LR en la Memoria

viernes 29 abr 2022 | Actualizado a 13:40

En 2003, Carlos Mesa juró bajo sucesión constitucional

El 17 de octubre, la masacre supuso la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:32

En 2003, Carlos Mesa esperó fuera del gobierno la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y, al consumarse el hecho, sucedió al presidente dimisionario en una sesión extraordinaria en el entonces Congreso Nacional, con todos los protocolos de ley.

El lunes 13 de octubre, el entonces vicepresidente renunció al gobierno, no así a sus funciones, indignado por la indolencia del mandatario respecto de la crisis que ese mes había tenido su desenlace en la muerte de unas 69 personas por la represión policial y militar desatada en las protestas que pretendían impedir la exportación de gas natural licuado a través de puertos chilenos.

Según cuenta en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018), sobre su experiencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el suyo (2003-2005), Mesa no había logrado convencer al presidente sobre la atención de las demandas sociales que habían, entre ellas una consulta popular sobre el gas. “Si haces esto, podrás suavizar el tema de la Constituyente y decir que estás dispuesto a considerar la posibilidad”, recuerda lo dicho.

Era el domingo previo, en la casa presidencial de San Jorge. Ahí deslizó la premonición fatal sobre la crisis, ante el carácter testarudo y manipulador de Sánchez de Lozada, como lo describe.

“Los muertos te van a enterrar”, cuenta que le espetó al mandatario, con quien ya tuvo serias diferencias cuando en febrero de ese año el gobierno intentó imponer un impuesto al salario, que desató una grave crisis, un motín policial y el enfrentamiento entre policías y militares, cuyo saldo fue 27 fallecidos, sedes partidarias y oficinas del Estado, como la Vicepresidencia, quemadas.

Cuenta Mesa que entre ese lunes 13 y el mismo día de su asunción, el 17 de octubre, se guareció en su residencia privada, acompañado en algunas ocasiones por sus colaboradores leales, entre ellos José Galindo, Lupe Cajías, Oswaldo Candia y Patricia Flores, quienes, al llegar a la Presidencia, fueron parte de su gabinete.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo”, relata en el libro.

La renuncia de Mesa al gobierno fue entonces motivo de debate y críticas. En medio de estos episodios, recuerda que el periodista Andrés Rojas lo entrevistó la mañana previa a la renuncia de Sánchez de Lozada: ¿Tiene usted el valor de asumir las muertes de las que es responsable este gobierno del que ha formado parte?

Dice que la pregunta lo enfureció. Por eso en una conferencia de prensa posterior quiso poner las cosas claras, aunque sus palabras despertaron más suspicacia, porque no se sospechaba que el de la pregunta era un periodista.

“Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, dijo en la rueda de prensa, en la que ratificó que no volvería al gobierno en esa situación.

Es día había 41 piquetes de huelga que pedían la renuncia del presidente y miles de personas habían llenado la plaza San Francisco contra el gobierno y la violencia estatal, como describió en su edición del domingo 17 de octubre La Razón: Una masiva marcha le dice a Goni “ya es tarde”.

Y era tarde. La mañana del 17, Mesa comenzó a tener visitas oficiales, locales e internacionales, y cuenta que a las 18.00 recibió la visita de los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien, quienes le dijeron que esperaban la renuncia de Sánchez de Lozada. A las 19.00 se cuadraron ante él los jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Entre las 17.25 y las 22.30 de ese día, nadie gobernó Bolivia. Sánchez de Lozada renunció ante el Congreso Nacional antes de emprender su huida a Estados Unidos. Cuenta Mesa que mientras el avión decolaba, a las 22.45, él pronunciaba su discurso de posesión ante diputados y senadores. Era presidente por sucesión.

“Le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia”, le reclamó en octubre de 2019 el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar.

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En 1980, paramilitares argentinos asesinaron al jesuita Luis Espinal

Bajo la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), Espinal se dedicó a la crítica de cine en Presencia, donde abogó por la igualdad, la libertad, la justicia y la paz. Fue secuestrado el viernes 21 de marzo de 1980. Hace exactamente 42 años.

/ 21 de marzo de 2022 / 12:30

Luis Espinal Camps fue secuestrado, torturado y asesinado en marzo de 1980 por paramilitares argentinos, según una conclusión de la Comisión de la Verdad que investigó muertes, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual en las dictaduras.

