LR en la Memoria

Monday 19 Feb 2024 | Actualizado a 13:04 PM

A cuatro años de su proclamación, Áñez tiene cinco procesos abiertos y una sentencia

El 12 de noviembre de 2019, la exsenadora opositora se proclamaba presidenta del Senado, primero, y luego presidenta del Estado, en 11 minutos y 20 segundos.

2019. Un militar coloca la banda presidencial a Jeanine Áñez, luego de su proclamación en la Asamblea.

Por Miguel Gómez

/ 12 de noviembre de 2023 / 07:22

La Paz. Asamblea Legislativa. Martes 12 de noviembre de 2019. “Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado”. Jeanine Áñez anunciaba su proclamación. Tras cuatro años, está encarcelada y tiene cinco procesos ordinarios.

Esa noche, la exsenadora asumió el mando del país en una seguidilla de actos legislativos que duraron 11 minutos y 20 segundos. “Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”, añadió, y pasó a ser felicitada por colegas de la oposición.

Así, se acababa de hilvanar uno de los capítulos más polémicos de la historia democrática reciente. Luego, un militar ponía la banda presidencial a quien fue segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, cargo que estaba lejos en la línea sucesoria. Y ella salió a festejar al balcón del Palacio Quemado, con los aliados que le llevaron a tomar el poder.

Dos días antes era derrocado Evo Morales, tras casi 14 años de ocupar la silla presidencial. Si bien se preciaba de ser un as para no perder elecciones, iba a ceder la pulseta con sus opositores, sobre todo los de filas cívicas y legislativas. Por ello, ese 10 de noviembre, a las 16.50, desde el Chapare de Cochabamba, anunció su dimisión.

2021. Áñez fue aprehendida en el caso Golpe de Estado II; tiene una sentencia de 10 años de cárcel.

PRESIÓN. La situación era insostenible. Las protestas cívicas se habían extendido al mando de un dirigente cívico cruceño que ganó protagonismo, Luis Fernando Camacho, quien luego fue elegido gobernador y ahora está encarcelado en Chonchocoro, en La Paz. Y la crisis se alimentó por las denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de la cúpula militar.

Una jornada después, la oposición política comenzó a sazonar el operativo para el reemplazo de Morales. Áñez se iba a convertir en la carta bajo la manga, con la excusa de las renuncias verbales de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del titular de la Cámara Baja, Víctor Borda, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

También había dimitido Rubén Medinaceli (MAS), primer vicepresidente del Senado; solo quedaba en funciones Susana Rivero (MAS), primera vicepresidente de Diputados. La Constitución Política dicta que la línea sucesoria ante la renuncia del Presidente avanza hacia el Vicepresidente del Estado y los titulares del Senado y la Cámara Baja, en ese orden.

Desde el mediodía de ese 11 de noviembre, Áñez ya hablaba como futura presidenta. Más aún, fue tratada como tal, porque se armó una cápsula de seguridad para su arribo de Trinidad (Beni) a El Alto, acompañada de Óscar Ortiz, colega de Unidad Demócrata (UD), quien más tarde fue su ministro.

En la noche, a las 18.45, se dirigió a la red Unitel como la sucesora en ciernes. “Estoy en la Segunda Vicepresidencia y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, de pacificar al país y de que todo vuelva a la normalidad”.

Más todavía, delineó el procedimiento que se debía seguir para una sucesión presidencial, lo cual al final no se cristalizó. “Tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los dos primeros mandatarios (Morales y Álvaro García Linera), yo espero que tengamos quórum necesario porque el país sabe que el MAS tiene dos tercios”.

Posteriormente, en un video, sin formalidades legislativas de por medio, Áñez se dirigió a las Fuerzas Armadas como si fuera presidenta del Senado y las conminó a desplazarse a las calles ante los disturbios. “No queremos muertos en este país, si hay alguna persona que cae después de esta solicitud (…) es de su entera responsabilidad”.

Ella tenía apoyo interno y externo. En ambientes de la Universidad Católica Boliviana, la Unión Europea, la Iglesia Católica y representantes políticos como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Ricardo Paz, además de activistas como Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez, y embajadores como León de la Torre, trazaban el camino de la sucesión con Áñez como opción. Esto continuaría al día siguiente.

Así, Áñez se tomó de nuevo otra atribución: convocó a sesión del Senado. Cuando se repasó el quórom, el legislador Víctor Hugo Zamora le indicó que era “insuficiente”. Pese a ello, se proclamó presidenta de la Cámara Alta. Luego, bajó al hemiciclo de Diputados y tras dar un abanico de argumentos, asumió el poder del Estado.

El 8 de noviembre de 2020 acabó su mandato transitorio, pero no pasó el mando a Luis Arce, quien fue elegido por el 55% de la votación en elecciones. Se instaló en Beni. Sin embargo, en marzo del siguiente año fue aprehendida, en el marco del caso Golpe de Estado I, que indaga el derrocamiento de Morales y por el cual también está encerrado Camacho.

Áñez se encuentra en el penal de Miraflores, en La Paz. Desde entonces se le abrieron cinco procesos en la vía ordinaria (ver cuadros de la anterior página). Ya cuenta con una sentencia en primera instancia, de 10 años de cárcel, por el caso Golpe de Estado II, que investiga precisamente el proceso para su proclamación.

Según la Fiscalía, la exsenadora tomó las riendas de la Cámara Alta, primero, y del Estado, después, sin el respectivo quórum de los asambleístas y vulnerando el reglamento de debates de esa instancia legislativa. En medio, Áñez siempre ha reivindicado su derecho a ser procesada en un juicio de responsabilidades como exmandataria.

