Integrantes de la minoría musulmana rohinyás de Birmania dieron su testimonio este miércoles en Buenos Aires, en el marco de una investigación de la justicia argentina sobre los presuntos crímenes de guerra del ejército del país asiático, informó uno de sus representantes.

«Es un día histórico para todos en Birmania. Las audiencias en persona finalmente tuvieron lugar y fuertes evidencias se han producido en un tribunal», declaró a la AFP Maung Tun Khin, presidente de la Organización de los Rohinyás birmanos del Reino Unido, con sede en Londres.

El portavoz no dio la identidad ni el número de «sobrevivientes» que declararon por primera vez en forma presencial, ni los hechos abordados por «razones de seguridad».

Pero se prevé que media docena de personas dé su testimonio en audiencias hasta el 13 de junio, según una fuente cercana a la causa.

La audiencia, a puerta cerrada, se produce bajo el principio de «justicia universal», consagrado en la Constitución de Argentina.

Este principio permite juzgar delitos muy graves, sin importar la nacionalidad de los acusados ni el lugar donde se hayan producidos los hechos denunciados.

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Antecedentes a la declaración de rohinyás

En 2021, la justicia argentina hizo lugar a una denuncia y abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana.

Ese mismo año, seis mujeres rohinyás, refugiadas en Bangladés, participaron de una audiencia virtual ante el tribunal argentino en la que dijeron haber sido víctimas de violencia sexual y mencionaron la muerte de familiares debido a la represión.

«Las audiencias presenciales van a seguir, aportan a la causa elementos muy importantes», declaró Tun Khin.

La justicia argentina ya había aceptado analizar otros casos foráneos bajo el principio de jurisdicción universal, en particular el de los crímenes cometidos bajo el régimen franquista en España.

Unos 750.000 rohinyás huyeron a Bangladés del estado birmano de Rakáin (oeste) en agosto de 2017, tras una operación de represión del ejército en ese país de mayoría budista.

Estos hechos han sido objeto desde entonces de otras demandas penales tanto ante la Corte Penal Internacional como por «actos de genocidio» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La Cámara de Senadores de Uruguay suspendió el miércoles los fueros parlamentarios del senador Gustavo Penadés, investigado desde hace dos meses por múltiples denuncias de abuso y explotación sexual de menores.

Penadés, quien era un destacado senador del partido de centroderecha del presidente Luis Lacalle Pou, perdió así su inmunidad parlamentaria y quedó a disposición de los tribunales.

Por unanimidad, los 30 senadores y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, votaron a favor del desafuero. La decisión ya fue comunicada a la Suprema Corte de Justicia, y se espera que la fiscal a cargo solicite la imputación de Penadés, dijeron fuentes cercanas al caso.

La Fiscalía escuchó a ocho presuntas víctimas y tiene conocimiento de al menos cuatro más, según detalles del expediente revelados durante la sesión del Senado.

Supuesto abuso sexual de Gustavo Penadés ocurrió hace años

La mayoría de los que prestaron declaración «tenían corta edad» en el momento del presunto abuso y explotación sexual, en su mayoría «13 y 14 años», y los hechos denunciados ocurrieron a lo largo de varios años, con un testimonio incluso de 2020, de acuerdo con la Fiscalía.

«En un caso ya antiguo, la víctima era apenas un niño en un cuadro de fútbol que el propio Penadés organizaba cuando aún era un adolescente», señala el expediente.

El senador es investigado por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, previsto en la ley 17.815 de 2004, que conlleva una pena de 2 a 12 años de cárcel.

«El levantamiento de los fueros no implica una atribución de responsabilidad al senador. Lo que implica es poder profundizar la investigación y eventualmente solicitar el inicio de un proceso penal», explicó a la AFP el portavoz de la Fiscalía, Javier Benech.

Penadés, de 57 años, quien semanas atrás pidió licencia al Senado así como a la Presidencia del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que ejerce este año. Nunca se opuso a su desafuero pero ha negado «rotundamente» las acusaciones.

El martes el legislador renunció como afiliado del oficialista Partido Nacional; en el que ha tenido una dilatada trayectoria desde que comenzó a militar en los años 1980.

