Fiscales federales de Estados Unidos revelaron este martes que presentarán evidencia que prueba que Donald Trump estaba determinado a quedarse en el poder «a cualquier costo», dentro del juicio al expresidente por conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020.

La oficina del fiscal especial, Jack Smith, afirmó en un expediente que Trump tiene antecedentes de «sembrar desconfianza» en los resultados electorales y que repetidamente se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder en caso de perder frente al demócrata Joe Biden. 

«El gobierno presentará pruebas de esa negativa como una evidencia intrínseca de las conspiraciones del acusado, pues reflejan su plan para permanecer en el poder a cualquier costo, incluso en momentos de potencial violencia», dijeron los fiscales.

Trump fue imputado en agosto por buscar revertir los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 que ganó Biden, en un esfuerzo concertado que derivó en la irrupción violenta en el Capitolio estadounidense por parte de seguidores del magnate republicano, el 6 de enero de 2021.

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Trump

El expresidente, doblemente imputado, también es acusado de privar a los votantes estadounidenses de sus derechos a proclamar falsamente victoria.

La jueza Tanya Chutkan programó el inicio del juicio para el 4 de marzo de 2024, lo que interferirá en la campaña de Trump para ganar la nominación presidencial republicana.

Entre los comentarios que consideran los fiscales como evidencia está un tuit de noviembre de 2012 en el que Trump hace «falsas reclamaciones» sobre las máquinas de votación en beneficio del demócrata Barack Obama y contra el republicano Mitt Romney.

En la campaña presidencial de 2016, que lo enfrentó a la demócrata Hillary Clinton, Trump también «reclamó repetidamente y sin pruebas, que hubo un enorme fraude electoral», señalaron los fiscales.

Los funcionarios también ligaron todavía más a Trump con el caos del 6 de enero en el Capitolio, al considerar que «el acusado ha apoyado abierta y orgullosamente a los individuos que participaron en la obstrucción a la certificación de la victoria de Biden, ese día».

El director del FBI, Christopher Wray, exhortó este martes al Congreso a renovar una ley que permite vigilar a los extranjeros fuera de Estados Unidos para evitar un «desarme unilateral» cuando expire a finales de diciembre.

La llamada Sección 702 de la ley de vigilancia de inteligencia extranjera (FISA por sus siglas en inglés) permite a las agencias de inteligencia tener acceso a comunicaciones de extranjeros en el exterior sin necesidad de una orden judicial. 

«Es indispensable» para monitorear a los extranjeros «que representan una amenaza para la seguridad nacional», afirmó Wray ante el comité judicial del Senado.

«Despojar al FBI» de esta herramienta «sería una forma de desarme unilateral», en un momento en el que el nivel de amenaza es «más alto de lo que ha sido en mucho, mucho tiempo»; especialmente después del ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre, con una miríada de «terroristas extranjeros» que «llaman a atacar» a Estados Unidos, aseguró.

Se utiliza para combatir el terrorismo, la piratería informática o el tráfico de droga y «ha sido importante en la lucha contra el flagelo del fentanilo», un opiáceo sintético fabricado según Washington por los carteles mexicanos con sustancias procedentes sobre todo de China.

La 702 permite a la Oficina Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional realizar vigilancia electrónica, lo que incluye revisar correos electrónicos y mensajes de texto.

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FBI

Pero algunos congresistas, tanto demócratas como republicanos, son reacios a renovarla porque también puede permitir obtener información de ciudadanos y empresas estadounidenses de forma circunstancial, es decir si contactan con extranjeros vigilados.

Entre los más reticentes destacan algunos republicanos afines al expresidente Donald Trump porque consideran que el FBI está politizado y es parcial.

A principios de este año, un panel independiente del presidente demócrata Joe Biden concluyó que ha habido abusos en el uso de esta herramienta introducida en 2008 y renovada dos veces, pero la consideró demasiado vital para abandonarla. 

Grupos de libertades civiles también han pedido restricciones en la forma en la que se usa.

Wray afirma haber introducido reformas.

«Hemos mejorado nuestros sistemas de formación, añadido requisitos de supervisión y aprobación, adoptado nuevas medidas de responsabilidad» y «puesto en marcha una nueva oficina de auditoría interna», enumeró.

Según él los informes desclasificados que han salido a la luz en el último año se refieren a errores anteriores a estas reformas y los datos más recientes muestran que las nuevas medidas se cumplen. 

