Florida se dispone a prohibir la enseñanza de asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en todos los cursos escolares, una decisión que extendería una polémica ley impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

La nueva norma será sometida a una votación de la Junta Educativa estatal el 19 de abril y ya ha sido aprobada por el Departamento de Educación, dos entes que dirigen personas designadas por DeSantis, informó este miércoles la prensa local. No necesitará un voto parlamentario para entrar en vigor.

De aprobarse, los profesores tendrán prohibido enseñar «de forma intencionada» temas relacionados con «la orientación sexual o identidad de género» a los estudiantes desde preescolar hasta el último año de la educación secundaria.

La iniciativa del año pasado, apodada «No digas gay» por sus detractores, se aplicaba hasta alumnos de ocho o nueve años.

DeSantis la convirtió en una de las leyes emblemáticas de su batalla cultural contra políticos, profesores y empresas a los que acusa de querer imponer su ideología progresista a los demás.

El gobernador ha cortejado a los votantes más conservadores con sus polémicas propuestas sobre educación e inmigración en los últimos meses.

Se trata de una estrategia que lo ha convertido en la estrella ascendente de la derecha estadounidense y en uno de los republicanos favoritos para las presidenciales de 2024, aunque él aún no ha anunciado su candidatura.

La nueva ley educativa ha suscitado el rechazo de activistas pro-LGBTQ como la organización Equality Florida.

«Este ha sido el objetivo todo el tiempo: la censura generalizada y la prohibición de libros dirigidos a las personas LGBTQ al servicio de sus ambiciones presidenciales (de DeSantis)», tuiteó el grupo este miércoles.

«Ahora los educadores, de cualquier grado, y sus medios de vida están en el punto de mira por reconocer que las personas LGBTQ existen», añadió.

Más de 120.000 personas resultaron heridas por gases lacrimógenos o balas disparadas por la policía durante protestas en todo el mundo desde 2015, según un informe publicado el miércoles.

La asociación Physicians for Human Rights (PHR), la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO) y la fundación británica Omega han revisado los informes médicos de las masivas manifestaciones en Chile y Colombia, las concentraciones del movimiento de chalecos amarillos en Francia, las marchas antirracistas de Black Lives Matter, y las protestas a favor de la democracia en Hong Kong y Birmania, entre otras.

Sobre la base de estos datos, su informe «Lethal in Disguise» (letalidad disfrazada) describe el impacto que tiene en la salud el uso de armas no letales utilizadas por las fuerzas policiales en todo el mundo frente al «ejercicio legítimo de un derecho democrático».

Según el informe, los gases lacrimógenos y otros irritantes químicos hirieron a 119.113 personas en los últimos siete años, el 4% de las cuales requirió hospitalización o cirugía. Al menos 14 personas murieron tras inhalar estos gases.

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Los llamados proyectiles de «defensa», incluidas las balas de goma, hirieron a 2.190 personas, el 65% de ellas en los ojos. Al menos 945 personas quedaron con secuelas de por vida y 12 fallecieron tras este impacto, cuentan los autores del estudio, que también describen las consecuencias de granadas de aturdimiento, cañones de agua o porras.

Según ellos, las fuerzas del orden, incluso en los países democráticos, tienden a abusar de su poder frente a los movimientos de protesta que se han multiplicado desde principios del siglo XXI.

En lugar de dispersar a las multitudes, «esto conduce a menudo a que se renueven las tensiones y se produzca una escalada de los conflictos», lamentan, y recomiendan una mejor regulación y un uso no indiscriminado de estas armas, así como una mejor formación de los agentes para su utilización.

Cinco migrantes subsaharianos se ahogaron el miércoles y 28 desaparecieron tras el naufragio de su embarcación frente a la costa de Túnez, informó un grupo de defensa de derechos humanos de este país.

«Los cuerpos de cinco migrantes fueron encontrados y cinco otros rescatados, pero 28 aún están desaparecidos», declaró Romdhane Ben Amor, del Foro tunecino por los derechos sociales y económicos (FTDES).

La embarcación se hundió «porque iba sobrecargada» con 38 pasajeros, la mayoría de Costa de Marfil, precisó.