Denuncias

El fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Juan Gómez, dispuso a fines de marzo una investigación de oficio de Penadés; luego de las declaraciones públicas de Romina Celeste Papasso, una mujer trans militante del Partido Nacional.

«Voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años», dijo Papasso el 26 de marzo en Twitter. Señalando que le había pagado para mantener relaciones sexuales cuando ella tenía 13 años y aún se identificaba como varón.

Dos días después, la joven treintañera reveló en el programa de televisión HLQP que esa persona era Penadés.

El 29 de marzo, en una declaración pública, Penadés negó «rotundamente» esos señalamientos y aludió a su condición de homosexual; rechazando que por eso pueda ser acusado de «pedófilo».

«Rechazo con el mayor énfasis posible las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público», dijo.

Desde entonces, otras personas, que no dieron sus nombres, contaron en medios haber vivido experiencias similares a las de Papasso.

Un hombre relató al diario El Observador un encuentro sexual con Penadés en un motel en Punta del Este hace más de 20 años. Por el que el político le dio dinero. Dijo que él tenía entonces 17 años y que Penadés sabía que era menor de edad.

Penadés volvió a rechazar afirmaciones de ese tipo el 25 de mayo; cuando compareció como indagado en el caso a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione.

«No cometí ningún delito», aseguró entonces a periodistas.

Otros implicados

Ese día también declaró un profesor de historia del Liceo Militar, Sebastián Mauvezin; a quien Ghione investiga como supuesto facilitador de los presuntos encuentros sexuales de Penadés con menores.

El contrato laboral del docente fue rescindido este miércoles tras el informe de la Fiscalía que se conoció en la sesión del Senado, dijeron fuentes del ministerio de Defensa.

Jeringas, agujas, catéteres, tubos para tomar muestras… Desechos hospitalarios, algunos con restos de sangre, sobresalen en una montaña de basura que desemboca al mar tras recorrer el muy contaminado río que atraviesa Caracas.

Están esparcidos en la arena entre una pestilente alfombra de envases plásticos.

La desembocadura se abre en la playa de Paparo, un pueblo con unos 3.000 habitantes en el estado Miranda (centro-norte), a unos 130 km de Caracas. Un pequeño árbol de mangle trata de abrirse paso entre los desechos. Otros han muerto al no lograr sobrepasar la espesa capa de plásticos que asfixia la arena.

«Mantener limpia la playa es quererla», se lee en una vieja vaya metálica.

Pero allí llegan las aguas del río Tuy, que recibe las contaminadas corrientes del Guaire, un caudal de aguas servidas que atraviesa la capital de Venezuela.

Los desechos hospitalarios, cuya manipulación debe regirse por estrictos protocolos que incluyen su separación en recipientes según su grado de riesgo, no son nuevos en esta playa donde agujas sobresalen de la arena.

Llegan al mar dentro de «garrafas de agua mineral» llenas de estos insumos descartados, asegura Héctor Manuel Blanco, quien a sus 61 años camina entre la alfombra de desechos en busca de trozos de bambú para venderlos.

Dentro de estos envases hay «mangueritas, agujas, jeringas», sigue Blanco. Y «los muchachitos (niños) empiezan a romper esas perolas para sacar eso, sacan las agujas» para jugar.

«Potencial de infección» por desechos hospitalarios

Las agujas por ejemplo, «se consideran la categoría de desechos de la atención de salud más peligrosa (…) debido al riesgo de lesiones por pinchazos, que entrañan un alto potencial de infección», según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El sistema público de salud de Venezuela está colapsado desde hace décadas. Muchos incineradores no funcionan o lo hacen a medias, además de que la falta de políticas para la clasificación y manejo de desechos en general agrava la situación.

Aunque pocos, voluntarios han recolectado algunos materiales hospitalarios en las costas, apunta Luisa Escobar, al frente de la ONG Fudena, que recolecta y clasifica desechos en playas desde hace más de 30 años.

En octubre de 2022, por ejemplo, hallaron desechos hospitalarios, incluidas hojillas quirúrgicas, dentro de una botella plástica de gaseosa en un cayo del paradisíaco Parque Nacional Morrocoy (Falcón, noroeste).

