LR en la Memoria

viernes 3 dic 2021 | Actualizado a 06:43

La Masacre de Todos Santos, 42 años de impunidad

Este lunes se recuerda el golpe de Alberto Natusch Busch, para evitar un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer.

/ 1 de noviembre de 2021 / 02:14

El 1 de noviembre de 1979, Alberto Natusch Busch, coronel del Ejército, dio un violento golpe de Estado “dirigido a evitar un juicio de responsabilidades” contra el dictador Hugo Banzer (1971-1978). A 42 años de ese episodio, la impunidad sigue campeando.

Mediante un comunicado radiofónico se anunciaba que Natusch Busch arrebataba el poder al presidente interino Walter Guevara Arze, en lo que luego se recordaría como la “Masacre de Todos Santos”. El militar se alió al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en una arremetida que le costaría al país cerca de un centenar de muertos y desaparecidos, y al menos 500 heridos de bala.

“Por el golpe de Natusch Busch no se hizo nada, es uno de los más impunes (de la historia). Fue sorpresivo y violento en exceso, ese domingo en una incipiente feria en El Alto ametrallaron a personas y los ciudadanos que trataron de resistirse con barricadas fueron asesinados, fue un mecanismo para archivar el juicio de responsabilidades que se seguía a (Hugo) Banzer”, recuerda Nila Heredia, víctima de la dictadura y presidenta de la Comisión de la Verdad.

“Ningún militar, civil o mercenario fue juzgado (por la masacre de Todos Santos), siendo una deuda moral que se debe honrar por los cientos de heridos, muertos, minusválidos y huérfanos que dejaron Natusch y sus cómplices del MNR”, afirmó hace unos años a La Razón el antropólogo Édgar Arandia.

Él vivió en carne propia los horrores de la dictadura de Natusch Busch, que se aseguró tener el control desde el aire. El Ejército no dudó en movilizar sus aviones para disparar contra barricadas ciudadanas que se resistían a que la democracia les sea arrebatada. 

El militar había sido ministro de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de Banzer, entre 1974 y  1978. También fungió como presidente del Banco Agrícola.

El cruento episodio estalló justo cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) cerraba una asamblea histórica en la ciudad de La Paz, con un triunfo diplomático que puso en alto la reivindicación marítima boliviana.

El golpista decidió no dar lugar a la mínima protesta a su toma del poder, pero no pudo contenerla. La Central Obrera Boliviana (COB) organizó una huelga general indefinida y los brotes de rebeldía en centros mineros de Potosí y Oruro no tardarían en germinar.

Heredia rememora: “Fueron jornadas terribles ante una masiva protesta ciudadana y felizmente (Natusch) dejó el Palacio, pero dejó la cama tendida para que haya otro golpe militar contra (Lidia) Gueiler”, el 17 de julio de 1980, por parte del general Luis García Meza.

Documentos dan cuenta de que la corta dictadura de Natusch Busch (apenas 16 días) fue demasiado violenta e innecesaria, más que para librar de responsabilidades a Banzer, su compañero del Ejército.

Un ejército que “había perdido su razón de ser, que es garantizar la soberanía y la integridad territorial”, dice Heredia. En un análisis histórico, para la exministra de Salud, las Fuerzas Armadas incorporaron, en la década del 70, una lógica basada en que el enemigo del país no estaba fuera de las fronteras, sino dentro.

 “El enemigo eran las organizaciones populares, los partidos de izquierda, los sindicatos, porque estarían poniendo en riesgo la soberanía de Bolivia, pero lo que uno no sabe es: ¿qué entienden por soberanía?”, se cuestiona.

Finalmente, “después de chantajear con la renuncia de Guevara y la sucesión de Gueiler”, según Heredia, Natusch Busch no pudo con las presiones internacional, civil y empresarial y abandonó el Palacio por la puerta trasera. Al final, murió sin castigo, en noviembre de 1994 en Santa Cruz, a los 61 años.

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Sin extradición a la vista, se abre puertas a otro proceso a Goni en Estados Unidos

El exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) fugó un día como hoy, el 17 de octubre de 2003, acorralado por los pedidos de renuncia tras la masacre de más de medio centenar de personas.

Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a su lugarteniente, Carlos Sánchez Berzaín.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:36

La extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada se encuentra en la congeladora, una decisión que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se la cataloga una misión casi imposible. Eso sí, es más factible la apertura de un segundo proceso contra el expresidente en Estados Unidos, por el delito de asesinato culposo.

El exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) fugó un día como hoy, el 17 de octubre de 2003, acorralado por los pedidos de renuncia tras la masacre de más de medio centenar de personas (saldo que subió a más de 70 muertos en los siguientes años), en las protestas de rechazo a la propuesta para exportar gas mediante un puerto de Chile.

Escapó del país junto a su lugarteniente, el exministro Carlos Sánchez Berzaín, con destino a Estados Unidos, donde actualmente radican. Tienen cuentas pendientes con la Justicia boliviana, aunque víctimas de la llamada “guerra del gas” lograron que el empresario minero se siente en el banquillo de acusados en Florida.

Peregrinaje en la Justicia

Tras un peregrinaje judicial, y con el asesoramiento del abogado estadounidense Thomas Becker, consiguieron instalar un proceso civil por el delito de ejecuciones extrajudiciales. Solo falta que el juez defina la última apelación de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ante el fallo que ordenó una reparación de $us 10 millones.

“Formalmente nosotros ganamos el juicio, está registrado que ellos son responsables por violación de derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales. Pero todos los que pierden un caso en Estados Unidos tienen el derecho a apelar, Goni ya lo hizo, estamos en una pelea legal de apelación sobre nuestra victoria”, dijo Becker.

Se espera que el veredicto final se conozca el siguiente año. Y aparte hay la posibilidad de otro juicio. “El juez o la Corte de Apelaciones nos ofreció un caso más para otro cargo, asesinato culposo, entonces es posible que tengamos dos casos. Podemos continuar con otro para que las víctimas puedan ganar dos veces”.

En territorio boliviano, Sánchez de Lozada y varios de sus ministros no pudieron ser juzgados hasta el momento, precisamente porque huyeron a otras naciones. Solo avanzó un juicio de responsabilidades con siete sentenciados, en octubre de 2011, tras 325 declaraciones testificales, 1.364 pruebas documentales y 308 periciales.