“Definitivamente los autores del hecho mismo no fueron bolivianos, sino argentinos que vinieron en el marco del Plan Cóndor y previo al golpe de Luis García Meza; toda la metodología empleada en el secuestro, la tortura y los trabajos eran métodos utilizados por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A)”, explicó el secretario ejecutivo de la Comisión, Luis Fernando Rodríguez, a La Razón.

El historiador mexicano Carlos Fernando López de la Torre calificó a la Triple A de “escuadrón de la muerte paraestatal”, con mayor énfasis en el “tercer peronismo” argentino, entre 1973 y 1976. “Cumplían funciones de seguridad interna con técnicas criminales orientadas a defender el orden hegemónico”, señala el experto en su artículo La Alianza Anticomunista Argentina. Análisis de su trayectoria y articulaciones represivas.

Esos años, el Plan Cóndor sobrevolaba por la región y consistía en detectar enemigos internos, secuestrarlos y eliminarlos físicamente. “Todo eso nos permite trabajar sobre esa conclusión de que el asesinato propiamente habría sido ejecutado por argentinos”, sostuvo Rodríguez.

Bajo la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), Espinal se dedicó a la crítica de cine en Presencia, donde abogó por la igualdad, la libertad, la justicia y la paz. Fue secuestrado el viernes 21 de marzo de 1980. Hace exactamente 42 años. 

Fue secuestrado y asesinado el padre Luis Espinal, director de Aquí, tituló el periódico Presencia el 23 de marzo en su nota central junto a otras noticias en conmemoración al Día del Mar, en domingo. En la publicación se cuenta que el viernes 21 asistió como de costumbre a dos funciones cinematográficas y fue “visto hacia las 20.00 caminando por el centro de la ciudad”.

El jesuita vivía en la calle Díaz Romero junto a otros religiosos. “El viernes por la noche no pudo ingresar a su residencia, porque fue interceptado. Un jeep verde le esperaba en la puerta de su casa y varios hombres le empujaron violentamente al interior, según relataron personas que presenciaron, desde lejos, la captura”, detalla una publicación de Presencia.

“Un campesino, Augusto Chura Condori, encontró el cadáver tendido de bruces, en el kilómetro 8 del camino que sube casi paralelo a la autopista, hacia Chacaltaya, junto al Choqueyapu”. Estaba amordazado y con las manos amarradas hacia atrás, las fosas nasales habían sido tapadas con pedazos de algodón.

Permaneció toda la tarde en la morgue y por la noche se dio a conocer el informe de autopsia, el sábado 22 de marzo, que indicó que el sacerdote murió de “anemia aguda, debido a una hemorragia interna, secundaria a múltiples reacciones esqueléticos-viscerales, ocasionadas por numerosos impactos de armas de fuego”. Intervinieron seis médicos.

Como señala el periodista Nicolás Fernández en un artículo publicado en Animal Político, el 7 de marzo pasado, “fue asesinado con 18 balas blindadas, como preludio de la asonada militar de corte fascista” que llevó a cabo Luis García Meza, el 17 de julio de 1980.

Espinal fue velado el 23 de marzo en la capilla del Colegio San Calixto y sus restos fueron trasladados al templo de la Compañía de Jesús para una misa. Su entierro fue multitudinario, asistieron autoridades nacionales y la población; los periodistas ejecutaron un paro de 24 horas exigiendo el esclarecimiento del crimen.

Banzer temía terminar ante la Justicia por crímenes de corrupción y narcotráfico. Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal reunieron pruebas y empezaron el juicio, pero no lo concluyeron porque fueron asesinados.

El dictador tenía tres motivos para buscar la muerte de Espinal: haber preparado y sostener el juicio de responsabilidades, revelar sus vinculaciones con el narcotráfico y por ser un “cura comunista”.

“Si se iniciaba el juicio de responsabilidades contra Banzer, no iba a poder continuar con su carrera política y esa era una preocupación expresada en varias oportunidades”, dijo Rodríguez.

Según archivos desclasificados de la Cancillería, Banzer hacía seguimiento del jesuita desde 1972. “Era considerado indeseable por el gobierno de Banzer”, dijo en 2016 la directora del Archivo Nacional de la Cancillería, Raquel Lara. 