El bloqueo de la oposición en la Asamblea para llegar a los dos tercios fue la causa para que no prospere un juicio de privilegio. Por ello, la Justicia Ordinaria fue la vía para ventilar sus casos.

No obstante, dos tribunales de sentencia se han declarado recientemente incompetentes para procesarla por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con 20 fallecidos por impactos de bala. Más todavía, han argumentado que el juicio de responsabilidades es la salida en el marco legal. Así, a cuatro años de su proclamación, Áñez y sus detractores se alistan para otra batalla judicial.

Militares durante la masacre en Senkata, en 2019.

Los cinco procesos que se ventilan en la Justicia Ordinaria

  • Golpe de Estado I Por el delito de terrorismo, se investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales, tras reuniones extralegislativas que allanaron la proclamación de Jeanine Áñez, protestas cívicas, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de militares.
  • Golpe de Estado II Tiene sentencia en primera instancia de 10 años de cárcel. Los delitos por los que se condenó a Jeanine Áñez son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, fallo que arrastró a exjefes de la Policía y las Fuerzas Armadas.
  • Masacre de Sacaba Se juzga el operativo que mató a 10 personas el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba, por impactos de bala. El delito es genocidio. El Tribunal de Sentencia se declaró incompetente y pidió un juicio de responsabilidades para Jeanine Áñez.
  • Masacre de Senkata El proceso es por el asesinato de 10 personas en el operativo del 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, por impactos de bala. El delito es genocidio. El Tribunal de Sentencia se declaró incompetente y pidió juicio de responsabilidades para Jeanine Áñez.
  • Designación en EBA La acusación formal contra Jeanine Áñez es por un nombramiento irregular en la empresa estatal EBA. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones.

Al menos siete exministros con imputación de la Fiscalía

Arturo Murillo (Gobierno) El exministro de Gobierno está imputado en varios procesos en el país. Tiene acusación formal por los casos de las masacres de Sacaba y Senkata, en los que se investiga los operativos de militares y policías que dejaron 20 fallecidos el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente. Asimismo, cuenta con otra acusación por la investigación de la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones. Precisamente por el movimiento bancario de los sobornos de este hecho irregular, Arturo Murillo fue detenido y posteriormente sentenciado en Estados Unidos a 70 meses de prisión, por el delito de lavado de dinero. La condena fue también para sus cómplices, de una empresa intermediaria.

Luis F. López (Defensa) El exministro de Defensa cuenta con varios procesos abiertos en el país. Fue acusado formalmente en los procesos por las masacres de Sacaba y Senkata, donde fallecieron 20 personas por impactos de bala en operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas, el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente. Igualmente tiene acusación en el caso por la compra irregular de gases lacrimógenos, con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones. Es prófugo de la Justicia y se baraja que se encuentra en Brasil. La Fiscalía señala que en la crisis de 2019 fue un emisario del entonces cívico Luis Fernando Camacho para hablar con el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, antes de la renuncia del presidente de Evo Morales.

Álvaro Coimbra (Justicia) El exministro de Justicia se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, en el marco del caso Golpe de Estado I, por el delito de terrorismo. La investigación se centra en el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, cuando anunció su determinación asfixiado por las denuncias de fraude electoral alimentadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), las protestas cívicas lideradas por el dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado en La Paz), un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Dos días después asumió como mandataria transitoria Jeanine Áñez, tras reuniones extralegislativas que allanaron su camino al poder.

Álvaro Guzmán (Energías) El exministro de Energías está imputado en el caso Golpe de Estado I y se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. El proceso indaga los entretelones de la dimisión del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión militar. El delito investigado es terrorismo. Álvaro Guzmán fue aprehendido el 12 de marzo de 2021, a la par de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y Álvaro Coímbra, exministro de Justicia. Ese día, calificó la decisión como “un abuso y un secuestro”. Fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde un juez determinó su encierro.

Eidy Roca (Salud) La Fiscalía hizo la imputación contra la exministra de Salud del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en la compra de 324 respiradores chinos. Mediante su cuenta de Twitter, Eidy Roca emitió un pronunciamiento: “Tengo que decir al pueblo entero que mi persona no participó en el proceso de contratación de los mismos (respiradores), pues en el mes de abril (de 2020) yo cumplía funciones en la dirección de Promoción de la Salud del Ministerio Público (…) No entiendo por qué se me vincula a este tema”. En la acusación formal, otros seis exfuncionarios de esa cartera estatal fueron implicadas por la compra irregular en tiempos de pandemia.

Roxana Lizárraga (Comunicación) La exministra de Comunicación fue acusada formalmente por el proceso de internación de agentes químicos en calidad de préstamo desde Ecuador. Ello sucedió apenas Jeanine Áñez tomó el poder, el 12 de noviembre de 2019, en medio de protestas contra su nombramiento. Según las investigaciones, el préstamo fue hilvanado con la intermediación de Roxana Lizárraga, ante el gobierno de Lenín Moreno. Por este caso también están acusados los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, de Gobierno y de Defensa, respectivamente. Los tres fueron declarados en rebeldía y por ello son prófugos de la Justicia. El Ministerio Público señaló que recolectó 115 pruebas documentales y 48 testificales en las pesquisas.