Para que el proceso corra, tuvo que desvirtuarse el mito del foco subversivo que pregonaba Sánchez Berzaín. El fallo determinó tres años de presidio en la cárcel de San Roque de Sucre para los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, por ser cómplices de genocidio, quienes se acogieron a la suspensión condicional de la pena.

Mientras que los generales Roberto Claros, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Rocabado, excomandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas; Juan Véliz, excomandante del Ejército; José Quiroga, excomandante de la Fuerza Aérea y Luis Aranda, exjefe de la Fuerza Naval, recibieron entre 10 y 15 años de condena. 

Para Becker, es una misión muy difícil que Bolivia consiga la extradición de Sánchez de Lozada, sobre todo por su edad: 91 años. Eso sí, considera que es más factible que Estados Unidos asuma esa medida contra Sánchez Berzaín, quien tiene 62 años e inclusive cometió “varias mentiras en su aplicación de asilo”. 

Por ahora, el expresidente continúa con el tira y afloja para conseguir impunidad, tanto en Estados Unidos como en Bolivia. Mientras su aliado incondicional, Sánchez Berzaín, paradójicamente dirige el Instituto Interamericano para la Democracia. A 18 años de la masacre de octubre de 2003, las víctimas y familiares continúan pidiendo justicia. 

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En 2003, Carlos Mesa juró bajo sucesión constitucional

El 17 de octubre, la masacre supuso la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:32

En 2003, Carlos Mesa esperó fuera del gobierno la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y, al consumarse el hecho, sucedió al presidente dimisionario en una sesión extraordinaria en el entonces Congreso Nacional, con todos los protocolos de ley.

El lunes 13 de octubre, el entonces vicepresidente renunció al gobierno, no así a sus funciones, indignado por la indolencia del mandatario respecto de la crisis que ese mes había tenido su desenlace en la muerte de unas 69 personas por la represión policial y militar desatada en las protestas que pretendían impedir la exportación de gas natural licuado a través de puertos chilenos.

Según cuenta en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018), sobre su experiencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el suyo (2003-2005), Mesa no había logrado convencer al presidente sobre la atención de las demandas sociales que habían, entre ellas una consulta popular sobre el gas. “Si haces esto, podrás suavizar el tema de la Constituyente y decir que estás dispuesto a considerar la posibilidad”, recuerda lo dicho.

Era el domingo previo, en la casa presidencial de San Jorge. Ahí deslizó la premonición fatal sobre la crisis, ante el carácter testarudo y manipulador de Sánchez de Lozada, como lo describe.

“Los muertos te van a enterrar”, cuenta que le espetó al mandatario, con quien ya tuvo serias diferencias cuando en febrero de ese año el gobierno intentó imponer un impuesto al salario, que desató una grave crisis, un motín policial y el enfrentamiento entre policías y militares, cuyo saldo fue 27 fallecidos, sedes partidarias y oficinas del Estado, como la Vicepresidencia, quemadas.

Cuenta Mesa que entre ese lunes 13 y el mismo día de su asunción, el 17 de octubre, se guareció en su residencia privada, acompañado en algunas ocasiones por sus colaboradores leales, entre ellos José Galindo, Lupe Cajías, Oswaldo Candia y Patricia Flores, quienes, al llegar a la Presidencia, fueron parte de su gabinete.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo”, relata en el libro.

La renuncia de Mesa al gobierno fue entonces motivo de debate y críticas. En medio de estos episodios, recuerda que el periodista Andrés Rojas lo entrevistó la mañana previa a la renuncia de Sánchez de Lozada: ¿Tiene usted el valor de asumir las muertes de las que es responsable este gobierno del que ha formado parte?

Dice que la pregunta lo enfureció. Por eso en una conferencia de prensa posterior quiso poner las cosas claras, aunque sus palabras despertaron más suspicacia, porque no se sospechaba que el de la pregunta era un periodista.

“Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, dijo en la rueda de prensa, en la que ratificó que no volvería al gobierno en esa situación.

Es día había 41 piquetes de huelga que pedían la renuncia del presidente y miles de personas habían llenado la plaza San Francisco contra el gobierno y la violencia estatal, como describió en su edición del domingo 17 de octubre La Razón: Una masiva marcha le dice a Goni “ya es tarde”.

Y era tarde. La mañana del 17, Mesa comenzó a tener visitas oficiales, locales e internacionales, y cuenta que a las 18.00 recibió la visita de los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien, quienes le dijeron que esperaban la renuncia de Sánchez de Lozada. A las 19.00 se cuadraron ante él los jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Entre las 17.25 y las 22.30 de ese día, nadie gobernó Bolivia. Sánchez de Lozada renunció ante el Congreso Nacional antes de emprender su huida a Estados Unidos. Cuenta Mesa que mientras el avión decolaba, a las 22.45, él pronunciaba su discurso de posesión ante diputados y senadores. Era presidente por sucesión.

“Le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia”, le reclamó en octubre de 2019 el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar.

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Noviembre 2019: Inventario de una transición de gobierno irregular y represiva

En síntesis, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y la propia Jeanine Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo, para derrocar a Evo Morales.

Foto: ABI

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:29

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por continuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Militares en la masacre de Sacaba, en noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales las que produjeron una suma de acciones táctico-estratégicas —civiles, militares y policiales— de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre. Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

El momento de la posesión de Jeanine Áñez. Foto: Oscar Ortiz.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Óscar Ortiz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El exmandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso “pitita” le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza Luis Vásquez Villamor, que inventó el ipso facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para reemplazar al general Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. De los tres, quien controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortiz, que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la zona Sur de La Paz con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortiz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde, desde Trinidad, que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejándose bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el tribunal electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, gritó “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica (Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter hace siete días que “La Razón publica un artículo (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían éstas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica ‘golpista’ sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla —armonía ideológica—. que entre otras actividades dio lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 —“a mí me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—, es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quien lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del coronavirus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de Bs 500 que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a extrabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a 10 veces más que lo señalado por sus precios reales.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.
Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del exministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, zona Sur, donde se encontraban refugiados expersoneros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el protagonizado por Róger Revuelta, de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido condenado a 12 años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es ésta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, La Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes —paraestatales— de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido, en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: la primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñez se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

Carlos Mesa, el protagonista del discurso del «fraude monumental» que derivó en el asedio y vandalismo contra los tribunales electorales.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la expresidenta deberá estar consciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del que se produjera en 1978 con la candidatura del general Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparecieron 50.000 votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quien en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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El pulpo Garáfulic y su herencia en P7

EMPRESARIOS. Raúl Garáfulic Gutiérrez (centro) y Raúl Garáfulic Lehm (derecha).

