El gobierno argentino advirtió a sindicatos aeronáuticos que, de persistir con medidas de fuerza por aumentos de salarios, cederá a privados la operativa de la empresa bandera Aerolíneas Argentinas, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio (…), el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso de que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen», dijo Adorni en conferencia de prensa.

La privatización de la línea de bandera argentina es un anhelo del presidente ultraliberal Javier Milei, que la incluyó en una lista de empresas del Estado a privatizar en la denominada Ley Bases, pero el Congreso lo rechazó excluyéndola.

La cesión de las operaciones puede ser un paso intermedio hacia ese objetivo puesto que una privatización requiere la venia del Congreso.

La amenaza del gobierno se da tras semanas de conflicto con los sindicatos de pilotos, personal de seguridad de aeropuertos y otros gremios aeronáuticos que demandan compensaciones salariales ante el deterioro de sus ingresos en medio de una inflación que llegó en agosto al 236% interanual.

Los sindicatos habían rechazado en agosto por «provocativa» una oferta de ajuste de 3% propuesta por el gobierno.

Adorni también cuestionó el derecho a huelga.

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«En una empresa privada, si haces un paro y complicas la operatoria, te echan, la intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles de argentinos con estas medidas», agregó.

El segundo paro de este mes, el viernes 13, duró 24 horas, afectó 319 vuelos y a más de 30.000 pasajeros domésticos e internacionales y costó entre 2,5 millones y 3 millones de dólares, según la empresa.

El martes pasado el gobierno declaró por decreto como «esencial» el servicio de transporte aéreo, lo que obliga a los sindicatos a garantizar el 50% de los servicios en caso de huelgas.

El anuncio gubernamental se produce en una jornada en la que los sindicatos aeronáuticos realizaron huelgas rotativas por tramos horarios en los 27 aeropuertos del país, sin afectar los vuelos, según comunicó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Pese a las medidas de fuerza «todos los aeropuertos están operando con la seguridad operacional adecuada», precisó el organismo.

Los sindicatos acusan al gobierno de «buscar el cierre autoinfligido de Aerolíneas Argentinas».

«Se trataría esto de un ‘lock-out’ patronal, que buscaría detener la operación de la compañía para luego culpar a los sindicatos y sus trabajadores», argumentaron.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a «la desescalada» en Medio Oriente tras los últimos acontecimientos en Líbano, en una declaración leída al lado del presidente palestino Mahmud Abás, de visita en Madrid.

«Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente» en Líbano, «por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada», pidió el líder socialista.

De todas maneras, ni Sánchez ni Abás comentaron directamente las explosiones en Líbano de dispositivos de comunicación pertenecientes a miembros de del movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá, enemigo jurado de Israel, que dejaron 37 muertos entre el martes y el miércoles.

El primer ministro de Líbano, Najib Mikati, pidió este jueves a la ONU poner fin a la «guerra tecnológica» de Israel, a quién acusa de estar detrás de estas explosiones.

Además de las 37 víctimas mortales, 2.931 personas resultaron heridas en las explosiones del martes y el miércoles, según el Ministerio de Salud libanés.

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Este ataque se produjo después de que Israel anunciara la extensión de sus objetivos de su actual guerra contra Hamás en la Franja de Gaza a su frontera norte con Líbano. 

Mahmud Abás se encuentra en Madrid para agradecer el apoyo de España, que en mayo reconoció a Palestina como Estado.

«Palestina existe y tiene todo el derecho a tener su propio Estado. Un Estado que conviva junto con el Estado de Israel, en paz y con seguridad, que es la única manera para poder avanzar en una solución que dote de estabilidad al conjunto de la región y del mundo», señaló Sánchez.

«Apreciamos sus esfuerzos, señor presidente, dentro de la Unión Europea y en todos los ámbitos internacionales, también apreciamos su papel y sus esfuerzos a la hora de hablar de la implementación, la ejecución de la resolución de los dos Estados», le respondió Abás.

Tras la iniciativa conjunta de España, Irlanda y Noruega en mayo, y de Eslovenia en junio, 146 de los 193 países de la ONU reconocen a Palestina, una lista de la que están ausentes la mayoría de los países de Europa occidental y América del Norte, así como Australia, Japón y Corea del Sur.

Tras visitar España, Abás viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General anual de las Naciones Unidas.

Abás encabeza la Autoridad Palestina, que tiene sede en Cisjordania ocupada. La Autoridad Palestina lidera la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y pertenece a Fatá, el movimiento político fundado por el fallecido Yaser Arafat.

Hamás, que es una facción islamista enfrentada a este liderazgo palestino, gobierna la Franja de Gaza desde 2007.

A sala llena y entre lágrimas y aplausos del público, el documental ‘Traslados’, proyectado esta semana en Buenos Aires, reconstruye con ritmo de policial y rigor histórico la trama detrás de los ‘vuelos de la muerte’ de la última dictadura militar argentina (1976-83).