Víctor H. Zamora (Hidrocarburos) El exministro de Hidrocarburos tiene acusación formal del Ministerio Público en los casos de las masacres de Sacaba y Senkata, en Cochabamba y El Alto, respectivamente. El delito es genocidio. Las masacres ocurrieron el 15 y el 19 de noviembre de 2019. El Decreto Supremo 4078 fue el paraguas bajo el cual se llevaron a cabo los operativos que desembocaron en la muerte de 20 personas en ambos hechos, por impactos de bala. Esa norma eximía de responsabilidad penal a los efectivos militares que participen en los operativos con la Policía para el “restablecimiento del orden”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó de masacres lo sucedido en Sacaba y Senkata, y verificó ejecuciones extrajudiciales.

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El día en que las FFAA se cuadraron ante la senadora Áñez

El 11 de noviembre de 2019, Áñez llegó a La Paz para tomar el poder.

Jeanine Áñez improvisó una rueda de prensa al llegar a la Asamblea, el 11 de noviembre.

Por Rubén Atahuichi

/ 11 de noviembre de 2022 / 06:10

Minutos después de que el presidente Evo Morales renunció en Chimoré, el 10 de noviembre de 2019, la senadora Jeanine Áñez ya había proclamado su sucesión. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas ya se le habían cuadrado, sin ser proclamada aún.

Al mediodía del 11 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores arribó a El Alto, motivada por la propuesta que un grupo de jerarcas de la Iglesia Católica (UCB), embajadores, políticos y cívicos le había hecho de asumir el poder.

Lo hizo en un vuelo privado de Amaszonas, de Trinidad, con escala en Santa Cruz, a La Paz. En Santa Cruz coincidió con el senador Óscar Ortiz, de su alianza Unidad Demócrata (UD).

“En el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea; allí estaba personal militar, me subí al helicóptero, junto con el senador Ortiz.

El que nos recibió era un militar, nos dijo que tenía instrucciones de llevarnos al Colegio Militar”, contó en su declaración ante el fiscal Omar Mejillones, el 8 de junio de 2021.

Un militar se había cuadrado a la senadora, aparentemente, por instrucción del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros.

Acto seguido, Áñez, Ortiz y los dos hijos de la senadora fueron transportados al Colegio Militar, en la zona de Irpavi de La Paz, en el helicóptero FAB-754.

Jeanine Áñez llega a la Asamblea Legislativa. Foto. la razón-archivo

Con Morales atrincherado desde la noche anterior en la selva del Chapare, en aprestos para abandonar el país, Áñez organizaba la toma del poder. Tenía apoyo político y externo, aunque no fuerza legislativa para una eventual sucesión; representaba a la minoría.

Declaración Constitucional

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y su asesor Luis Vásquez habían desempolvado la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que el exmandatario había blindado su sucesión ante la renuncia, por un cáncer terminal, del entonces presidente Hugo Banzer.

En la reunión extralegislativa de la UCB, la tarde de la renuncia de Morales, ambos explicaron el sentido del documento para sustentar la sucesión de Áñez.

Eso ante la renuncia sucesiva del vicepresidente Álvaro García y de los titulares de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda.

También puede leer: La Fiscalía dice que no avanza el proceso de Áñez en caso golpe de Estado I porque Camacho no declaró

Entonces, Ricardo Paz, asesor de Carlos Mesa, llamó a Áñez para comunicarla con el foro. “Entre las 18.00 y 19.00 (era de noche) yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en una reunión”, contó Áñez al fiscal.

“Yo respondo que estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país”, siguió.

Con esa certeza, Áñez intentó arroparse del conflicto que entonces había liderado el presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador Luis Fernando Camacho. Al llegar éste a La Paz, había establecido su cuartel general en el hotel Casa Grande.

Hasta allí llegó Áñez luego de abandonar el Colegio Militar.

Después de una reunión con Camacho y el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, que también secundaba las protestas, la senadora tomó rumbo a la plaza Murillo, acompañada de una cápsula presidencial.

Entonces, Mesa —quien se movilizó por sentirse víctima de un presunto fraude electoral— propugnaba la convocatoria de la Asamblea Legislativa para la sucesión.

Es “la única posibilidad de construir una sucesión democrática y una acción que esté bajo la norma constitucional para que el mundo no nos acuse de haber llevado un gran golpe de Estado”.

Áñez y la Asamblea Legislativa

Al llegar Áñez a la Asamblea Legislativa, lamentó la crisis y lloró conmovida —indicó— por las muertes del conflicto. “Esto es por Bolivia, queremos la pacificación del país. De manera constitucional, voy a asumir primeramente la presidencia del Senado”, dijo.

Adelantó que iba a recomponer la Cámara de Senadores (directiva con mayorías y minorías) y prometió la lectura de las renuncias.

“Vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas”.

No cumplió ni lo uno ni lo otro. No hubo sesión en el Senado.

En la noche, a través de un video, se atribuyó la presidencia del Senado en una conminatoria al comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman.

“No queremos muertos en este país; si hay alguna persona que cae después de esta solicitud (…) es de su entera responsabilidad”.

Para entonces, la Unión Europea, la Iglesia Católica y representantes políticos, como Quiroga, Samuel Doria Medina y Paz.

Además de activistas como Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez, y algunos embajadores, entre ellos León de la Torre, habían intentado un acuerdo extralegislativo sin éxito con Salvatierra.

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La masacre de 2003 echó a Goni y causó la sucesión de Mesa

El anuncio de venta de gas a EEUU por Chile degeneró en Octubre Negro.

Juramento. Carlos Mesa asume la presidencia en el Congreso Nacional.

Por Rubén Atahuichi

/ 17 de octubre de 2022 / 06:06

La noche del 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada abandonaba el país luego de renunciar a la presidencia. “Los muertos te van a enterrar”, le había advertido su vicepresidente, Carlos Mesa, que luego asumió la sucesión con los rigores legales.

