En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19, y obligado por la cuarentena de 14 días decretada por el Gobierno provisorio, el TSE dejó en suspenso las actividades del calendario electoral para las elecciones generales 2020. La medida es inevitable. Y su consecuencia es que no tendremos votación el 3 de mayo. La nueva fecha es todavía incierta. 

La pandemia del COVID-19, que ya tiene alcance global con aumento exponencial de contagios y muertes, está provocando severos efectos sociales y en la economía. Ha implicado también la postergación o cancelación de un sinfín de encuentros internacionales, eventos, competiciones y todo tipo de actividades que impliquen la congregación de gente. Hoy las medidas de contención o de supresión obligan a la necesaria distancia y aislamiento, además de cuarentenas parciales o totales adoptadas por los gobiernos.

Los procesos electorales no podían ser la excepción. Como implican una gran movilización y la concurrencia de muchas personas a los recintos y mesas, difícilmente se puede conciliar una jornada de votación con el mandato de quedarse en casa. Así, el plebiscito en Chile sobre el proceso constituyente, previsto para abril, fue postergado hasta octubre. Empero, de forma excepcional y en medio de la crisis del coronavirus, hubo elecciones locales el 15 de marzo en Francia y en la República Dominicana.

En Bolivia, la suspensión del calendario electoral por 14 días trae consigo la necesidad de postergar los comicios del 3 de mayo. ¿Cuál será la nueva fecha de votación? Ello dependerá de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Claro que, en un escenario de incertidumbre sobre la temporalidad de la pandemia y sus efectos en el país, lo más razonable sería acordar no una fecha, sino un periodo para que el TSE decida conforme a informes internacionales (el errático Ministerio de Salud no basta).

Como la ruta electoral y sus plazos fueron definidos mediante la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, la nueva fecha de los comicios debe ser adoptada también con una ley. El TSE no tiene competencia para el efecto. Será necesaria, pues, una concertación en la Asamblea Legislativa Plurinacional entre los partidos ahora oficialistas y la bancada mayoritaria del MAS-IPSP, hoy opositora. La nueva agenda electoral debe ser realista y brindar certidumbre.

La postergación de las elecciones generales 2020 tiene dos efectos inmediatos. El primero es que también deberán moverse, hasta el 2021, los comicios subnacionales. El segundo es una nueva prórroga de mandato de la Presidenta provisoria y los asambleístas, así como de todas las autoridades electas a nivel departamental y local. No siempre es digerible. En todo caso, hoy la prioridad es la vida y superar unidos la emergencia sanitaria como país. Ya habrá tiempo y condiciones para competir en las urnas.

Desde hace meses es evidente un fenómeno que parecería ser creciente: muchos automóviles transitan por las calles de la ciudad de La Paz sin sus dos placas de circulación. Pese a ser obligatorio, el Organismo Operativo de Tránsito, de la Policía Boliviana, se muestra impotente para frenar este fenómeno. Mientras tanto, no son pocos los conductores que se creen habilitados para cometer excesos.

No es un problema menor. Según el reglamento del Código de Tránsito, “ningún vehículo podrá circular en el territorio nacional sin placas colocadas en lugar visible y que correspondan a la serie distintiva del tipo de vehículo y de la clase de servicio a la que está destinado”. Más adelante, la misma norma señala que cualquier automóvil que sea sorprendido circulando sin placas debe ser retirado de circulación por la Policía.

En el caso de la sede de gobierno, donde parecería haber mayor cantidad de automóviles circulando con una sola de sus placas, el fenómeno tiene explicación en una disposición contenida en el reglamento municipal del Régimen Sancionatorio en Materia de Transporte Urbano, que dispone el retiro de una de las dos placas de circulación como una forma de presionar a los propietarios para que paguen sus multas pendientes. Es evidente que la intención es que cualquier agente de tránsito, sea municipal o policial, pueda identificar a los infractores con deudas pendientes.

Un segundo motivo que explica la ausencia de placas en muchos automóviles es el robo de estas matrículas, según reconoce el Director Departamental de Tránsito, quien no señala con claridad qué puede hacer el organismo a su cargo para subsanar esta práctica. Al parecer, muchos propietarios que han sufrido este tipo de robo tampoco saben qué hacer al respecto o prefieren no hacerlo.

Una tercera causa es que en diversas ciudades del país, particularmente las urbes intermedias, hay cientos, si no miles, de automóviles importados de contrabando y que no pueden regularizar su situación, por lo que sus propietarios parecen evitar cualquier intento por inscribirlos en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).

En cualquiera de los tres casos, lo que aparece con nítida claridad es la carencia de recursos tanto en la Guardia Municipal de Tránsito como en el cuerpo policial encargado de estas tareas; pero lo más grave es la falta de coordinación entre ambas instancias, lo que agrava la carencia de fuerza de ley para obligar a conductores y propietarios a regularizar su situación.