«El documental pone pruebas sobre la mesa, junta todas las piezas y todo lo que se supo desde 1976 a la actualidad sobre los vuelos de la muerte», explicó a la AFP su director, Nicolás Gil Lavedra.

Los denominados ‘vuelos de la muerte’ fueron un método de exterminio de opositores implementado por la dictadura que consistía en arrojar a detenidos narcotizados al mar o al Río de la Plata desde aviones.

Con testimonios de supervivientes, investigadores y referentes de organismos de Derechos Humanos con material de archivo y recreaciones ficcionalizadas, la película construye pieza por pieza el rompecabezas desde los primeros indicios hasta los fallos judiciales que probaron los hechos.

«Al ser un documental de investigación, no hay opiniones ni partidarias ni subjetivas, hay hechos y hay pruebas», subraya Gil Lavedra.

El director explica que el documental está dirigido especialmente a jóvenes o personas que no conocen en profundidad esa parte de la historia, y para eso contribuye la dinámica de policial del largometraje, de unos 90 minutos.

«Creo que es esencial para los jóvenes hoy en día saber lo que pasó, lo que pasaron estudiantes que estudiaron en las mismas aulas que nosotros», dijo a la AFP a la salida del cine Octavia Ortuño, una boliviana de 24 años que estudia psicología en la Universidad de Buenos Aires.

‘Traslados’ se proyecta por pocas semanas en Argentina antes de su gira europea, que la llevará entre otros destinos al festival de San Sebastián, en España, en una jornada especial de apoyo al cine argentino programada para el martes 24 de septiembre. 

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Criminales

Uno de los casos centrales de la película es el de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino, Azucena Villaflor y María Ponce.

Junto a las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y otros siete activistas, fueron secuestradas y arrojadas al mar en un vuelo realizado la noche del 14 de diciembre de 1977, según la reconstrucción judicial.

El grupo de 12 secuestrados había sido señalado por el exmarino Alfredo Astiz, infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo y quien hoy cumple prisión perpetua. 

A la salida de una de las funciones del martes, Víctor Fuks, un empleado estatal de 74 años, dijo a la AFP que la película lo tocó «de una forma muy especial».

Fuks cuenta que, por la dictadura, en 1977 se fue a vivir a España, donde residió por 34 años: «Ya había mucha cantidad de amigos, compañeros, gente que estaba desapareciendo», explica, mientras destaca la importancia de que existan películas como ‘Traslados’ en el contexto actual.

En julio, un grupo de seis diputados del partido de gobierno del presidente Javier Milei visitó en la cárcel a Astiz y a otros represores condenados por delitos de lesa humanidad, en un hecho que generó repudio en buena parte del arco político argentino.

Sobre la visita «y la manera en que se referían a ellos como viejitos que cumplían una pena en una cárcel común y no se lo merecían, este documental muestra que son criminales cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad, porque ellos eran el Estado», señala Gil Lavedra.

El cineasta, que presenta su primer largometraje documental tras dirigir ficciones como ‘Verdades Verdaderas’ (2011), basada en la vida de la activista de Derechos Humanos Estela de Carlotto, es además hijo de Ricardo Gil Lavedra, juez que integró el tribunal del emblemático juicio a las Juntas Militares en 1985 tras el retorno de la democracia.

Para él, lo ocurrido durante la dictadura «tiene que ser un tema donde no tiene que haber grieta (polarización)».

«La única manera que tenemos de superar este tema es teniendo una memoria colectiva. Toda la sociedad tiene que entender que la dictadura fue terrorismo de Estado y todos tenemos que condenarlo. La única manera que tenemos de sanar esa herida es con justicia, verdad y memoria».

Se calcula que durante los siete años de dictadura, murieron o desaparecieron unas 30.000 personas, según organizaciones de derechos humanos.

Brasil arde. Y no sólo en la Amazonia. Casi dos tercios del territorio del mayor país de América Latina están afectados por el humo que producen los incendios forestales fuera de serie. 

Favorecidos por una sequía extrema, estos fuegos son «una demostración de la gravedad del cambio climático», aunque se desatan por obra de «criminales», sostuvo la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. 

Esto es lo que sabemos sobre esta ola de incendios. 

¿Cuál es la dimensión de la crisis?

Según datos recopilados por satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), un organismo público, desde principios de año se han identificado 188.623 focos de incendios en Brasil. La cifra ya alcanza casi el total del año pasado (189.926). 

La situación se agravó particularmente en septiembre, con 61.572 focos registrados en 17 días, frente a 46.498 durante todo el mismo mes de 2023. 

