LR en la Memoria

miércoles 19 ene 2022 | Actualizado a 21:56

El pulpo Garáfulic y su herencia en P7

/ 22 de agosto de 2021 / 01:50

Dice Wálter Chávez en su artículo El Plan Cóndor del periodismo (El juguete rabioso, 21 de enero de 2001) que Raúl Garáfulic Gutiérrez proyecta una imagen de “individuo bajo sospecha” y que sus antiguas amistades “cimentaron las bases de esa fortuna que empieza a surgir a partir de su participación —como parte de un grupo civil armado— en el golpe de Hugo Banzer Suárez en 1971”. Para decirlo más sencillamente, el que sería llamado con los años Don Raúl, habría sido integrante de un grupo paramilitar que contribuyó a la caída del gobierno del general Juan José Torres Gonzales y a la llegada del entonces coronel Banzer a la presidencia respaldado por las Fuerzas Armadas, el MNR de Paz Estenssoro y la Falange de Gutiérrez Gutiérrez.

Garáfulic fue el gerente de Canal 7 Televisión Boliviana en los inicios del septenio dictatorial y a partir de entonces emprendería una carrera repleta de leyendas urbanas voceadas por sus admiradores y sus enemigos. Trece años más tarde (1984), durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), presidido en la reinaugurada democracia boliviana por Hernán Siles Zuazo, el que iniciara su carrera empresarial en actividades mineras decidió fundar el 20 de octubre, junto a Rolando Chiappe, Paceña de Televisión, casi al mismo tiempo en que Ivo Kuljis inauguraba en Santa Cruz de la Sierra, canal 13, y Carlos Cardona en La Paz iniciaba tareas con Telesistema Boliviano.

De esta manera llegaba la televisión privada al país en momentos en que el cuasi monopolio lo detentaba el canal estatal, secundado por algunas estaciones de propiedad de universidades públicas, y lo hacía en calidad pirata, puesto que no existía en ese momento marco legal que validara su existencia en el espectro público. A la cabeza de Garáfulic, la naciente televisión comercial se metía a la fuerza en la vida del país, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de un gobierno que se caía a pedazos y que a pesar de las voces impugnadoras del atropello empresarial terminaría imponiéndose para quedarse. La amistad con Banzer le permitió a Garáfulic formar parte del gobierno MIR-ADN en el que se cruzaron una y otra vez los llamados ríos de sangre —extorturadores y extorturados formando alianza política—, en calidad de embajador ante el Reino de España, condición diplomática que le facilitó un gran acercamiento con Prisa, grupo con el que entablaría sociedad para intentar la consolidación de un monopolio mediático conformado por los diarios La Razón, Extra, El Día y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB), nuevo nombre de la televisora que propendería a convertirse en red nacional de televisión dejando atrás la inicial Paceña de Televisión, propiedad de Illimani de Comunicaciones.

POLÍTICA. Raúl Garáfulic saluda a Jorge Quiroga, ambos fueron amigos y asesores de Hugo Banzer, en su dictadura y en su versión democrática. FOTO.angel illanes-archivo

Don Raúl iba creciendo con su amigo, el general Banzer, convertido a la democracia, gozando de la confianza del presidente Jaime Paz Zamora y tratándose de tú a tú con Jesús de Polanco, principal accionista del grupo Prisa, propietario del diario El País, la cadena de radio SER, Editorial Santillana, y Alfaguara. Polanco provenía de una familia de militares ligados a la falange española y al franquismo, lo que probablemente facilitaba las cosas en términos de sintonía ideológica, considerando que el embajador en Madrid había nacido a la vida pública boliviana directamente vinculado a un golpe militar.

MARCA. Garáfulic, secundado por sus hijos Raúl y Dieter, armó una estructura de medios que en términos televisivos tenía como principal soporte el perfeccionamiento de la calidad de la señal y una estrategia competitiva por la captura de las audiencias. Supo manejar como idea-fuerza principal que habían llegado para ser los primeros en las preferencias ciudadanas y aunque en varios momentos no lo lograran, se las arreglaron siempre para trabajar con gran eficacia persuasiva en sentido de que los medios con su marca eran los más importantes e influyentes, y en la medida en que estas percepciones fueron penetrando en el imaginario urbano del país, se podía percibir cuán poderosos se sentían “los garas”, quienes manejaron la lógica del ser y el parecer con persistente disciplina, lo que permitió que Don Raúl ya sintiera que podía desbordar sus medios de comunicación para mostrar todos los tentáculos que era capaz de mover y así trascender el plan multimedia hacia otros negocios, hasta que llegó el día en que el Extra, su diario popular de crónica roja, dirigido por Jaime Iturri Salmón, decidió publicar un incidente familiar del entonces ministro de Gobierno, Wálter Guiteras (gobierno democrático de Banzer, enero de 2001), en el que se habrían producido hechos de violencia que involucraban a su esposa e hija.