Mientras que Fernández, en su artículo, añade que “la Comisión de la Verdad de Bolivia reveló que el asesinato de” Espinal, Quiroga y Flores “respondió a intereses políticos de” Banzer “y fue ejecutado por órdenes” de García Meza.

“¡Adiós, hermano Luis! ¡Han matado tu carne, pero no tus ideas!”. Con esa frase, en 1980, enterraron al jesuita Espinal Camps en el Cementerio General de La Paz.

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La Masacre de Todos Santos, 42 años de impunidad

Este lunes se recuerda el golpe de Alberto Natusch Busch, para evitar un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer.

15 de noviembre de 2019, un operativo armado dejó una decena de fallecidos en Sacaba, Cochabamba.

/ 1 de noviembre de 2021 / 02:14

El 1 de noviembre de 1979, Alberto Natusch Busch, coronel del Ejército, dio un violento golpe de Estado “dirigido a evitar un juicio de responsabilidades” contra el dictador Hugo Banzer (1971-1978). A 42 años de ese episodio, la impunidad sigue campeando.

Mediante un comunicado radiofónico se anunciaba que Natusch Busch arrebataba el poder al presidente interino Walter Guevara Arze, en lo que luego se recordaría como la “Masacre de Todos Santos”. El militar se alió al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en una arremetida que le costaría al país cerca de un centenar de muertos y desaparecidos, y al menos 500 heridos de bala.

“Por el golpe de Natusch Busch no se hizo nada, es uno de los más impunes (de la historia). Fue sorpresivo y violento en exceso, ese domingo en una incipiente feria en El Alto ametrallaron a personas y los ciudadanos que trataron de resistirse con barricadas fueron asesinados, fue un mecanismo para archivar el juicio de responsabilidades que se seguía a (Hugo) Banzer”, recuerda Nila Heredia, víctima de la dictadura y presidenta de la Comisión de la Verdad.

“Ningún militar, civil o mercenario fue juzgado (por la masacre de Todos Santos), siendo una deuda moral que se debe honrar por los cientos de heridos, muertos, minusválidos y huérfanos que dejaron Natusch y sus cómplices del MNR”, afirmó hace unos años a La Razón el antropólogo Édgar Arandia.

Él vivió en carne propia los horrores de la dictadura de Natusch Busch, que se aseguró tener el control desde el aire. El Ejército no dudó en movilizar sus aviones para disparar contra barricadas ciudadanas que se resistían a que la democracia les sea arrebatada. 

El militar había sido ministro de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de Banzer, entre 1974 y  1978. También fungió como presidente del Banco Agrícola.

El cruento episodio estalló justo cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) cerraba una asamblea histórica en la ciudad de La Paz, con un triunfo diplomático que puso en alto la reivindicación marítima boliviana.

El golpista decidió no dar lugar a la mínima protesta a su toma del poder, pero no pudo contenerla. La Central Obrera Boliviana (COB) organizó una huelga general indefinida y los brotes de rebeldía en centros mineros de Potosí y Oruro no tardarían en germinar.

Heredia rememora: “Fueron jornadas terribles ante una masiva protesta ciudadana y felizmente (Natusch) dejó el Palacio, pero dejó la cama tendida para que haya otro golpe militar contra (Lidia) Gueiler”, el 17 de julio de 1980, por parte del general Luis García Meza.

Documentos dan cuenta de que la corta dictadura de Natusch Busch (apenas 16 días) fue demasiado violenta e innecesaria, más que para librar de responsabilidades a Banzer, su compañero del Ejército.

Un ejército que “había perdido su razón de ser, que es garantizar la soberanía y la integridad territorial”, dice Heredia. En un análisis histórico, para la exministra de Salud, las Fuerzas Armadas incorporaron, en la década del 70, una lógica basada en que el enemigo del país no estaba fuera de las fronteras, sino dentro.

 “El enemigo eran las organizaciones populares, los partidos de izquierda, los sindicatos, porque estarían poniendo en riesgo la soberanía de Bolivia, pero lo que uno no sabe es: ¿qué entienden por soberanía?”, se cuestiona.

Finalmente, “después de chantajear con la renuncia de Guevara y la sucesión de Gueiler”, según Heredia, Natusch Busch no pudo con las presiones internacional, civil y empresarial y abandonó el Palacio por la puerta trasera. Al final, murió sin castigo, en noviembre de 1994 en Santa Cruz, a los 61 años.

