LR en la Memoria

miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 20:26

Los senadores que impusieron la presidencia de Jeanine Áñez

Los instigadores de la inconstitucionalidad llegaron a puertas del Senado, cerradas por Óscar Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez para cocinar la materialización de la sucesión.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

/ 20 de junio de 2021 / 00:04

Aproximadamente a las seis de la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019, en la residencia de la Embajada de México situada en la exclusiva Rinconada de la ciudad de La Paz, llegó, vía celular, un mensaje que confirmaba las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El mensaje era taxativo, pues se trataba de una instrucción que no admitía debate: los representantes parlamentarios del MAS en la línea sucesoria constitucional debían renunciar a sus cargos para que no se produjeran dudas acerca de las características conspirativas y golpistas con las que se estaba operando la sucesión presidencial.

En tal escenario, Evo Morales y Carlos Mesa coincidían, por motivaciones obviamente opuestas, en que Adriana Salvatierra no debía asumir la presidencia del Estado. El argumento de preservar la vida de Evo era una prioridad y por ello, el lunes 11 de noviembre, en reunión realizada en la Universidad Católica con los articuladores de la anulación de las elecciones y la renuncia de Morales, a fin de acelerar los acontecimientos, se trataba en primer lugar de generar las condiciones para la salida de Bolivia de los exmandatarios, sanos y salvos. La violencia, los secuestros, las quemas de viviendas de parlamentarios y dirigentes, las órdenes de detención policial contra dirigentes masistas, pero sobre todo contra quienes formaban parte de la línea sucesoria constitucional eran objeto de una gran manipulación mediática para generar la versión de una pretendida —¡y heroica!— gesta civil.

Un oficial coloca la banda presidencia a Jeanine Áñez. Foto: Óscar Ortiz

Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición, previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el  lunes 11 y el martes 12 no sabían que cuando Morales, García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche) estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera, que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los exmandatarios y la exministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos.

Para Evo Morales el golpe se tornaba en la estrategia perfecta, el hecho político que borraría casi mágicamente la ira que provocó violar la voluntad ciudadana del referéndum del 21 de febrero de 2016. Para los instauradores de la versión del fraude era la oportunidad de expulsar al MAS del poder y para siempre, y es ahí donde encaja la declaración de Mesa del mismo domingo 10: Salvatierra o cualquier otro masista no debían acceder a la sucesión presidencial, lo que en otras palabras significaba violar el artículo 169 de la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores que exige la composición de la directiva con los representantes de la bancada mayoritaria en la presidencia y en la primera vicepresidencia.

Bronca

Mesa actuaba movido por la bronca de la derrota. En su fuero interno sabía que había perdido en las urnas y la estratagema en sociedad con los observadores de la OEA enviados por Luis Almagro era armar un escenario insoportable: los masistas, no contentos con haber escamoteado el resultado del 21F a través de una figura forzada por el Tribunal Constitucional —ser reelegible como derecho humano—, pretendían imponer un triunfo viciado de nulidad, del que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, no se tienen pruebas fehacientes e irrefutables. A partir de ese momento, a Evo le empezaba a funcionar la instalación de la matriz del golpe de Estado, cosa que probablemente no hubiera sucedido si Mesa, Camacho y compañía optaban por política con la cabeza y no con el hígado, orientando su estrategia a que el MAS asumiera la sucesión según el precepto constitucional para someterlo a un desgaste final con la convocatoria a elecciones en 90 días y en ese breve lapso, lograr que la victoria contra Evo se diera en las urnas, legítima e irreversible, frente a otro binomio azul.

Mesa, Doria Medina, Ortiz, Jerjes Justiniano representando a Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y sus “facilitadores” hicieron todo lo contrario. Decidieron y actuaron de acuerdo a lo que el MAS necesitaba para recomponerse en el lapso que al final se extendió por casi un año, aunque el precio en vidas humanas terminara siendo irreparable. Primero con Evo viajando entre México, Buenos Aires y La Habana en plan víctima internacional, recibido con honores y gestos de admiración por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Segundo, intensificando una campaña sobre la ilegalidad/ilegitimidad de la presidencia asumida por Jeanine Áñez, que facilitó aún más las cosas cuando fue proclamada candidata (alianza Juntos) con el propio Mesa afirmando que con su intempestiva decisión se podría pensar que efectivamente su gobierno era producto de un golpe de Estado.