Guiteras, el poderoso ministro y senador por el departamento del Beni, se vio obligado a dimitir del cargo, lo que generó un procesamiento a Iturri bajo la Ley de Imprenta que finalmente quedó en nada por la extemporaneidad con que fue presentada la demanda. Nunca se llegó a confirmar la veracidad de la denuncia del Extra, y lo que quedó de la refriega fue una pelea encarnizada que condujo al depuesto ministro a presentar ante una comisión especial pluripartidaria en el Parlamento nacional, 11 grupos de delitos con el título El historial delictivo de Garáfulic (Revelaciones de Guiteras: Garáfulic espió para dictadura de García Meza, Agencia de Noticias Fides ANF, 30 de enero de 2001, firmado por NVS).

La extensa nota de ANF refiere con detalle el documento con acusaciones de Guiteras contra Garáfulic: Espionaje a favor de García Meza. “Invento” de escucha y espionaje en ATB y La Razón (“hizo un Watergate criollo absurdo y falaz”, declaró Guiteras). Defraudación de impuestos municipales. Compra de vehículos robados en Brasil para luego ser comercializados en Bolivia. Provisión de electricidad al departamento del Beni pretendiendo obviar el procedimiento de adjudicación. Intento de interrupción de un proceso de contratación para favorecer su propuesta en el proyecto de electrificación de provincias de Cochabamba. Contrabando a través de la zona franca de Cobija. Intento de venta de un avión privado (Taxi Aéreo Echalar) al propio ministro Guiteras que cuando éste rechazó la propuesta, “Raúl Garáfulic Gutiérrez comenzó a pensar con saña el golpe que habrá de darme para cuestionar mi credibilidad y honor, como más tarde hizo con sus medios de prensa, contra todo vestigio de verdad, reveló Guiteras.” Venta falsificada de la mina Amayapampa. Compra fraudulenta de la Hilandería Santa Cruz. Evasión de impuestos nacionales (nota de cargo por el no pago de impuestos por $us 1 millón de la empresa Telebingo de la cual Garafulic poseía el 97% de las acciones).

Solo para utilizar como ejemplo nada más que una de las acusaciones de Guiteras, según informes periodísticos de la época, la Hilandería Santa Cruz estaba valuada en $us 70 millones. Garáfulic la adquirió solo en $us 4 millones, en tiempos en que ya se había convertido en accionista y administrador de los fondos de pensiones y se quitó de encima a Tito Asbún, empresario cochabambino con el que en principio se asoció en busca de las acciones de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que más tarde quedaría desmantelada y quebrada con la intervención de la brasileña VASP de propiedad de Wagner Canhedo. Eran tiempos de privatización y capitalización.

El 19 de marzo de 2003, Raúl Garáfulic (h) presentó en defensa de su padre una denuncia “por los ataques de Wálter Guiteras” ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que pidió que envíe una comisión especial a Bolivia para investigar estos hechos e impedir que la “inmunidad parlamentaria de un senador siga siendo arma de impunidad para atacar, por venganza, la credibilidad de los medios de comunicación y la libertad de información en Bolivia”, dice la nota de ANF. Garáfulic terminó enjuiciando a Guiteras por calumnias, daños y perjuicios.

Como tantas veces ha sucedido en nuestra historia contemporánea, las denuncias, acusaciones y contraacusaciones de guerras como la de Garáfulic-Guiteras quedaron en suspenso y de manera definitiva el 21 de noviembre de 2003 cuando en inmediaciones de la estancia Caño Negro, situada entre San Ramón y Magdalena, departamento del Beni, a 192 kilómetros de su capital Trinidad, la avioneta Cessna 332 Bimotor CP 1958 se accidentó, lo que provocó la muerte de Raúl Garáfulic Gutiérrez y la del piloto Miguel Díez de Medina. El pulpo de los medios de comunicación en Bolivia moría dos años y 10 meses después de que se desatara una confrontación entre dos figuras públicas que tenían en común su cercanía y nexos con el general Banzer.

RIVALES. El exministro Wálter Guiteras y Rául Garáfulic Gutiérrez, enemigos acérrimos al comienzo de siglo. FOTO.La Razón-Archivo

Sin embargo, los principales problemas del grupo Garáfulic no pasaban por una pelea con un exministro herido que la emprendió con toda la artillería posible para mostrar a Don Raúl como un inescrupuloso y voraz hombre de negocios que cuatro meses antes de encontrarse con la muerte, tomaba conocimiento que el grupo Prisa con el que había entablado sociedad, publicaba en su diario especializado en economía, Cinco Días (17 de julio de 2003), que Prisa reorientará sus negocios en Bolivia tras romper con Garáfulic: “El grupo Prisa tiene intención de reorientar sus inversiones en Bolivia una vez se resuelvan favorablemente los contenciosos que mantiene con el grupo Garáfulic acerca del principal consorcio de comunicación de ese país. En una subasta notarial celebrada ayer en Madrid, el grupo Garáfulic perdió la propiedad de su participación en el principal periódico de Bolivia, el diario La Razón (…) Las inversiones de Prisa en Bolivia comenzaron en 2000, cuando se tomaron participaciones en las sociedades propietarias de una serie de medios de prensa (el principal de los cuales es La Razón), una cadena de televisión (ATB) y un portal de Internet. La inversión ascendió a 10 millones de dólares, de los que tres millones se abonaron a la familia Garáfulic y otros siete a las compañías en concepto de aportación de capital (…) Garáfulic garantizó a Prisa una rentabilidad mínima anual del 10% de su inversión y reconoció un derecho de salida consistente en la obligación de Garáfulic de comprar las acciones de Prisa por un precio no inferior a la inversión más los intereses.”