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) impulsa un programa para la gestión de estos desechos.

En un hospital en Puerto Ayacucho (Amazonas, sur) «hemos instalado un incinerador de alta potencia para apoyar el manejo de desechos médicos que se producen en el hospital y en los centros de salud urbanos ubicados alrededor de la ciudad», explicó a la AFP Héctor Blanco, supervisor de Agua y Saneamiento de MSF en el estado.

«Vemos una disposición por fortalecer los procesos y sistemas necesarios para una gestión segura de desechos médicos».

Promesa incumplida

El Guaire es la principal vía de desagüe de las aguas residuales de Caracas y por más de un siglo ha estado contaminado, pero aún más desde inicios del siglo XXI.

El fallecido expresidente Hugo Chávez (1998-2013) llegó a prometer su limpieza en 2005, pero nunca se concretó.

Mientras, en Paparo se acumula la basura, que aumenta en la época de lluvia.

Locales pescan cerca de los desechos, mientras bandadas de aves marinas buscan presas entre el caos.

«Esta basura viene bajando de Caracas» formando «una cama de plástico», señala Luis Hernández, pescador de 53 años. «Antes era una belleza, limpiecita, con matas de coco por todos lados», lamenta.

La inteligencia artificial (IA) ha probado ser útil en lectura de imágenes de resultados médicos e incluso ha mostrado que pueden aprobar el examen de licencia para doctores.

Ahora, una nueva herramienta de IA ha demostrado la capacidad de leer notas médicas y anticipar con precisión el riesgo de muerte de los pacientes, su readmisión al hospital y otros resultados importantes para su cuidado.

Diseñado por un equipo de la Escuela Grossman de Medicina de la NYU, el programa actualmente se usa en todos los hospitales afiliados a esta universidad en Nueva York, con la esperanza de que se vuelva estándar en la salud.

El estudio sobre su valor predictivo fue publicado este miércoles en la revista Nature, la IA retó a los médicos profesionales.

El autor principal, Eric Oermann, neurocirujano de la NYU y científico computacional, dijo a la AFP que mientras los modelos predictivos sin IA han estado alrededor de la medicina por varios años. Se han usado muy poco en la práctica porque los datos que necesita requieren una incómoda reorganización y adaptación de formato.

Sin embargo, «una cosa que es común en la medicina en todas partes, es que los médicos escriben notas sobre lo que ven en clínica, lo que han hablado con pacientes», dijo.

«Entonces, nuestra revelación básica fue: ¿Podemos comenzar con las notas médicas como fuente de datos y después construir modelos predictivos sobre ellas?».

El enorme modelo de lenguaje llamado NYUTron fue entrenado con millones de notas médicas extraídas de historias clínicas de 387.000 personas; que recibieron atención médica en los hospitales NYU Langone entre enero de 2011 y mayo de 2020.

Estos registros incluían los escritos por doctores, notas de evolución de pacientes, informes de radiología e instrucciones para dar de alta cuyo total acumula 4.100 millones de palabras.

¿IA supera a los médicos?

Uno de los retos clave para el programa fue interpretar el lenguaje natural que los médicos escriben, que varía ampliamente entre individuos; incluso por las abreviaciones que cada uno usa.

Al mirar los registros de lo que obtuvieron, los investigadores fueron capaces de calcular cada cuánto las predicciones del programa fueron acertadas.

Además probaron la herramienta en ambientes vivos; y la entrenaron a partir de registros de un hospital en Manhattan para luego ver cómo se comportaba en uno de Brooklyn; con distintos datos demográficos de pacientes.

En general, NYUTron identificó un desconcertante 95% de personas que murieron en el hospital antes de ser dadas de alta. Y 80% de pacientes que serían readmitidos en 30 días.

La herramienta superó el rendimiento de la mayoría de predicciones de doctores, y también el de modelos actuales que no usan IA.

Sin embargo, para sorpresa del equipo, «el más experimentado de los doctores, quien es de hecho muy famoso, tuvo un rendimiento superhumano, mejor que el modelo», dijo Oermann.