Evo decidió que Salvatierra no asumiera la presidencia del Estado para cuadricular como golpistas a quienes forzaron su renuncia. Mesa se hizo el despistado con la sucesión constitucional, convencido de que el MAS quedaría afuera del poder sin opciones de retorno. El tiempo transcurrido nos informa que la sagacidad del cocalero bloqueador de carreteras terminó imponiéndose a la ilustración desangelada del candidato de Comunidad Ciudadana, perfectamente mal asesorado. La sucesión que se produjo fue un garabato producido en tres reuniones —la primera sin representantes del MAS— auspiciadas por curas, embajadores de la derecha internacional y un par de exdefensores del Pueblo en las que las representantes del MAS —Salvatierra, Rivero, Morales — se limitaron a decir que no podían actuar sin consultar previamente a sus bancadas. Aguantaron y dieron la cara frente a unos mediadores con la camiseta opositora bien puesta bajo la dirección de monseñor Eugenio Scarpellini, secundado por el embajador de la Unión Europea León de la Torre.

Los hechos quedaron a la vista de la ciudadanía. Los negociadores —los expertos en Derecho Penal los llamarían instigadores— armaron las condiciones para una sucesión trucha, usando un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional que seguramente era “lo más cercano a la Constitución” según Waldo Albarracín —el ipso facto pensado por Luis Vásquez Villamor—, poniendo en entredicho su transparencia como abogado con experiencia en derechos humanos, pues bien sabe que no hay un instrumento legal interpretativo para determinar, en este caso, la sucesión constitucional que llega solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados, y de ninguna manera a una segunda vicepresidencia por minoría del Senado, tal como aconteció con Jeanine Áñez, por más que otros abogados de dilatada trayectoria pública, para comenzar el propio Vásquez Villamor, argumentaran el “derecho prevalente (evitar un supuesto vacío de poder), porque fue imposible lograr el quórum con la bancada oficialista por su falta de voluntad”, una falsedad que la propia Adriana Salvatierra se ha encargado de desmentir en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente (Piedra, papel y tinta, 17 de junio de 2021).

Sucesión

Los negociadores o instigadores de la inconstitucionalidad llegaron hasta las puertas del Senado que el 12 de noviembre fueron cerradas por Óscar Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez para cocinar la materialización de la sucesión: 1) El senador Ortiz acompaña en helicóptero a la senadora Jeanine Áñez a una reunión con Luis Fernando Camacho. ¿Los militares operativizando el cambio de mando presidencial? Sí. Los mismos que le sugirieron a Evo Morales renunciar. 2) El senador Murillo reconoce ante un funcionario del Senado que lo que van a perpetrar es inconstitucional, pero que hay legitimidad conseguida con las movilizaciones callejeras. 3) Jeanine Áñez recibe a la jerarquía de la Iglesia Católica en el despacho de la presidencia del Senado, oficina de la que dispone sin pedir permiso cuando todavía ni siquiera se había armado el sainete con el que se la habilita como presidenta de la Cámara Alta. 4) No hay registro de instalación de sesión de la Cámara en que se elige presidenta del Senado a Áñez, ni siquiera una sin quórum. Lo que se produce es nada más que un simulacro. 5) El senador Ortiz controla los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional con “pititas”, policías y militares. Salvatierra y Rivero, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, son impedidas de ingresar a la plaza Murillo por los uniformados (miércoles 13 por la tarde), uno de los cuales zamarronea a la presidenta del Senado y amaga con llevársela detenida, incidente que no tiene registro audiovisual, o que si existe fue cuidadosamente archivado por los medios afines a la conspiración senatorial. 6) El senador potosino Edwin Rodríguez, que en su momento formara binomio por los Demócratas junto a su colega Ortiz, y renunció a su candidatura para apoyar entre líneas a Mesa, es sustituido por su suplente sin justificación alguna. Él manifiesta que había entablado negociaciones con senadores del MAS para recomponer la directiva de la Cámara. 7) Los senadores del MAS Omar Aguilar, Efraín Chambi y Eva Copa establecen trato fluido y continuo con su excolega senador Murillo que el 13 de noviembre jura como ministro de Gobierno. Conforme se va consolidando el régimen de facto, Copa elude comunicarse con Evo Morales, que en ese momento ya se encontraba en Ciudad de México en calidad de asilado político. 