PRISA. El mismo 17 de julio de 2003, el diario El País informaba que el grupo Prisa asumía el control de tres diarios en Bolivia: “La medida fue adoptada después de que el grupo Garáfulic incumpliera sus obligaciones, por un total de 11 millones de dólares, ante el Banco de Sabadell, y cuyo garante era PRISA, según fuentes de dicho grupo. Prisa espera el resultado de las acciones judiciales entabladas contra Garáfulic ante la Justicia boliviana, que examina una demanda de estafa por desvío de dos millones y medio de dólares, y ante la justicia francesa.”

Dos años más tarde, el mismo Cinco Días de El País (5 de mayo de 2005) publicaba La boliviana Garáfulic condenada a pagar más de 20 millones (de euros) a Prisa: “La Corte Internacional de Arbitraje ha dado la razón a Prisa, grupo editor de Cinco Días, en el proceso abierto en Bolivia contra Garáfulic. El tribunal de la Cámara Internacional de Comercio notificó al grupo de comunicación el laudo definitivo que resuelve el procedimiento y que obliga a la compañía boliviana a pagar más de 20 millones de euros (…) El tribunal arbitral condena, de forma solidaria e indivisible, a Atlantis Investments Group, Edwin Dieter Garáfulic Lehm, Wálter Raúl Garáfulic Lehm y a los herederos de Raúl Garáfulic Gutiérrez (conjuntamente designados como grupo Garáfulic) a pagar a Prisa, en el plazo de treinta días, 25.011.758 de dólares (19,3 millones de euros), más intereses, para adquirir la totalidad de las acciones de las que Prisa es titular en las sociedades bolivianas constituidas por ambos grupos (…) Prisa suscribió en el año 2000 un acuerdo con Garáfulic para desarrollar conjuntamente actividades en Bolivia en prensa, radio, televisión e internet, así como para capitalizar las empresas conjuntas. Pese al acuerdo alcanzado, la capitalización de créditos por 1,8 millones de dólares, prevista en diciembre de 2002, no se pudo llevar a efecto. A ello se sumaron otros desacuerdos, que llevaron a una situación de bloqueo en la toma de decisiones. Ante esta situación, Prisa requirió al grupo boliviano que adquiriera las acciones de las sociedades conjuntas, a lo que no obtuvo respuesta. Prisa interpuso entonces una demanda arbitral para exigir el cumplimiento de esa obligación.”

De esta manera, Garáfulic padre e hijos quedaban afuera de la estructura propietaria de La Razón, Extra, El Día y ATB. Cinco años después Raúl (h) decidió comenzar de cero. Pero es bien sabido que nada nace de la nada y que P7 es el resultado de una herencia ideológica y empresarial con la que el hijo pretendería honrar la memoria del padre, iniciando una nueva aventura ya sin las pretensiones de monopolizaciones, cuando habían transcurrido cuatro años de la llegada de Evo Morales a la presidencia y cuando Bolivia había pasado de República a Estado Plurinacional.

HEREDERO. Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio del diario Página Siete.

‘RAULI’. A lo largo de su vida empresarial y política, Don Raúl confiaba a sus más cercanos el hondo convencimiento de que su hijo mayor, bautizado con el mismo nombre, tenía perfil para llegar a ser Presidente de Bolivia. Alumno del colegio San Ignacio (entonces San Calixto de Següencoma), Rauli era el prototipo del atleta ganador. En los juegos estudiantiles representaba al colegio en los 100 metros planos, y en los saltos largo y alto con bastante éxito, y se tomó tan en serio su carrera como deportista que cuando era llamado por los profesores a pasar al frente del aula para exponer cualquier tema, éste que se sentaba en las últimas filas, se erguía para caminar aparatoso y saltar hacia la pizarra con movimientos que denunciaban una seguridad poco frecuente en un chico de su edad. Tenía en su cabeza que era un velocista a tiempo completo.

Rauli era además arquero del equipo principal de su curso (Chaco Petrolero), que en los horarios de recreo alquilaba a sus compañeros esos autitos en miniatura de marca Dinky Toys y Matchbox para armar carreras de autos que se hacían en unos redondeles de cemento que rodeaban los gigantescos árboles del colegio de la Compañía de Jesús: Todo un hombre de negocios precoz. Esas carreras de autos olían a una especie de Alasitas jailona en la que participaban una decena de compañeros organizados por “el Garáfulic” (era muy frecuente nombrarse por el apellido) que invitaba a unas inolvidables fiestas de cumpleaños en su casa de la avenida Ballivián casi esquina calle 8 y luego en la plaza de la calle 15, las dos ubicadas en Calacoto, zona Sur de La Paz.