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Sin extradición a la vista, se abre puertas a otro proceso a Goni en Estados Unidos

El exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) fugó un día como hoy, el 17 de octubre de 2003, acorralado por los pedidos de renuncia tras la masacre de más de medio centenar de personas.

Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a su lugarteniente, Carlos Sánchez Berzaín.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:36

La extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada se encuentra en la congeladora, una decisión que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se la cataloga una misión casi imposible. Eso sí, es más factible la apertura de un segundo proceso contra el expresidente en Estados Unidos, por el delito de asesinato culposo.

El exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) fugó un día como hoy, el 17 de octubre de 2003, acorralado por los pedidos de renuncia tras la masacre de más de medio centenar de personas (saldo que subió a más de 70 muertos en los siguientes años), en las protestas de rechazo a la propuesta para exportar gas mediante un puerto de Chile.

Escapó del país junto a su lugarteniente, el exministro Carlos Sánchez Berzaín, con destino a Estados Unidos, donde actualmente radican. Tienen cuentas pendientes con la Justicia boliviana, aunque víctimas de la llamada “guerra del gas” lograron que el empresario minero se siente en el banquillo de acusados en Florida.

Peregrinaje en la Justicia

Tras un peregrinaje judicial, y con el asesoramiento del abogado estadounidense Thomas Becker, consiguieron instalar un proceso civil por el delito de ejecuciones extrajudiciales. Solo falta que el juez defina la última apelación de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ante el fallo que ordenó una reparación de $us 10 millones.

“Formalmente nosotros ganamos el juicio, está registrado que ellos son responsables por violación de derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales. Pero todos los que pierden un caso en Estados Unidos tienen el derecho a apelar, Goni ya lo hizo, estamos en una pelea legal de apelación sobre nuestra victoria”, dijo Becker.

Se espera que el veredicto final se conozca el siguiente año. Y aparte hay la posibilidad de otro juicio. “El juez o la Corte de Apelaciones nos ofreció un caso más para otro cargo, asesinato culposo, entonces es posible que tengamos dos casos. Podemos continuar con otro para que las víctimas puedan ganar dos veces”.

En territorio boliviano, Sánchez de Lozada y varios de sus ministros no pudieron ser juzgados hasta el momento, precisamente porque huyeron a otras naciones. Solo avanzó un juicio de responsabilidades con siete sentenciados, en octubre de 2011, tras 325 declaraciones testificales, 1.364 pruebas documentales y 308 periciales.

Para que el proceso corra, tuvo que desvirtuarse el mito del foco subversivo que pregonaba Sánchez Berzaín. El fallo determinó tres años de presidio en la cárcel de San Roque de Sucre para los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, por ser cómplices de genocidio, quienes se acogieron a la suspensión condicional de la pena.

Mientras que los generales Roberto Claros, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Rocabado, excomandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas; Juan Véliz, excomandante del Ejército; José Quiroga, excomandante de la Fuerza Aérea y Luis Aranda, exjefe de la Fuerza Naval, recibieron entre 10 y 15 años de condena. 

Para Becker, es una misión muy difícil que Bolivia consiga la extradición de Sánchez de Lozada, sobre todo por su edad: 91 años. Eso sí, considera que es más factible que Estados Unidos asuma esa medida contra Sánchez Berzaín, quien tiene 62 años e inclusive cometió “varias mentiras en su aplicación de asilo”. 

Por ahora, el expresidente continúa con el tira y afloja para conseguir impunidad, tanto en Estados Unidos como en Bolivia. Mientras su aliado incondicional, Sánchez Berzaín, paradójicamente dirige el Instituto Interamericano para la Democracia. A 18 años de la masacre de octubre de 2003, las víctimas y familiares continúan pidiendo justicia. 

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Noviembre 2019: Inventario de una transición de gobierno irregular y represiva

En síntesis, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y la propia Jeanine Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo, para derrocar a Evo Morales.