Jeanine Áñez con el clero de la Iglesia Católica antes de proclamarse. Foto: RTP

De facto

El 24 de enero de 2020, Jeanine Áñez ya no era solo presidenta transitoria de facto. Se convirtió en candidata para las elecciones que serían dos veces pospuestas con el pretexto del “estado de excepción” al que nos somete la invasión del coronavirus. Sus colegas senadores recibieron datos de una encuesta que la apuntaban como la opción de la unidad para enfrentar al MAS. Se emocionaron de tal manera con la posibilidad que creyeron tocar el cielo con las manos y en ese exacerbado estado de ánimo gobernaron operativizando tareas, que ahora se develan: 1) Decreto que libera de responsabilidades penales a militares ante la inminencia de la represión y masacre en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal. 2) Combate a la pandemia con la compra irregular de unos respiradores que nunca funcionaron. 3) Combate a “sediciosos” y “terroristas” con gases lacrimógenos que también se compran a través de un business armado entre Murillo y sus amigos de juventud expertos en la materia, prófugos de la Justicia paraguaya, entre otros datos de prontuario. 4) Criminalización, persecución, apresamiento, detenciones domiciliarias, detenciones en centros médicos, extorsiones concertadas entre el poder político y fiscales, torturas, conjunto de acciones represivas contra exautoridades, dirigentes sociales, empresarios y exfuncionarios gubernamentales de la última administración de Evo Morales. 5) Puesta en funcionamiento de un aparato persecutor mediático (Unitel, Brújula Digital, Página Siete y un largo etcétera) con participación de civiles que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares a cambio de vales para hamburguesas. 6) Permisividad con organizaciones irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala que siembran el terror en la zona Sur de la ciudad. En resumidas cuentas, violaciones a los derechos humanos a la orden del día. ¿Y la presidenta de la Asamblea Permanente, Amparo Carvajal? Bien, gracias. Sigue en el cargo.

Hacia los seis meses de su ejercicio, el de Áñez se consolidó como un gobierno virulento en el literal sentido de la palabra. Murillo amenazaba, reprimía y giraba de cacería por todo el país. Ortiz continuó como senador hasta que en junio se contagió de COVID-19 ya como ministro de Desarrollo Productivo, que lo dejó fuera de combate por aproximadamente un mes para regresar directamente en julio a ocupar la cartera de Economía y Finanzas Públicas. Ortiz estaba en todas y en el show televisivo de estos días no figura. Parece haber quedado convenientemente escondido, perdiéndose de vista su rol como negociador en las reuniones de la Universidad Católica y como parte del equipo de senadores junto al propio Murillo, Áñez y Yerko Núñez de una sucesión en que una parte del partido de Rubén Costas, los verdes del Movimiento Demócrata Social (MDS), es decir ellos mismos, tomaron el control del gobierno.

Una vez capturado y consolidado el nuevo poder, los senadores Ortiz, Murillo y Núñez, según diversas versiones periodísticas, efectuaron declaraciones públicas vinculadas a aprietes contra empresarios sindicados por afinidad al MAS, que sufrieron presiones y extorsiones judiciales, y de otros negocios vinculados al diésel y a la gasolina.

Luis Fernando Camacho, protegido por un aparato de expertos guardaespaldas extranjeros durante los 21 días de la crisis de 2019, hijo de un empresario al que se vincula con el paramilitarismo del golpe de Banzer en 1971, es de convicciones anticomunistas, lo mismo que Tuto Quiroga y Óscar Ortiz, de acuerdo al manual de las dictaduras militares de los años 70. Al igual que Mesa y Doria Medina coinciden en que era hora de eliminar del sistema político a Evo Morales, un nacionalista de izquierda,  defensor de la soberanía de los recursos naturales, y de ninguna manera un socialista o comunista como lo pudieron haber sido Fidel Castro y el Che Guevara. Ese enceguecimiento caracterizado por una equivocada lectura sobre su perfil ideológico, los llevó a actuar de manera precipitada y sin horizonte estratégico. No previeron que a Murillo y a su aparato no les interesaba el país, ni proyecto político alguno. Solamente llegaron a tomar el poder para hacer unos cuantos negocios groseros que les pudieran asegurar el futuro cuando éstos quedaran fuera de la actividad pública.