A 11 años de la existencia de P7 no puede haber dudas acerca del cariño infinito que Don Raúl profesaba por su hijo Rauli. Lo creía presidenciable, pero su recorrido como cabeza del directorio del diario que fundó acompañado de Raúl Peñaranda Undurraga ha sido marcado por una ostensible falta de calidad periodística, su tendencia a equivocarse muy seguido y a tener que rectificar continuamente (Peñaranda tuvo que renunciar a la dirección del diario en 2013, ver ¿Control remoto o persecución de un operador paraestatal? LA RAZÓN, 15 de agosto de 2021). El problema de fondo del diario en cuestión y de su principal accionista es que la Bolivia de la dictadura banzerista, la de la democracia pactada, la privatización y la capitalización es la vieja nación superada con la llegada al gobierno y al poder del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) con su brazo electoral (Movimiento Al Socialismo, MAS). Un medio de comunicación que se pretenda pluralista y debidamente instalado en el siglo XXI no puede funcionar de espaldas a la historia de los movimientos sociales, las luchas sindicales, campesinas, e indígenas. Cualquier diario tiene el derecho a ser muy reaccionario, pero si no asimila ciertas lecciones de historia, está condenado a no comprender el país, y como consecuencia a no saber explicarlo, por lo que la proclividad a los errores de apreciación con base en la manipulación de los hechos, se convirtieron en moneda corriente. Suficiente con el siguiente ejemplo: Senkata y Sacaba pesan sobre Áñez, Vila Vila y Playa Verde sobre Morales (P7, 18 de agosto de 2021). Por estos días, el diario presidido por Rauli hace los más grandes esfuerzos por tratar de rebatir que en noviembre de 2019 se produjo una sucesión inconstitucional.

Rauli se empleó a fondo para que en las elecciones presidenciales de 2020, Carlos Mesa alcanzara al primer lugar del podio. En ese afán, informaciones no confirmadas dicen que llegó a recaudar de sus amigos empresarios, $us 406.000 para la realización de encuestas. A tal punto llegó su convencimiento que su amigo Jorge Tuto Quiroga, a través de una carta, fue señalado por haber iniciado una “campaña de desprestigio contra P7”. En la carta fechada el 18 de agosto, se puede leer el siguiente reproche: “Su partido insinúa que la presentación de la encuesta de Página Siete es una manipulación para favorecer a Carlos Mesa por el solo hecho de que va segundo, cerca de Arce, sin ninguna otra prueba que la calumnia misma. Le recuerdo que todas las encuestas del país posicionan a Mesa en segundo lugar (…) Sepa Ud. que vengo realizando presentaciones de encuestas durante los últimos ocho años a prestigiosas instituciones, como el cuerpo diplomático, directorios y grupos de ejecutivos de las principales empresas del país, cámaras sectoriales, las principales transnacionales que operan en Bolivia y también a integrantes de los principales partidos políticos, como Juntos, CC e incluso el MAS…”

Foto. Oswaldo Aguirre

ENCUESTA. Pues bien, Tuto terminó bajándose de la carrera electoral y Rauli ha tenido que cerrar un importante ciclo como encuestador debido a que el 17 de agosto (un día antes de la carta enviada a Tuto Quiroga), es decir, dos meses antes de la realización de los comicios, P7 abrió su edición titulando MAS y CC empatan con 27%, Creemos es tercero con 14%. Mientras tanto, ya sabíamos con información recibida desde Buenos Aires, que según otras encuestas el binomio Arce-Choquehuanca ya tenía un 52% de las preferencias y que ganaría las elecciones en primera vuelta. En otras palabras, Rauli se enemistó en vano con Tuto, ya que los resultados de sus forzados estudios de opinión, además de ser escandalosamente equivocados, se constituyeron en el peor mapa posible durante el último tramo de la estrategia de campaña de la candidatura de Mesa.

Gran parte de la trayectoria de Rauli Garáfulic queda completada con el recuerdo de que el 16 de mayo de 2018 (diario Opinión de Cochabamba), Wálter Guiteras reapareció en el escenario público para informar que acusaría al propietario de P7 por difamación y calumnia al haber sido acusado de formar parte de una red de narcotráfico: “Aseguró que esa acusación pública ‘es una venganza’, porque el padre de Raúl Garáfulic, del mismo nombre, hace 17 años pretendió valerse de la presión de La Razón y de ATB, para obtener favores sin cumplir los procedimientos (…) Citó el proyecto de electrificación Beni, compra del Lloyd Aéreo Boliviano, minas Amayapampa y Capasirca, en los que Garáfulic pretendía beneficios de manera excepcional (…) ‘Actividades que no son mi forma de ser y que al parecer quedaron en el recuerdo del hijo de Garáfulic, que hoy trata de cobrar una especie de venganza’”, agregó.