La crisis social y política de entonces degeneró de la intención del Gobierno de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno.

Las movilizaciones sociales habían comenzado a principios de septiembre por un conflicto local en la ciudad de El Alto, donde el entonces alcalde José Luis Paredes pretendía imponer los llamados formularios Maya y Paya.

En una espiral de demandas, los campesinos de La Paz también ponían en apronte al Gobierno por la exigencia de liberación del dirigente Edwin Huampo, acusado de perpetrar la muerte de dos personas en un caso de “justicia comunitaria” por el robo de ganado en el altiplano.

En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) encendió el conflicto contra la exportación de gas. Instruyó un bloqueo de la ciudad y demandó una consulta popular sobre el gas.

En esas circunstancias, el entonces líder campesino Felipe “El Mallku” Quispe ingresó en huelga de hambre en radio San Gabriel, acompañado de centenares de compañeros. Además, demandaban el cumplimiento de un pliego de 72 puntos del llamado Convenio de la Isla del Sol.

Sánchez de Lozada y sus aliados en plena crisis política. Foto. la razón-archivo

Para entonces, el conflicto social ya se había extendido incluso fuera de La Paz. El 16 de septiembre, por primera vez, alguien pidió la renuncia del presidente Sánchez de Lozada: el diputado del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) Germán Choquehuanca, en huelga de hambre.

Hasta que la crisis cobró sus primeros fallecidos el 20 de septiembre. El mismo ministro Carlos Sánchez Berzaín lideró un operativo policial-militar en Warisata, donde campesinos bloqueaban el paso de turistas, la mayoría estadounidenses, en Sorata. Hubo cinco fallecidos, cuatro de ellos campesinos y un policía.

Sin embargo, la masacre adquirió esas proporciones el 12 de octubre, cuando en un intento de resguardar el transporte de caravanas de combustible entre Senkata (El Alto) y La Paz, los militares dispararon contra las movilizaciones y dejaron un saldo de 27 muertos. ¡Y los muertos enterraron a Sánchez de Lozada!

Cuenta Mesa en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018) que el 12 de octubre, al volver de Cobija, se reunió con el mandatario en la residencia de San Jorge.

Dice que fue una reunión tensa, a pesar del plato paceño que el mandatario ofreció a los comensales. “Hay tres cosas que no voy a hacer —me dijo—: renunciar, llamar a referéndum y convocar a una Asamblea Constituyente”, recuerda Mesa de las palabras de Sánchez de Lozada.

Según dice, a sabiendas de que lo conoce por su incapacidad de escuchar consejos y su testarudez, le sugirió llamar a consulta por el gas, planteando “a los bolivianos que solo lo exportarás si es con soberanía”.

Al no lograr su propósito, que incluso suponía “suavizar” la demanda de Asamblea Constituyente, Mesa recuerda que le advirtió: “Los muertos te van a enterrar”.

Y lo último: “Tú eres el único Presidente que no podrá vender el gas por Chile”.

Mientras, las muertes continuaban. Otras 23 personas fallecieron el lunes 13 en El Alto y en la zona Sur de La Paz, 10 más.

Cuenta Mesa que a las 10.00 de ese día le llamó Manuel Suárez, secretario privado de Sánchez de Lozada, a quien —dice— le dijo que no tiene nada que hablar.

Fue el quiebre. Mesa renunció al gobierno del presidente con el que llegó al poder en las elecciones de 2002. Si embargo, no renunció a sus funciones.

Luto. Uno de los tantos velorios que hubo en Octubre Negor de 2003. Foto. AFP

Por esta actuación fue tildado de “traidor”. Fue vehemente en este calificativo el mismo yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, quien años más tarde lo denunció por haber cobrado $us 1,2 millones, en varias facturas, por aceptar la candidatura a la Vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada.

En una carta dirigida al Financial Times, en octubre de 2019, el mismo Sánchez de Lozada expresó su molestia con Mesa. “Carlos Mesa fue mi vicepresidente durante mi segundo mandato y aprovechó los conflictos sociales provocados por el señor Morales y sus aliados para forzar mi renuncia”, se lee en la misiva.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo”, relata en el libro.

Así esperó Mesa el desenlace.

El 15 de octubre, el Gobierno presentó su propuesta de disolución del conflicto que ya había cobrado decenas de fallecidos: referéndum consultivo, inclusión de la Asamblea Constituyente y revisión de la Ley de Hidrocarburos.

Ya era tarde. Dos días después, dos de los aliados de Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, le quitan respaldo al mandatario.

Era 17 de octubre. Según cuenta Mesa, ese día lo visitaron el Alto Mando Militar, algunos legisladores y los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien. Era inminente la sucesión.

A las 22.32, Mesa juró a la presidencia del país ante Vaca Díez. Minutos antes, el Congreso Nacional había leído y aceptado la carta de renuncia de Sánchez de Lozada. Fue una sucesión “impecable” —Mesa llamó así la proclamación de Jeanine Áñez en 2019—. Pero renunció en 2005.

Operativo. El ‘Plan República’ cobra vigor otra vez en en traslado trágico de combustibles a La Paz. Foto. la razón-archivo

Sánchez de Lozada temía la ‘desintegración nacional’

Gonzalo Sánchez de Lozada renunció desde Santa Cruz, camino a Estados Unidos, la noche del 17 de octubre de 2003. En su carta de renuncia que consideró y aceptó luego el Congreso Nacional, el hombre temía la “desintegración nacional”.

