Amnistía Internacional instó el viernes a Camboya a poner fin de inmediato a los «desalojos forzosos masivos» de las 10.000 familias que residen en los templos de Angkor en el norte del país.

El gobierno camboyano aceleró a finales de 2022 el realojamiento de las familias que vivían en este sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se las lleva hacia tierras situadas a 25 kilómetros de Angkor, antiguamente dedicadas al cultivo del arroz.

Según las autoridades, este programa de realojamiento tiene por objeto proteger la integridad del sitio; amenazado por la expansión de la población local debido a los residuos generados y el uso excesivo del agua.

Si bien el gobierno afirma que los habitantes aceptan plenamente ser realojados, la organización internacional denuncia «amenazas implícitas» a las que se exponen las poblaciones en caso de rechazo.

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Empobrecimiento

«Se trata de desalojos forzosos disfrazados y de gran envergadura. Se presionó a la gente para que se ofreciera como voluntaria y se les hizo temer represalias si se negaban a marcharse o si impugnaban las expulsiones», afirma Ming Yu Hah, directora regional adjunto de Amnistía en un comunicado.

Además, no se consultó debidamente a las personas afectadas por este programa ni se les notificó con suficiente antelación.

En detalle, las personas realojadas reciben un derecho de propiedad sobre una parcela de 20 metros por 30 mts, 350 dólares, una tarjeta de salud y una chapa para el techo de su futura casa que deben construir.

«Las autoridades camboyanas deben poner fin de inmediato a esta campaña de desalojo perjudicial, que amenaza seriamente con empobrecer a miles de familias», añadió Ming Yu Hah.

Long Kosal, portavoz del organismo público que gestiona el sitio (Apsara) se negó a comentar la declaración de la ONG.

Ecuador incrementó el sábado a 27 el balance de muertos a causa de un gigantesco deslizamiento de tierra registrado hace una semana en la zona andina; socorristas mantienen las tareas de búsqueda de decenas de desaparecidos.

«27 fallecidos confirmados tras el derrumbe ocurrido en #Alausí. #FiscalíaEc dispuso el levantamiento de 2 cadáveres más, encontrados hace poco entre los escombros», indicó la entidad acusadora a través de su cuenta en Twitter.

Alrededor de dos millones de metros cúbicos de tierra se deslizaron desde una montaña hasta la población de Alausí. Eso situado a 300 km al sur de Quito y con unos 45.000 habitantes, el 26 de marzo.

El derrumbe afectó unas 24 hectáreas en las que existían 209 viviendas, de acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riegos (SGR).

Ese organismo precisó el viernes de 23 fallecidos (también dos personas trasladadas a hospitales), 38 heridos y 67 desaparecidos, además de 850 damnificados.

La SGR reportó el sábado que «los equipos de rescate continúan, por sexto día consecutivo, con las labores de búsqueda de las personas extraviadas».

En febrero la zona donde se produjo el derrumbe sd decaló en alerta amarilla (previa a la naranja y roja, ésta última de máxima peligrosidad) por las intensas lluvias que golpean a Ecuador desde enero. Además, las autoridades habían advertido sobre el hundimiento de una vía aledaña.

Sin el balance por el deslizamiento, Ecuador registra 23 muertos, 46.220 afectados y 9.690 viviendas con daños por efectos de los aguaceros como también inundaciones.

El temporal obligó al gobierno a declarar la semana pasada el estado de emergencia en 13 de las 24 provincias.

El código de barras, conocido sistema para identificar los productos comerciales, celebra sus 50 años este 2023, antes de ser sustituido progresivamente por otro sistema: el código QR, contiene más información.

Sus líneas verticales las escanean 6.000 millones de veces por día en todo el mundo.

Además de ser el «documento de identidad de un producto», el código de barras «permite a los profesionales tener acceso a otras funcionalidades» como la gestión de existencias, el transporte y la trazabilidad, explica a la AFP Laurence Vallana, directora de SES Imagotag en Francia, una empresa especializada en el etiquetado electrónico.

Paquete de chicles y QR

Aunque el código de barras fue patentado inicialmente por los estadounidenses Norman Joseph Woodland y Bernard Silver en 1952, no fue realmente perfeccionado y comercializado hasta 1971, bajo el impulso del ingeniero estadounidense George Laurer.

Después de consultas entre grandes industriales y distribuidores se convirtió en 1973 en el sistema utilizado para identificar los productos de gran consumo.

El primer artículo escaneado, el 26 de junio de 1974 en Ohio, fue un paquete de chicles que ahora se exhibe en el Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, en Washington.

Hoy en día es la organización GS1 (Global Standard 1), sin ánimo de lucro y que cuenta con dos millones de empresas miembros; se encarga de la estandarización a nivel mundial de la identificación de los productos.

Para cada producto de cada empresa que lo solicita, entrega un código único de identificación, el «global trade ítem number», que luego se traduce en un código de barras.

Cada empresa debe abonar una cotización correlacionada con su volumen de negocios, de 98 euros (106 dólares) y 4.400 euros (4.770 dólares) anuales.

El juego Go

Ahora se perfila una pequeña revolución, explican Renaud de Barbuat y Didier Veloso, presidente de GS1 Mundo y presidente de GS1 Francia, respectivamente.