Plan B

El Plan B era Jeanine presidenta. Sí o sí. Habría que corregir al autor de la frase, Samuel Doria Medina, en sentido de que ese fue desde un principio el Plan A de representantes políticos, Iglesia Católica y Unión Europea. Y para su ejecución armaron una figura pretendidamente jurídica en forma de comunicado institucional que no se sostiene constitucionalmente. Los participantes de las reuniones de la Universidad Católica fueron los negociadores del golpismo. Los senadores Ortiz, Murillo, Áñez, y un poco más atrás Núñez, son los autores de la consumación de los hechos. Un golpe de Estado es la toma ilegal del poder, más específicamente de la presidencia de un país, y eso es lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.

Jeanine Áñez ha sido la víctima propiciatoria de este plan alocado, producto de la ansiedad y un grado de improvisación de gravísimas consecuencias para Bolivia. El golpe, a la larga, fue funcional al MAS. Regresó al poder luego de un paréntesis de un año con un contundente triunfo en las elecciones del 18 de octubre de 2020, sin que se necesitara al insustituible Evo en la papeleta. El precio más alto de este atentado contra la institucionalidad democrática es el de la masacre de 37 ciudadanos, cuyas familias hasta ahora no encuentran justicia.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Los fantasmas de Santa Cruz

/ 4 de diciembre de 2021 / 01:06

La vegetación húmeda y frondosa — “el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo— nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquel que hizo del clima y del calentamiento global epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitanía o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de qué van estos otros bolivianos a quienes se mira desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasma, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida —y fortuna mal habida— en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández-Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello el señor Parada debe estar lamentándose haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quien en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secreto de su casa, a lo Breaking bad, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019. Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibilidades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no solo generó nuevas fortunas, sino también nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño, y en el del doctor Amelunge, pisoteando la tumba de su padre “Que Dios lo Tenga en su Gloria”, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el fiscal de distrito de Santa Cruz, Róger Mariaca, ha designado fiscal anticorrupción a Mauricio Toro Flores para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia de la señora Rodríguez. ¿Quién es este fiscal? Nada menos que un exfuncionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega. Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquel que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Izquierdos humanos

/ 20 de noviembre de 2021 / 02:28

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador, incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasan por la militancia partidaria, pero como el excandidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión: Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez-Murillo-Ortiz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la Embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al gestado en octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la Ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación”, que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacaní, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sinnúmero de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado Conade. Los otros son izquierdos humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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La coartada del fraude/golpe

/ 6 de noviembre de 2021 / 02:35

Desde el momento en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó acerca de un plan para ejecutar un magnicidio contra el presidente Luis Arce (19 de octubre), los temerarios a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajaron los perfiles públicos ostensiblemente. Las voces que hasta ese momento asediaban al Gobierno por el finalmente desestimado proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero sobre todo las que mantuvieron a Bolivia entretenida en el esmerado afán de la falsa contraposición entre fraude y golpe, hicieron silencio, al punto que hoy por Comunidad Ciudadana (CC) su jefe nacional, Carlos Mesa, se limita a tuitear, aunque a la hora de poner la cabeza en la almohada debe recordar su protagonismo en la opereta de la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez.

A las oposiciones al Movimiento Al Socialismo (MAS) se les acabó la coartada sobre la eternización de Evo Morales en el poder. El momento en que se anularon las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se produjo la renuncia de los primeros mandatarios se había terminado la aventura de “la reelección es un derecho humano”. Esa era la idea-fuerza con la cual se pretendió bañar de legitimidad la conspiración civil- militar-eclesial que depuso no al candidato Morales, sino al presidente Morales, lográndose que no solo renunciara a seguir postulándose a la presidencia, sino que se le arrebatara el derecho a concluir su mandato constitucional previsto para el 22 de enero de 2020.