Es día había terminado con su renuncia una crisis política y social que había dejado 69 fallecidos, casi todos manifestantes en todo el país, incluso niños.

Elegido junto a Carlos Mesa en 2002, Sánchez de Lozada renunció a sus funciones un año y poco más de dos meses después de asumir su segundo mandato.

“Es mi deber advertir que los peligros que se ciernen sobre la patria siguen intactos, la desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fratricida”, escribió.

Consideró que la crisis que terminó con su gobierno puso a la democracia del país “bajo asedio de grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia”.

“Todo esto configura un cuadro de sedición que con el pretexto de la exportación del gas natural ha violado la esencia de la democracia, que es el respeto al veredicto de las urnas para la elección de los gobernantes”.

“Estos peligros se asientan en la circunstancia histórica en que los fundamentos de la democracia han sido puestos en cuestión, quiera Dios que algún día no tengamos que arrepentirnos de todo esto”, continúa la carta.

Entre las 17.15, el momento en que Sánchez de Lozada dejó la Casa Presidencial de San Jorge debido a su inminente dimisión, y las 22.30, no había gobierno. Había llegado a Santa Cruz al terminar el día.

Mientras Sánchez de Lozada estaba en el aire, de viaje a Estados Unidos, el Congreso Nacional leyó su carta de renuncia, en un ambiente emotivo, en el que incluso se instalaron movimientos sociales y activistas de los derechos humanos.

El propio dimisionario recomendó la sucesión constitucional, de acuerdo a los artículos 68 y 93 de la Constitución Política del Estado de entonces. “Si la acepta, el Vicepresidente de la República deberá asumir la presidencia y ejercerla hasta la finalización del periodo constitucional”, recomendó entonces.

Desde ese día, Sánchez de Lozada no volvió al país, como su ministro Carlos Sánchez Berzaín. Ambos fueron acusados por las masacres de la “guerra del gas”. En 2019, un juzgado de Florida determinó que fueron culpables de “ejecuciones extrajudiciales”.

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Día de la Democracia: Hace 40 años, Bolivia le dijo adiós a las dictaduras

El ‘sí, juro’ de Siles Zuazo llegó casi a las 16.30 de ese 10 de octubre de 1982 .

Para muchos, el recibimiento a Siles Zuazo del 8 de octubre de 1982, fue la concentración más grande la historia boliviana.

Por Miguel Gómez

/ 10 de octubre de 2022 / 05:58

El domingo 10 de octubre de 1982, Bolivia dejaba atrás una de las páginas más oscuras de su historia, la época de las dictaduras que golpearon al país desde 1964, sembrando terror y muerte. Hernán Siles Zuazo asumía la presidencia. El pueblo festejaba.

Cerca de las 16.30 de esa jornada, en el Palacio Legislativo de la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, el jefe de Unidad Democrática y Popular (UDP) pronunciaba el esperado “sí, juro”, que fue recibido apoteósicamente por la multitud concentrada en la plaza Murillo, en sus alrededores, en otros puntos de la urbe y del país.

Dos días antes, Siles pisaba de nuevo suelo boliviano tras su exilio. Prometía esperanza, un “nuevo tiempo”, uno de “libertad, democracia y justicia social”. Arribaba de Lima, Perú, en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Había sido proclamado presidente constitucional, a la par de Jaime Paz Zamora como vicepresidente.

Ya en territorio peruano había lanzado una frase profética. “La marcha de la democracia es incontenible en América Latina y pronto llegará a todo el sur”. Entonces, las botas de los militares aún marcaban el paso de la represión en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; Panamá y buena parte del mapa de Centroamérica.

Centenares lo esperaban en el aeropuerto de lo que hoy es El Alto. Miles en el trayecto a su residencia en San Jorge. Cerca de las 16.00, escoltado, emprendió el viaje por la autopista, por la avenida Montes… hasta que la muchedumbre le cortó el paso. Descendió del vehículo en la Pérez Velasco. Tenía una cita con la historia.

Hernán Siles Zuazo, con la ‘V’ de la victoria, y Jaime Paz Zamora, en la plaza San Francisco.

Siles Zuazo, presidente; Paz Zamora, vicepresidente.

HISTÓRICO. Para muchos, el recibimiento a Siles Zuazo del 8 de octubre de 1982, fue la concentración más grande la historia boliviana.

Varios minutos le tomó llegar al balcón en la plaza San Francisco. Todos querían abrazarlo, tocarlo… Siles simbolizaba la esperanza, pese a los nubarrones de las crisis política y económica heredadas por el saqueo y la mala administración. La emoción marcó su discurso. Para muchos, fue la concentración más grande de la historia boliviana.

Y así llegó el 10 de octubre. Desde temprano, fabriles, mineros, ferroviarios, constructores, campesinos… la población en general se congregó para vigilar el traspaso del poder, para celebrarlo, tal como lo había garantizado el general Guido Vildoso, quien pasaría a ser el último presidente de facto con uniforme militar.

El Congreso iba a formalizar la proclamación oleada y sacramentada el 1 de octubre. Bolivia era el epicentro de la atención en la región, sobre todo. Mandatarios y delegados de América, Europa y Asia figuraban entre los invitados, como los presidentes Fernando Belaúnde (Perú), Belisario Betancur (Colombia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

Estados Unidos sentaba presencia con Dominick Di Carlo, secretario adjunto del Departamento de Estado. Una señal que no pasó desapercibida tras el apoyo que dio ese país a las dictaduras. Más aún, su nueva faceta había derivado en una alerta a Siles, el 6 de octubre, sobre un complot para matarlo. La mafia italiana era la protagonista.