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:29

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por continuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Militares en la masacre de Sacaba, en noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales las que produjeron una suma de acciones táctico-estratégicas —civiles, militares y policiales— de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre. Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

El momento de la posesión de Jeanine Áñez. Foto: Oscar Ortiz.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Óscar Ortiz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El exmandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso “pitita” le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza Luis Vásquez Villamor, que inventó el ipso facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para reemplazar al general Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. De los tres, quien controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortiz, que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la zona Sur de La Paz con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortiz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde, desde Trinidad, que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejándose bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el tribunal electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, gritó “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica (Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter hace siete días que “La Razón publica un artículo (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían éstas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica ‘golpista’ sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla —armonía ideológica—. que entre otras actividades dio lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 —“a mí me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—, es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quien lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del coronavirus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de Bs 500 que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a extrabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a 10 veces más que lo señalado por sus precios reales.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.
Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del exministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, zona Sur, donde se encontraban refugiados expersoneros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el protagonizado por Róger Revuelta, de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido condenado a 12 años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es ésta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, La Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes —paraestatales— de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido, en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: la primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñez se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

Carlos Mesa, el protagonista del discurso del «fraude monumental» que derivó en el asedio y vandalismo contra los tribunales electorales.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la expresidenta deberá estar consciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del que se produjera en 1978 con la candidatura del general Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparecieron 50.000 votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quien en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales

El legado de Banzer sigue vigente, tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019.

/ 29 de agosto de 2021 / 06:34

Los admiradores del mítico Víctor Paz Estenssoro, líder de la Revolución de 1952, cuatro veces presidente de la República, ya deberán resignarse ante las evidencias históricas que dan cuenta de la impronta del general Hugo Banzer Suárez en la política boliviana del último medio siglo. El día en que el doctor Paz decidió apoyar el golpe de agosto de 1971 (98 muertos, medio millar de heridos) hipotecó para siempre al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que se fragmentó en varios “emenerres” y cavó su tumba, que lo tiene como cadáver insepulto desde 2003, año en que Goni se derrumbó por sus crasos errores de apreciación sobre un país que estaba a punto de cambiar. El principal propiciador de la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y la instalación del voto universal que había renunciado a la presidencia en 1964, producto de la conspiración de su vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, regresaba del exilio de Lima para subordinar a su partido al militarismo bien conectado con el poder hegemónico imperial. Dicho y hecho, una vez que las Fuerzas Armadas se consolidaron en el poder, en 1974, Banzer, luego de haber utilizado a movimientistas y falangistas para pasarle un barniz de legitimidad a su dictadura, se deshizo de ellos, para armar un gabinete exclusivo de generales, coroneles, almirantes y contraalmirantes.

A partir de entonces, Banzer no dejó de ser más importante y decisivo en la agenda política boliviana que Paz Estenssoro. Tan evidente fue la visión estratégica del dictador de los años 70, que en 1985 se acercó nuevamente al MNR, ya en igualdad de condiciones partidarias al haber fundado Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1979. Banzer había pasado de su septenio autoritario, con terrorismo de Estado incluido, al escenario democrático en el que a través del Pacto por la Democracia se recomponía su relación con el MNR pazestenssorista, ofreciéndole apoyo desde el parlamento, sin condicionamientos, y valiéndose de los contactos de un par de tecnócratas de su partido para facilitar la llegada al país del economista Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, que escribió los lineamientos inaugurales del neoliberalismo, que adquirió carta de ciudadanía con el Decreto 21060, que rigió la política económica boliviana durante 20 años. De esta manera, el MNR, la ADN, el empresariado privado y las fuerzas militares sometidas al poder civil democrático iniciaban un nuevo período en la historia de Bolivia.

PACTO. Banzer había combinado el aceite con el vinagre, amigando al MNR con sus antiguas víctimas de la Falange Socialista Boliviana (FSB). En pacto civil-militar se repartieron el primer gabinete de ministros el 21 de agosto de 1971. Veintidós años más tarde, el mismo general asoció a su ADN con quienes fueran activistas en la clandestinidad que lo combatieron, encabezados por Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), poniéndole la firma al Acuerdo Patriótico entre 1989 y 1993. Dos conciliaciones partidarias de apariencia imposible fueron gestadas por este militar, único en América Latina entre sus camaradas del Plan Cóndor, por haber sido capaz de regresar al poder por la puerta democrática: solo en Bolivia podía suceder semejante cosa, dice el lugar común. Banzer se metió al bolsillo a Paz Estenssoro en 1971, se lo sacó de encima en 1974 y se abuenó con él en 1985. En buenas cuentas, hizo lo que le dio la gana con quien alguna vez definiera el poder como un maravilloso instrumento. También lo hizo con los miristas de Paz Zamora, a quienes persiguió en su dictadura por comunistas que querían “sustituir la gloriosa tricolor por el trapo rojo con la hoz y el martillo” para en 1989, a través de un impensado acuerdo entre la derecha y la izquierda con perfil social-demócrata (ADN-MIR), sacar otra vez de en medio al MNR, y le cerró el paso a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de ese año.