Para el 2027, el código de barras «habrá dado paso al nuevo estándar desarrollado por la organización», un código QR.

La apariencia del código QR hace referencia al Go, un juego de origen chino; con sus combinaciones de puntos blancos y negros dispuestos en un cuadrado, inspiró a su creador en 1994, el japonés Masahiro Hara; pese a aque el código de barras hace pensar a algunos artistas o críticos del consumo excesivo a los barrotes de una prisión.

El código QR significa Quick Response Code (código de respuesta rápida); su ventaja sobre el código de barras es que puede integrar mucha más información, por ejemplo, la composición del producto.

«Contiene más información sobre los productos, comparte un sinfín de contenidos digitales y crea nuevos usos accesibles a todos, especialmente para los consumidores», sintetiza GS1.

Algunas marcas ya están añadiendo estos códigos a sus productos, lo que permite a los clientes saber más sobre su fabricación o características.

Esto se generalizó durante la pandemia de covid-19.

Aplicado a los productos de consumo, GS1 estima que el código QR será «una formidable herramienta para desarrollar la economía circular», en particular el reciclado y la reutilización.

Para tranquilidad de los nostálgicos del código de barras, GS1 explica que «los 13 dígitos para identificar un producto permanecerán», con lo cual la transición será suave.

El pintor español Pablo Picasso (1881-1973) es el más cotizado en las subastas del mundo entero; sus ventas sobrepasan los 4.700 millones de dólares en la última década, según datos de la firma de análisis francesa Artprice.

Le siguen a distancia el estadounidense Andy Warhol (3.400 millones de dólares) y el francés Claude Monet (2.600 millones).

Cinco obras de Picasso han superado los 100 millones de dólares en subasta; 16 más de 50 millones y 39 más de 30 millones, según datos de la AFP. Ningún otro artista ostenta esas cifras.

El cuadro más caro hasta la fecha es «Las mujeres de Argel (Versión O)», de 1955.

Fue vendido el 11 de mayo de 2015 en 179,4 millones de dólares por la casa de remates Christie’s en Nueva York. El vendedor lo había adquirido por 31,9 millones de dólares en 1997.

En ese momento era la subasta más cara de la historia, hasta que fue superada en noviembre de 2017 por «Salvator Mundi», atribuido a Leonardo da Vinci, vendido en 450 millones de dólares (récord mundial actual en el mercado del arte).

En las dos décadas previas, otros dos cuadros de Picasso habían batido récords mundiales: «Muchacho con pipa» (104,2 millones de dólares) en mayo de 2004, y «Desnudo, hojas verdes y busto» (106,5 millones) en mayo de 2010, según la base de datos de la AFP.

A lo largo de diez años, un promedio de más de 3.000 obras de Picasso han sido adjudicadas anualmente, es decir 31.745 ventas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a Argentina «un paquete de políticas más fuerte» frente a la sequía y la crisis, tras girar 5.400 millones de dólares al país, informó la organización financiera en un comunicado.

En el contexto de una sequía histórica, una inflación creciente y una cobertura de reservas débil «es necesario un paquete de políticas más fuerte para salvaguardar la estabilidad, abordar los reveses y asegurar los objetivos del programa», señala.

Se refiere al programa crediticio alcanzado entre el FMI y el gobierno argentino el 25 de marzo de 2022, en virtud del cual el país sudamericano recibe 44.000 millones de dólares a 30 meses, de los que ya cobró 28.900 millones con los 5.400 girados en las últimas horas.

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Este acuerdo obliga al gobierno del presidente Alberto Fernández a aumentar sus reservas internacionales y reducir el déficit fiscal, de 3% del Producto Interno Bruto en 2021 a 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024.

En 2022, el déficit alcanzó el 2,3% del PIB y las reservas internacionales netas aumentaron en 5.400 millones de dólares, por encima de la meta de 5.000 millones.

El viernes el directorio ejecutivo del Fondo concluyó la cuarta revisión del acuerdo, lo que permitió el desembolso inmediato de los 5.400 millones de dólares, y también aprobó «una modificación de la meta de reservas».

Criterios cumplidos

La organización estima que los criterios cuantitativos hasta fines de diciembre de 2022 «se cumplieron con cierto margen».

«Políticas macroeconómicas más prudentes en la segunda mitad de 2022 respaldaron una moderación de la inflación y mejoras en los saldos fiscal y externo», reconoce Gita Gopinath, números dos del FMI, citada en el comunicado.

Pero «la situación económica se ha vuelto más desafiante desde principios de este año a la luz de la sequía cada vez más severa y los reveses de políticas», advirtió.

«Alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9 % del PIB para 2023 sigue siendo esencial para respaldar la desinflación y la acumulación de reservas, aliviar las presiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la deuda», insistió.

Para ello Gopinath no descarta que «se requiera un endurecimiento adicional de la política macroeconómica y modificaciones» a la política cambiaria.

Argentina registró en 2022 un crecimiento del 5,2% del Producto Interior Bruto (PIB), pero la inflación siguió siendo muy alta y cerró el año a 94,8%, todo un récord en más de tres décadas. Se traduce en que la mayoría de los bienes cuestan el doble que el año pasado por las mismas fechas, en un país donde la pobreza también ha empeorado hasta alcanzar al 39,2% de la población, según cifras oficiales.