Estados Unidos no ha renovado la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones y por la «campaña de acoso» contra activistas.

«A partir del 17 de abril de 2024, se reemplaza la licencia general Nº 44», que autoriza la producción y venta de petróleo y gas y expiraba el jueves, por la número 44A, informa la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

La 44A permitirá «la liquidación de transacciones» pendientes «antes del 31 de mayo», añade.

El gobierno del presidente Joe Biden está contrariado con la evolución del proceso electoral en Venezuela desde la firma del Acuerdo de Barbados en octubre pasado, porque estima que Maduro ha cumplido una parte del trato pero ha ignorado su esencia.

Las autoridades venezolanas han fijado un calendario electoral y aceptado misiones de observación internacionales en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro se presenta a un tercer mandato.

Pero «se han quedado cortas en varias áreas», como «la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos», afirmó el miércoles por la mañana un funcionario estadounidense que ha pedido el anonimato en una rueda de prensa telefónica embargada hasta la tarde.

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«Campaña de acoso»

Washington está especialmente preocupado por el hecho de que la principal rival del chavismo, María Corina Machado, siga inhabilitada y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también haya sido vetada.

«Hemos sido testigos de una inquietante campaña de acoso e intimidación contra actores de la oposición únicamente por ejercer sus derechos políticos», precisó otro alto cargo que también pidió el anonimato, refiriéndose a los siete miembros del equipo de campaña de Machado detenidos y otros tantos bajo órdenes de arresto.

Con todo, Washington evita dar un portazo y romper con Caracas.

Como parte de sus programas de sanciones, la OFAC puede emitir «licencias específicas» a petición de las compañías; las evaluará «caso por caso» y que no son públicas, explicó una funcionaria en la rueda de prensa.

Sanciones

El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea lo da por sentado.

«Todas las empresas que hicieron contrato conmigo hasta el día 18 (…) sacan una licencia privada», declaró a periodistas en Caracas.

Estas licencias a multinacionales como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni «mantendría a Maduro interesado» en una negociación, declaró recientemente a periodistas Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas, en un momento en el que Estados Unidos y Europa buscan fuentes de energía para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

La reactivación de sanciones al sector energético «no debe verse como una decisión final en la que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas», añadió un funcionario en la conferencia de prensa. Precisó que Estados Unidos seguirá «interactuando con todas las partes», incluidos «los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional».

Washington parte de la base de que el Acuerdo de Barbados es el único camino viable para conseguir progresos electorales.

«No vamos a parar»

Pero el gobierno de Maduro se muestra desafiante.

«En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas», declaró el ministro de Petróleo. «No vamos a parar, con licencia o sin licencia».

La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800.000 barriles diarios; tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000. Pero está lejos de los tres millones que alcanzaba hace 15 años.

Con todo, los ingresos de la petrolera estatal PDVSA pasaron de $us 3.000 millones en 2022 a 6.320 millones en 2023, según el gobierno venezolano. Porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.

El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019. Este, como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.

Sanciones al petróleo

El gobierno de Biden, que ya reimpuso sanciones al oro venezolano, reconoce haber sopesado varios aspectos para decidir si revertía la flexibilización al embargo petrolero a menos de siete meses para las elecciones presidenciales estadounidense, pero solo uno parece haber sido determinante. 

«Nos centramos en las circunstancias políticas de la situación en Venezuela», afirmó un alto cargo.

La migración es uno de los temas centrales de los comicios estadounidenses de noviembre y Venezuela es un punto en rojo. Con más de siete millones de personas que dejaron el país desde 2014, según la ONU.

La reimposición de sanciones no afecta a licencias anteriores; como la otorgada en 2022 al gigante estadounidense Chevron para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró este miércoles «el derecho» de Israel «a protegerse», en respuesta a los llamamientos internacionales para que se abstenga de ordenar represalias masivas por el reciente bombardeo iraní.

Israel manifestó ya varias veces su determinación de responder al ataque del sábado, pese a que la casi totalidad de los 350 drones y misiles lanzados por la República Islámica fueron interceptados, con ayuda de Estados Unidos y otros países.

