Al menos nueve personas han fallecido este jueves en el marco de las protestas que han tenido lugar tras la condena de dos años de cárcel contra el líder opositor en Senegal, Ousmane Sonko, por «corrupción de la juventud» en el juicio por violación y amenazas de muerte contra una mujer, cargos de los que ha sido finalmente absuelto.

El ministro del Interior senegalés, Antoine Félix Abdoulaye Diome, ha informado del balance de víctimas que se han registrado en «violentos enfrentamientos» en la capital, Dakar, y Ziguinchor, ciudad del sur del país del que Sonko es alcalde.

Diome, que ha expresado sus «más sinceras condolencias en representación del jefe de Estado, ha hecho un llamamiento a los manifestantes a la «calma y serenidad», recoge el diario ‘Le Soleil’.

Además, ha asegurado que las autoridades del país decidieron restringir la conexión a Internet por motivos de seguridad. «Habiendo observado abusos en Internet, el Estado de Senegal ha decidido, en responsabilidad, restringir temporalmente ciertas redes sociales», ha declarado.

Un tribunal de Senegal ha condenado este jueves a dos años de cárcel a Sonko por «corrupción de la juventud», en el marco de un juicio por supuesta violación y amenazas de muerte contra una mujer, cargos de los que ha sido finalmente absuelto.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal senegalesa de noticias, APS, la propietaria del salón de masajes en el que trabajaba la denunciante; ha sido condenada igualmente a dos años de prisión si bien ha sido absuelta de los cargos por complicidad en una violación.

Antecedes de Ousmane Sonko

El ministro de Justicia senegalés, Ismaila Madior Fall, ha sostenido en una rueda de prensa que el líder opositor puede ser detenido «en cualquier momento». «La sentencia debe ser ejecutada. Este es un caso en ausencia, y la medida se puede llevar a cabo en cualquier momento», ha declarado, tal y como recoge el portal DakarActu.

La Fiscalía senegalesa había reclamado una pena de diez años de cárcel contra Sonko. Mientras que el político ha rechazado en todo momento las acusaciones. Y ha indicado que son parte de un plan del presidente, Macky Sall, para impedirle presentarse a las presidenciales de 2024.

El caso contra Sonko por presunta violación fue abierto en marzo de 2021. Cuando la detención del opositor derivó en unas protestas por parte de sus seguidores que se saldaron con 15 muertos e importantes daños materiales.

Las manifestaciones registradas a mediados de mayo por parte de seguidores que se concentraron en su vivienda para impedir su arresto. Se saldaron con otros tres muertos, incluido un agente atropellado en un accidente por un vehículo policial.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que Sall tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad; si bien el mandatario ha defendido que sería legal que se presentara a las urnas, extremo que aún no ha confirmado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado este jueves «enseñamiento» contra la prensa en Guatemala, después de que la Fiscalía guatemalteca haya solicitado 40 años de prisión contra el periodista José Rubén Zamora, fundador del diario ‘elPeriódico’, por presuntos delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.

«El ensañamiento del Gobierno de Guatemala contra la prensa queda nuevamente en evidencia con la solicitud de 40 años de prisión para el periodista José Rubén Zamora por parte de la fiscalía del Ministerio Público», reza un comunicado de la SIP.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, ha pedido al Gobierno del país centroamericano que, «ante las sospechas de falta de independencia de los poderes públicos, deponga su actitud intimidatoria contra el periodismo y no siga lesionando la democracia en su país».

Asimismo, Greenspon ha señalado que varios periodistas guatemaltecos han tenido que salir del país por temor a la manipulación de la justicia y ante señales de que el Gobierno de Alejandro Giammattei utiliza este caso para amedrentar e intentar neutralizar la labor fiscalizadora de la prensa.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, ha denunciado que «luego de un juicio con múltiples irregularidades» la Fiscalía pretende «una pena desproporcionada contra un periodista al que ya mantiene en la cárcel desde hace diez meses».

«Otros ocho periodistas y columnistas de ‘elPeriódico’ también se hayan bajo investigación oficial por supuesta obstrucción de la justicia, entre ellos uno de nuestros expresidentes, Gonzalo Marroquín; y la exdirectora del medio, Julia Corado. Ambos tuvieron que abandonar el país», ha lamentado Jornet.

La Sociedad Interamericana de Prensa viene batallando

En su informe sobre Guatemala durante la reunión semestral en abril, la SIP señaló que las autoridades del país usaron a la Fiscalía para presentar cargos contra los abogados de Zamora para bloquear sus posibilidades de defensa, y contra otros periodistas que opinaron sobre el caso.

El diario guatemalteco ‘elPeriódico’ anunció a mediados de mayo su cierre tras denunciar «persecución» y «presiones políticas» por parte del Gobierno después de que su director, Jose Rubén Zamora, fuese detenido en julio por un presunto delito de lavado de dinero.

El medio guatemalteco explicó entonces que la detención de su presidente, un caso «fabricado» por el «régimen» actual en «menos de 72 horas», fue solo el principio de la «batalla», ya que el «hostigamiento» contra su equipo ha continuado hasta el día de hoy.

El presidente de ‘elPeriódico’, José Rubén Zamora, fue arrestado en julio después de que un tribunal de primera instancia de la Ciudad de Guatemala autorizase una orden de captura en su contra, allanando su casa y la redacción del periódico. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, alegó entonces que el motivo de su detención tenía relación con una investigación por supuesto blanqueo de dinero, chantaje o tráfico de influencias, entre otros cargos.

