Brasil tiene 370.000 consumidores de crack en las 27 ciudades capitales del país, de los cuales 50.000 son niños o adolescentes menores de edad, reveló un estudio divulgado el jueves por el gobierno.

En total, un millón de brasileños (2,28%) consume drogas ilícitas en las capitales, que suman 45 millones de habitantes, según ese estudio dirigido por la gubernamental Fundación Oswaldo Cruz.

«El estudio muestra que el problema es grave, hay una epidemia de crack en nuestro país», dijo el ministro de Salud, Alexandre Padilha, citado por la estatal Agencia Brasil.

«Una cosa que el estudio muestra es que la mayoría de los dependientes de crack (un 80%) quiere atenderse, precisamos aprovechar eso para ofrecer servicios, sean públicos, en instituciones religiosas o en comunidades terapéuticas», añadió.

Los consumidores de crack representan el 0,8% de la población de Brasilia y las 26 ciudades capitales estatales, y el 35% del total de consumidores de drogas ilícitas, indicó el informe.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, defendió asimismo la ampliación de la red de atención a usuarios de crack.

«Los narcotraficantes, que integran organizaciones criminales, deben ser investigados y castigados con máximo rigor, pero los usuarios deben ser considerados como dependientes químicos y, por lo tanto, pasibles de tratamiento en el área de la salud y en el ámbito de políticas de reinserción social», dijo el ministro.

Un 40% de los usuarios de crack vive en el noreste del país, y no en el sureste, como se estimaba ya que ahí es donde están las mayores metrópolis.

«Estamos investigando una población oculta, que tiene dificultad de revelar el consumo del crack, porque existe la cuestión criminal», dijo a periodistas el secretario de Políticas sobre Drogas, Vitore Maxiliano.

El estudio fue realizado con entrevistas a 25.000 personas, entre marzo y diciembre de 2012. En paralelo fue realizada una segunda investigación de campo en las áreas donde se concentran los consumidores de crack, en la calle.

Esta pesquisa reveló que esos consumidores de crack son en su mayoría «no blancos» (80%), de baja escolaridad, con una gran exclusión social, y dificultades para ingresar al mercado de trabajo.

La mayoría (65%) reveló obtener dinero con trabajos esporádicos. El 6% dijo ganar dinero con tráfico de drogas y el 9% con robos.

Más de la mitad de los usuarios relató que lo que los llevó a consumir crack fue «la curiosidad de sentir el efecto de la droga». El 27% dijo que fue por presión de los amigos y 29% mencionó problemas familiares o pérdidas afectivas.

En diciembre de 2011, el gobierno brasileño lanzó un plan de 2.200 millones de dólares para enfrentar lo que consideró una «epidemia» de crack en el país. Ese plan incluye tratamiento médico para los usuarios y represión del tráfico en las fronteras.

Brasil tiene cerca de 200 millones de habitantes. El estudio contempló la población en las grandes capitales.

La Corte Suprema de Brasil aceptó el miércoles analizar nuevos recursos de políticos, empresarios y exjerarcas del gobernante Partido de los Trabajadores condenados en diciembre por corrupción, lo cual permite un nuevo juicio que podría reducir sus penas.

Por seis votos a cinco, los jueces decidieron que 12 de los 25 condenados en diciembre podrán presentar nuevos recursos.

La lista incluye a los principales condenados del círculo del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, involucrados en un escándalo que hizo tambalear su gobierno en 2005 por la creación de una contabilidad paralela y el pago a partidos y congresistas aliados a cambio de apoyo político.

Entre ellos figura José Dirceu, el exministro jefe del primer gobierno y mano derecha de Lula, que podría ver su pena de diez años y diez meses reducida en un nuevo juicio, y librarse así de la prisión en régimen cerrado.

También podrá recurrir el expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), José Genoino.

El publicista Marcos Valerio, considerado el «operador» del esquema y condenado a la mayor sentencia, 40 años, y Delubio Soares, extesorero del PT, integran asimismo la lista.

Para los otros 13 condenados sin derecho a presentar recursos, la cárcel aún no ha sido decretada por el procurador general.

Fuertes presiones contra un nuevo juicio

La Corte Suprema vivió esta semana fuertes presiones en la calle y en la prensa contra una reapertura del mayor juicio a políticos en la historia de Brasil.

«En este país solo va a la cárcel el ladrón de gallinas», o «Supremo Tribunal, vergüenza nacional», leían algunos de los carteles que un grupo de manifestantes llevó frente a la Corte Suprema, que reforzó la seguridad.

Los jueces habían negado la mayoría de recursos ordinarios presentados por los condenados, lo que hacía pensar que el proceso -abierto en 2007 pero iniciado efectivamente en agosto de 2012- terminaría la semana pasada y serían emitidas las ordenes de prisión.

Pero un nuevo tipo de recurso, aceptado ahora, permite revisiones en los casos en que cuatro jueces votaron a favor del condenado.

El jueves pasado, cinco jueces votaron a favor de aceptar los nuevos recursos y cinco en contra, mientras el juez restante pidió tiempo, prolongando el suspense sobre la decisión final.

Así, el fallo quedó en manos del juez Celso de Mello, quien el miércoles votó a favor y aseguró que «los jueces no pueden dejarse contaminar por la opinión pública».

La decisión de analizar los recursos «puede causar una decepción en la opinión pública, ya que el juicio era visto como un avance contra la impunidad, especialmente para las élites», opinó la politóloga de la Universidad Federal de Juiz de Fora Christiane Jalles.

