Las amenazas contra el paso del Dakar preocupan en Potosí
El dirigente indígena Rafael Quispe afirmó este jueves que los organizadores del Rally Dakar deben tener autorización de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tolapampa del departamento de Potosí, para que esta competencia pueda pasar por esta localidad, debido a que la circulación de motocicletas podría ocasionar un daño ambiental.

El secretario general de la Gobernación de Potosí, René Navarro, manifestó este jueves su preocupación por las amenazas en contra de la realización del Rally Dakar 2014.
Afirmó que el Gobierno departamental no permitirá que el conflicto del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) perjudique el recorrido de la competición automovilística que tiene previsto su paso por el sur del país.
Para Navarro, este conflicto interno del Conamaq y la medida anunciada de bloquear la ruta en la comunidad de Tolapampa dejaría una mala imagen del país y Bolivia nunca más sería tomada en cuenta para ser parte de una competición internacional.
«No lo vamos a permitir, no vamos a permitir que un tema interno del Conamaq trate de frustrar una fiesta deportiva y perder la imagen del país», expresó Navarro a los medios de comunicación.
La autoridad departamental dijo que de darse esa medida sería un precedente nefasto para el país perjudicando también en lo económico, la inversión destinada y lo que generaría turísticamente por el recorrido de los lugares atractivos de Bolivia.
El dirigente indígena Rafael Quispe afirmó este jueves que los organizadores del Rally Dakar deben tener autorización de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tolapampa del departamento de Potosí, para que esta competencia pueda pasar por esta localidad, debido a que la circulación de motocicletas podría ocasionar un daño ambiental.
La dirigencia del Conamaq exige al gobierno nacional permitir el ingreso de la nueva directiva elegida en base a sus normativas a su sede en la ciudad de La Paz. La infraestructura se encuentra resguardada por efectivos policiales por instrucción del Ministerio de Gobierno tras no aceptar a los nuevos representantes indígenas originarios.