/ 22 de agosto de 2021 / 01:50

Dice Wálter Chávez en su artículo El Plan Cóndor del periodismo (El juguete rabioso, 21 de enero de 2001) que Raúl Garáfulic Gutiérrez proyecta una imagen de “individuo bajo sospecha” y que sus antiguas amistades “cimentaron las bases de esa fortuna que empieza a surgir a partir de su participación —como parte de un grupo civil armado— en el golpe de Hugo Banzer Suárez en 1971”. Para decirlo más sencillamente, el que sería llamado con los años Don Raúl, habría sido integrante de un grupo paramilitar que contribuyó a la caída del gobierno del general Juan José Torres Gonzales y a la llegada del entonces coronel Banzer a la presidencia respaldado por las Fuerzas Armadas, el MNR de Paz Estenssoro y la Falange de Gutiérrez Gutiérrez.

Garáfulic fue el gerente de Canal 7 Televisión Boliviana en los inicios del septenio dictatorial y a partir de entonces emprendería una carrera repleta de leyendas urbanas voceadas por sus admiradores y sus enemigos. Trece años más tarde (1984), durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), presidido en la reinaugurada democracia boliviana por Hernán Siles Zuazo, el que iniciara su carrera empresarial en actividades mineras decidió fundar el 20 de octubre, junto a Rolando Chiappe, Paceña de Televisión, casi al mismo tiempo en que Ivo Kuljis inauguraba en Santa Cruz de la Sierra, canal 13, y Carlos Cardona en La Paz iniciaba tareas con Telesistema Boliviano.

De esta manera llegaba la televisión privada al país en momentos en que el cuasi monopolio lo detentaba el canal estatal, secundado por algunas estaciones de propiedad de universidades públicas, y lo hacía en calidad pirata, puesto que no existía en ese momento marco legal que validara su existencia en el espectro público. A la cabeza de Garáfulic, la naciente televisión comercial se metía a la fuerza en la vida del país, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de un gobierno que se caía a pedazos y que a pesar de las voces impugnadoras del atropello empresarial terminaría imponiéndose para quedarse. La amistad con Banzer le permitió a Garáfulic formar parte del gobierno MIR-ADN en el que se cruzaron una y otra vez los llamados ríos de sangre —extorturadores y extorturados formando alianza política—, en calidad de embajador ante el Reino de España, condición diplomática que le facilitó un gran acercamiento con Prisa, grupo con el que entablaría sociedad para intentar la consolidación de un monopolio mediático conformado por los diarios La Razón, Extra, El Día y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB), nuevo nombre de la televisora que propendería a convertirse en red nacional de televisión dejando atrás la inicial Paceña de Televisión, propiedad de Illimani de Comunicaciones.

POLÍTICA. Raúl Garáfulic saluda a Jorge Quiroga, ambos fueron amigos y asesores de Hugo Banzer, en su dictadura y en su versión democrática. FOTO.angel illanes-archivo

Don Raúl iba creciendo con su amigo, el general Banzer, convertido a la democracia, gozando de la confianza del presidente Jaime Paz Zamora y tratándose de tú a tú con Jesús de Polanco, principal accionista del grupo Prisa, propietario del diario El País, la cadena de radio SER, Editorial Santillana, y Alfaguara. Polanco provenía de una familia de militares ligados a la falange española y al franquismo, lo que probablemente facilitaba las cosas en términos de sintonía ideológica, considerando que el embajador en Madrid había nacido a la vida pública boliviana directamente vinculado a un golpe militar.

MARCA. Garáfulic, secundado por sus hijos Raúl y Dieter, armó una estructura de medios que en términos televisivos tenía como principal soporte el perfeccionamiento de la calidad de la señal y una estrategia competitiva por la captura de las audiencias. Supo manejar como idea-fuerza principal que habían llegado para ser los primeros en las preferencias ciudadanas y aunque en varios momentos no lo lograran, se las arreglaron siempre para trabajar con gran eficacia persuasiva en sentido de que los medios con su marca eran los más importantes e influyentes, y en la medida en que estas percepciones fueron penetrando en el imaginario urbano del país, se podía percibir cuán poderosos se sentían “los garas”, quienes manejaron la lógica del ser y el parecer con persistente disciplina, lo que permitió que Don Raúl ya sintiera que podía desbordar sus medios de comunicación para mostrar todos los tentáculos que era capaz de mover y así trascender el plan multimedia hacia otros negocios, hasta que llegó el día en que el Extra, su diario popular de crónica roja, dirigido por Jaime Iturri Salmón, decidió publicar un incidente familiar del entonces ministro de Gobierno, Wálter Guiteras (gobierno democrático de Banzer, enero de 2001), en el que se habrían producido hechos de violencia que involucraban a su esposa e hija.

Guiteras, el poderoso ministro y senador por el departamento del Beni, se vio obligado a dimitir del cargo, lo que generó un procesamiento a Iturri bajo la Ley de Imprenta que finalmente quedó en nada por la extemporaneidad con que fue presentada la demanda. Nunca se llegó a confirmar la veracidad de la denuncia del Extra, y lo que quedó de la refriega fue una pelea encarnizada que condujo al depuesto ministro a presentar ante una comisión especial pluripartidaria en el Parlamento nacional, 11 grupos de delitos con el título El historial delictivo de Garáfulic (Revelaciones de Guiteras: Garáfulic espió para dictadura de García Meza, Agencia de Noticias Fides ANF, 30 de enero de 2001, firmado por NVS).