Un precedente histórico

El histórico proceso marca un precedente en un país que no está acostumbrado a juzgar a sus políticos. Decenas de larguísimas sesiones fueron transmitidas en vivo por la televisión.

En junio pasado, masivas protestas callejeras contra la corrupción de la clase política y por mejores servicios públicos sacudieron al país.

El implacable juez instructor del caso y presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, era aclamado por muchos manifestantes como un superhéroe.

El líder de la socialdemocracia (oposición), Carlos Sampaio, afirmó el miércoles tras el fallo que «la sociedad brasileña, que salió a las calles y pide el final de la corrupción, podrá sentirse frustrada» con el resultado del proceso.

La Suprema Corte podría juzgar próximamente un esquema de contabilidad paralela similar que involucra a los socialdemócratas.

«Dentro del Partido de los Trabajadores se creó un sentimiento de injusticia, de que lo que fue condenado era una práctica muy extendida entre los políticos, pero solo el PT fue juzgado», dijo a la AFP Alberto Almeida, analista del Instituto Analise.

El martes, la presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, pidió «imparcialidad y serenidad» a la justicia, sin mencionar el juicio.

La postergación del juicio al próximo año, cuando Brasil enfrenta elecciones generales y Rousseff buscaría la reelección, levanta cuestionamientos sobre su impacto y un eventual desgaste para el PT.

«Estoy exhausto de este proceso. Tenemos que llegar al final», reconoció el juez Luiz Roberto Barroso.

Lula se mantuvo al margen de las acusaciones, fue reelecto en 2006 y dejó el poder con un récord de popularidad a fines de  2010.

Tras un pronunciamiento conciliador de la presidenta Dilma Rousseff en la noche del viernes, comprometiéndose a encarar el mejoramiento de los servicios públicos, nuevas manifestaciones callejeras fueron convocadas en las redes sociales para este sábado, sobre todo en Belo Horizonte y Salvador, donde se disputan partidos de Confederaciones.

Rousseff se comprometió a escuchar «las voces de la calle», propuso un pacto con las autoridades de todo el país para mejorar los servicios públicos y admitió que se precisan «formas más eficaces de combate a la corrupción», en un pronunciamiento a la nación tras las multitudinarias protestas que llevaron a más de un millón a las calles el jueves. También condenó la violencia.

Las propuestas de la presidenta incluyen una medida en curso de aprobación, que debe ser votada por el Congreso: destinar a la educación el 100% de los recursos de los royalties que el estado recibe del petróleo.

El Movimiento Pase Libre de Sao Paulo (MPL), que desató el movimiento de protesta contra el alza del precio del transporte hace casi dos semanas, informó el sábado que mantendrá las movilizaciones.

Portavoces de este movimiento habían indicado el viernes a medios locales que suspenderían las convocatorias a protesta en rechazo a la violencia en que derivaron algunas manifestaciones. También criticaron la virulencia contra los miembros de partidos políticos que participaban de las caminatas.

Para este sábado, las convocatorias de la furia en las calles seguían: En Belo Horizonte, la tercera mayor ciudad en el sureste de Brasil, fue convocada una manifestación que pretende dirigirse al estadio Mineirao, donde se juega el partido por la Confederaciones Japón-México. «¿La Copa para quién?», denuncian los convocantes.

La ciudad anunció fuertes medidas de seguridad.

También en Salvador de Bahia, noreste, se convocó una protesta coincidiendo con el clásico Brasil-Italia, aunque por el momento no pretenden dirigirse al estadio.

También están convocadas protestar este sábado en otras 12 ciudades, incluidas Brasilia y Sao Paulo, contra la reforma constitucional 37, que prevé retirar de las fiscalías públicas el poder de investigación. Al percibir que esta cuestión ha sido levantada por los manifestantes, que ven a la fiscalía como una actor contra la corrupción, el Congreso aplazó esta semana la votación. «No nos sirve que aplacen, queremos que sea cancelada», proclama la convocatoria.

En las redes sociales se multiplicaban las reacciones al discurso a la nación de la presidenta Dilma Rousseff. Uno de las imágenes era un el rostro de hombre que dormitaba con los ojos al cielo, entre aburrido y excedido: «La cara que ponemos al escuchar a Dilma», decía la leyenda.

«La presidenta se salió bien en su pronunciamiento. No fue arrogante, al contrario, fue humilde aceptando que las voces de la calle tienen que ser escuchadas», declaró el comentarista de O Globo, Merval Pereira, habitualmente crítico del gobierno.

Para el senador opositor socialdemócrata Alvaro Dias, fueron en cambio «palabas al viento», citado por el sitio G1.

EL ex presidente socialdemócrata, Fernando Henrique Cardoso, que gobernó ocho años antes de la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva al poder en 2003, criticó «un estilo de crecimiento -aplicado en Brasil por el Partido de los Trabajadores todavía en el poder- que es el opuesto de China: Ahí ahorran e invierten. Aquí, se consume sin invertir. La calle está diciendo: no basta el consumo, quiero más».

Las grandes protestas callejeras en Brasil se iniciaron hace casi dos semanas contra un aumento del precio del transporte público y continuaron en reclamo de mejoras en la salud y la educación, contra la corrupción y los millonarios gastos públicos en la Copa Confederaciones y el Mundial 2014. Esas manifestaciones son organizadas espontáneamente en Internet, así como por grupos variopintos.