En 1995 entrevisté al general Banzer en su oficina de la calle Hermanos Manchego (Fundemos) y en el piso 10 del edificio Gloria de la avenida Arce, apartamento en el que residía. En las dos entrevistas me hizo un par de revelaciones que explican su dimensión: “Decidí romper las negociaciones con Sánchez de Lozada para definir la presidencia de la República porque me ofreció dinero a cambio de mi respaldo. Me ofendió de tal manera que nunca más quise saber de él. Creyó que con su fortuna todo era posible y conmigo se equivocó, por eso al final nos sentamos a conversar con el MIR y decidimos apoyar a Jaime que había sido tercero en las elecciones para que asumiera la presidencia.” En el segundo encuentro le pregunté si era cierto que le había sacado la pistola a Max Fernández, el empresario cervecero, jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS): “Lo encañoné porque había ofendido mi honor en una nota periodística, lo conminé a que se retractara exactamente en el mismo espacio y con la misma extensión en el mismo medio de comunicación”. Estas confesiones, que forman parte de varias de las confidencias que Banzer me hizo, nos permiten, a 20 años de su muerte, extraer conclusiones acerca del temperamento y la determinación de este militar nacido en Concepción, Santa Cruz, bien entrenado por la Escuela de las Américas en tiempos de la guerra fría contra ese enemigo interno, el comunismo, que tenía su epicentro en Moscú y su satélite latinoamericano y caribeño en La Habana.

GOLPE. Banzer, en el balcón del Palacio Quemado en 1971, junto a sus aliados, entre ellos Víctor Paz Estenssoro (MNR) y Mario Gutiérrez (FSB). Foto: Archivo La Razón

Banzer hizo posible el Pacto por la Democracia en 1985. Generó el Acuerdo Patriótico en 1989. Y para completar su protagonismo en la construcción del Estado de derecho en el país, fabricó una megacoalición para su presidencia democrática (1997-2002), en la que entraron como en una bolsa de gatos, además del MIR de Paz Zamora-Oscar Eid, la UCS ya entonces comandada por Jhonny Fernández luego de la muerte de su padre Max, Conciencia de Patria (Condepa) de Carlos Palenque, Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa y hasta el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) del que en sus orígenes fuera jefe del maoísta Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), Oscar Zamora Medinacelli, quien había sido su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989. En su obsesión por pasar a la historia como un auténtico demócrata, Banzer pactó con ángeles y demonios de los años 80 y los 90, y su legado sigue vigente tal como pudo comprobarse de manera rotunda en el golpe de Estado que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019.

Las operaciones psicológicas de la derecha boliviana tuvieron éxito indiscutible con la instalación de matrices del miedo que conducen a la conspiración como extrema necesidad de sobrevivencia: “Nosotros o los indios”. Así tenemos que Evo Morales es un comunista. Evo Morales nos va a quitar nuestras casas y eliminará la propiedad privada. Evo Morales hará de nuestros hijos unos ateos al abolir la religión católica. Evo Morales quiere que Bolivia sea como Cuba y Venezuela. De esta manera, la acumulación de tensiones y el odio al indio, convertido y funcionalizado en campesino desde la Revolución del 52, que gobernaba Bolivia desde 2006, se hacían cada vez más evidentes hasta que llegó el 28 de noviembre de 2017, día en que el Tribunal Constitucional habilitó una nueva candidatura con un argumento recientemente rebatido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión que sirvió para cuajar la idea fuerza clave que exigió dos años de trabajo conspirativo: Evo Morales, a título de derecho humano a una nueva reelección, quiere eternizarse en el poder.

Plenamente posicionada la imagen de un autoritario y prorroguista ante la clase media urbana “apolítica”, Evo Morales creyó que podía capear aguas turbulentas hasta conseguir un nuevo triunfo en octubre de 2019. No cayó en cuenta, y menos sus asesores en contrainteligencia, que al haber enfatizado un discurso antiimperialista y antinorteamericano durante sus tres mandatos consecutivos, efectivamente quedaba demostrado que era un comunista, cuando el comunismo en los hechos de la geopolítica mundial había dejado de existir. De esta manera, el banzerismo empezó a funcionar con toda su carga ideológica, y sus matrices culturales de pacto entre civiles, militares y policías, para dar lugar al derrocamiento del primer gobierno popular con identidad indígena y campesina que había tenido Bolivia desde 1825.