La extensa nota de ANF refiere con detalle el documento con acusaciones de Guiteras contra Garáfulic: Espionaje a favor de García Meza. “Invento” de escucha y espionaje en ATB y La Razón (“hizo un Watergate criollo absurdo y falaz”, declaró Guiteras). Defraudación de impuestos municipales. Compra de vehículos robados en Brasil para luego ser comercializados en Bolivia. Provisión de electricidad al departamento del Beni pretendiendo obviar el procedimiento de adjudicación. Intento de interrupción de un proceso de contratación para favorecer su propuesta en el proyecto de electrificación de provincias de Cochabamba. Contrabando a través de la zona franca de Cobija. Intento de venta de un avión privado (Taxi Aéreo Echalar) al propio ministro Guiteras que cuando éste rechazó la propuesta, “Raúl Garáfulic Gutiérrez comenzó a pensar con saña el golpe que habrá de darme para cuestionar mi credibilidad y honor, como más tarde hizo con sus medios de prensa, contra todo vestigio de verdad, reveló Guiteras.” Venta falsificada de la mina Amayapampa. Compra fraudulenta de la Hilandería Santa Cruz. Evasión de impuestos nacionales (nota de cargo por el no pago de impuestos por $us 1 millón de la empresa Telebingo de la cual Garafulic poseía el 97% de las acciones).

Solo para utilizar como ejemplo nada más que una de las acusaciones de Guiteras, según informes periodísticos de la época, la Hilandería Santa Cruz estaba valuada en $us 70 millones. Garáfulic la adquirió solo en $us 4 millones, en tiempos en que ya se había convertido en accionista y administrador de los fondos de pensiones y se quitó de encima a Tito Asbún, empresario cochabambino con el que en principio se asoció en busca de las acciones de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que más tarde quedaría desmantelada y quebrada con la intervención de la brasileña VASP de propiedad de Wagner Canhedo. Eran tiempos de privatización y capitalización.

El 19 de marzo de 2003, Raúl Garáfulic (h) presentó en defensa de su padre una denuncia “por los ataques de Wálter Guiteras” ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que pidió que envíe una comisión especial a Bolivia para investigar estos hechos e impedir que la “inmunidad parlamentaria de un senador siga siendo arma de impunidad para atacar, por venganza, la credibilidad de los medios de comunicación y la libertad de información en Bolivia”, dice la nota de ANF. Garáfulic terminó enjuiciando a Guiteras por calumnias, daños y perjuicios.

Como tantas veces ha sucedido en nuestra historia contemporánea, las denuncias, acusaciones y contraacusaciones de guerras como la de Garáfulic-Guiteras quedaron en suspenso y de manera definitiva el 21 de noviembre de 2003 cuando en inmediaciones de la estancia Caño Negro, situada entre San Ramón y Magdalena, departamento del Beni, a 192 kilómetros de su capital Trinidad, la avioneta Cessna 332 Bimotor CP 1958 se accidentó, lo que provocó la muerte de Raúl Garáfulic Gutiérrez y la del piloto Miguel Díez de Medina. El pulpo de los medios de comunicación en Bolivia moría dos años y 10 meses después de que se desatara una confrontación entre dos figuras públicas que tenían en común su cercanía y nexos con el general Banzer.

RIVALES. El exministro Wálter Guiteras y Rául Garáfulic Gutiérrez, enemigos acérrimos al comienzo de siglo. FOTO.La Razón-Archivo

Sin embargo, los principales problemas del grupo Garáfulic no pasaban por una pelea con un exministro herido que la emprendió con toda la artillería posible para mostrar a Don Raúl como un inescrupuloso y voraz hombre de negocios que cuatro meses antes de encontrarse con la muerte, tomaba conocimiento que el grupo Prisa con el que había entablado sociedad, publicaba en su diario especializado en economía, Cinco Días (17 de julio de 2003), que Prisa reorientará sus negocios en Bolivia tras romper con Garáfulic: “El grupo Prisa tiene intención de reorientar sus inversiones en Bolivia una vez se resuelvan favorablemente los contenciosos que mantiene con el grupo Garáfulic acerca del principal consorcio de comunicación de ese país. En una subasta notarial celebrada ayer en Madrid, el grupo Garáfulic perdió la propiedad de su participación en el principal periódico de Bolivia, el diario La Razón (…) Las inversiones de Prisa en Bolivia comenzaron en 2000, cuando se tomaron participaciones en las sociedades propietarias de una serie de medios de prensa (el principal de los cuales es La Razón), una cadena de televisión (ATB) y un portal de Internet. La inversión ascendió a 10 millones de dólares, de los que tres millones se abonaron a la familia Garáfulic y otros siete a las compañías en concepto de aportación de capital (…) Garáfulic garantizó a Prisa una rentabilidad mínima anual del 10% de su inversión y reconoció un derecho de salida consistente en la obligación de Garáfulic de comprar las acciones de Prisa por un precio no inferior a la inversión más los intereses.”

PRISA. El mismo 17 de julio de 2003, el diario El País informaba que el grupo Prisa asumía el control de tres diarios en Bolivia: “La medida fue adoptada después de que el grupo Garáfulic incumpliera sus obligaciones, por un total de 11 millones de dólares, ante el Banco de Sabadell, y cuyo garante era PRISA, según fuentes de dicho grupo. Prisa espera el resultado de las acciones judiciales entabladas contra Garáfulic ante la Justicia boliviana, que examina una demanda de estafa por desvío de dos millones y medio de dólares, y ante la justicia francesa.”