ACTO.

Relucían algunas ausencias, en medio de huidas y repliegues. El dictador Luis García Meza había fugado una jornada antes a Buenos Aires; otro represor, Hugo Banzer, estaba en Miami o Buenos Aires; el dirigente obrero Juan Lechín se había ido a Caracas; y el expresidente Víctor Paz Estenssoro viajó a Tarija, alegando cuestiones de salud.

Las manecillas del reloj marcaban casi las 16.00, Siles Zuazo y Paz Zamora tomaban su lugar en el hemiciclo. El reto de dirigir un país casi en ruinas era asumido por esta pareja. La inflación marcaba un 123% de terror, pero no comparado al 8.767% de dos años más tarde. Bajo este panorama, el “sí, juro” llegó media hora después.

Siles tomó aire y emitió su primer discurso oficial como presidente. La emoción dominaba el ambiente. Posteriormente tomó posesión del Palacio de Gobierno, desde donde emitió otro mensaje a la multitud, al país expectante. Eso sí, se puso la soga al cuello. Pidió 100 días para resucitar a Bolivia, controlar la crisis desbordada.

El paceño sabía que el desafío era titánico. Y los guiños de la fatalidad lo perseguían. En Lima golpeó su rostro contra una puerta de cristal. Al descender en un camión tras su llegada a La Paz, le habían robado la billetera. Cuando se le puso la banda presidencial, se atascó en su traje, y la medalla de Simón Bolívar le fue puesta al revés.

¿Algo más? Sí. ¿Por qué su discurso presidencial lució desorganizado? Es que las páginas de su mensaje se entrepapelaron tras caerse en el suelo, por lo cual tuvo que dar rienda a la improvisación. Tal vez fueron señales para este político nacido en 1913 y fallecido en 1996, amante de los cigarrillos LM o Derby, y las tazas de café tinto.

La noche de ese día histórico, Siles posesionó a sus primeros 16 ministros (hasta el final de su mandato acortado nombró a 80, todo un récord). Ese 10 de octubre de 1982, el líder de la UDP marcó el retorno del país a un sendero que se creía perdido, el de la democracia. Hoy, 40 años después, ésta sigue en construcción, con sus luces y sombras, en un país de esperanza.

Artículo con datos de “El proceso nacional y popular”, “Historia de Bolivia”, “Entre urnas y fusiles”.

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Hoy se recuerda el inicio de la dictadura de 1971 a 1978.

Aviones de la FAB dispararon por doquier contra jóvenes y hasta niños que estaban en el cerro de Laikakota de La Paz.

Por Ibeth Carvajal

/ 22 de agosto de 2022 / 04:34

Víctimas de torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, exilio y confinamiento no hallan “justicia ni verdad” a 51 años del golpe del militar Hugo Banzer Suárez, que se recuerda hoy. Familiares de las decenas de asesinados también lamentan la impunidad.

El 21 de agosto de 1971, el entonces presidente Juan José Torres y el Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia convocaron a la ciudadanía a concentrarse en el estadio de Miraflores, donde se les daría armas para resistir a las fuerzas golpistas. Muchos salieron con ese fin, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, también universitarios.

“Una gran falencia a 51 años del golpe de Hugo Banzer es que dolorosamente en Bolivia las víctimas no tenemos el derecho a la verdad, no tenemos el derecho a la Justicia y no tenemos derecho la reparación integral”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires (Asofamd), Ruth Llanos, en una entrevista con La Razón.

Llanos era esposa del universitario Ricardo Navarro, quien entró a la clandestinidad tras subir a combatir en el cerro Laikakota de la ciudad paceña, donde cientos de jóvenes y hasta niños —según registros de periódicos de esa época— fueron acribillados por aviones de la Fuerza Aérea Boliviana.

La Asofamd gestionó conformar una Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas, en el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), y que logró establecer que entre 1964 y 1982 en Bolivia desaparecieron ciudadanos nacionales y extranjeros por razones político-sindicales; las investigaciones no concluyeron.

En 2017 se conformó una Comisión de la Verdad que dependía del Ministerio de Justicia, que tampoco logró su objetivo.

“Tenemos una principal crítica a la Comisión de la Verdad, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los informe de estas instancias deben estar a disposición de las víctimas, actores políticos, investigadores, jueces, fiscales y de toda la población, eso pasa en Colombia y pasará en México, pero no sucedió en Bolivia”, afirmó Llanos.

En marzo de 2021, la Comisión de la Verdad entregó al presidente Luis Arce el informe de indagaciones de los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de Derechos Humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, entre el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

Llanos sostuvo que los tomos de las investigaciones están actualmente en repisas. “Solamente tenemos acceso a algunos resúmenes publicados, no llegaron a todos los familiares”, lamentó.

Señaló que identificaron al menos 61 detenidos y desaparecidos, 19 bolivianos desaparecidos en Argentina, seis latinoamericanos desaparecidos en Bolivia, 57 asesinados entre 1971 y 1978, al menos 14 víctimas en la masacre de Tolata, más de 1.690 bolivianos que sufrieron torturas, detenciones arbitrarias, confinamientos y exilio y “mujeres violadas en la cárcel, en el famoso ‘Cuartito Azul’ del Departamento de Orden Político”.

“A 51 años no tenemos ningún juicio ni a los responsables de esas masacres y muertes investigados y sancionados en las cárceles. Banzer murió sin rendir cuentas a la sociedad”, remarcó Llanos.

