El Gobierno de EEUU comenzó el proceso para acusar a Edward Snowden, el joven espía que develó el programa de vigilancia de las comunicaciones, de graves cargos que podrían costarle muchos años de cárcel.
Mientras el caso está provocando una reconsideración sobre los métodos de los servicios de espionaje y el manejo de programas secretos en Estados Unidos, expertos legales del Departamento de Justicia trabajan junto a especialistas del FBI para construir el caso contra Snowden, paso previo a solicitar su extradición a Hong Kong o a otro país en el que pueda encontrarse.
Snowden, probablemente, firmó con la empresa para que la trabajaba, Booz Allen Hamilton (contratista en misiones de espionaje del Gobierno), un acuerdo de mantener en secreto sus averiguaciones. Pero aunque no hubiera sido así, existen numerosas leyes a las que las autoridades podrían acogerse para procesarle por diversos delitos.
Los funcionarios citados en la prensa expresan pocas dudas de que el Gobierno no tiene otra alternativa más que la de perseguir a Snowden, y que, seguramente, será castigado de forma severa. Su caso, no obstante, es más complicado jurídicamente que el de Bradley Manning, el soldado que facilitó secretos a WikiLeaks, ya que tendría que ser tramitado por la justicia ordinaria, con más garantías y recursos que la jurisdicción militar. Para Manning, el fiscal solicitó cadena perpetua por facilitar ayuda al enemigo, una acusación que no será tan fácil de sostener contra Snowden.
En las revelaciones de WikiLeaks podría argumentarse que se pusieron en riesgo las vidas de personas que trabajaban en beneficio de la seguridad de EEUU. No se ve cómo puede aludirse a eso en los secretos hechos públicos por Snowden, que únicamente tienen que ver con el espionaje de llamadas telefónicas y comunicaciones por internet en EEUU y otros países.
Mientras Snowden continúa desaparecido, representantes del Legislativo ruso anunciaron que están dispuestos a estudiar una eventual solicitud de asilo para el joven espía y Google pidió permiso a EEUU para publicar las cifras de los datos de usuarios que fueron solicitados por el Gobierno por razones de seguridad nacional, según EFE.