Dos años más tarde, el mismo Cinco Días de El País (5 de mayo de 2005) publicaba La boliviana Garáfulic condenada a pagar más de 20 millones (de euros) a Prisa: “La Corte Internacional de Arbitraje ha dado la razón a Prisa, grupo editor de Cinco Días, en el proceso abierto en Bolivia contra Garáfulic. El tribunal de la Cámara Internacional de Comercio notificó al grupo de comunicación el laudo definitivo que resuelve el procedimiento y que obliga a la compañía boliviana a pagar más de 20 millones de euros (…) El tribunal arbitral condena, de forma solidaria e indivisible, a Atlantis Investments Group, Edwin Dieter Garáfulic Lehm, Wálter Raúl Garáfulic Lehm y a los herederos de Raúl Garáfulic Gutiérrez (conjuntamente designados como grupo Garáfulic) a pagar a Prisa, en el plazo de treinta días, 25.011.758 de dólares (19,3 millones de euros), más intereses, para adquirir la totalidad de las acciones de las que Prisa es titular en las sociedades bolivianas constituidas por ambos grupos (…) Prisa suscribió en el año 2000 un acuerdo con Garáfulic para desarrollar conjuntamente actividades en Bolivia en prensa, radio, televisión e internet, así como para capitalizar las empresas conjuntas. Pese al acuerdo alcanzado, la capitalización de créditos por 1,8 millones de dólares, prevista en diciembre de 2002, no se pudo llevar a efecto. A ello se sumaron otros desacuerdos, que llevaron a una situación de bloqueo en la toma de decisiones. Ante esta situación, Prisa requirió al grupo boliviano que adquiriera las acciones de las sociedades conjuntas, a lo que no obtuvo respuesta. Prisa interpuso entonces una demanda arbitral para exigir el cumplimiento de esa obligación.”

De esta manera, Garáfulic padre e hijos quedaban afuera de la estructura propietaria de La Razón, Extra, El Día y ATB. Cinco años después Raúl (h) decidió comenzar de cero. Pero es bien sabido que nada nace de la nada y que P7 es el resultado de una herencia ideológica y empresarial con la que el hijo pretendería honrar la memoria del padre, iniciando una nueva aventura ya sin las pretensiones de monopolizaciones, cuando habían transcurrido cuatro años de la llegada de Evo Morales a la presidencia y cuando Bolivia había pasado de República a Estado Plurinacional.

HEREDERO. Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio del diario Página Siete.

‘RAULI’. A lo largo de su vida empresarial y política, Don Raúl confiaba a sus más cercanos el hondo convencimiento de que su hijo mayor, bautizado con el mismo nombre, tenía perfil para llegar a ser Presidente de Bolivia. Alumno del colegio San Ignacio (entonces San Calixto de Següencoma), Rauli era el prototipo del atleta ganador. En los juegos estudiantiles representaba al colegio en los 100 metros planos, y en los saltos largo y alto con bastante éxito, y se tomó tan en serio su carrera como deportista que cuando era llamado por los profesores a pasar al frente del aula para exponer cualquier tema, éste que se sentaba en las últimas filas, se erguía para caminar aparatoso y saltar hacia la pizarra con movimientos que denunciaban una seguridad poco frecuente en un chico de su edad. Tenía en su cabeza que era un velocista a tiempo completo.

Rauli era además arquero del equipo principal de su curso (Chaco Petrolero), que en los horarios de recreo alquilaba a sus compañeros esos autitos en miniatura de marca Dinky Toys y Matchbox para armar carreras de autos que se hacían en unos redondeles de cemento que rodeaban los gigantescos árboles del colegio de la Compañía de Jesús: Todo un hombre de negocios precoz. Esas carreras de autos olían a una especie de Alasitas jailona en la que participaban una decena de compañeros organizados por “el Garáfulic” (era muy frecuente nombrarse por el apellido) que invitaba a unas inolvidables fiestas de cumpleaños en su casa de la avenida Ballivián casi esquina calle 8 y luego en la plaza de la calle 15, las dos ubicadas en Calacoto, zona Sur de La Paz.

A 11 años de la existencia de P7 no puede haber dudas acerca del cariño infinito que Don Raúl profesaba por su hijo Rauli. Lo creía presidenciable, pero su recorrido como cabeza del directorio del diario que fundó acompañado de Raúl Peñaranda Undurraga ha sido marcado por una ostensible falta de calidad periodística, su tendencia a equivocarse muy seguido y a tener que rectificar continuamente (Peñaranda tuvo que renunciar a la dirección del diario en 2013, ver ¿Control remoto o persecución de un operador paraestatal? LA RAZÓN, 15 de agosto de 2021). El problema de fondo del diario en cuestión y de su principal accionista es que la Bolivia de la dictadura banzerista, la de la democracia pactada, la privatización y la capitalización es la vieja nación superada con la llegada al gobierno y al poder del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) con su brazo electoral (Movimiento Al Socialismo, MAS). Un medio de comunicación que se pretenda pluralista y debidamente instalado en el siglo XXI no puede funcionar de espaldas a la historia de los movimientos sociales, las luchas sindicales, campesinas, e indígenas. Cualquier diario tiene el derecho a ser muy reaccionario, pero si no asimila ciertas lecciones de historia, está condenado a no comprender el país, y como consecuencia a no saber explicarlo, por lo que la proclividad a los errores de apreciación con base en la manipulación de los hechos, se convirtieron en moneda corriente. Suficiente con el siguiente ejemplo: Senkata y Sacaba pesan sobre Áñez, Vila Vila y Playa Verde sobre Morales (P7, 18 de agosto de 2021). Por estos días, el diario presidido por Rauli hace los más grandes esfuerzos por tratar de rebatir que en noviembre de 2019 se produjo una sucesión inconstitucional.

Rauli se empleó a fondo para que en las elecciones presidenciales de 2020, Carlos Mesa alcanzara al primer lugar del podio. En ese afán, informaciones no confirmadas dicen que llegó a recaudar de sus amigos empresarios, $us 406.000 para la realización de encuestas. A tal punto llegó su convencimiento que su amigo Jorge Tuto Quiroga, a través de una carta, fue señalado por haber iniciado una “campaña de desprestigio contra P7”. En la carta fechada el 18 de agosto, se puede leer el siguiente reproche: “Su partido insinúa que la presentación de la encuesta de Página Siete es una manipulación para favorecer a Carlos Mesa por el solo hecho de que va segundo, cerca de Arce, sin ninguna otra prueba que la calumnia misma. Le recuerdo que todas las encuestas del país posicionan a Mesa en segundo lugar (…) Sepa Ud. que vengo realizando presentaciones de encuestas durante los últimos ocho años a prestigiosas instituciones, como el cuerpo diplomático, directorios y grupos de ejecutivos de las principales empresas del país, cámaras sectoriales, las principales transnacionales que operan en Bolivia y también a integrantes de los principales partidos políticos, como Juntos, CC e incluso el MAS…”

Foto. Oswaldo Aguirre

ENCUESTA. Pues bien, Tuto terminó bajándose de la carrera electoral y Rauli ha tenido que cerrar un importante ciclo como encuestador debido a que el 17 de agosto (un día antes de la carta enviada a Tuto Quiroga), es decir, dos meses antes de la realización de los comicios, P7 abrió su edición titulando MAS y CC empatan con 27%, Creemos es tercero con 14%. Mientras tanto, ya sabíamos con información recibida desde Buenos Aires, que según otras encuestas el binomio Arce-Choquehuanca ya tenía un 52% de las preferencias y que ganaría las elecciones en primera vuelta. En otras palabras, Rauli se enemistó en vano con Tuto, ya que los resultados de sus forzados estudios de opinión, además de ser escandalosamente equivocados, se constituyeron en el peor mapa posible durante el último tramo de la estrategia de campaña de la candidatura de Mesa.

