Chile defendió este jueves ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su actual frontera con Perú en el Pacífico y rechazó el reclamo peruano de volver a trazarla según una línea equidistante.
El equipo de juristas internacionales contratados por Santiago esgrimió en La Haya dos pilares fundamentales del derecho internacional: el respeto a los tratados anteriores y la intangibilidad de las fronteras existentes.
Chile «requiere a esta Corte que reafirme el principio de ‘pacta sunt servanda’ (lo pactado se cumple, ndlr) y la estabilidad de la frontera», sintetizó su principal representante en el juicio, Albert Van Klaveren.
Para Santiago, explicó el jurista chileno nacido en Holanda, «las zonas marítimas de Chile y Perú han sido claramente definidas por un acuerdo» y no cabe volver a trazarlas.
«Hemos delimitado nuestra frontera marítima en 1952», insistió Van Klaveren, aludiendo al tratado tripartito firmado en ese año junto a Ecuador, que establece como límite entre Perú y Chile el paralelo geográfico a la altura del límite terrestre, es decir a 18 grados y 21 minutos de latitud Sur.
Lima se niega a aceptar ese paralelo como frontera, asegura que los acuerdos de 1952 y 1954 eran de índole exclusivamente pesquera y esgrime la Convención del Mar de la ONU de 1982 y su principal axioma, las 200 millas náuticas, para exigir el trazado de una nueva línea bisectriz, equidistante de las costas.
Los abogados chilenos no sólo rechazaron de plano esas aspiraciones sino que también cerraron la puerta al reclamo peruano sobre el llamado «triángulo exterior» de unos 28.000 km cuadrados, situado dentro de las 200 millas náuticas de Perú y por fuera de las de Chile. Según Klaveren, «Perú no tiene derecho a ninguna zona marítima al sur del paralelo» que prolonga la frontera terrestre.
En el podio se relevaron luego los abogados Pierre-Marie Dupuy, David Colson y James Crawford, a quienes los jueces de la CIJ, vestidos de toga negra y chorrera blanca con encaje, escucharon atentamente y en silencio.
Los letrados insistieron en que lo firmado en 1952 tiene estatuto de tratado y no de mero acuerdo de explotación pesquera, explicaron la lógica del trazado del límite y citaron documentos o comentarios de juristas para sustentarlo.
Los primeros alegatos de Chile concluyen este viernes, antes de una última ronda el martes y viernes de la semana próxima. La CIJ está integrada para este caso por 14 jueces –uno de los 15 quedó inhabilitado– y dos jueces especiales recomendados por las partes. Habitualmente, el fallo de la CIJ se emite en un plazo de entre cuatro y seis meses, y es inapelable.
Coincidiendo con los alegatos chilenos en La Haya, el presidente boliviano Evo Morales reveló la víspera que su país se dispone a demandar a Chile ante la CIJ para reclamarle un acceso al mar. Desde Santiago se aclaró que Chile no tiene cuestiones pendientes con Bolivia y que la frontera quedó fijada en un tratado de 1904.
Se trata de una frontera heredada de la guerra del Pacífico (1879-1883) ganada por Chile tras un conflicto que le permitió extender hacia el norte su territorio a expensas del peruano y del acceso de los bolivianos al Pacífico.
Si Chile impugna un eventual reclamo de Bolivia en La Haya por considerar que la CIJ carece de competencia o que es simplemente inadmisible, la corte deberá emitir un fallo preliminar para decidir si acepta recibir el caso.
Pero no es seguro que los magistrados de La Haya accedan a abrir otra caja de Pandora, cuestionando fronteras que remontan al siglo XIX. Desde 1946, la CIJ sólo se declaró competente en un 65% de los casos presentados unilateralmente por un Estado y rechazados por el demandado.