigentes de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) de recibir $us 300.000 de Luis Paulo Amorín, una de las identidades con el que circulaba en el país el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“En mi condición de presidente de Sport Boys es que los he denunciado por haber recibido cerca de 300.000 dólares. La Fiscalía apunta al ejecutivo de la Asociación (Cruceña de Fútbol). Es imposible que, en una asociación, sino es por orden del presidente o los asesores no se haga las cosas”, apuntó Pérez en la red DTV. 

De acuerdo con la denuncia, la dirigencia de la ACF recibió ese dinero “bajo un combo”, en el cual se establecía que Paulo Amorín juegue en el club Leones El Torno FC y que además el estadio Édgar Peña sea cedido en comodato para que lo puedan usar “indistintamente”, siendo que no correspondía por ser de municipios distintos. “El estadio pertenece al municipio de Santa Cruz y el club está en el municipio de El Torno”.

Sebastián Marset

Marset adoptó tres identidades en el territorio nacional, entre ellas, Gabriel De Souza Beumer y Luis Paulo Amorín Santos.

En Bolivia, el uruguayo tejió una organización criminal para lavar dinero del narcotráfico. Asimismo, se internó en el fútbol, relación que ha salpicado a clubes como Blooming, Los Leones de El Torno y este último a la dirigencia del futbol cruceño.

El uruguayo es el hombre más buscado en el país desde que salió indemne de un megaoperativo el 29 de julio de 2023 junto a su esposa y sus hijos. Desde entonces está con paradero desconocido.

Pérez señaló que como aporte “nuevo a la investigación” es que Paulo Amorín, jugador del club Leones, fue inscrito a las 09.00, a los dos minutos fue habilitado para el mismo club y a las 11.00 jugó un partido oficial.

Fútbol

“Es decir, en el día se lo inscribe, se lo habilita y juega en un equipo, cuando la norma establece 48 horas. Eso ha hecho que se establezca algo que no es correcto (y) que violenta toda la normativa, sobre la base de un dinero económico. Lo grave es que ese dinero es producto del narcotráfico”, dijo.

El jueves, el fiscal Julio César Porras corroboró las declaraciones del dirigente de Sport Boys e indicó que “él lo dijo textualmente, pero está en la Fiscalía analizar” la afirmación del dirigente.

Añadió que hay declaraciones de personas que dan nombres, pero estos están sujetos a verificación. “Son cinco personas las que están citadas, son el directorio de la ACF y están en calidad de testigos, ya son tres personas que han declarado y dos personas lo harán en el trascurso de las horas. Todas las personas niegan algún vínculo (con Marset), pero se está en la obligación de llegar a la verdad”.

 El martes, el presidente de la ACF, Noel Montaño, en alusión a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana Fútbol (FBF), dijo que quiere “meterle preso”, porque lo acusa del caso Marset.

Investigación

“Él (Costa) ha querido meterme preso porque me quiere involucrar en el caso Marset. Es más, en relación al (registro de Marset), quien manejaba el sistema COMET (de la ACF) era Alejando Ortiz, mi persona no maneja a nivel departamental en la asociación. Imagínese que voy a revisar la documentación de cada jugador y autorizar de más de 13.000 jugadores. Es absurdo, yo no trabajo 24/7”, dijo.

El dirigente cruceño añadió que “cada club tiene un usuario COMET, el cual carga al sistema en una computadora todos los datos personas de un jugador, sea nacional o extranjero. Una vez cargado en el sistema, el responsable trae en físico y lo deja en ventanilla (de la ACF) y pasa al Alejandro Ortiz. Él es que procede a la habilitación”, explicó Montaño.

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En el 110 aniversario de las relaciones bilaterales, Bolivia y Japón resaltan la madurez alcanzada

La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko indicó que con la elaboración del logotipo que simboliza los 110 años de relaciones diplomáticas y 125 años de la llegada de los primeros migrantes japoneses a Bolivia espera que“se fortalezca y profundice” aún más las relaciones entre ambos países. 

La canciller Celinda Sosa junto al embajador de Japón en Bolivia, Onomura Hiroshi.

Por Boris Góngora

/ 12 de abril de 2024 / 19:33

Bolivia y Japón destacaron la madurez alcanzada en las relaciones bilaterales entre ambos países en el marco del respeto, entendimiento, complementariedad y reciprocidad, al cumplir los 110 aniversario de las relaciones diplomáticas.