Gran parte de la trayectoria de Rauli Garáfulic queda completada con el recuerdo de que el 16 de mayo de 2018 (diario Opinión de Cochabamba), Wálter Guiteras reapareció en el escenario público para informar que acusaría al propietario de P7 por difamación y calumnia al haber sido acusado de formar parte de una red de narcotráfico: “Aseguró que esa acusación pública ‘es una venganza’, porque el padre de Raúl Garáfulic, del mismo nombre, hace 17 años pretendió valerse de la presión de La Razón y de ATB, para obtener favores sin cumplir los procedimientos (…) Citó el proyecto de electrificación Beni, compra del Lloyd Aéreo Boliviano, minas Amayapampa y Capasirca, en los que Garáfulic pretendía beneficios de manera excepcional (…) ‘Actividades que no son mi forma de ser y que al parecer quedaron en el recuerdo del hijo de Garáfulic, que hoy trata de cobrar una especie de venganza’”, agregó.

Por segunda vez en casi dos décadas, la pelea Garáfulic-Guiteras terminaba en nada. El exsenador beniano, oriundo de San Borja, falleció el 18 de agosto de 2020 por coronavirus y enfermedades de base. Lo cierto es que en los años 20 del siglo XXI, la palabra “golpe” ha dado lugar a un atragantamiento en varios herederos del banzerismo. Está claro que en 1971, Don Raúl fue parte de la asonada civil militar que llevó al poder por siete años al General. Rauli, su principal heredero, no soporta la idea de que se asocie a su diario con el derrocamiento de Evo Morales en 2019, también a cargo de un grupo civil militar que violentó el Estado de derecho. Probablemente será una cruz con la que deberá cargar hasta el fin de sus días.

LA RAZÓN publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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Medios y política: ¿Control remoto o persecución de un operador paraestatal?

Raúl Peñaranda desmiente con su conducta la existencia de un periodismo independiente y su libro está plagado de suposiciones, conjeturas y algunos delirios de algo que nunca sucedió: El establecimiento de un aparato de medios alineado al oficialismo masista.

Raúl Peñaranda jura como delegado del alcalde de La Paz, Iván Arias, exministro de Jeanine Áñez. Foto: AMN

/ 15 de agosto de 2021 / 00:25

En una edición de verano de la revista de la Universidad de Harvard para América Latina (2011), Raúl Peñaranda Undurraga (RPU) intenta explicar las Razones por las que se creó un nuevo diario en Bolivia. Bobinas, rotativa y iPad, a propósito de la apertura de Página Siete. Con el entusiasmo característico de un principiante, se manifiesta ilusionado por dotar a sus potenciales lectores de tabletas digitales (iPads) como nueva manera de ofrecer contenidos periodísticos. El plan contemplaba la venta anual de 10.000 unidades. A 10 años de esta expresión de deseos, indagamos sobre qué habría sucedido con este objetivo y llegamos a la conclusión de que la idea quedó en intención. Es decir, Página Siete, como todos los diarios de la actualidad, puede leerse en sus ediciones impresas o en sus ediciones digitales. No encontramos hasta ahora los iPads que proyectaba Peñaranda para el diario que con el transcurrir de los años se convertiría en uno de los más acérrimos opositores a los gobiernos de Evo Morales.

Lo que sí existe es información acerca de que ahora es delegado del alcalde de La Paz, Iván Arias, exministro de Obras Públicas del gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, refugio a través del cual decidió huir para adelante suspendiendo sus tareas como operador mediático monitoreado por sus auspiciadores del norte imperial. RPU figura en un “mapa de poder” (Sputnik, El extremo sur de la Patagonia, y otros sitios web, 4 de diciembre de 2019) elaborado por los investigadores Silvina Romano, Tamara Lajtman, Arantxa Tirado y Anibal García, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que está referido a quién es quién en la estructura que facilitó la instalación del régimen de facto presidido por Jeanine Áñez. Publicado en distintos portales, RPU aparece vinculado en la misma infografía a Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Jhanisse Vaca (Ríos de pie) y hasta al general Williams Kaliman; a Interamerican Dialogue, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), organización de los empresarios de medios impresos de Bolivia; a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y, por supuesto, que a Página Siete.

La investigadora Silvina Romano, entrevistada por Sputnik (5 de diciembre de 2019), se refiere a estas ligazones que caracterizan a los actores entre los que figura RPU: «Este mapa de poder del golpe en Bolivia muestra la vinculación entre instituciones locales, regionales, transnacionales y trayectorias personales. Es un trabajo del tipo sociológico y ayuda en este caso a comprender un mínimo porcentaje, una partecita de cómo operan estas instituciones vinculadas a las derechas a nivel local y transnacional cuando no están de acuerdo en la deriva política y económica de un Gobierno». Romano es especialista en el análisis de este tipo de golpes, continúa Sputnik. Cabe recordar que el primero en la historia fue el que derrocó a Jacobo Árbenz de la Presidencia de Guatemala en 1954. «Cuando hablamos del poder, hablamos de la toma de decisión para convencer en el plano ideológico y favorecer su reproducción, al financiarla en términos materiales», afirma. El mapa se construyó siguiendo los esquemas de financiamiento a partir de dos instancias gubernamentales de Estados Unidos como la Agencia para el Desarrollo Internacional, que a su vez, financia a la Fundación Nacional para la Democracia, un órgano vinculado desde su creación en la década de 1980 a la financiación de contrainsurgencia y que aparece ahora detrás de organismos claves en la promoción del golpe contra Evo Morales”, según la investigación.