MOTOR. El poder del espíritu del general Banzer fue el nervio motor para que la conspiración fuera exitosa. Tuto Quiroga, su exvicepresidente, coordinaba la salida de Evo Morales de Bolivia con el comandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros. Óscar Ortiz, que había sido subsecretario en su gobierno democrático (1997-2002), operaba desde el Senado una sucesión presidencial inconstitucional. Desde Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas, compañero de Banzer en la fraternidad Los Tauras, hizo de su aparente pasividad personal un arma de control de la capital cruceña en esos días en que no volaba ni una mosca sin el permiso del comité cívico. Luis Fernando Camacho, sin tener profunda conciencia de que el banzerismo podía ser hereditario, usó a su papá, falangista armado en el golpe del 71, para transar con militares y policías que “se pusieran al lado del pueblo”, entendiéndose por pueblo en dicho contexto al ciudadano movilizado con la tricolor, católico, anticomunista, odiador del indio, nada que ver con el nacionalismo popular de los inicios de Paz Estenssoro en los años 50, que en gran medida fue heredado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que es nacionalista revolucionario antes que comunista o socialista, aunque el discurso antiyanqui confunda.

MÉXICO. El expresidente Evo Morales, tras ser derrocado en 2019. Foto: AFP

Los pocos falangistas de los años 70 que quedan, sus hijos y hasta nietos, los militares de esa misma generación, empresarios, agroindustriales y ganaderos, y hasta la sociedad civil a través de grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista fundada en 1957 por el que fuera ministro de Salud de la dictadura banzerista, otro falangista, Carlos Valverde Barbery, ingresaron en una especie de máquina del tiempo, para que 48 años después de llamar al golpe de Estado “revolución” Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, fuera portador de la herencia del Frente Popular Nacionalista (FPN) —militares, movimientistas y falangistas, autores del golpe del 71— para derrocar a Evo Morales de la presidencia, recibiendo además el apoyo de la jerarquía católica y de embajadores como el de la Unión Europea, el franquista León de la Torre. La armonía ideológica que se había logrado contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS, tal como lo había hecho en Madrid, acosando a Pablo Iglesias, entonces líder del izquierdista Unidas Podemos. Y como actor de reparto completaba el cuadro el nostálgico pazestenssorista Carlos D. Mesa Gisbert, exvicepresidente del MNR de Sánchez de Lozada, que sin otra prueba que una interrupción de un conteo no oficial de votos instaló la matriz “fraude” para iniciar el tramo final de la conspiración.

Aviones de combate sobrevolando rasantes en El Alto o en Challapata, lo mismo que sucediera con Laikakota en La Paz en 1971. Y días después, como en el septenio del banzerato, masacres en Sacaba-Huayllani y Senkata, para eliminar masistas ondeando wiphalas, tal como sucedió en Tolata y Epizana en 1974, arremetiendo contra indígenas quechuas a los que se condenó por subversivos. “Si encuentran un comunista, mátenlo, yo me hago responsable”, dijo Banzer en esa trágica oportunidad que ofrecía recompensa por la caza de estos revoltosos, que en la actualidad formarían parte de las “hordas masistas” criminalizadas por un aventajado alumno de los métodos represivos de las dictaduras militares, el ministro de la muerte, Arturo Murillo.

Los dilemas ideológicos acerca de una Bolivia neoliberal, nacional popular, nacionalista revolucionaria o de izquierda nacional excluyen del análisis al militarismo desarrollista y capitalista de Estado en dictadura y del neoliberalismo en democracia con el que el general Hugo Banzer Suárez se manejó como actor decisivo de la política boliviana. Fue presidente de facto, iniciador de los pactos partidarios en 1985 y en 1989, apoyando a Paz Estenssoro y a Paz Zamora, y en reciprocidad éste último respaldó su presidencia democrática iniciada en 1997 con algo más del 20% de la votación cuando el presidente era elegido de entre los tres primeros en el Parlamento nacional.