“La cooperación se ha desarrollado en el marco del respeto, el entendimiento, la complementariedad y la reciprocidad, por este hecho conmemoramos más que un aniversario, (sino) la madurez que ha alcanzado nuestras relaciones bilaterales que se ha construido sobre los valores al respeto, la libre determinación, la no injerencia y solidaridad”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa. 

La canciller indicó que la amistad entre Bolivia y Japón se vio reforzada en encuentros del “más alto nivel” para estrechar relaciones con el Mecanismo de Consultas Políticas que se realizó en 2023 y el gran encuentro de cancilleres en febrero de este año, en Brasil.

Sosa recordó que la comunidad de japoneses en Bolivia fue base para que un 13 de octubre de 1914 se suscriba el primer Acuerdo Comercial entre países, el cual marcó el inicio de las relaciones diplomáticas que se fundaron sobre las “bases de la amistas y la paz”.

“Resaltar muy en alto que es un hito esta relación entre Bolivia y Japón. 110 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La migración de japoneses a Bolivia tuvo en 1899, fue un hecho definitivo que nos ha permitido acercarnos entre pueblos y nuestras culturas que hacen 125 años. Desde ese tiempo la comunidad japonesa forma parte integral de la sociedad boliviana y ha contribuido al desarrollo de nuestro país, en distintos campos”, mencionó.

Lea más: Embajada de Japón en Bolivia celebra el 110 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko indicó que con la elaboración del logotipo que simboliza los 110 años de relaciones diplomáticas y 125 años de la llegada de los primeros migrantes japoneses a Bolivia espera que“se fortalezca y profundice” aún más las relaciones entre ambos países. 

“Aprovechando la celebración de los 110 años de relaciones diplomáticas, espero que podamos dinamizar nuestro intercambio humano, ojalá con alguna vista de alto nivel, apoyados en los cimientos de nuestras buenas relaciones políticas, económicas, culturales, humanas o de cooperación al desarrollo”, dijo Kamikawa, a través de una grabación difundida en la Cancillería.

El embajador de Japón en Bolivia, Onomura Hiroshi, indicó que Bolivia y Japón han construido “unas relaciones de amistad” que duran hasta estos días y el cual espera que continúe por los próximos 100 años. 

“Embajadora (Celinda) Sosa mi corazón está en completa sintonía con el suyo, por supuesto siempre habrá asuntos que debemos dialogar y otros que asumimos de manera diferente dado que somos dos naciones soberanas, pero quiero decir que estoy completamente decidido a seguir trabajando con la canciller sosa, con todos ustedes y con el pueblo de Bolivia”, destacó.

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Bolivia pedirá a EEUU que devuelva el dinero confiscado a Murillo y Méndez

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos.

Sergio Méndez, exjefe de gabinete, y Arturo Murillo.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 21:11

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que gestionará, en coordinación con la Cancillería, que Estados Unidos devuelva el dinero confiscado al momento de la aprehensión del exministro Arturo Murillo y Sergio Méndez, su exjefe de gabinete.

“La PGE gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU, la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, señala el comunicado de la Procuraduría.

Murillo y Méndez están involucrados en el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, con un daño económico al Estado calculado en $us 2,3 millones. El exministro fue sentenciado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, y su exhombre de confianza fue deportado a Bolivia, donde fue aprehendido y ahora cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas.

Lea más: Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

La investigación, destapada en mayo de 2021, determinó que la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. La adjudicación fue dirigida por Murillo.

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos para la firma de contratos con el Estado Boliviano y junto a ellos se condenó a otros tres estadounidenses, dueños de BTS.

Añadió que Murillo cumplirá “una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026” y Méndez, luego de cumplir su condena fue deportado de Estados Unidos y detenido apenas pisó suelo boliviano en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

“La Procuraduría obtuvo en la vía de la reparación civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami, Florida. Una primera sentencia contra Sergio Méndez y otra contra Arturo Murillo; ambas condenan como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengará un interés anual de 9,09% anual; también se gestiona, coordina y dirige la posible suscripción de un acuerdo con dos ciudadanos que tienen autoría menor en relación al hecho, para la recuperación de dineros a fin de reparar los daños contra el Estado”.

