El concierto “Pink Floyd Sinfónico” se presentará el sábado 4 de mayo en el Campo Ferial Chuquiago Marka de La Paz. El espectáculo comenzará a las 20.30 y durará tres horas, aproximadamente.

En entrevista con La Razón Radio, el músico Alexis Trepp contó que se interpretará distintas canciones de los discos más icónicos de la banda de rock. Todas las interpretaciones contarán con una producción visual. El espectáculo contará con 60 músicos de la Orquesta Boliviana de Ópera. 

Por su parte, el productor Flavio Machicado destacó que en anteriores presentaciones se agotaron las entradas. Por ello, invitó a la población a adquirir sus boletos al 7627775 y 77778834.

Se trata de un homenaje sinfónico al universo de la banda de rock británica Pink Floyd, fundada en Londres en 1965. Es considerada como un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes, exitosas y aclamadas en la historia de la música.

La Orquesta Boliviana de Opera nació el 2016 con el objetivo de recuperar la pasión del público paceño por la ópera. Bajo la dirección de su fundador el maestro Andrés Fernández Alípaz se conforma un grupo de jóvenes intérpretes de instrumentos sinfónicos que componen una orquesta especializada en ópera, pero capaz de abordar diferentes géneros musicales.

Luego de dos exitosas temporadas con cuatro ciclos de conciertos por año, continuaron bajo la producción de Macondo con la ópera «La Traviata» el 2017, «Rigoletto» el 2018 y «Cosi fan tutte» el 2019 bajo su propia productora.

En diciembre del 2022 incursionaron en el repertorio barroco interpretando «El Mesías» de Handel.

El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez admitió que las diputas políticas y la “electoralización” en el país frenan el avance de leyes en la Asamblea Legislativa, además del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

En entrevista con La Razón Radio, lamentó que antes había un promedio de 100 leyes aprobadas y, ahora, la cifra se redujo a 60. DIjo que ese dato responde a las pugnas internas en las tres principales fuerzas políticas: MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos). Ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, añadió.

Confesó que las disputas políticas están afectando “en definitiva” el trabajo y eficacia de la Asamblea, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. “Son por las posiciones, las agendas programáticas y las electoralizaciones”.

En su criterio, las rupturas internas están afectando “visiblemente” la labor parlamentaria. Aseguró que no solo el MAS atraviesa por una fractura, sino que también la oposición tiene “muchos problemas”.

“Pensé que nosotros teníamos este conflicto interno, pero el sistema político y la oposición tiene (también) estos problemas”, indicó.

El entrampamiento en la Asamblea Legislativa ha afectado la ejecución de las elecciones judiciales desde el 2023. Actualmente, el proceso de preselección está frenado por un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.

Las comisiones mixtas encargadas de la preselección solo tienen nueves días más para entregar su informe. Sin embargo, todavía no se han tomado las pruebas orales a los aspirantes y tampoco se ha resuelto el tema de ausencia de candidatas mujeres para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Al respecto, Gutiérrez admitió que se deberá ampliar el plazo de los 80 días calendario, aunque no se sabe si, para ello, se modificará la ley o solo será interpretada por la Asamblea.

“Necesariamente se tendrá que reponer los días perdidos, eso significa ampliar. Hay que establecer otro mecanismo”, dijo.

El miércoles, el senador Luis Adolfo Flores consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección. Su solicitud fue aprobada por 20 de los 29 senadores, aunque para aprobar la ampliación se deberá conseguir los dos tercios de voto. 

“Para viabilizar este proceso es importantes volver a los momentos de acuerdos multipartidarios”, dijo.

Asimismo, indicó que todavía está pendiente resolver el tema de ausencia de mujeres e indígenas. “(Las comisiones) no nos han informado nada todavía, se tomará una decisión la siguiente semana. Requiere un consenso obligado”.

A nueve días del plazo para la preselección, suman los recursos y los fallos a favor de postulantes inhabilitados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, informó que ya suman ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos.

El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales. El primero fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo, por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

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Audalia Zurita, abogada de la familia de Juan Carlos Montenegro, contó a La Razón que el fallecido exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) la contactó un día antes de su muerte, el martes de abril, con el fin de preparar la defensa en el caso YLB.

El hombre “se encontraba desalentado”, reveló la jurista en conversación con La Razón Radio este viernes.

Contó que Montenegro se enteró de que fue incluido en la investigación y que, probablemente, existía una orden de aprehensión en su contra al igual que la del exministro de Minería Luis Alberto Echazú por el mismo caso.