«El punto perfecto entre tecnología y medicina no es que ésta siempre deba entregar necesariamente resultados superhumanos, sino que realmente ofrezca ese punto de partida».

NYUTron también estimó de manera correcta el tiempo de estancia del 79% de los pacientes. El 89% de casos en los que a los pacientes se le negó cobertura por su seguro y el 89% de casos en los que la enfermedad principal del paciente estaba acompañada por condiciones adicionales.

La IA nunca será un sustituto para la relación médico-paciente, dice Oermann. En su lugar, ésta ayudará a «proveer más información a los médicos al momento de la atención para que puedan tomar decisiones más informadas».

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Un consejo dominado por la derecha radical comenzó este miércoles a elaborar una nueva propuesta de Constitución para Chile, tras el fracaso en las urnas de un primer proyecto que buscaba sustituir la Carta Magna que rige desde la dictadura.

De los 51 miembros del Consejo Constitucional, 50 asumieron sus funciones tras la renuncia de Aldo Sanhueza, del Partido Republicano, acusado de abuso sexual.

A Chile «le hará bien cerrar este ciclo», afirmó durante la ceremonia el presidente Gabriel Boric, quien promovió el primer proyecto de Constitución emanado de las violentas protestas sociales que estallaron en octubre de 2019 y que fue rechazado en las urnas por el 61% de los chilenos.

Ese texto proponía cambios radicales al sistema político, legislativo y judicial. Consignaba un Estado plurinacional, una justicia indígena y reservaba escaños a los pueblos originarios en cuerpos de representación popular. Además, establecía el derecho al aborto y a la paridad en toda la función pública.

Pero tras su fracaso en las urnas, las fuerzas políticas acordaron un segundo intento para sustituir la Constitución redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinoceht (1973-1990), cuyos artículos más autoritarios ya han sido eliminados en sucesivas reformas.

En mayo los chilenos eligieron un nuevo órgano constituyente, pero esta vez dominado por una derecha ultraconservadora, entre los que hay nostálgicos de la dictadura, reacia a grandes cambios.

La ciudadanía espera hoy «un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en búsqueda de lo mejor para Chile», sostuvo Boric en su discurso.

Presidenta conservadora

Este mismo miércoles la Comisión de Expertos, un ente designado por el Congreso, entregó el borrador sobre el que los constituyentes trabajarán los siguientes cinco meses. El consejo puede aprobar, modificar o proponer nuevos artículos, con una mayoría de tres quintos (30).

La propuesta debe ser sometida a un plebiscito el 17 de diciembre. De ser rechazada, seguirá vigente la Constitución impuesta por el régimen militar.

Durante la primera sesión se eligió como presidenta del Consejo Constitucional a Beatriz Hevia, del Partido Republicano (extrema derecha). Que con 22 cupos domina ampliamente esta instancia, en contraposición al predominio de la izquierda e independientes del fracasado primer proceso.

La elección de Hevia fue posible gracias al amplio triunfo que logró la derecha en las elecciones del pasado 7 de mayo, con un total de 34 de los 51 escaños. La izquierda logró 16 cupos y resultó electo un representante indígena.

Al asumir la presidencia del Consejo, esta abogada de 30 años, hija de un ganadero y con ascendencia alemana; pronunció un discurso en el que alertó sobre la «crisis integral» que sufre el país tras «la descomposición de la vida familiar; el desprecio por la autoridad, las normas y el estado de derecho».

Ganó la derecha en la nueva constitución de Chile

En el anterior proceso, había sido elegida como primera presidenta la lingüista de origen mapuche Elisa Loncon.

La ceremonia de instauración del consejo estuvo marcada por la sobriedad y los formalismos. Muy distinto de lo ocurrido en julio de 2021, cuando asumió la anterior convención de 155 miembros.

Entonces hubo coloridas vestimentas indígenas pero también tensión, gritos, intentos de impedir que se cantara el himno nacional y graves disturbios en los alrededores.

Todos los discursos llamaron a la cautela, la búsqueda de acuerdos y el respeto a las diferencias.

«La historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado», dijo el cineasta Miguel Littin, el consejero de mayor edad, con 80 años, quien juramentó a los nuevos consejeros.