Como directora de un albergue para migrantes embarazadas en El Paso, Texas, Karina Breceda cree que ser provida no es solo abogar por el nacimiento del bebé, sino también resguardar su derecho a la nacionalidad si nace en Estados Unidos, algo que el presidente Donald Trump planea eliminar.
Tras regresar a la Casa Blanca, el republicano firmó una serie de órdenes para frenar la migración y el jueves su gobierno anunció el arresto de 538 ‘inmigrantes ilegales’, y la expulsión de ‘cientos’ de ellos ‘en aviones militares’.
Sus medidas pueden vulnerar derechos garantizados en la Constitución, como el que otorga ciudadanía a los nacidos en suelo estadounidense cuyos padres sean migrantes indocumentados, o no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Un juez ha bloqueado temporalmente esta iniciativa.
«No creo que esa sea una respuesta provida (…) Provida es más que simplemente tener al bebé», asegura Breceda desde el albergue Maris en El Paso (sur) a pasos de un puente fronterizo con México.
«Los migrantes merecen respeto y ese bebé en su vientre es una vida (…). Si nace y es indocumentado ¿de qué condiciones estamos hablando?», agrega Breceda, estadounidense de padre migrante mexicano.
Por estos días, su albergue está casi vacío. El flujo disminuyó considerablemente comparado con los últimos dos años, cuando los solicitantes de refugio se agolpaban contra los muros de metal, tras cruzar el río Grande.
Solitarias patrullas de la policía de fronteras rondan la muralla cada cierto tiempo, levantando una estela de polvo.
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Miedo a las redadas de Trump
«La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas», declaró el jueves por la noche la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al anunciar los cientos de arrestos.
El gobierno de Trump también permitirá detenciones en lugares como iglesias o escuelas, protegidas durante la era Biden, y adelantó que enviará militares a la frontera.
En El Paso, de 678.00 habitantes, el 81% de la población es hispana. Las conversaciones en español abundan en sus calles donde residentes, visitantes y nacionales se amalgaman.
Josnexcy Martínez, una venezolana de 28 años, y su hijo de cinco, a quien arropa con cariño, son los únicos huéspedes del albergue Maris. Ella entró a Estados Unidos en octubre usando la aplicación CBP One, con la que migrantes solicitaban refugio desde México y eran procesados en un punto fronterizo. Pero esa modalidad ya fue suspendida por Trump, dejando a miles desconsolados.
Pese a que puede quedarse legalmente mientras espera su audiencia ante un juez de migración, anda con temor. «Mi miedo es que me vaya a parar una redada, un policía o alguien de migración y me pida mis documentos. Yo siempre llevo mis papeles», sostiene.
Para Breceda, ahora «van a señalar a las personas en función de cómo creemos que se ve un indocumentado, por el color de su piel o su ropa, o incluso por clase, porque van a estar en ciertos vecindarios».
Julieta Torres, de 65 años, nació en México pero vive en El Paso hace cuatro décadas. Trabaja en un supermercado. Cree que la gente que viene a trabajar tiene derecho a quedarse y sus hijos a recibir la nacionalidad.
«Si ya nacieron aquí pues son de este país, aunque sean hijos de padres indocumentados. Ya nacieron, ellos no tienen la culpa», considera.
‘El sueño americano se acabó’
James Thomaston, nacido en Estados Unidos pero con parte de su infancia en México, discrepa. Jubilado de 70 años, cree que los migrantes le están quitando dinero de su pensión.
Está de acuerdo con que quienes vinieron a Estados Unidos de niños traídos por padres indocumentados, conocidos como «dreamers» (soñadores), puedan regularizar su situación.
Pero «no me parece bien el hijo ancla (como les llaman a los hijos de migrantes irregulares nacidos en Estados Unidos), vienen y se alivian aquí las mujeres y quieren arreglarle (los papeles) a toda la familia», sostiene.
Mirna Cabral, ‘dreamer’ mexicana de 37 años, fue beneficiada por el programa DACA de la era Obama, que le permitió acceder a un permiso de trabajo y evitar temporalmente la deportación, un plan que también podría ser desactivado.
Viuda de un estadounidense y madre de dos hijos nacidos en Texas, Mirna cree que «todo nacido aquí tiene derecho a ser ciudadano». «No creo que (Trump) tenga el derecho de venir y cambiar la Constitución». También teme por las redadas.
«Van a señalar a la gente porque tiene piel marrón o porque habla español o porque no parece que sea de aquí. Es una forma de asolapar su racismo», asegura.
Héctor Chávez, un mexicano de 61 años que trabaja en un restaurante de El Paso y que tiene residencia legal, prefiere vivir en la fronteriza Ciudad Juárez, por cuestiones económicas. «A los que no consiguieron pasar les diría que se queden al otro lado. El sueño americano ya se acabó».