Urge, pues, que las autoridades, policiales especialmente, asuman con mayor responsabilidad su papel en materia de tráfico y tránsito vehicular, o lo que es deseable en un contexto autonómico, dejen estas tareas en manos de los gobiernos municipales en lugar de disolver su autoridad, favoreciendo de esta manera a quienes, con aviesa intención, prefieren no ser identificados por el número de placa de circulación de su coche.

Días atrás, la representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Bolivia, Celia Taborga, presentó un informe sobre la situación de niñas y adolescentes en el país. Según este estudio, cada día los servicios de salud nacionales atienden en promedio a siete menores de 15 años embarazadas. Lo que evidencia que no solo el Estado, sino también la sociedad están fallando en esta materia.

El informe refleja estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), el cual reportó que en 2019 al menos 2.485 menores de 15 años asistieron a algún servicio médico para hacer control prenatal. Si se suman los casos registrados entre 2015 y 2019, se tiene un total de 19.938 niñas y adolescentes embarazadas en ese lapso.

Para Taborga, la cifra real probablemente sea mucho mayor, pues es inevitable un subregistro si se toma en cuenta que “la mayoría” de los casos de adolescentes y niñas embarazadas no llega a ningún servicio de salud, sobre todo porque persiste la idea de que tal situación avergüenza a sus familias. Además, según agrega la representante de la agencia de Naciones Unidas, hay servicios de salud en los que no se hace un buen registro.

Se trata de una trágica situación sobre la cual se han hecho numerosas alertas en los últimos años, incluyendo una que advertía que Bolivia es uno de los países de la región con mayor número de casos de niñas y adolescentes no solo embarazadas, sino sobre todo obligadas a culminar su gestación y convertirse en madres sin tener las condiciones para la tarea.

El panorama luce aún más oscuro cuando se observa que cada año centenares de niñas y adolescentes son obligadas a casarse, a menudo con un adulto que las ha abusado sexualmente provocando su embarazo, por padres y madres que creen estar haciendo “lo mejor” para ellas, consideradas incapaces de decidir por sí mismas. Las estadísticas oficiales muestran que el 3% de las mujeres de entre 15 y 19 años de edad ya casadas se juntaron con su pareja antes de cumplir los 15 años.

Estamos frente a un problema atribuible en primer lugar a la sociedad en general, que de una u otra manera impide a niñas, niños y adolescentes recibir información y educación sexual suficiente y oportuna. Y al mismo tiempo las hace culpables por no saber evitar los embarazos no deseados, y que oculta la violencia sexual en nombre del pudor o las buenas costumbres, que ciertamente no se le exigen al adulto agresor.

A su vez, el Estado también falla ostensiblemente al mostrarse incapaz de garantizar los derechos de esas niñas y adolescentes, no solo en la instancia policial, donde se debería denunciar cualquier abuso, sino en todos los órdenes de la vida social, en los que se condena a las niñas y adolescentes por llevar un embarazo, pero no a los varones que lo produjeron, sin ofrecer el apoyo necesario para llevar a término la gestación y, fundamentalmente, para evitar que suceda.

El Observatorio de Fútbol con sede en Suiza publicó la semana pasada un ranking de las ligas que más tarjetas amarillas y rojas acumulan a lo largo de una temporada, es un promedio por la cantidad de partidos. Es una recopilación de información de 92 países, entre ellos Bolivia.

Hay un detalle que llama la atención: el fútbol boliviano está en la “cima” con 7,01 tarjetas por partido (0,48 rojas y 6,53 amarillas). Le siguen el uruguayo y el guatemalteco, con sus matices.

La publicación generó algunas reacciones.

Entre las más llamativas está la de Marcelo Claure, ahora presidente de Bolívar. El empresario suele criticar todo lo relacionado con la actual dirección en el fútbol boliviano y en esta ocasión sus dardos apuntan a lo mismo: “De locos. César Salinas por amor a los Bolivianos hagamos algo sobre la liga y el tema árbitros. Somos la liga más VIOLENTA en todo el mundo. Somos los peores. Como presidente de la FBF tiene obligación de arreglar esto” (sic), escribió en Twitter.

¿Es una cuestión de los arbitrajes? ¿Es la FBF la que lo tiene que arreglar? ¿Por dónde en realidad pasa el asunto?

Si el estudio abarcara más detalles que solo contabilizar el número de tarjetas sacadas por los árbitros, probablemente concluiría que en Bolivia el peor de los males son los futbolistas. El nuestro es un fútbol con harta indisciplina de parte de ellos, debe ser donde más reclamos hay con y sin razón y donde dispensan el peor trato a los “hombres de negro”.

Es un tema no menor que se asocia con lo que ocurre en el juego como tal. La liga boliviana está entre las que más faltas se cometen. Ello tiene que ver con los recursos ilícitos que utilizan los futbolistas.

Con este panorama no es justo apuntar solo a los árbitros —que probablemente tengan sus errores— cuando la culpa mayor está en los otros actores. Entonces hay que buscar soluciones más allá, en el comportamiento de los futbolistas y ese es un tema que deben tomar en cuenta los clubes, no la Federación.