ANÁLISIS.

El director ejecutivo de la Comisión de la Verdad, Fernando Rodríguez, calificó como un “proceso” el golpe del coronel Banzer porque estaba relacionado a condiciones nacionales e internacionales y actuaba en “coordinación directa” con otras autoridades que también estaban contra de la ideología de izquierda.

Banzer, junto con la Confederación de Empresarios Privados, la Falange Socialista Boliviana (FSB) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), organizó el Frente Popular Nacionalista (FPN) e inició una persecución a los “extremistas”, así fueron denominados los izquierdistas.

Rodríguez sostuvo que, al igual que en Chile y Argentina, en Bolivia se aplicaron técnicas de torturas nunca antes vistas y que se vivió un nuevo proceso de vulneración a los Derechos Humanos.

Explicó que con Banzer nació la idea del federalismo en el país, ya que en sus gestiones, sus políticas económicas destacaron por el potenciamiento de la agroindustria cruceña, además que la banca se asentó en esa región.

“Todos los intentos de dictadura caen en Bolivia por la fuerza de la masa”, dijo el director ejecutivo. Para evitar ese tipo de hechos, dijo que el Gobierno debe fortalecer sus acciones en potenciar las empresas estatales y sentar soberanía en los recursos del país.

Este año, el Gobierno impulsó el proyecto de ley que prevé el pago de Bs 99,9 millones, con dinero del Tesoro General de la Nación (TGN), a 1.714 personas que sufrieron violencia política en las dictaduras de entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.

En el texto se aclara que el pago para las personas se hará realidad con la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley 2640, de 11 de marzo de 2004.

 

Foto. La Razón-Archivo

Hugo Banzer: ‘Aplicaremos un nacionalismo puro y leal’

Luego de la entonación del Himno Nacional, en su primer discurso al país como presidente, el dictador Hugo Banzer dijo que su gobierno seguirá una política nacionalista inspirada en el camino de los exmandatarios “Busch, Villarroel y Barrientos”.

ENTREVISTA PRESENCIA, DE 1971

Minutos después de dirigirse al público que fue hasta la plaza Murillo, el dictador Hugo Banzer respondió a un cuestionario del periódico Presencia.

—¿Justifica usted la cantidad de muertos para conseguir el Gobierno?

—Como le dijo don Quijote a Sancho, vale perder la vida para conseguir la libertad.

—¿Está detenido Juan José Torres?

—Tengo entendido que se encuentra asilado.

—¿Cuáles serán las líneas generales en política internacional?

—Abriremos las puertas a todos los países que quieran cooperar con Bolivia.

—¿Con respecto a la política interna?

—La política interna del país estará dirigida a resolver los problemas de la gran mayoría de habitantes de Bolivia: los campesinos.

—¿Sus relaciones con la Argentina?

—Mi gobierno estrechará vínculos, porque Argentina quiere ver en Bolivia un aliado fuerte y desarrollado.

—¿Usted dijo en su discurso que rechazará tanto la derecha como la izquierda?

—Aplicaremos un nacionalismo puro y leal.

—¿Se puede lograr una tercera fuerza nacional?

—Haremos todo el esfuerzo posible para lograrlo.

—Se sabe que existen prisioneros, ¿qué se hará con ellos?

—Tenemos un orden jurídico, la Justicia se encargará.

—¿El paredón en justicia?

—De ninguna manera, en el país de Bolivia tenemos los Tribunales de Justicia que se harán cargo de ellos.

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Pese a tumbar a Gueiler, García Meza negó el golpe hace 42 años

En su primer discurso, el dictador justificó la toma del poder, el 17 de julio de 1980.

El general Armando Reyes Villa tomó juramento al presidente de facto Luis García Meza.

Por Ibeth Carvajal

/ 17 de julio de 2022 / 02:04

“Nos han encomendado administrar el desenvolvimiento de los órganos del Gobierno”, afirmó Luis García Meza durante su discurso al tomar el poder. Negó el golpe del 17 de julio de 1980 pese a que tumbó el gobierno de la presidenta Lidia Gueiler.

Este domingo se cumplen 42 años del golpe de Estado comandado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez. LA RAZÓN revisó los periódicos Presencia, El Diario y Hoy para detallar los hechos que acontecieron durante ese periodo.

Después del golpe del general Alberto Natusch, Gueiler se convirtió en noviembre de 1979 en presidenta interina de Bolivia, tenía la misión de convocar a las elecciones generales el 29 de junio y entregar el poder al ganador el 6 de agosto de 1980; sin embargo, no pudo cumplir su objetivo. Los militares dieron un nuevo golpe militar el 17 de julio de ese año.

“Creo de mi deber es evitar días dolorosos y luctuosos para el pueblo. Por ello, consciente de mi responsabilidad de gobernante, me corresponde expresar con absoluta consecuencia con mis ideales, que me veo ante la circunstancia de tener que renunciar con gran sentimiento a la Presidencia de la República, resignando dicho mando a las Fuerzas Armadas de la Nación”, señalaba parte de la carta de renuncia que obligaron a firmar a Gueiler y que se difundió en los periódicos impresos.

Tanques frente a la Universidad Mayor de San Andrés.

Ese jueves 17 de julio por la mañana, el entonces Comité Nacional de Defensa de la Democracia convocó a bloqueo de carreteras y huelga general. Cerca al mediodía, paramilitares irrumpieron en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), asesinaron a Gualberto Vega y Carlos Flores Bedregal, detuvieron a otros dirigentes como Juan Lechín Oquendo, y desde ese momento desapareció el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Las Fuerzas Armadas actuarán en el nuevo ciclo histórico abierto al país”, insistió García Meza en un extenso discurso reproducido por los periódicos.