Por segunda vez en casi dos décadas, la pelea Garáfulic-Guiteras terminaba en nada. El exsenador beniano, oriundo de San Borja, falleció el 18 de agosto de 2020 por coronavirus y enfermedades de base. Lo cierto es que en los años 20 del siglo XXI, la palabra “golpe” ha dado lugar a un atragantamiento en varios herederos del banzerismo. Está claro que en 1971, Don Raúl fue parte de la asonada civil militar que llevó al poder por siete años al General. Rauli, su principal heredero, no soporta la idea de que se asocie a su diario con el derrocamiento de Evo Morales en 2019, también a cargo de un grupo civil militar que violentó el Estado de derecho. Probablemente será una cruz con la que deberá cargar hasta el fin de sus días.

LA RAZÓN publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Miedo

/ 15 de enero de 2022 / 00:33

Se equivoca el opinador Valverde Bravo cuando dice “ya nos conocen, por eso nos tienen miedo” y a continuación destaca los atributos del llamado modelo cruceño frente al histórico andinocentrismo del que el departamento más extenso de Bolivia ha sido víctima durante la historia republicana. Se equivoca porque el miedo no es a esa visión predominantemente regional que podría catapultar a Santa Cruz hacia la cosmopolitanización de su cultura, su identidad, y para el gusto de los empresarios agroexportadores y ganaderos, a su empuje emprendedor.

Si ese modelo cruceño estuviera transversalizado por una vocación redistributiva del excedente que puede generar con su variedad productiva seguramente estaríamos hablando de un desarrollo distinto, más equitativo y pensado a partir de un juego de palabras que podría servir como gran desafío: Hay que bolivianizar Santa Cruz y hay que cruceñizar Bolivia, esto es, desprejuiciar al conservadurismo cruceño sobre la Bolivia “colla” y hacerle comprender a la Bolivia occidental “anticamba”, que los cruceños son tan cruceños y tan bolivianos como cualquier potosino o paceño.

El opinador se equivoca porque no es el temor a una manera de pensar acerca del lugar en el mundo que debe ocupar la cruceñidad o a sus capacidades competitivas el que podría generar algún miedo. Lo que provoca de Santa Cruz hasta escalofríos es que se trata del departamento sede del fascismo, allá donde el Coronel/General Hugo Banzer Suárez supo construir desde su septenio dictatorial (1971 – 1978) un modelo político que sigue influyendo en el acontecer nacional de manera decisiva tal como sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, protagonizado por un puñado de banzeristas que en distintos grados e intensidades mantuvo ligazones con el militar concepcioneño: Tuto, su vicepresidente; Ortiz, su subsecretario; Costas, su compañero en la fraternidad Los Tauras y Camacho, hijo de un empresario falangista que participó en el golpe de 1971.

No es miedo al modelo cruceño visto desde la economía y la competitividad productiva, entonces, es miedo a quienes reducen a categoría de bestias humanas a los indios de las alturas cordilleranas. Es miedo a los que bajan en plan patotero la bandera indígena constitucionalizada luego de ser izada en un aniversario cívico. Es miedo a las “hordas” paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista fundada por el padre del opinador, Carlos Valverde Barbery, en 1957, militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y exministro de Salud de la dictadura de Banzer que alguna vez declarara ser camba y no sentirse boliviano. Es miedo a esos facinerosos protegidos por militares y policías que corretearon masistas para hacerlos apresar ilegalmente en Montero los días del golpe de Estado de 2019, por el solo hecho de militar en el partido instrumento de las organizaciones sociales que han luchado por la autodeterminación y la soberanía a lo largo de la historia.

Ese miedo pasa por las masacres que se han producido desde 1921 en Bolivia. A los contubernios cívico-militares en los que en 2019 se añadieron motines policiales. Cuando Valverde define a los movimientos sociales como “militantes para gubernamentales” pone en evidencia su representatividad como escribidor de la Bolivia reaccionaria. Como si la Federación de Mineros, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas y todos los gremios de obreros y campesinos de Bolivia estuvieran conformados por unos autómatas sin pensamiento y sin conciencia de clase, sin historia y sin participación en las luchas de un país caracterizado por las masacres, los desmembramientos territoriales y los saqueos a nuestros recursos naturales. Esa es la Bolivia que desprecian por casi ignorancia total los camachistas orgullosos de un modelo con trampa: En lo que siempre les convino, el “modelo cruceño” se ha servido de papá Estado con sus operadores en el poder.

El banzerismo fue tan poderoso que fagocitó al MNR. Con gran lucidez Banzer supo manejar su relación con Paz Estenssoro que primero tuvo a un vicepresidente militar que le dio una patada en el culo (Barrientos, 1964), luego apoyó al Coronel junto a la Falange en el golpe del 71 para recibir otra patada en el culo en 1974 y terminó su carrera respaldado por ese Coronel que ya era General con el Pacto por la Democracia en 1985.