Teherán llevó a cabo ese ataque en represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco; atribuido a Israel, en el que murieron siete miembros de los Guardianes de la Revolución.

Tras el ataque iraní se han multiplicado las amenazas cruzadas. En un contexto regional tenso desde el inicio en octubre de la guerra de Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás; apoyado por Irán.

En un comunicado, Hamás consideró el miércoles que el ataque iraní fue «legítimo y merecido» y que muestra que «el tiempo en que la entidad sionista podía hacer lo que le viniera en ganas sin rendir cuentas ni ser castigada se ha acabado».

Los ministros de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, y de Alemania, Annalena Baerbock, visitaron Israel e instaron al gobierno a a actuar con mesura.

«Esperamos» que Israel reaccione «de manera que contribuya lo menos posible a una escalada; y de una forma al mismo tiempo inteligente y dura», declaró Cameron.

«Ahora todo el mundo debe actuar de forma reflexiva y responsable; no hablo de ceder, hablo de moderación inteligente», declaró la ministra alemana. 

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Llamado «al mundo entero»

Israel «se reserva el derecho a protegerse», declaró Netanyahu durante sus conversaciones con los dos ministros europeos.

«El mundo entero debe trabajar de manera decisiva y desafiante contra la amenaza del régimen iraní», afirmó en un comunicado el presidente israelí, Isaac Herzog.

La Casa Blanca anunció que «en los próximos días» impondrá nuevas sanciones a Irán y la UE se plantea ampliar las suyas.

Por su parte, Irán exhibió misiles y drones en un desfile con motivo del día de sus Fuerzas Armadas.

«Si el régimen sionista cometiera la más mínima agresión contra nuestro territorio, la respuesta sería feroz y severa», declaró el presidente iraní, Ebrahim Raisi, dirigiéndose a la jerarquía militar en una base cerca de Teherán.

Raisi se refirió además al ataque del sábado, que según él fue «moderado» y «punitivo».

En otro frente, catorce soldados israelíes resultaron heridos en el norte, informó el ejército; los hec tras un bombardeo reivindicado por el movimiento libanés Hezbolá, aliado de Irán.

Imágenes de AFP del sur de Líbano mostraron una patrulla de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) atravesando pueblos abandonados y devastados a lo largo de la frontera.

Estancamiento en la negociación de tregua

Las negociaciones para lograr una nueva tregua en Gaza, que permita liberar a los rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de palestinos encarcelados en Israel, están «estancadas», según Catar, que ejerce un papel mediador junto con Estados Unidos y Egipto.

«Estamos procediendo a una revaluación global de nuestro papel» como país mediador, declaró el jefe de gobierno y canciller Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en una conferencia de prensa junto al canciller turco, Hakan Fidan.

Por su parte, Fidan acusó a Netanyahu de buscar «arrastrar a la región a la guerra para seguir en el poder».

Los combates de las últimas 24 horas dejaron 56 muertos en Gaza y ya son  33.899 los fallecidos en la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí, según el ministerio de Salud de ese territorio palestino, gobernado por Hamás.

El conflicto se inició el 7 de octubre, con una incursión de milicianos islamistas que mataron a unas 1.170 personas en el sur de Israel y secuestraron a unas 250, según un recuento de AFP en base a datos oficiales israelíes.

Tras un canje de rehenes por presos palestinos durante una tregua de una semana a fines de noviembre, 129 personas siguen cautivas en Gaza, 34 de las cuales habrían fallecido, según las autoridades israelíes.

Netanyahu mantiene además su proyecto de ofensiva terrestre en Rafah, en el sur de la Franja, convertida en refugio para más de un millón de palestinos que huyeron de la devastación en otras partes del territorio.

Israel

La ONU teme una hambruna generalizada. Lanzó este miércoles un llamado a donaciones por $us 2.800 millones para ayudar a los palestinos de Gaza y de Cisjordania.  