El barco salió de la costa de Sfax, en el este de Túnez, rumbo a la isla italiana de Lampedusa.

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El naufragio es la última tragedia de este tipo en el Mediterráneo central, conocido por ser la ruta migratoria más mortífera del mundo, y se produce apenas un mes después de las declaraciones incendiarias del presidente Kais Saied.

El dirigente tunecino acusó a los migrantes procedentes de África de ser responsables del aumento de la criminalidad.

Sus declaraciones provocaron una oleada de violencia y acoso contra los ciudadanos de África subsahariana.

Unos 21.000 migrantes procedentes de África subsahariana viven actualmente en Túnez, un país de 12 millones de habitantes, según las estimaciones.

El primer cohete impreso en 3D del mundo está programado para despegar este miércoles desde Florida, sureste de Estados Unidos, para un vuelo inaugural que, de ser exitoso, contribuirá a revolucionar la industria de los lanzamientos.

Es el tercer intento de despegue del cohete no tripulado Terran 1, luego de que el previsto el 8 de marzo se pospusiera a último minuto debido a la temperatura del propulsor. Un segundo intento, el 11 de marzo, se canceló por un problema con la presión de combustible.

Relativity Space, la empresa emergente de California que fabricó el cohete, espera que la tercera sea la vencida.

El lanzamiento está previsto desde Cabo Cañaveral, Florida, y la ventana de lanzamiento de tres horas comenzará este miércoles a las 22H00 hora del este de Estados Unidos (02H00 GMT del jueves).

Ocho minutos después del lanzamiento, Terran 1 estará listo para alcanzar la órbita terrestre baja, en un viaje destinado a recopilar datos y demostrar que un cohete impreso en 3D puede soportar los rigores del despegue y el vuelo espacial.

Si el cohete logra alcanzar la órbita terrestre baja, será el primer vehículo financiado con fondos privados que utilice metano como combustible en su primer intento, según Relativity.

Terran 1 no llevará una carga útil en su primer vuelo, pero eventualmente será capaz de poner hasta 1.250 kilogramos en órbita terrestre baja.

El cohete mide 33,5 metros de altura y tiene 2,2 metros de diámetro. El 85% de su masa está impresa en 3D con aleaciones de metal, incluidos los nueve motores Aeon 1 en su primera fase y el motor Aeon Vacuum en su segunda fase.

Es el mayor objeto impreso en 3D visto hasta ahora, hecho con las impresoras de metal 3D más grandes del mundo, según la compañía con sede en Long Beach, área metropolitana de Los Ángeles.

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En sólo 60 días

El objetivo de Relativity es producir un cohete impreso en 3D en un 95%.

Terran 1 tiene motores que utilizan oxígeno líquido y gas natural líquido, «los propulsores del futuro», capaces de alimentar eventualmente un viaje a Marte, según Relativity.

Los cohetes Starship, de SpaceX, y Vulcan, de United Launch Alliance, usan el mismo combustible.

Relativity también está fabricando un cohete más grande, Terran R, capaz de poner una carga útil de 20.000 kg en órbita terrestre baja.

El primer lanzamiento de un Terran R, que está diseñado para ser completamente reutilizable, está programado para 2024.

Un operador de satélites puede esperar años antes de obtener un lugar en los grandes cohetes de Arianespace o SpaceX. Relativity Space espera ingresar pronto al mercado con sus cohetes impresos en 3D.

La firma dijo que sus cohetes impresos en 3D usan 100 veces menos piezas que los tradicionales y se pueden fabricar a partir de materias primas en solo 60 días.

Rlativity ya firmó contratos de lanzamiento comercial por unos $us 1.650 millones, principalmente para el Terran R, según su director ejecutivo Tim Ellis, cofundador de la empresa en 2015.

Un gran jurado de Nueva York canceló su sesión de este miércoles, informaron medios estadounidenses. Esta determinación retrasa la decisión sobre una eventual acusación penal contra el expresidente Donald Trump. Acusación que se da por dinero pagado para silenciar a una actriz porno.

El panel, que opera en secreto, generalmente se reúne los lunes, miércoles y jueves por la tarde; lo que ha generado especulaciones sobre la inminencia de una votación sobre una inculpación histórica contra un expresidente.