Días después, en Montevideo, el ministro de la Presidencia de Bolivia, coronel Fernando Palacios, dijo en una entrevista radial que: “En Bolivia no existió ningún golpe de Estado, ocurrió lo siguiente: ante la situación de fraude electoral y de anarquía que vivía el país, la misma presidenta constitucional Lidia Gueiler renunció a su cargo y delegó el poder en favor de las Fuerzas Armadas, que a su vez designaron al general Luis García Meza”.

CRÍMENES.

La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, explicó que lograron identificar 13 asesinatos: ocho de la masacre de la calle Harrington (15 de enero de 1981), tres de la COB, de un ciudadano de Oruro y otro de La Paz. Dijo que hay más víctimas, pero que no todos los familiares denunciaron.

“En ese periodo hubo asesinados, apresados y desaparecidos”, recordó Heredia en entrevista con LA RAZÓN. Mencionó el caso del socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, de quien no pudieron encontrar sus restos hasta ahora.

El dictador García Meza falleció en 2018; cumplía su sentencia en Bolivia e incluso tuvo una condena de cadena perpetua por la Justicia de Italia, que juzgó a represores de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú por desapariciones y violaciones a los derechos humanos mediante el Plan Cóndor.

Arce Gómez, exministro del Interior de García Meza, murió en 2020. Es recordado por frases como su amenaza de que quienes desobedecieran el estado de sitio debían ir “con el testamento bajo el brazo”; estaba preso desde 2009.

El dictador justificó el golpe por “el grado de descomposición económica y social, guerra subversiva en el proceso electoral, desorden, corrupción y fraude”, indicaba El Diario en su edición del 18 de julio. “En vista de la resignación y renuncia de Gueiler, asumo la administración”, dijo en su primer discurso.

Generales, coroneles y capitanes conformaron los 17 ministerios de García Meza en 1980.

Una población azorada a una semana del golpe de 1980

El jueves 17 de julio de 1980 fue el golpe de Estado en Bolivia. Los ciudadanos estaban azorados por el régimen, es así que el gobierno de facto dispuso feriado nacional el día siguiente

Los barrios de La Paz amanecieron con resguardo militar. Las amas de casa acudieron a los mercados a abastecerse de productos porque se esperaba que esa situación continuara, según las fotografías difundidas por Presencia, El Diario y Hoy.

Similar situación se vio en las regiones del eje central del país. “Las tropas combinadas del Ejército, Aeronáutica y la Fuerza Naval, fuertemente pertrechadas y con uniforme de combate, controlan las principales ciudades apoyadas por blindados”, señala una nota de El Diario.

Había toque de queda de 07.00 a 23.00. Y se registró al menos 20 periodistas detenidos; tres matutinos paceños no circularon ese día porque fueron intervenidas sus instalaciones.

Las radioemisoras iniciaron sus transmisiones, aunque en cadena con la radio Batallón Colorados de las FFAA, encargada de la difusión de noticias con afinidad al régimen militar.

“Por razones de seguridad y para que no haya dispersión de informaciones ni algunos malos periodistas infiltrados en la prensa y se aprovecharan, dejaron de aparecer algunos días los periódicos”, señalaba un comunicado de la dictadura de García Meza.

Reinaba la intranquilidad. El 21 de julio ya se retornaba a la normalidad en la urbe paceña, pero fue intervenida la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) con militares y carros de asalto; además, el servicio de transporte público dejó de atender.

Y algunas fábricas no funcionaron por ausencia de obreros.

En las periferias la situación tendía a agravarse por la presencia de grupos de ciudadanos que intentaban reconstruir barricadas que habían puesto antes.

La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, dijo que esos años estuvieron marcados por las desapariciones y asesinatos. “Se calcula decenas de detenidos”, señalaba El Diario en una nota donde explicaba que estaban entre ellos dos de sus periodistas y un fotógrafo.

ACONTECIMIENTOS TRAS EL GOLPE DEL 17 DE JULIO DE 1980

  • Dirigentes de la COB pidieron asilo político en un bote pesquero

El 23 de julio, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) solicitaron asilo a las autoridades peruanas en Puno. Víctor Giraldo Cruz y Juan Cardozo Apaza fueron los primeros bolivianos en pedir asilo político en Perú tras el golpe de Estado. Llegaron a la frontera con el país vecino en un bote pesquero. El Gobierno dispuso la suspensión de todas las direcciones sindicales por decreto supremo para que se expresen “sin parcializaciones”, informó El Diario.

  • Hubo el clásico entre Bolívar y el Tigre, en medio de la represión

En julio, Bolívar y The Strongest jugaron en el “clásico” paceño, pese a la represión militar que había en el país, con énfasis en las ciudades del eje central. La liga de fútbol solamente recorrió algunas fechas de los cotejos a disputarse cerca al 17 de julio. Por otra parte, hasta el 22 de julio, el suministro de carburantes líquidos y gas licuado se regularizó “paulatinamente”, según informó ese entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

  • Mayoría en la OEA censuró al gobierno de facto de García Meza

El 23 de julio, la OEA condenó al gobierno de facto de Luis García Meza “por haber abortado el proceso de formalización a la vida democrática de Bolivia”. Pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abra una investigación sobre las denuncias de que se “han producido allí gravísimas violaciones a los derechos fundamentales de la población”. Además de 14 países de América, Estados Unidos se sumó a la condena contra la dictadura.

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