Pero «reconocemos que se trata de un esfuerzo continuo y estamos decididos a trabajar con el Congreso para hacerlo bien» y «proteger la privacidad de los estadounidenses inocentes», les dijo para intentar convencer a los más recalcitrantes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y en la que Georgetown ha autorizado operar a petroleras extranjeras y locales.

Que se proceda «a crear la división PDVSA-Esequibo», y que de «inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área», dijo el mandatario reunido con el alto gobierno.

La estatal petrolera prometió abocarse a la tarea ordenada tras el referendo del pasado domingo; en el que se consultó a la población si Caracas debe seguir con su reclamo sobre la región en disputa.

En la consulta participaron más de 10,4 millones de votantes, la mitad del padrón electoral; y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Esequibo pase a ser una provincia más de Venezuela, un resultado que fue reafirmado tras cuestionamientos de la oposición.

El resultado no cambia en nada el litigio que ambos países tiene en la CIJ sobre la región, cuya jurisdicción Caracas rechaza.

El movimiento del gobierno chavista llega después de que Guyana otorgara permisos de exploración a seis empresas, adjudicaciones de las que se desconocen los detalles pero que Caracas denunció porque fueron concedidas en «aguas pendientes por delimitar». 

Disputa

Venezuela y Guyana se disputan desde hace más de un siglo el territorio Esequibo, una región de 160.000 km2 rica en petróleo y minerales, que actualmente es administrada por Guyana. 

La disputa se reavivó después de que la estadounidense ExxonMobil descubriera grandes reservas de petróleo en la zona. Las tensiones, sin embargo, se elevaron después de que Guyana otorgara licitaciones a empresas extranjeras y locales para la explotación de estos yacimientos; lo que provocó que Venezuela convocara el referendo.

Guyana ha dicho que se mantiene «vigilante» ante las medidas tomadas por Venezuela; y el fiscal general guyanés, Anil Nandlall, apuntó este martes que «cualquier acción o intento de tomar cualquier acción en virtud del referéndum requerirá recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU como parte perjudicada».

Además de las licencias, Maduro propuso elaborar una ley especial para «prohibir» la contratación con las empresas que trabajan bajo las concesiones otorgadas por Guyana.

«Propongo (que se les den) tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar», dijo. 

No obstante, apuntó que está «abierto a conversar».

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«Zona de defensa»

En base al resultado de la consulta del domingo, Maduro dijo que ejercerá el «poder» que le otorgó el pueblo. Y entregó al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, una propuesta de ley para «la creación de la Guayana Esequiba»; una provincia de la región en disputa bajo administración de Caracas.  

La ley comenzará a ser discutida el miércoles, apuntó Rodríguez. 

Ordenó igualmente la creación de una «zona de defensa integral de la Guayana Esequiba»; una zona militar que estará ubicada en una población cercana a la zona en disputa, en el pueblo de Tumeremo, estado Bolívar (sur). 

El mandatario no ofreció destalles, pero señaló que el jefe de esta división será el mayor general Alexis Rodríguez Cabello.

Militares ya adelantan la creación de una pista de aterrizaje en La Camorra, también cerca de la zona reclamada.

Guyana

El gobierno además pondrá en marcha un plan para otorgar cédulas de identidad a la población de la zona en disputa a través de la activación de una oficina para ello. 

El mandatario dijo que comenzarán a circular mapas con la región del Esequibo anexada y pidió decretar el área como un «área de protección especial».

Caracas argumenta que el río Esequibo es la frontera natural con Guyana, por lo que el territorio en disputa formaría parte de Venezuela, como en 1777 cuando era colonia de España. Además apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido; que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales.

Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la CIJ, cuya jurisdicción desconoce Caracas.

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación «inmediata» del octogenario expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por «crímenes contra la humanidad» en una prisión especial de Lima. 

«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori», indicó el tribunal en la resolución difundida a los medios. 

En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que le habían otorgado a Fujimori en 2017 por razones humanitarias, y que luego revocado por la Corte Suprema en 2019.

De 85 años, Fujimori padece diversos problemas de salud, como cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión. 

Alberto Fujimori  cumple desde 2009 una condena por «crímenes contra la humanidad» en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 por un escuadrón del ejército.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó a Perú el fallo que emitió en abril de 2022 en contra de la liberación del expresidente Alberto Fujimori –preso por delitos de lesa humanidad–, en base a un indulto del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski marcado por numerosas irregularidades.