Sesión cancelada

La sesión de este miércoles fue cancelada, dijeron funcionarios policiales no identificados a varios medios estadounidenses, sin explicar por qué. El diario The New York Times informó que las interrupciones en los procedimientos de un gran jurado no son inusuales.

Insider, el medio que dio la noticia de que el gran jurado no se reunirá esta tarde, citó a una fuente diciendo que es posible que el panel no vuelva a sesionar esta semana. Lo que significa que lo más pronto que podría tomar una decisión sobre el caso de Trump es el lunes.

Con barricadas fuera de la Torre Trump y la policía en alerta máxima, la ciudad está en vilo desde hace días por la posibilidad de que el exmandatario sea inculpado por la justicia del estado de Nueva York. Particularmente después de que Trump afirmó el fin de semana que sería arrestado el martes, lo cual no ocurrió.

En Estados Unidos, los fiscales pueden presentar testigos y pruebas a un panel de ciudadanos conocido como gran jurado. Este jurado decide si un caso amerita una inculpación.

De ser inculpado, el magnate de 76 años se convertiría en el primer expresidente estadounidense acusado de un delito. Asimismo, se complicarán sus aspiraciones de ser elegido candidato presidencial republicano para las elecciones de 2024.

También sería la primera vez que podría verse a un expresidente estadounidense arrestado, registrado con toma de huellas dactilares, y posiblemente esposado.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, formó el gran jurado en enero; luego de su investigación sobre los $us 130.000 pagados a Daniels en 2016.

Los grandes jurados operan a puerta cerrada para evitar el perjurio o la manipulación de testigos antes de los juicios. Lo que hace prácticamente imposible seguir sus procedimientos.

Una portavoz de Bragg dijo a la AFP que «no puede confirmar ni comentar sobre asuntos del gran jurado».

Incluso una vez que el panel toma una decisión, no está claro cuándo Bragg anunciará los cargos.

Expertos legales han sugerido que podría pasar algún tiempo antes de que Trump, actualmente en su resort Mar-a-Lago en Florida, sea procesado ante un juez de la corte penal de Manhattan.

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Trump llama a protestar

El pago a Daniels se realizó semanas antes de las elecciones de 2016; se hizo supuestamente para evitar que hiciera pública una relación extramarital que dice haber tenido con Trump años antes.

El morador de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 niega la aventura y ha calificado la investigación como una «cacería de brujas».

El exabogado personal de Trump Michael Cohen, quien testificó ante el gran jurado, le dijo al Congreso en 2019 que hizo el pago en nombre de Trump, y luego se le reembolsó.

El pago a Daniels, si no se registró adecuadamente, podría resultar en un cargo por delito menor por falsificación de la contabilidad, según expertos. Pero podría elevarse a delito grave si se buscaba encubrir un segundo delito, como una violación de las leyes del financiamiento de campañas, penado con hasta cuatro años de cárcel.

Pero esto no está probado y sería difícil probarlo en la corte, dicen analistas.

Una acusación contra Trump daría comienzo a un proceso que podría durar varios meses, si no más. Enfrentaría muchos temas legales antes de la selección del jurado y complicaría la labor del Servicio Secreto que protege a Trump.

El expresidente ha convocado a manifestaciones masivas si lo acusan. En ese sentido, alimentando temores de disturbios similares a los del 6 de enero de 2021, cuando partidarios pro-Trump asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, pero hasta ahora las protestas han sido pequeñas y silenciosas.

La policía de Nueva York erigió barricadas frente al juzgado y la Torre Trump.

Investigaciones penales

Trump enfrenta varias investigaciones penales a nivel estatal y federal por posibles irregularidades que amenazan su nueva carrera hacia la Casa Blanca. Muchas de ellas más graves que el caso de Manhattan.

Incluyen sus intentos para anular su derrota electoral de 2020 en el estado de Georgia; además de su manejo de documentos clasificados y su posible participación en los disturbios del 6 de enero.

Algunos observadores creen que una acusación es un mal presagio para las posibilidades de Trump en 2024. Mientras que otros dicen que una inculpación podría aumentar el apoyo al exmandatario.