Este contexto informativo permite apuntar que este operador mediático ha utilizado durante la última década una cortina de humo para justificar la existencia de un supuesto periodismo independiente del que él formaría parte. RPU está vinculado al Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI) —fue su director, luego de renunciar a la dirección de Página Siete— del que forma parte la empresarial Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, financiada por la NED (en castellano Fundación Nacional para la Democracia) y que se caracteriza por promover acciones enmarcadas en una concepción liberal de la democracia desde los Estados Unidos y efectúa tareas de inducción e instalación de matrices de opinión contra gobiernos progresistas a los que considera “autoritarios y populistas”. Digamos que lo suyo es injerencia en asuntos internos de países en manos de gobernantes revoltosos y desobedientes.

FALACIA

Ya tenemos que RPU usa el membrete de independiente. Y sobre esa falacia ha querido sostenerse durante estos tiempos de “proceso de cambio” y la emergencia del Estado Plurinacional de Bolivia pretendiendo demostrar la existencia de una supuesta “red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente” en un libro titulado Control remoto, que sería más apropiado renombrar como “Persecución de un operador mediático”.

A través de Control remoto (abril, 2014), RPU quiere convencer a un público desprevenido y desinformado, acerca de “la conformación de una red paraestatal”, cuando en realidad su pretendida investigación está orientada a ejercitar una sañuda persecución contra medios como el diario La Razón por ejemplo, al que le dedica todo un capítulo tomándose la libertad de señalar qué es y no es correcto acerca del rol de los medios de comunicación en la vida pública de las sociedades. Con este propósito, el autor dice que Evo Morales y Álvaro García Linera serían unos desagradecidos porque en su momento se habrían valido de los medios para alcanzar notoriedad en su posicionamiento político. Redacta un capítulo de autoalabanza con respecto de la existencia del diario Página Siete y termina acusando al gobierno de Morales de acosar al “diario independiente” que alguna vez soñó con regalarles tabletas digitales a sus lectores.

Sobre la red que supuestamente habría creado el gobierno de Morales tampoco se encuentran pruebas que permitan comprobar que efectivamente los sindicados por RPU alcanzaron niveles de coordinación editorial, informativa y de opinión. La premisa de partida resulta errónea y fácilmente refutable, aunque Morales hubiera deseado que efectivamente sucediera como afirma RPU, esto es, medios afines tachados de paraestatales con privilegios para acceder al pedazo más grande de la apetecida torta publicitaria gubernamental que a Página Siete le va resultando esquiva desde su fundación, en la medida en que juega un abierto papel opositor y desestabilizador, con ingredientes de manipulación informativa, en el entendido de que el gobierno masista amenaza la libertad de expresión, persigue periodistas y conculca el derecho a informar y a opinar sin ataduras.

Con solo examinar el registro de ataques, insultos, descalificaciones y frases discriminatorias y racistas, tal como lo demostramos en esta misma serie con el artículo Evo Morales y el aparato mediático antimasista (27 de julio de 2021), resultará sencillo comprobar que no ha habido en la historia de nuestro país, presidente más maltratado por quienes, precisamente como RPU, reniegan por una supuesta persecución y acallamiento a periodistas y medios. Todo ello en el marco del uso ilimitado de la libertad o el libertinaje de opinión, según se vea desde la esquina que convenga a cada quién.

Seis años más tarde de su fallida investigación, RPU insiste. Pregunta en uno de sus artículos firmados en Página Siete, ¿Dónde se fueron las utilidades de La Razón? (30 de julio de 2020), y asume de manera abierta e indisimulable el rol de fiscal anticorrupción o de autoridad financiera porque el 22 de septiembre de 2020, juega su credibilidad firmando que “Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado (UIF), al que tuvo acceso Brújula Digital (dirigido por RPU), establece que el Gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares, a través del programa Evo Cumple de los cuales 4,5 millones de dólares fueron transferidos a las cuentas del grupo Prisa en España por medio de la empresa Flaba Trading, de propiedad de Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón-Extra, según el informe de la UIF (…) Otros 10,02 millones de dólares fueron a parar a las cuentas de Jordán Silva Tugues en Estados Unidos, asistente del empresario venezolano Carlos Gill, para la adquisición de la televisora ATB. Para ello, se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado (Flaba Trading y Estrategias Energéticas) (…) Las acciones de La Razón-Extra terminaron en manos de Carlos Gill, y las de ATB en las de Marcelo Hurtado; este último fue gerente general de esa empresa durante una década, hasta que cayó detenido en enero pasado, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado, luego, fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía, que sigue la investigación, canal que el Gobierno anterior adquirió mediante extorsión, según denunció su dueño anterior, Abdallah Daher”.

La transcripción textual de la nota que firma RPU evidencia dos cosas: La primera es que sus relaciones con el gobierno de Jeanine Áñez eran óptimas, haciendo notar que gozaba de un especial afecto para recibir información exclusiva, y que lo constituye en un auténtico operador mediático paraestatal. El segundo aspecto es que publicar información de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), tal como lo hizo Brújula Digital en este caso, implica una vulneración de la normativa, ya que ésta se rige por especificaciones de reserva y confidencialidad. De esta manera la persecución mediática del renunciado director de Página Siete y en ese momento responsable editor de Brújula Digital, se fusiona con una persecución financiera sin bases sólidas, tal como refuta La Razón en su edición del 28 de septiembre de 2020, que publica una extensa explicación con el título de Es totalmente falso que La Razón y Extra se hayan comprado con dinero del programa ‘Evo cumple’ y que  termina aplastando las fantasías de este operador que en el gobierno de transición siente poder ilimitado, creyendo que por fin está en condiciones de demostrar todo lo que no pudo en su fallido Control remoto. El persecutor no volvió a referirse al tema a partir de entonces. Su silencio resulta elocuente: El informe que utilizó no tiene asidero, lo que pone en evidencia que la UIF durante el gobierno de Áñez fue otro brazo de persecución y criminalización de las administraciones de Evo Morales y de quienes antojadizamante consideraba sus afines, complementada en este caso por persecución mediática.  