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Presos palestinos en Israel canjeados por rehenes en manos de Hamás cuentan la vida en cárceles de Israel marcada por las privaciones y condiciones de detención que empeoraron notoriamente tras el ataque del movimiento islamista del 7 de octubre.

Hamás mató ese día a 1.200 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y capturó a unas 240, llevadas como rehenes a la Franja de Gaza, según el balance de las autoridades. 

Las represalias israelíes, con bombardeos y operaciones terrestres, dejaron más de 16.200 muertos, 70% de ellos mujeres o menores, de acuerdo con el gobierno de Hamás, en el poder en ese territorio palestino.

Ese día, las autoridades penitenciarias israelíes «les sacaron todo» a los presos palestinos, relata Ruba Asi, una palestina de 23 años, liberada hace una semana, en un canje por rehenes capturados por Hamás.

Las autoridades carcelarias impusieron el mismo 7 de octubre el «estado de emergencia» para los detenidos palestinos, que perdieron el derecho a salir de sus celdas; y por ende a ir al locutorio o a aprovisionarse con compras en la cantina, y fueron sometidos a registros sorpresa más frecuentes.

En el suelo

El Club de Presos, una ONG palestina, afirma que los detenidos dejaron de recibir visitas de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se abstiene de cualquier comentario al respecto.

Ruba Asi, militante de un movimiento estudiantil marxista que luchaba por «la liberación de Palestina» y llamaba a «lanzar piedras»; ya había purgado 21 meses de cárcel entre 2020 y 2022 y volvió a ser detenida tras el estallido de la guerra de Gaza, junto a 3.580 palestinos, según el Club de Presos, que estima que actualmente hay unos 7.800 palestinos detenidos en Israel.

Las condiciones de su segunda detención, en la cárcel de Damon (en el norte de Israel) se habían endurecido, cuenta. «Éramos siete en celdas previstas para tres, dormíamos en el suelo, sin colchones ni mantas pese al frío, [mujeres] de todas las edades», apunta.

Cárceles de Israel un «Cementerio»

«Muchas veces íbamos a dormir sin haber comido y las raciones que nos daban eran escasas. Todas las conquistas de años de lucha de los presos palestinos desaparecieron de golpe», subraya.

Amnistía Internacional (AI) señala «testimonios y pruebas en video de torturas y maltratos de presos palestinos golpeados, humillados, forzados a bajar la cabeza; a arrodillarse para llamar y a cantar canciones israelíes en condiciones espantosas de detención».

AFP vio esas imágenes de las cárceles de Israel.

Ramzi Abasi, un militante palestino de 36 años, con muchos seguidores en las redes sociales, estaba detenido en la cárcel de Ketziot, en el desierto del Neguev, considerada una de las más duras, antes de recuperar su libertad en los canjes de la semana pasada.

«Nos pegaban a la mañana y a la noche», acusa. «A algunos presos les quebraron las piernas o los brazos después del 7 de octubre y no les dieron ningún cuidado médico», agrega.

Esa cárcel «es un cementerio para los vivos. Los presos viven sin comer, sin ropa limpia, los tienen en el abandono», cuenta Abasi a AFP.

Las autoridades penitenciarias declinaron responder a varios pedidos de reacción a esas acusaciones.

AI remite igualmente a imágenes muy difundidas, colgadas por «soldados israelíes que golpean y humillan a palestinos detenidos, con los ojos vendados, desnudos y maniatados».

 «Venganza»

Según el testimonio de un palestino de Jerusalén oriental publicado por AI, detenidos se vieron obligados a «elogiar a Israel y a insultar a Hamás»; pero «incluso si un detenido lo hacía, le seguían pegando».

Un detenido liberado en los canjes por rehenes denunció en una carta al CICR una voluntad de «venganza» por parte de las autoridades israelíes y recordó que seis presos murieron desde el 7 de octubre.

La administración carcelaria asegura que las autopsias revelaron que murieron por cuestiones de salud ajenas a sus condiciones de detención.

Hamás y sus aliados, sobre todo la Yihad Islámica, con centenares de miembros detenidos; afirman que los rehenes serán canjeados por todos los presos palestinos en Israel.

La semana de tregua entre Israel y Hamás, del 24 de noviembre al 1 de diciembre, permitió la liberación de 105 rehenes; entre ellos 80 israelíes canjeados por 240 palestinos detenidos en las cárceles israelíes. Pero el Club de Presos señala que en el mismo periodo centenares de palestinos fueron detenidos.

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