Dados los nefastos resultados de lo que fue el gobierno transitorio a la cabeza de Áñez y considerando los grados de compromiso y responsabilidad de los actores que propiciaron la transición espuria, era necesario activar una maniobra distractiva que desviara la atención del recuento y el análisis de lo que fue un gobierno sistemático violador de los derechos humanos, de naturaleza violenta, represiva y además corrupta, y para eso ha servido a lo largo y ancho de 2021 utilizar el “fue fraude, no fue golpe” a fin de eludir astutamente el involucramiento de grupos de choque, candidatos adversarios del MAS, generales y coroneles, curas y embajadores con un gobierno que no solo vulneró el Estado de derecho, sino que tuvo la habilidad de hacerlo retrotrayéndonos a las prácticas persecutorias y represivas de las dictaduras militares de los 70 en América Latina, con el añadido del funcionamiento de un aparato extorsivo puesto en vigencia desde algunos lugares de la Justicia y del Ministerio Público.

El primer año del gobierno de Arce-Choquehuanca ha estado dominado por una discusión sin sentido, en un debate que se ha convertido en la perfecta excusa para no hablar de lo medular de un gobierno que hizo de la transición un asalto a la estructura de poder adaptándola a la codicia de su principal protagonista, el ministro de la muerte, Arturo Murillo; a la vocación militarista de su ministro de Defensa, Luis Fernando López; a la persecución financiera escondida debajo las sotanas del Opus Dei a cargo de Óscar Ortiz, y a la inconmensurable combinación de ingenuidad y rencor de Jeanine Áñez, que hoy reclama respeto a sus derechos, esos mismos que ella decidió pulverizar con decretos como el 4078 que habilitaban licencias a las Fuerzas Armadas para matar en Sacaba y en Senkata.

De la coartada sobre el desconocimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, se produjo un salto con garrocha hacia la coartada del “fraude no golpe”. Con ese artilugio se evidenció la descarada astucia de eludir referirse a los negociados repletos de indicios que comprometen a la expresidenta Áñez y a varios de los que fueron sus ministros. Con ese señuelo se inauguraron Derechos Humanos VIP versus Derechos Humanos plebeyos de los que no se dijo una sola palabra desde escenarios paraestatales del gobierno transitorio como el Conade en los que se defendió abiertamente a la Resistencia Juvenil Cochala con la participación de la republicana española Amparo Carvajal, que más parece hoy una vieja militante de la dictadura franquista.

Cautelosas ante el descubrimiento de un posible caso Terrorismo 3, las oposiciones de la derecha boliviana saltan de coartada en coartada para mantener vigencia. Se niegan a intentar estudiar e incorporar en su comprensión del país a la Bolivia popular ahora prevenida ante cualquier nuevo brote desestabilizador de la democracia. Es más fácil inventar trampas a instalarse en escenarios mediáticos y de redes sociales que les son afines, que una lecto-escritura de un proyecto político alternativo.

La nueva coartada ya está en marcha. Y para intentar su instalación figuran los comités cívicos a la cabeza del Pro Santa Cruz que dice que el autoritarismo del MAS prepara una batería de leyes para controlar el Estado de arriba abajo, de izquierda a derecha, a través de la siempre destemplada vocería ejercida por su mandamás Rómulo Calvo.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Cuando la persecución llegó al fútbol

/ 23 de octubre de 2021 / 01:35

Por lo menos dos pares de manos negras decidieron en 2015 manchar la pelota en Bolivia, 14 años después de que Diego Armando Maradona advirtiera en su mensaje de despedida de las canchas (noviembre, 2001) que en el fútbol todo podía permitirse, menos ensuciar el esférico que le da vida y sentido y que desata pasiones diarias en todo el planeta. Nunca sabremos con precisión de quiénes recibió instrucciones el entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, que encargó a su fiscal superior, Iván Montellano, supervisar las acusaciones contra Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pablo Salomón y Armando Canedo por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, estafa agravada, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

No hubo debido proceso en contra de estos dirigentes del fútbol boliviano que para comenzar fueron víctimas de una incorrecta aplicación de la ley, en tanto el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo son delitos exclusivamente inherentes a la función pública y bajo ningún punto de vista, a personas dependientes de entes privados como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Tampoco era aplicable la figura de la organización criminal, ya que los estatutos del ente matriz del fútbol boliviano fueron aprobados en su instancia superior que es el Congreso, por lo que hasta parece que se tratara de una broma de mal gusto: Robarse a sí mismos.