Con todo lo hasta aquí expuesto, ya no hay dudas acerca de que RPU desmiente con su conducta la existencia de un periodismo independiente, pero que además tampoco asume con seriedad sus tareas investigativas, ya que su libro está plagado de suposiciones, conjeturas y algunos delirios de algo que nunca sucedió: El establecimiento de un aparato de medios alineado al oficialismo masista. Las presuntas afinidades entre los medios nombrados jamás se materializaron en acciones corporativas y empresariales coordinadas. A sus rebatidas afirmaciones hay que agregar que los artículos de opinión de RPU contienen lecturas sobre el acontecer político boliviano plagadas de predicciones erróneas. La prueba más evidente de ello es una nota que lleva el título de Mesa y Áñez deben pactar para que el MAS de Evo Morales no vuelva el poder, que todavía puede leerse en el New York Times (17 de julio de 2020), pero ya no en Página Siete, que eliminó el texto de su archivo. El párrafo principal del artículo dice lo siguiente: “Después de haber sido pospuestas las elecciones dos veces ya este año debido a la pandemia, el país avanza hacia una situación similar a la ocurrida en la campaña electoral de 2019. Arce (candidato presidencial del MAS) marcha primero, escoltado por el expresidente Carlos Mesa (Áñez, afectada por la crisis sanitaria y escándalos de corrupción, está tercera). Arce podría incluso ganar en primera vuelta si logra 40% de apoyo y 10 puntos de diferencia con el segundo. Si Mesa no logra ocupar un claro segundo lugar, eso es posible y por ello necesita algún tipo de acuerdo con Áñez. Se cree que si pasa a una segunda vuelta vencería los comicios en esa fase”.

Hay un frondoso archivo sobre los enfoques periodísticos de RPU. Sobre su apología a una persona sentenciada por feminicidio por ejemplo (1) o sobre su gelatinosa argumentación acerca de ese ilusorio periodismo independiente con el que en realidad quiere esconder operaciones político mediáticas encubiertas. El párrafo arriba transcrito nos conduce a las siguientes preguntas. ¿Un pacto para que el MAS no consiga un nuevo triunfo electoral pasaba por unir a la presidenta-candidata, que al final no fue candidata, con el que supuestamente se le podía ganar en segunda vuelta y terminó triturado con un 27% de diferencia? A estas alturas, no puede haber dudas acerca de la sobreestimación de los investigadores del CELAG acerca del “mapa de poder” boliviano durante el gobierno de facto, en el que por supuesto no hay evaluaciones sobre los desempeños posteriores de sus actores, por lo menos en lo que respecta a RPU. Con lectores de la realidad política y social de esta catadura, la dilapidación y el fracaso de la transición gubernamental, funcional a la rearticulación del MAS, estaban garantizados.

Hay que respetar la libertad de RPU para pensar y  tomar la posición ideológica y profesional que le parezca conveniente. Lo cuestionable es que quiera pasar por neutral y pretenda hacerle creer a la gente que lo suyo no tiene color político. A través de este informe periodístico acabamos de demostrar que ese periodismo “independiente, imparcial y objetivo” es una patraña surgida del catálogo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para marear la perdiz. Así como se ha prodigado con tanto entusiasmo queriendo descubrir oscuras tramas empresariales, tachando de “palo blanco” a quien se le ocurriera, sin pruebas para demostrarlo, desafío al ahora delegado del alcalde Arias a que investigue las relaciones non sanctas de los Garafulic, propietarios de Página Siete, en sus vínculos con el poder, a través de los medios de comunicación que han detentado, conectados con otros intereses corporativos. Podría servirle para recordar, en este caso, que ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, conduce casi siempre a dispararse repetidas veces en el pie derecho.

(1) “No cuadra que William Kushner sea un feminicida” escribió RPU el 25 de agosto de 2016, en su columna de Página Siete. Al día siguiente, la madre de la víctima (Andrea Aramayo), la periodista Helen Álvarez tituló su respuesta “El ‘periodismo’ de Raúl Peñaranda” y en sus cuatro primeros párrafos dice lo siguiente:

«Muere un bebé en violento operativo del gobierno de Evo contra indígenas” (26/9/2011); «Iglesia excomulga a 4 ministros por estar a favor del aborto” (19/8/2013). Estos son sólo dos ejemplos del «periodismo” que practica el «connotado periodista” Raúl Peñaranda. Lo que tienen en común estas noticias es que ambas fueron mentiras (…) La última «noticia” motivó que Raúl Peñaranda fuera «renunciado” de Página Siete para salvar la credibilidad del medio. El diario pidió disculpas a los cuatro ministros, a la Conferencia Episcopal y a sus lectores, pero el daño al prestigio de las y los periodistas del medio estaba hecho, lo que generó malestar. Él mismo tuvo que anunciar su alejamiento para salvar la credibilidad del medio (…) Ahora Raúl Peñaranda se planta como «juez” de un feminicidio, el de mi hija, y se alinea con el acusado William Kushner Dávalos, condenando de manera explícita a la muerta, quien no tiene la posibilidad de dar su testimonio. No puedo hacer sólo un análisis periodístico, porque soy la madre de la víctima y porque soy la abuela de una niña huérfana. Pero también soy periodista (…) Ninguno de mis editores me hubiera aceptado una nota como la que publicó Raúl Peñaranda el 25 de agosto del 2016 a través de la Agencia de Noticias Fides (ANF) en la que criminaliza a la víctima para liberar de responsabilidad a William Kushner Dávalos, quien conducía el vehículo que la atropelló.”

El 30 de agosto, la periodista Zulema Alanes, en la misma dirección de análisis de Helen Alvarez,  publica en la Agencia de Noticias Fides (ANF), de la que pocos meses después RPU sería director, “Rául Peñaranda y la apología de la violencia machista”. Dice en su primer párrafo: “Raúl Peñaranda sentenció que William Kushner Dávalos “no es un feminicida”. Decidió constituirse en juez, y emitir un fallo con argumentos que apuntan a Andrea Aramayo Álvarez como la única responsable de su muerte.”

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

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