Para superar ese fascismo anticomunista en tiempos en que se acabó el comunismo, es decir, para superar el miedo a los golpes de Estado, al autoritarismo y a las violaciones de los derechos humanos, los bolivianos de Santa Cruz, y de cualquier otro departamento del país, debemos dejar los prejuicios en la puerta de ingreso y empezar a conversar para contarnos quienes somos. Como hicieron los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que se abrazaron en junio de 2021 con los Ponchos Rojos en Achacachi. Era una escena inconcebible para los racistas y fascistoides de siempre: cambas emponchados y con lluchus y aymaras con sombreros de saó.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Democracia interrumpida

/ 31 de diciembre de 2021 / 22:35

Como un cortocircuito que daña la provisión de energía eléctrica a una casa o a un barrio, así fue el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con las consecuencias que ya todos conocemos: En lugar de administrar gubernamentalmente el paso hacia una nueva elección de manera expedita, decidió posponer la realización de nuevos comicios lo más que se pudiera hasta que esa dilación se convirtió en la mejor arma de rearticulación del Movimiento Al Socialismo (MAS), que con el bloqueo de carreteras de agosto (2020) y una campaña muy presencial de su binomio Arce-Choquehuanca, a pesar de la pandemia, tuvo al partidoinstrumento liderado por Evo Morales de regreso al Ejecutivo, más pronto que tarde a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

Terminamos 2021 y comenzamos 2022 en el proceso de superación del trauma colectivo que generó ese gobierno del virus, en el que una enfermedad de escala planetaria y altamente contagiosa se ha convertido en metáfora expresiva del último brutal autoritarismo soportado por nuestra Bolivia históricamente caracterizada por la expoliación de sus recursos naturales, la explotación de sus mayorías proletarias y campesinas, la violencia política en todas sus expresiones, desde la psicológica hasta la masacre, como método de acallamiento a los de abajo, aquellos que hasta hoy siguen empeñados en creer posible un país con identidades varias y autodeterminación a pesar de tantos terratenientes, empresarios, militares, policías, embajadores con instrucciones injerencistas y curas católicos que a lo largo de la República-Estado Plurinacional supieron ponerse de acuerdo para proscribir las voces mayoritarias y silenciarlas hasta la eliminación física cuando fuera necesario, como ha sucedido con por lo menos una docena de masacres perpetradas en Bolivia entre 1921 y 2019.

Transitando ya la tercera década del siglo XXI me ha quedado grabada la desoladora constatación de que la nueva configuración de las clases medias citadinas, los nuevos estímulos multisensoriales con los que funciona a diario, el surgimiento de una extrema derecha provista de anzuelos religiosos para atrapar a sus desprevenidos seguidores del mundo popular han dado lugar a una terminante insensibilización con respecto de los derechos humanos y de las muertes de ciudadanos como producto represivo político de vigilancia y control social para que los revoltosos no osen pensar nuevamente en catapultar a algún representante suyo hacia las instancias del poder político.

En ese contexto, el ejercicio periodístico al que decidí apostar desde diciembre de 2019 ha desembocado en la publicación de Democracia interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia. Se trata de un libro en el que se registra una historiación de la violencia política y de las masacres a lo largo de nuestra historia, así como de las noticias, las lectoescrituras de los acontecimientos y los reportajes sobre hechos y personajes que caracterizaron el derrocamiento del gobierno de Evo Morales y al gobierno transitorio que encapsuló al país en una suerte de compendio de las peores expresiones que en su momento definieron el perfil represivo de la Revolución de 1952, las dictaduras militares de los años 70- 80, el perfeccionamiento de un aparato extorsivo a través del Ministerio Público e instancias judiciales, y el montaje de un aparato diseñado para armar negocios de distintos calibres que dieron lugar a una corrupción galopante. Investigando, escribiendo, comparando datos, constatando versiones de difícil verificación, he logrado espantar a los espectros de la muerte y a sus secuaces, y a los ladrones de cuello blanco que ahora gritan cínicamente ¡persecución política!

No tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), y Claudia Benavente, directora de LA RAZÓN, por haber creído en mi trabajo y haberlo sostenido durante estos últimos dos años con gran convicción. Debo mencionar, además, a Miguel Gómez, jefe de Redacción de LA RAZÓN, y a Álvaro Cuellar, editor del CIS, por haber leído y editado todos los textos con rigurosidad profesional.

Democracia interrumpida consta de cinco partes y será publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado, y es producto, en primer lugar, de la elaboración y edición de productos periodísticos que ha tenido lugar en estos medios de comunicación digitales e impresos en los que he podido expresarme a mis anchas, impugnando desde la recolección de los datos y las lecturas de las conductas públicas de sus protagonistas, lo que fue un gobierno del que sus personeros ahora reclaman debido proceso y respeto a sus derechos, esos que ellos violaron sistemáticamente enceguecidos por una criminalización que terminó convirtiéndose en su tumba política.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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El Presidente discreto

/ 18 de diciembre de 2021 / 01:40

No sabemos si Juan Basilio Catacora, revolucionario ahorcado de la Junta Tuitiva de la Revolución de Julio de 1809 en La Paz, es antepasado de Luis Arce, pero de lo que ya no hay dudas es de su filiación ideológica que pasa por el Partido Socialista 1 fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz y su compromiso como mentor y ministro de Economía de Evo Morales con el proceso político institucional que ha dado lugar al salto cualitativo de Bolivia a su condición de Estado Plurinacional.

Cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora, luego de sus extenuantes jornadas de trabajo, llegaba a casa y se quedaba en el escritorio para leer las últimas publicaciones especializadas en su materia, esa en la que estuvo empeñado en generar políticas públicas basadas en el potenciamiento del mercado interno, la equidad y la redistribución de los recursos, y las condiciones para que Bolivia fuera país sudamericano número uno en crecimiento durante por lo menos cuatro años consecutivos.

En un debate que tuve el privilegio de moderar (Televisión Boliviana) en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente, Luchito le dio una lección a Samuel Doria Medina. Lo hizo con la tranquilidad de siempre, sin alterarse y exponiendo datos y argumentos. Ese Arce ministro jugaba básquetbol los fines de semana en una cancha cualquiera de Achumani (zona Sur, La Paz) con los chicos del barrio, bailaba caporales y morenada con gran solvencia, y era capaz de convertirse en alma de la fiesta, además, por su agudo sentido del humor, y también se daba tiempo alguna vez para jugar paleta en algún frontón de Miraflores.

Un cáncer de riñón lo alejó del ministerio en 2017 y con tratamiento oportuno y disciplina pudo superarlo hasta llegar a la candidatura presidencial de 2020, en la que con un equipo de atentos asesores azotó a los prepotentes y sabelotodos estrategas de campaña de las tiendas opositoras, esos que se pavoneaban con sofisticados conocimientos de marketing político y fueron derrotados por una campaña sustentada en algo así como una sociología de la cotidianidad, allá donde vale más compartir una charangueada y un vaso de chicha que discursear desde Zoom.

El presidente Arce no quiere estar hasta en la sopa de los ciudadanos. No le interesa que transmitan en vivo todos sus actos y sus eventuales encuentros deportivos. Es decir, prefiere dejar respirar a los bolivianos su día a día sin cargosear y sin incurrir en saturantes apariciones mediáticas. Eso sí, tiene spots televisivos y gigantografías en calles y plazas poniéndole la firma a su gestión. Que le quede claro a la corporación gagá de opinadores de diarios conservadores: Es él quién gobierna, aunque Evo llame muchas veces al día o se tome la licencia de contactar directamente con algunos ministros.

Y como para que quede clara la consolidación de los niveles de aceptación y popularidad presidencial, una última encuesta ha producido los siguientes resultados de imagen positiva y muy positiva: Luis Arce 40%. David Choquehuanca 29%. Andrónico Rodríguez 27%. Luis Fernando Camacho 26%. Manfred Reyes Villa 24%. Evo Morales 23%. Carlos Mesa 23%. Seguramente los agoreros de la inminente implosión masista quedarán contrariados con semejantes datos, sencillos de comprender en tanto Arce Catacora tiene un capital de credibilidad acumulado en 15 años como mandamás de la economía nacional y da señales de eficiencia y compromiso en materia de cobertura en la vacunación contra el coronavirus.

En los discursos del 6 de agosto y del 8 de noviembre (aniversario patrio y primer año de su gestión), sus adversarios de Comunidad Ciudadana y Creemos chillaban, insultaban, se desgañitaban, mientras Arce Catacora avanzaba imperturbable en la exposición de sus argumentos. Nada lo distraía, ni los peores modales de senadores y diputados opositores, y no le tembló la voz cuando tuvo que decir las cosas por su nombre: golpe de Estado y golpistas, para que les quede grabada en la memoria la forma en que derrocaron a Evo Morales dos años atrás.

Arce Catacora, uno de los pocos exministros de Evo que obtuvo el salvoconducto de la Cancillería encabezada por la arbitraria Karen Longaric, se vio obligado a transitar por una ruta del infierno para llegar al aeropuerto y poder partir hacia México, país que le concedió el asilo político. Fue la embajadora María Teresa Mercado quien lo acompañó hasta la puerta del avión, luego de agresiones verbales y conatos de captura de parte de policías que recibían instrucciones del ministro de la muerte, Arturo Murillo. Arce jamás hizo de su riesgosa situación una bandera personal para promocionarse. Se trata de un hombre que ha hecho de la discreción un estilo. Prudente y de perfil bajo, sabe cuándo debe hablar, pero sobre todo tiene muy claro cuándo y dónde no debe estar. Es por ahí que podría explicarse la popularidad que por hoy lo sitúa en el podio del escenario político boliviano.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Los fantasmas de Santa Cruz

/ 4 de diciembre de 2021 / 01:06

La vegetación húmeda y frondosa — “el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo— nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquel que hizo del clima y del calentamiento global epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitanía o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de qué van estos otros bolivianos a quienes se mira desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasma, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida —y fortuna mal habida— en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández-Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello el señor Parada debe estar lamentándose haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quien en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secreto de su casa, a lo Breaking bad, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019. Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibilidades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no solo generó nuevas fortunas, sino también nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño, y en el del doctor Amelunge, pisoteando la tumba de su padre “Que Dios lo Tenga en su Gloria”, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el fiscal de distrito de Santa Cruz, Róger Mariaca, ha designado fiscal anticorrupción a Mauricio Toro Flores para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia de la señora Rodríguez. ¿Quién es este fiscal? Nada menos que un exfuncionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega. Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquel que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Izquierdos humanos