DEFINICIÓN. Jeanine Áñez, en la reunión previa a su autoproclamación, con representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Foto: Senado de Bolivia

Banzer evitó en 1971 que un soviet boliviano se consolidara con la Asamblea del Pueblo que otro histórico del MNR, el legendario secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Lechín Oquendo dirigía con la venia de ese otro general de Ejército, Juan José Torres Gonzales, que presidía el país, y que el 2 de junio de 1976 fuera asesinado bajo las coordenadas del Plan Cóndor, cinco años después de haber sido derrocado por su camarada del Ejército, el en ese momento coronel Banzer. Aquellos episodios caracterizados por la violencia política y la eliminación del enemigo me provocaron la siguiente pregunta: ¿Cuál era el objetivo del general Terceros al ordenar que el avión en el que Evo Morales aterrizaba en Chimoré fuera llevado al hangar militar del aeropuerto el 10 de noviembre de 2019?

Los fascistas de los años 70 y los fascistoides del nuevo siglo han establecido conexiones que forman parte de una manera de hacer política. Cuando no es por el camino de la formalidad democrática de acuerdo con sus conveniencias y con las exigencias de sus estructuras de poder, queda el recurso de la fuerza y del trastocamiento de las obligaciones institucionales en democracia. Así tenemos un país con médicos que hacen paros como arma desestabilizadora. Curas católicos que arman reuniones paralelas a la formalidad democrática para definir el destino de la presidencia del Estado. Embajadores que meten sus narices hasta en las habitaciones de los refugiados políticos, tal como hacía León de la Torre en la residencia de la Embajada de México entre el 11 y 12 de noviembre de 2019. Conversos e impostores disfrazados de defensores de los Derechos Humanos que aborrecen a los “izquierdos humanos” y por eso nada más defienden a Jeanine Áñez y hacen silencio acerca de los masacrados y humillados, aymaras y quechuas, de Sacaba-Huayllani y Senkata.

LEGADO. Este es el legado que Banzer le ha dejado a Bolivia. Luchar contra los enemigos y ponerles la etiqueta que convenga a cada coyuntura para sacarlos de en medio. Lo que el General ya no sabe es que las indias y los indios bolivianos aprendieron a ganar elecciones. Superaron el miedo a que uno de los suyos, iletrado, sin estudios universitarios, pudiera ser presidente del país “para gobernarnos a nosotros mismos”, como ha afirmado recién el vicepresidente David Choquehuanca. Lo que el dictador de los años 70 tampoco puede ya saber, pero sus herederos sí, es que los instrumentos político- sindicales de las mayorías bolivianas han funcionado 14 años con un gobierno que demostró que era posible ser pragmáticos —“nosotros hablamos y negociamos con todos”, me dijo alguna vez el exvicepresidente Álvaro García Linera—, pero con sujeción a la identidad plural de un Estado que ahora tiene visibilizados a todos sus actores étnicos, fundamentalmente a aquellos que hasta hace dos décadas se avergonzaban por sus apellidos y ahora los llevan con orgullo pronunciándolos a voz en cuello.

Incluido el golpe del que fuera su ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, general Alberto Natusch Busch, en 1979, otra vez, con la complicidad del MNR (Bedregal Gutiérrrez-Fellman Velarde, con Paz Estenssoro por detrás), que derivara en la Masacre de Todos Santos, Hugo Banzer Suárez pasó de la brutalidad de las dictaduras militares, con la suya como la más importante por duración, a los pactos en democracia para regresar al poder “de a buenas”. Pero la historia lo enseña, cuando un indio desobediente no entiende, hay siempre la posibilidad de volver a tomar el poder a la mala, tal como sucedió en 1971, cuando los obreros comunistas y trotskistas pretendían ejercer poder. Sin la salvadora presencia de Banzer o su nefasto legado, según desde donde se lo mire, las Bolivias de los últimos 50 años no podrían comprenderse si no seguimos con rigurosidad crítica el trayecto de este general nacido en un pueblo chiquitano, al que los cruceños que saben de historia le llaman el pueblo de los gatillos fáciles.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

DATOS

1971 – tomó el poder el dictador Hugo Banzer Suárez

1997 – fue designado Banzer presidente, en la era Democrática

10 de noviembre de 2019 – fue derrocado Evo Morales

12 de noviembre de 2019 – se autoproclamó Áñez

20 muertos en las masacres de Sacaba y Senkata

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