También, indicó que se “coordina con las acciones de intervención y seguimiento por los delitos imputados y acusados en territorio nacional, contra ambos ciudadanos como autores mediatos, para que la justicia boliviana opere en el marco de su soberanía, sentenciando y recuperando los daños ocasionados contra los recursos del pueblo boliviano”.

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Pedrazas solicita informe al alcalde de Sucre tras denuncia sobre adjudicación irregular de catering

El domingo, Melisa Cortés, concejal de República 2025, acusó a su colega Jenny Montaño, de la alianza opositora CC, por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de catering para los Bolivarianos.

El diputado Marcelo Pedrazas.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 21:01

Tras la denuncia de una supuesta adjudicación irregular del servicio de catering para los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024, Marcelo Pedrazas, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), solicitó al alcalde de Sucre, Enrique Leaño, una petición de informe escrito sobre el proceso de contratación de las empresas “Gastronomía IEMD” y “Fabiola Gonzales Ignacio”.

“El diputado nacional que suscribe la presente… impetra al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Lic. Enrique Leaño, se sirva responder el siguiente cuestionario: Informe detalladamente cuántos y cuáles procesos de contratación (señalando montos y otros aspectos) adjudicó el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a la empresa proponente denominada ‘Gastronomía IEMD’, representada legalmente por Ivonne Estefanía Montaño” (sic), señala la carta de Pedrazas.

Añade: “informe detalladamente cuántos y cuáles procesos de contratación (señalando montos y otros aspectos) adjudicó el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a la empresa proponente ‘Fabiola Gonzales Ignacio’, representada legalmente por Fabiola Gonzales Ignacio”.

Lea más: Una intensa lluvia golpea esta vez a Sucre

El domingo, Melisa Cortés, concejal de República 2025, acusó a su colega Jenny Montaño, de la alianza opositora CC, por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de catering para los Bolivarianos.

La concejal Montaño defendió la transparencia de los procesos de licitación e indicó que el servicio de catering de su hermana tiene más de 12 años de funcionamiento.

“Creo que el derecho al trabajo no se puede coartar porque yo soy concejal”, expresó Montaño, a Correo del Sur.

Incluso, el martes el alcalde de Sucre señaló que el servicio de catering para los Bolivarianos se adjudicó mediante una licitación pública, cumpliendo las normas.

“Nosotros hemos obrado con total transparencia. Cuando alguien sabe del manejo administrativo puede ver que se han colgado en el Sicoes todas las propuestas, cuando podíamos hacer una adjudicación directa, porque la normativa nos permite en estos casos, pero hemos dicho ‘mejor, lo haremos por el Sicoes’”, señaló Leaño.

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Comisiones mixtas retoman la evaluación de méritos para las judiciales

Las comisiones iniciarán con la etapa de evaluación de méritos de los habilitados y desde la siguiente semana empezará el examen oral.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 01:25

Después de la declaratoria de cuarto intermedio, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomarán hoy la evaluación de méritos de los 405 postulantes habilitados para esta fase. Ayer, ambas instancias de la Asamblea alegaron “factores múltiples” que impidieron el inicio del trabajo.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en Diputados, Froilán Mamani (MAS), informó que esta declaratoria se debió a una nota de Comunidad Ciudadana (CC) sobre la conexión de internet, así como la ausencia de veedores.

“Comunidad Ciudadana ha presentado una nota sobre el tema del internet. Supuestamente hemos tenido cortes continuos en la transmisión y otro de los temas es que no están presentes las instituciones o veedores”, subrayó.

Lea más: En medio de la evaluación de méritos, un inhabilitado presenta un amparo constitucional

También, el legislador indicó que en esta jornada se tuvo encuentros con las tres fuerzas políticas para que el trabajo en esta comisión “sea sano y transparente”. “Vamos a tener una reunión antes de iniciar la etapa de méritos y después de la revisión seguramente vamos a hacer otra como corresponde, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley 1549 ”

Además, se conoció que la Comisión Mixta de Constitución determinó sesionar hoy, esto en razón de que la Comisión Mixta de Justicia no entregó los documentos de los recursos de revisión.

Al respecto, el senador por CC Santiago Ticona, miembro de la Comisión Mixta de Justicia Plural, señaló que se ha concluido con el trabajo el viernes y “habría que ver qué sucedió, seguramente la directiva informará en su momento”.

Las comisiones iniciarán con la etapa de evaluación de méritos de los habilitados y desde la siguiente semana empezará el examen oral.

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