Decían ser prensa independiente

En marzo, el juez Décimo Penal de Guatemala, Jimi Bremer, ordenó la investigación por obstrucción a la justicia contra varios periodistas del diario guatemalteco en el marco de la detención de su presidente, que permanece en prisión preventiva. En respuesta, los redactores de ‘elPeriódico’ publicaron un comunicado manifestando su «rechazo ante las intenciones de criminalizar a la prensa independiente». «Mientras periodistas de ‘elPeriódico’ dan la cara para mantener al pueblo guatemalteco informado, el Gobierno de Alejandro Giammattei criminaliza y pretende destruir la libertad de expresión en el país», señalaron.

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas llegó a mostrar preocupación tras la apertura de una investigación contra los trabajadores del diario. Mientras que, por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pidió a las autoridades que detuvieran el caso.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha firmado este jueves el decreto que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía y los militares, promulgado como respuesta a la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país latinoamericano desde hace varios meses.

En este decreto, se legisla entre otras cosas el uso de munición real por parte de los agentes, que podrán disparar a un sospechoso sin que este haya abierto fuego contra ellos antes.

A través de sus redes sociales, Lasso ha celebrado la firma del decreto, que ya ha entrado en vigor: «Este documento define con claridad lo que significa la materialización del acto ilícito, la amenaza o peligro inminente que pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública».

«El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano para actuar, se terminó», ha añadido, a pesar de críticas por parte de algunos sectores civiles ante las posibles consecuencias de este permiso.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública del país, Wagner Bravo, ha explicado en declaraciones al diario ‘Primicias’ que esta legítima fuerza sólo se utilizará contra un uno por ciento de la población, por lo que «quienes deben estar preocupados por este reglamento son quiénes cometen delitos y quieren vivir por fuera de la ley».

Además, ha insistido en que la finalidad de esta ley es que todos los ciudadanos conozcan los supuestos en los que las fuerzas de seguridad del Estado pueden utilizar legítimamente la fuerza, y así disuadir a aquellos que se planteen delinquir de algún modo.

Lasso el uso legítimo de la fuerza y la violencia

Durante los primeros meses de 2023, Ecuador ha sufrido un repunte de la violencia armada con el cometimiento de homicidios, asesinatos y sicariatos. Según los datos de 2022 recogidos por el portal especializado Insight Crime, Ecuador registró una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica.

Los niveles alarmantes de violencia han sido claves en la crisis política que atraviesa el país, donde el presidente Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ante la imposibilidad de gobernar. El mandatario autorizó a principios de abril la «tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal», entre otras medidas para intentar frenar la incipiente inseguridad, vinculada en el auge del narcotráfico.

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El Gobierno de Corea del Sur ha anunciado este viernes sanciones contra el grupo de hackers norcoreano Kimsuky, dos días después del lanzamiento fallido de un satélite de reconocimiento militar que cayó en el mar Amarillo.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha indicado que el grupo designado es una división de la dirección principal de Inteligencia militar de Corea del Norte, informa la agencia de noticias Yonhap.

Asimismo, acusa al grupo de hackers norcoreano de recopilar información sobre individuos e instituciones de la diplomacia, la seguridad y la defensa nacional con el objetivo de proporcionársela a las autoridades de Pyongyang.

El grupo, además, se ha comprometido a adquirir tecnologías de vanguardia relacionadas con el desarrollo de armas, satélites y tecnología espacial en todo el mundo. También habría contribuido directa o indirectamente al proyecto de desarrollo de satélites de Corea del Norte.

Las agencias de seguridad de Estados Unidos y Corea del Sur han emitido una alerta de seguridad cibernética para advertir a la comunidad internacional sobre las actividades ilegales de este grupo. Este aviso conjunto proporciona información sobre las técnicas de piratería y recomienda tomar precauciones contra actividades sospechosas para evitar posibles daños.

Estas medidas son las primeras sanciones unilaterales contra este grupo de piratería. Representa el octavo paquete de sanciones unilaterales contra Corea del Norte desde que Yoon Suk Yeol llegó a la Presidencia surcoreana en mayo de 2022.

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Ministro de Italia lanzó insultos racistas a una autoridad afrodescendiente

La Justicia de Italia ha condenado este jueves a siete meses de prisión al ministro de Asuntos Regionales y Autonomías Roberto Calderoli, de la ultraderechista Liga italiana, por realizar insultos racistas contra Cécile Kyenge, la que fuera la primera ministra afrodescendiente del país.

Un tribunal de Bérgamo ha confirmado la sentencia por difamación agravada por origen racial contra Kyenge; después de que Calderoli, en 2013, cuando era vicepresidente del Senado de Italia, comparase a la entonces ministra con un orangután durante un mitin de su partido en Treviglio, en el norte de Italia.

El Poder Judicial italiano ya condenó al ahora ministro en apelación. Pero los jueces habían anulado las sentencias anteriores contra Calderoli por falta de reconocimiento del impedimento legítimo.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló que Calderoli no puede gozar de inviolabilidad. A pesar de que las autoridades habían declarado que las opiniones del senador eran «expresadas por un miembro del Parlamento en el ejercicio de sus funciones» y, por tanto, «incuestionables».

Según el TC, las opiniones expresadas fuera del ejercicio específico de las funciones parlamentarias están cubiertas por la inviolabilidad solamente si asumen una finalidad divulgadora de la actividad parlamentaria. Así, la prerrogativa de «no puede extenderse a los insultos»

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