El desenlace de esta seguidilla de atropellos contra estos ciudadanos fue, en primer lugar, el fallecimiento del que fuera presidente de la FBF, Carlos Chávez, aquejado por un cáncer de vejiga. Fue tan sañuda la manera en que fue acorralado que cuando se encontraba en una clínica en Brasil recibiendo tratamiento que en nuestro país no se lo podían ofrecer, uno de los fiscales intentó regresarlo al país porque se había fijado fecha para una audiencia en la que debía declarar. El 2 de agosto de 2018, Chávez murió en Sao Paulo. Tres años después, los acusados ya nombrados fueron absueltos de manera unánime por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de Sucre. Para decirlo fácil y pronto, fueron declarados inocentes.

Armando Canedo era el contador de la FBF. Se encargaba de pagos y cobros de la institución. Jorge Justiniano, representante del fútbol pandino, fue presidente de las asociaciones departamentales, y Pablo Salomón representaba a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF). Los tres sufrieron detenciones domiciliarias, mientras que Alberto Lozada, gerente de la Federación, estuvo recluido en Palmasola durante 36 meses con detención preventiva, penal en el que fue víctima de una golpiza que pudo haber acabado con su existencia.

Lozada tuvo que soportar, además, acusaciones sin sustento contra sus hijos y su esposa. Según el Ministerio Público, se habían llevado el dinero de la Federación hacia cuentas bancarias fuera del país, cuando era bien sabido por la dirigencia de la época que por sus relaciones empresariales, cuando las papas quemaban y no había recursos, con su firma como garantía, accedía a préstamos para paliar las dificultades de los clubes necesitados de liquidez para cumplir con las planillas mensuales de sus jugadores.

Los indicios no eran indicios. El debido proceso fue pisoteado sistemáticamente al extremo de allanamientos policiales para secuestrar computadoras en la sede de la avenida Libertador Bolívar de Cochabamba con la peregrina idea de que en ellas se encontrarían datos sobre el supuesto robo a manos llenas de estos dirigentes que tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir durante estos seis años, soportando ese inmisericorde acoso como otra prueba más de que la Justicia en Bolivia tarda demasiado en llegar.

Los dirigentes opositores a las gestiones de Chávez al frente del ente federativo, advirtieron en él un abierto prorroguismo que los sacó de las casillas. En efecto, el dirigente cruceño proveniente de las filas del club Oriente Petrolero consiguió un tercer mandato consecutivo en un accidentado congreso realizado en la ciudad de Trinidad con escenografía de contubernio entre sus enemigos y la mismísima Policía, que gasificó la sede del encuentro a fin de impedir la realización del acto reeleccionario, dando lugar a uno de los episodios más burdos de los que tenga memoria el fútbol boliviano. A Chávez se le había aconsejado en determinado momento que renunciara al cargo. Tal cosa no sucedió y ya se sabe que la búsqueda de forzadas prórrogas en el poder conlleva el riesgo de consecuencias funestas.

Este muy ilustrativo ejemplo sirve para confirmar que ninguna reforma judicial podrá funcionar si no se mira con profundidad quiénes deben asumir los mandos del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Las transformaciones estructurales pasan por mujeres, hombres y nombres. Cualquier otro camino es seguir ladrando a la luna.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El golpe comenzó en Facebook

/ 9 de octubre de 2021 / 02:07

Si el Movimiento Al Socialismo (MAS) no asume hasta ahora que el derrocamiento de Evo Morales se gestó, en primer lugar, desde las redes sociales y predominantemente desde Facebook, el único partido político con presencia absoluta en el territorio nacional está en serios problemas. Si el MAS y su institucionalidad gubernamental juegan todas sus opciones a la conformación de un ejército de guerreros digitales con cabezas de espadachines callejeros, significa que creen que se trata de un asunto de antiguos soldados y desconocen por completo la existencia del secretísimo algoritmo con el que opera ese nuevo amo del planeta llamado Mark Zuckerberg, más poderoso que por lo menos todos los presidentes de América Latina juntos.