/ 20 de noviembre de 2021 / 02:28

La abrumadora mayoría de los caídos entre octubre y noviembre de 2019, perecieron baleados por militares y policías. Si Jeanine Áñez hubiera interceptado los ímpetus represivos para cometer las masacres de Sacaba-Huayllani y Senkata, probablemente su cuadro jurídico no sería tan comprometedor y no la tendría situada muy cerca de una sentencia condenatoria que según expertos bordearía una década de privación de libertad. Si el camino no hubiera sido el del ensañamiento persecutor y criminalizador, incluso el tema de su irregular e inconstitucional llegada al poder podría ser objeto de cierta condescendencia judicial.

El problema central de la discusión política en Bolivia es que los derechos humanos de muertos, heridos, detenidos, perseguidos y extorsionados por fiscales luego del golpe de Estado, se convirtieron en izquierdos humanos, en tanto los autores de ese bodrio al que sus gestores llaman gobierno de transición, padecen de disonancia cognitiva que consiste en el choque de dos creencias, y por ello los derechos humanos en Bolivia fueron convertidos en izquierdos, es decir en derechos para ciudadanos de segunda, esos que no tienen familiares con capacidad de pago para un aviso necrológico en algún diario y por lo tanto no son merecedores de un tratamiento prioritario en los estrados judiciales. El ejemplo más ilustrativo es el del jefe de CC, Carlos Mesa: De acuerdo a los valores inculcados por sus padres, insignes intelectuales, el respeto por la vida y las convicciones políticas no pasan por la militancia partidaria, pero como el excandidato profesa un obsesivo rencor contra el MAS (es feo perder por paliza), entonces opta por el silencio y mirar para otro lado. Conclusión: Vale más el rencor antievista que las convicciones humanitarias.

La disonancia cognitiva se manifiesta en la premeditada decisión de no referirse a los hechos luctuosos desatados a los pocos días en que Áñez-Murillo-Ortiz capturaron el poder. Ninguno de los actores de ese huachafo cambio de gobierno se refiere al dolor y la tragedia que se produjeron apenas lograron consolidar la sustitución de Evo Morales en la presidencia y esto alcanza a candidatos, abogados y asesores de campaña, dirigentes cívicos, embajadores, mandos militares y policiales, activistas paramilitares y parapoliciales, amigos de la Embajada de los Estados Unidos y jerarquía católica.

En este contexto, las movilizaciones producidas en Santa Cruz y en Potosí que derivaron en un paro de características similares al gestado en octubre-noviembre de 2019 sirvieron, por añadidura a la búsqueda de la abrogación de la Ley 1386, como maniobra distractiva para que el país no se enfocara en recordaciones y homenajes a los muertos y a las víctimas de una persecución judicial que todavía tiene consecuencias en quienes las padecieron. De esta manera vamos pasando de largo este noviembre de 2021 sin espacios y tiempos para evaluar como es debido el desastre gubernamental con el que se combatió el prorroguismo de un candidato-presidente.

El dilema fraude/golpe, en consecuencia, pasa a un segundo plano cuando somos testigos de la muerte de esos nadies que ejercían precisamente lo que se llama derecho a la protesta por la manera en que su líder fue defenestrado, ese derecho que ahora se reivindica como incuestionable por las formaciones políticas y cívicas opositoras al gobierno de Arce Catacora. Nadie quería volar la planta de Senkata y en el puente de Huayllani se abrió fuego contra unos manifestantes armados de palos y piedras. Eso es lo terrible e inadmisible de lo hecho por el gobierno de Áñez que creyó ciegamente en sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

La corporación gagá de opinadores principalmente atrincherados en rabiosos diarios y ediciones digitales antimasistas, gran parte los responsables del tráfico informativo radiofónico, los presentadores de programas televisivos con dotes de maestros de ceremonias, los opinadores en redes sociales y alguna prensa transnacional hegemónica, no dirán jamás una palabra acerca de las atrocidades cometidas durante el régimen de facto al que ellos le llaman “gobierno de transición para la pacificación”, que consistió en eliminar físicamente a aymaras y quechuas, perseguir “masistas” en Montero o en Yapacaní, o plantar detenciones preventivas que todavía tienen consecuencias de espanto: Siguen sin llegar los sobreseimientos para las víctimas de un sinnúmero de delitos nunca cometidos.

Derechos humanos son los de la pobre Jeanine Áñez. Esos son verdaderos derechos humanos defendidos a capa y bastón por Amparo Carvajal, la prorroguista mandamás de la Asamblea Permanente fundada por Julio Tumiri que debe estarse revolcando en el más allá de cómo semejante institución ha sido malversada por ella y su guardaespaldas, Manuel Morales, del también malversado Conade. Los otros son izquierdos humanos, esos de menor categoría que corresponden a los desheredados de la tierra.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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