“Él creía que esa era una decisión de política gubernamental”, aseguró.

Montenegro era uno de los 11 acusados por presuntamente haber causado daños al Estado por Bs 425 millones, debido al “mal funcionamiento” del proyecto de cristalización y extracción de litio.

Días después, el exgerente dejó una carta póstuma en la que rechaza las acusaciones en su contra, aseguró que es inocente y apuntó al gobierno de Luis Arce por utilizar el caso para desviar la atención por el «fracaso» de la industrialización del litio.

Zurita aseguró que Montenegro contaba con información que develaba “la falta de voluntad del Gobierno” de hacer el mantenimiento a las piscinas de litio.

El exgerente consideraba que estaba en desventaja en el juicio en su contra. “Él creía que era una decisión política de perseguirlo y tenía certeza de que se trataba de una persecución política”. 

El fallecido le confesó a su defensa que estaba desalentado por el caso y que cualquier explicación que diera ante la Justicia sería inútil. La abogada afirmó que Montenegro no quería ser aprehendido como Echazú y ser “humillado” en medios de comunicación.

Por ello, Zurita le recomendó presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público para que sea aprehendido ahí, pero Montenegro también temía que el traslado a celdas policiales se mediatice y sea visto por su familia.

“Supo que Echazú fue aprehendido con exceso de seguridad, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, y estaba en mucho desagrado de estos procedimientos. Como él (Montenegro) tampoco fue citado (al igual que exministro Echazú) le causó mayor desaliento”, explicó.

Respecto a la carta póstuma, afirmó que aparenta ser su firma, debido a que el contenido de la nota “es compatible” con los sentimientos que le manifestaba el día anterior. “Es probable que él haya escrito ese contenido porque yo entendí que no quería ser tratado de forma humillante”.

“Yo creí que iba a pedir un asilo, no pensé que iba a ser un autoatentado”, añadió.

Su abogada presume que su cliente sufrió un ataque cardiaco y que, en lugar de pedir auxilio, utilizó ese tiempo para escribir su carta póstuma y enviar mensajes a ciertas personas, entre ellas, Zurita.

La jurista develó que el propio Montenegro le envió la carta póstuma en formato digital a través de alguna aplicación de mensajería. “Podría ser que en vez de buscar auxilio usó el tiempo para escribir la carta y enviar mensajes”, insistió.

Zurita develó que su secretaria lo encontró con vida y lo trasladó inmediatamente al Seguro Universitario, donde llegó sin vida. “Cuando llegó Montenegro al seguro, dijeron que aparentaba ser un infarto porque no había ninguna señal de atentado”. 

“No se sabe si ese infarto fue provocado o fue un proceso natural”, señaló.

No descartó la posibilidad de que trate de un “autoatentado”, debido a que —en su criterio— el texto “es autentico”.

A su vez, informó que el lunes presentará la extinción del proceso por muerte. Hoy es el entierro del exgerente, cuya familia no dará detalles acerca de su muerte.

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La delegada defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, cuestionó que el Ministerio de Medio Ambiente no se interese por el cierre de diques de colas en la localidad de Cantumarca, a cuatro kilómetros de la ciudad de Potosí.

Los diques de cola son estructuras diseñadas para controlar o retener sustancias, como agua o lodo que contienen residuos químicos, producto del trabajo minero.

El sábado, la Defensoría del Pueblo, luego de una inspección en el sector, identificó pruebas positivas de presencia de plomo en la sangre de pobladores de dicha localidad. Hay niños, adultos y ancianos afectados.

En entrevista con La Razón Radio, Alarcón informó que se encontró niveles preocupantes de plomo en la sangre de 116 personas, entre ellas 23 niños. El 65% de los niños y el 85% de adultos lleva plomo en su sangre.

Informó que se identificó a una persona adulta mayor con un 21,5% de plomo en su sangre; un niño de dos años, con un 14,4% y; un niño de seis años, con 9,1% por decilitro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo permitido de plomo en la sangre es un 3,5%.

Aseguró que el Estado, a través de la cartera de Medio Ambiente, debe asumir medidas para evitar riesgos en la salud de los pobladores.

La Defensoría anunció que acudió a realizar el cumplimiento de la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respecto a los diques de colas de Lagunapampa I y II.

La institución acompañó como observadora a la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y la Jefatura de Medio Ambiente de la Alcaldía de Potosí.

Alarcón indicó que los diques de colas que afectan a Cantumarca y sus pobladores debieron ser encapsulados desde la gestión 2017, debido a que los residuos son peligrosos para la salud, una persona puede ingerir ploma a través del viento o del agua. “Estos diques de cola ya cumplieron con su ciclo de vida”.