La guerra por el affaire Gabriela Zapata, el MAS comenzó a perderla en las redes, e insisto, principalmente en Facebook, que en conexión con Instagram y WhatsApp ha amasado una megafortuna facilitada por 3.000 millones de usuarios de los más diversos intereses, lúcidamente acarreados como rebaño y agrupados como activistas de una idea, un producto, una causa o un odio. Bien compara la especialista Natalia Zuazo (Los dueños de Internet, Debate, 2018) el misterioso algoritmo feisbuquero con la pócima secreta de la llamada gaseosa negra del Imperio que ha producido generaciones de adictos, no sabemos —nunca lo sabremos— exactamente cómo y por qué. Lo que cuenta es que consumen Coca-Cola con devoción religiosa.

Facebook se cayó el lunes 4 de octubre durante casi siete horas, desaparición de la red que le significó $us 6.600 millones en pérdidas, mientras surgían detractores, exempleados, futurólogos, teóricos de la conspiración y otras calidades de brujos para fustigar la existencia de una herramienta ya adherida a las pieles y a las emociones de quienes se sumergen en ella entre una y 20 horas al día. Cuanto más tiempo se navegue por las aguas que ofrece Zuckerberg, más se afianza esta nueva manera de construir una sociedad global en la que los nacionalismos funcionan como activadores de debates y afianzadores de miradas y peligrosos comportamientos fundamentalistas.

Ese es el contexto en el que se construyó un imaginario digitalizado que en lenguaje tuitero podría traducirse en hashtags: #Evomeharobadoelvoto. #Evodictador. #Evonocreeendios. Charles Arthur, otro experto en la materia, acaba de publicar Social warning (Calentamiento social), que valiéndose de un paralelismo con el concepto que compromete el calentamiento del planeta producto de la devastación medioambiental, analiza el socavamiento de las democracias del nuevo siglo con la utilización del perverso mecanismo carente de transparencia consolidado por Facebook y sobre el que sus cerebros y todos sus trabajadores están terminantemente prohibidos de hablar.

Este hilo crítico nos conduce a comprender cómo los “pititas” urdieron sus amarres en sus computadoras y en sus celulares. Cargaron las tintas persecutorias con instrucciones de horarios, direcciones y métodos de ataque para finalmente saltar desde sus mullidos sillones giratorios hacia las calles donde comenzarían a traducir ese calentamiento social al que se refiere Arthur con lujo de detalles, en acciones de amenazas, amedrentamientos, ultimátums y vigilias en inmediaciones de los domicilios de los demonios masistas a los que había que cazar. A dos años de tales acontecimientos, las consecuencias de las acciones perpetradas entre octubre y noviembre de 2019 son terminantes y objetivas: El perfil del clasemediero, profesional o intelectual con militancia en el partido azul ha dejado de figurar en tareas de contraataque y contención. Como bien dice Marcelo Arequipa en su columna del pasado jueves, han desaparecido los mensajeros políticos mientras el ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha pasado al frente con esa garra tan característica del falangismo que resistió al MNR de 1952. El fascista tiene a miles que teclean por él.

No hay guerrero digital que funcione si no es con la dirección de expertos en marketing digital capaces de producir microtargeting, que por ejemplo le generó a la candidatura de Donald Trump (2016) 647 millones de menciones gratuitas en los medios equivalentes a $us 2.600 millones. En otras palabras, si se trata de encarar en serio la guerra por redes es la hora del rigor y la alta calificación técnica porque con el entusiasmo militante ya no alcanza. Debe quedar meridianamente claro: Para lograr la renuncia de Evo Morales, todo comenzó en Facebook, donde se fue gestando a fuego lento en el imaginario que Dios y la democracia no pueden pertenecerle en exclusividad a un caudillo autócrata. No importa cuán cierto sea esto. Son creencias, y las creencias son verdades absolutas. Aunque sean mentiras.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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