Netanyahu rechazó «las acusaciones de las organizaciones internacionales sobre una hambruna en Gaza». Aseguró que Israel estaba haciendo «todo lo posible en el tema humanitario».

El ejército israelí anunció poco después el ingreso de ocho camiones con cargamentos de harina del Programa Mundial de Alimentos (PMA); desde el puerto de Asdod, a unos 30 km al norte de Gaza. 

El conflicto ha relanzado con fuerza el debate sobre la necesidad de crear un Estado palestino.

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el jueves la solicitud de los palestinos para convertirse en un Estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas.

La iniciativa chocará previsiblemente con el veto de Estados Unidos; considera que la ONU no es el marco idóneo para dicho reconocimiento, sino más bien un acuerdo con Israel.

Ecuador ordenó este miércoles suspender dos días las labores públicas y privadas, ante la crisis energética causada por un déficit histórico en los embalses que abastecen las hidroeléctricas, lo que derivó en apagones de hasta seis horas.

El presidente de país, Daniel Noboa, decretó la «suspensión de la jornada laboral» el jueves y el viernes, señaló la presidencia en un comunicado, que justificó su decisión no sólo «a circunstancias ambientales» sino a «actos inauditos de corrupción y negligencia».

Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo.

Tras intempestivos racionamientos del pasado domingo, Noboa encargó el martes la cartera de Energía al titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y ordenó una investigación ante sospechas de corrupción que afecta la producción de electricidad.

Déficit hidroeléctrico

Las centrales eléctricas realizarán durante el jueves y viernes mantenimientos de sus plantas, lo que implicará racionamientos que serán anunciados oportunamente, añadió.

Además de la crisis hídrica que sufre Ecuador, Colombia dejó de exportar energía al país como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño que tiene los embalses de ese país por debajo del 30% de su capacidad. 

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‘Condiciones críticas’

Frente a la crisis energética, el presidente anunció que en abril se cobrará solo 50% de la factura de luz de los hogares.

El gobierno ecuatoriano señaló el miércoles que los embalses Mazar (el más importante) y Paute, ambos en el sur andino, están en «condiciones críticas». Al registrar un nivel de almacenamiento de 0% y 4%, respectivamente.

Asimismo, el caudal en la mayor central hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair (norte amazónico), que abastece un 30% de la demanda nacional y genera una potencia 1500 MW, sufre un déficit de 40% con respecto al promedio histórico.

Las jornadas de trabajo serán recuperadas en el sector público con una hora adicional durante los siguientes días laborables. Mientras que en el privado dependerá de las empresas.

Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, tiene una población económicamente activa de 8,3 millones de personas, según cifras oficiales.

El gobierno expresó que la investigación dispuesta por Noboa, quien asumió en noviembre para gobernar por 18 meses, arrojó «indicios de que funcionarios de alto nivel» incluida Arrobo. «Ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético».

Denuncia contra ‘saboteadores’

El Ejecutivo sostuvo que «se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética. Con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas».

Además, presentó ante la Fiscalía una denuncia por paralización del servicio público contra 22 «saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos».

La crisis energética se presentó en vísperas de la consulta popular y del referendo de este domingo, impulsados por Noboa y cuyos ejes principales son el combate al narcotráfico. Cerca de 13,6 millones de electores están convocados a decidir por ejemplo si están de acuerdo con la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado.

«Han querido fregarnos con un sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia. Porque están nerviosos porque el Sí va a ganar», dijo Noboa este miércoles en un acto en el balneario de Atacames (noroeste).

El gobernante declaró en enero a Ecuador en «conflicto armado interno». Desplegó a militares para neutralizar una veintena de bandas criminales, que hace años convirtieron a la nación, ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína del mundo-, en un centro logístico para el envío de droga a Estados Unidos y Europa.

(17/04/2024)

Incrementar los impuestos a los más ricos es uno de los temas de discusión de las reuniones de primavera (boreal) del FMI y el Banco Mundial esta semana en Washington, al influjo de la presidencia brasileña del G20.