En la Amazonia, el número de fuegos desde principios de mes ya es significativamente superior al de todo septiembre de 2019 (31.412 frente a 19.925), cuando los incendios en la mayor selva tropical del planeta provocó indignación mundial y puso a la defensiva al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). 

Las cifras de 2024 aún están lejos del récord de 2007 (393.915 focos en todo el año, con un pico mensual de 141.220 en septiembre). Pero esta vez, los incendios ocurren «casi al mismo tiempo en varias regiones de Brasil, lo que dificulta el abordaje del problema», explica a la AFP Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (Ipam). 

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¿Cuáles son las causas?

«Influye el cambio climático, conjugado con el fenómeno de El Niño». Esto favorece que «el país viva un período de sequía prolongada desde junio del año pasado», explica Suely Araujo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima, una red de oenegés. 

En estas condiciones de sequía extrema, «para que un incendio se propague basta una chispa, pero esa chispa la enciende un ser humano», señala Alencar. 

Por lo tanto, la mayoría de estos incendios tienen un origen delictivo. 

Uno de los casos más comunes es el de los ganaderos que utilizan las quemas para limpiar los pastos. 

Normalmente, esta práctica tradicional sólo se permite previa autorización del estado en el que se encuentran las tierras. La crisis actual llevó a su prohibición absoluta en todo el país. 

«Probablemente sea la ley menos respetada en Brasil», lamenta Alencar. 

Con la sequía, un incendio que debería quedar acotado escapa del control del agricultor que lo provocó, con consecuencias catastróficas. 

Otro escenario, según los expertos, es que algunos grandes incendios son iniciados por actores dentro del poderoso sector agroindustrial para quemar bosques públicos y apropiarse de las tierras transformándolas en pastos. 

Por último, un perfil más difícil de precisar: el individuo que, por motivaciones aún por determinar, busca «sembrar el caos», según el director de la Policía Federal encargado del Medio Ambiente, Humberto Freire. 

«Algunas personas utilizan el fuego como un arma, cometiendo delitos para apropiarse de tierras o para llamar la atención», resume Alencar. 

La ministra Marina Silva, por su parte, denuncia el «terrorismo climático» de «criminales» que «aprovechan el cambio climático» para provocar incendios en beneficio propio. 

¿Está el gobierno a la altura de la tarea?

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva admitió el martes que Brasil «no estaba 100% preparado» para hacer frente a esta ola de incendios, antes de liberar 514 millones de reales (93 millones de dólares) para la respuesta.

«Las autoridades deberían actuar más, en todos los niveles», estima Araujo, quien presidió el organismo público de monitoreo ambiental Ibama de 2016 a 2019. 

La ministra de Medio Ambiente «hace lo que puede, pero otros ministros deberían implicarse más y el gobierno debería coordinar mejor la respuesta a los incendios con los gobernadores de los diferentes estados», agrega.

¿Cuándo cesarán los fuegos?

«Si tienes incendios provocados por el hombre y no actúas para detenerlos, (las tierras) seguirán ardiendo hasta que llueva. Y la previsión es que la sequía dure hasta octubre», advierte Karla Longo, investigadora del INPE. 

«Se supone que la temporada de lluvias comienza en la segunda quincena de octubre (…), pero es posible que se retrase dada la excesiva sequedad del suelo y las condiciones de baja humedad atmosférica», advierte Ricardo de Camargo, profesor de meteorología de la Universidad de Sao Paulo.

Las autoridades búlgaras anunciaron que están investigando la eventual implicación de una empresa en la entrega de bíperes al movimiento islamista Hezbolá que el martes explotaron en Líbano provocando varios muertos.

«Se están llevando a cabo controles con las autoridades fiscales y el Ministerio del Interior para determinar el posible papel de una empresa registrada en Bulgaria en el suministro de equipos de comunicaciones a Hezbolá», dijo la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS) en un comunicado. 

La web de información búlgara Telex, citando fuentes anónimas, asegura que una empresa llamada Norta Global, con sede en Sofía, importó los bíperes y organizó su entrega al movimiento islamista. 

La compañía taiwanesa Gold Apollo, cuya marca aparece en los dispositivos, dijo el miércoles que no había fabricado los buscapersonas y señaló a una empresa en Hungría, llamada BAC Consulting, con quién tenía un acuerdo de licencia.

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Sin embargo, según el gobierno húngaro, esta empresa es «un intermediario comercial, sin una planta de producción u operativa en Hungría» y «los dispositivos en cuestión nunca han estado en suelo húngaro». 

En total 37 personas murieron y casi 3.000 resultaron heridas en las explosiones del martes y el miércoles en Líbano.

El martes, las explosiones simultáneas de cientos de bíperes, un dispositivo de mensajería utilizado por el movimiento islamista proiraní, mataron a doce personas. Y un día después, una segunda ola de explosiones, esta vez de walkie-talkies, dejaron otros 25 fallecidos.