El Senado argentino aprobó ayer una ley que consagra por primera vez el voto popular para designar a miembros del Consejo de la Magistratura, un organismo judicial clave que nombra y mueve jueces.
Tras siete horas de debate, el gobernante peronismo impuso una mayoría de 38 votos contra 30 de la oposición para la aprobación de una de las normas centrales de una reforma judicial impulsada por el Gobierno, que consta de seis leyes y que ha sido criticada por Naciones Unidas.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriela Knaul, instó al Gobierno argentino a que reconsidere las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura, así como la de regular el empleo de medidas cautelares contra el Estado. Pero el gobierno argentino consideró “inexactas e incorrectas” sus sugerencias y defendió las reformas señalando que apuntan a “dotar de mayor transparencia y agilidad al poder judicial”.
La iniciativa eleva de 13 a 19 los integrantes del Consejo de la Magistratura e introduce el voto popular para designar a 12 de ellos (tres jueces, tres abogados y seis académicos).
Una de las principales críticas a este proyecto es que los nombres de los candidatos a integrar el Consejo acompañarán las boletas partidarias en las elecciones regulares, lo que la oposición considera como “una partidización de la justicia”.
La oposición cuestionó además la obligación de los partidos políticos a presentar lista en al menos 18 distritos (de 24 en total) para participar.