“Hay una sentencia para que se pueda encapsular los diques de cola para que en épocas de vientos los residuos de plomo no afecten a la población”, añadió.

La delegada afirmó que la Asociación de Ingenios Mineros permitió los trabajos a empresas que dejaron dos diques de cola que contienen residuos contaminantes.

Asimismo, contó que los trabajos debieron comenzar en 2017; sin embargo, el TCP ratificó y amplió el plazo para encapsulamiento y estableció el resarcimiento del daño a la tierra para, posteriormente, hacer una forestación.

“Se tenía que restablecer el lugar y los avances son mínimos”, dijo.

El cierre de los diques de cola deberá realizarse hasta el 28 de junio. No obstante, Alarcón consideró que es “imposible”

“Estamos a dos meses de que se cumpla la sentencia”, lamentó.

Indicó que los que deben hacer cumplir la sentencia son la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación, la Jefatura Municipal de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente.

En caso de no cumplir la sentencia, se podría iniciar un proceso penal por incumplimiento de resoluciones judiciales contra la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí. “Lo que nosotros podríamos hacer es derivar el caso al Ministerio Público para que ellos se encarguen”, explicó Alarcón.

A su vez, anunció que desde su despacho pueden iniciar acciones constitucionales contra los responsables. Llamó a las autoridades del Ministerio de Salud para que analice soluciones y la salud de los pobladores no se vea afectada. “Salud tendría la responsabilidad de ver qué pasa con la población y hasta qué punto afecta el proceso de minería”.

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El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Carlos Bolaños, lamentó que su rubro se encuentra “en decadencia” debido al incremento salarial, el contrabando y la masiva venta de ropa usada en el país.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico. Tras conocerse la noticia, el empresariado y emprendedores manifestaron su descontento por la medida. 

En entrevista con La Razón Radio, Bolaños calificó el incremento salarial de “golpe lapidario”, debido a que, en su criterio, las micro y pequeñas empresas están en permanente subsistencia por la falta de mercados y centros fijos de exposición para comercializar sus productos.

“La manufactura boliviana está en decadencia por el contrabando que está en un momento de bonanza”, aseguró.

Indicó que su sector cuenta con 75.000 a 80.000 emprendimientos aproximadamente que generan, por lo menos, tres empleos directos y cinco indirectos cada uno. “Somos el 83% del aparato productor generador de empleo”, afirmó.

Lamentó que, tras el incremento salarial, se van a “engrosar” las filas de los desempleados. Reclamó que hay una variedad de factores en contra de las pequeñas empresas, como el alza de precios de la materia prima y, ahora, el incremento de la mano de obra.

Contó desde la pandemia el rubro está en permanente estado de emergencia y que, desde 2020, sus ganancias han mermado en un 70%. “Un negocio de subsistencia es un negocio que no rinde”.

“Ahora con este incremento todo se viene abajo. Estamos de mal en peor”, cuestionó.

Por otro lado, aseguró que el contrabando es otro fenómeno que los ha afectado de manera directa. Admitió que, aunque que existen controles de la Aduana Nacional en las fronteras, de 30 camiones con contrabando, las autoridades solo logran incautar uno o dos vehículos.

“Imagínense cuál es el porcentaje”, reclamó.

Afirmó que el trasfondo del problema es la masiva venta de ropa usada que ingresa al país en fardos y son distribuidos en todos los departamentos. “Hay almacenes enormes con ropa de contrabando”.

Dijo que, por ejemplo, en Potosí, hay dos mercados donde se comercializan puros productos de contrabando. Denunció que la Alcaldía les da los espacios de venta para, posteriormente, ser legalizados. Se trata del mercado de Villa Santiago, Cantumarca y Uyuni.

“La ropa usada es otro problema que nos está matando”, sentenció.

Asimismo, hizo referencia a la Feria 16 de Julio ubicada en la ciudad de El Alto, donde los comerciantes exponen productos y ropa de contrabando o de segunda mano; pese a que las leyes del país prohíben la venta de dichos productos.

“En la Feria 16 de Julio son galpones y galpones de ropa usada”, añadió.

Lamentó que no haya coordinación entre el Gobierno, gobiernos departamentales y gobiernos municipales para controlar este fenómeno. Pidió a la población adquirir productos hechos en Bolivia con el fin de evitar el contrabando y coadyuvar con la manufactura nacional.

Los mercados del país están copados de productos de contrabando, desde alimentos, golosinas, artefactos tecnológicos y ropa.

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