El tema cobró aún más actualidad porque los países necesitan aumentar ingresos para mantener sus niveles de endeudamiento en cotas manejables y para disponer de medios para impulsar la transición ecológica.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo este miércoles en una mesa redonda en la sede del organismo, junto al ministro brasileño de Economía, Fernando Haddad, y sus pares francés, Bruno Le Maire, y keniano, Njung’una Ngundu, que se necesitan más de 3 billones de dólares anuales para enfrentar los desafíos del cambio climático.

«Sin una mejora de la cooperación internacional, quienes están arriba (en la escala de riqueza) continuarán encontrando la forma de evitar los sistemas tributarios existentes». Pues «sin cooperaciión hay un límite a lo que los Estados pueden hacer», insistió Haddad.

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Impuestos a los ricos

Brasil tiene en el aumento de impuestos a los ricos uno de los principales temas de su presidencia del G20.

Le Maire, por su parte, consideró que este incremento es el «tercer pilar» de un sistema de imposición tributaria mundial mínima. Todo tras las negociaciones sobre las tasas a las plataformas de internet y el impuesto mínimo a la renta empresarial.

La ONG Global Citizen citó en un informe publicado el martes que un impuesto a los ricos podría contribuir a financiar las inversiones para la transición energética.

Según este informe, la fortuna de las personas más ricas aumentó, en total, 2.700 millones de dólares diarios desde 2020. Se trata de personas que emiten, en promedio, un millón de veces más CO2 otros seres humanos.

(17/04/2024)

El ministro de Petróleo en Venezuela, Pedro Tellechea, aseguró este miércoles que su industria «no va a parar» ante la eventual reactivación de sanciones por parte de Estados Unidos, que, destacó, no se verá afectado en la práctica por esas medidas.

Washington anunciará en las próximas horas su decisión referente a una flexibilización de las sanciones otorgada en octubre y condicionada a la evolución del proceso electoral en Venezuela.

Se trata de la Licencia General 44, que autoriza transacciones relacionadas con el sector petrolero y del gas que vence este jueves. No corre riesgo otro permiso de operación otorgado a la estadounidense Chevron, a través del cual Estados Unidos accede a crudo venezolano.

«En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas», dijo Tellechea en un encuentro con periodistas en Caracas. «No vamos a parar con licencia o sin licencia».

«¿A quién estamos afectando realmente?», cuestionó. «Estados Unidos va a seguir accediendo al petróleo venezolano, pero el europeo, el indio posiblemente no tenga la posibilidad, y el asiático tenga algunas dificultades».

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Petróleo de Venezuela

Tellechea, que también es presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, aseguró que mantiene reuniones con otros gigantes energéticos estadounidenses como ConocoPhillips y ExxonMobil y la británica BP, así como también anunció la ampliación de la operación de Chevron en el país.

Estados Unidos ya asomó la posibilidad de reimponer sanciones, contrariado con la evolución del proceso electoral del 28 de julio en el que el presidente Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato de seis años.

Aunque saluda el cronograma electoral planteado y la apertura a la observación internacional, Washington condena la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas, y posterior veto a la postulación de su sustituta, Corina Yoris.

«Nosotros no reconocemos las medidas contra Venezuela», zanjó Tellechea. «Hemos recibido muchísimos inversionistas, de casi todas las transnacionales» y «eso quiere decir que las transnacionales van a seguir viniendo a Venezuela».

Tellechea asumió el ministerio tras la salida de Tareck El Aissami. En la actualidad está detenido por un desfalco a la industria que observadores independientes ubican en 17.000 millones de dólares.

El ministro no precisó la cifra del desfalco, pero garantizó que hay nuevos procesos para evitar ventas en el mercado negro con grandes descuentos.

«Tenemos que hacer las mediciones correspondientes después de que pongan o quiten la licencia 44», adelantó. «Pero dependerá de lo que estemos dispuestos a vender (…) y nosotros estamos dispuestos a vender a precios internacionales».

(17/04/2024)