Militares ecuatorianos hallaron armas, municiones y explosivos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Guayas Número 4 Regional, ubicada en el suroeste del país y catalogada como una de las cárceles más peligrosas del país, informaron hoy jueves las Fuerzas Armadas.

El hallazgo se hizo durante una intervención en el centro carcelario conocido también como Cárcel Regional de Guayaquil, para hacer una requisa de objetos prohibidos, indicó las Fuerzas Armadas del Ecuador en su cuenta de la red social X.

Agregó que el arsenal estaba «encaletado» (oculto). Por lo tanto, se tuvo que romper uno de los pisos del penal, según se difundió en un video colgado en la red social.

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Militares

Las Fuerzas Armadas detallaron que el arsenal decomisado incluye tres fusiles, dos carabinas «Mossberg», 13 pistolas, seis granadas de uso militar, un binocular, 200 alimentadoras y 38.700 municiones.

La incursión en el penal se dio en el marco del «conflicto armado interno» en el país que declaró el presidente, Daniel Noboa, en enero pasado, contra 22 bandas criminales vinculadas al narcotráfico calificadas como «terroristas».

Bajo esa medida, las Fuerzas Armadas tienen la misión de intervenir en las prisiones para decomisar objetos prohibidos como armas, explosivos, droga y municiones, además de mantener el control en el perímetro externo.

La presencia de los militares en las cárceles surgió a raíz de una ola de motines que se desató en enero pasado y que incluyó la toma de rehenes en rechazo a la dura política de seguridad del Gobierno que promueve el traslado de reos peligrosos a otras cárceles de máxima seguridad.

Según expertos, las bandas criminales aliadas con carteles del narcotráfico, se disputan el control de las prisiones, las cuales son utilizadas como centros de operaciones para organizarse y sembrar terror en la sociedad.

Desde 2021, el sistema penitenciario vive niveles de violencia sin precedentes. Han dejado más de 400 reclusos asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales, según las estadísticas de la Policía Nacional.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido este viernes de que el número de menores que murieron víctimas de ataques aéreos en el marco de la guerra de Ucrania ha aumentado casi un 40 por ciento en 2024 con respecto al año anterior y ha cifrado en 25 los niños muertos entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Según datos de Naciones Unidas, entre estos 25 niños el más pequeño era de apenas dos meses de edad. Asimismo, otros nueve menores han muerto durante las primeras tres semanas del mes de abril por culpa de ataques aéreos.

En total, 600 niños y niñas han muerto desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la guerra a Ucrania el 24 de febrero de 2022; mientras que más de 1.300 han resultado heridos, si bien las cifras podrían ser mayores, ha alertado Unicef.

«Me preocupa ver que sigue habiendo ataques en todo el país que destruyen escuelas, instalaciones sanitarias y edificios residenciales», ha señalado la directora regional de Unicef para Europa y Asia Central, Regina De Dominicis, al concluir una visita a Ucrania esta semana.

En concreto, hasta 26 instalaciones sanitarias y 140 centros educativos han resultado dañados o destruidos en los primeros tres meses del año. Unicef ha señalado que los ataques que afectan al suministro energético y a las fuentes de agua dificultan el acceso a servicios esenciales y ponen en riesgo la vida de los menores.

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En Ucrania

«Cada ataque retrasa los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, prolongando el deterioro en la calidad de vida de los niños y las niñas», ha apuntado De Dominicis. Ha recordado además que «ningún lugar es seguro para los niños» en Ucrania.

Unicef ha informado, por otro lado, de que casi la mitad de los niños inscritos en las escuelas ucranianas no reciben educación presencial. Además, casi un millón no pueden acceder a ningún tipo de aprendizaje presencial debido a la inseguridad en el país.

La agencia de la ONU ha podido atender en 2023 a 1,3 millones de menores dentro del sector de la educación formal e informal ofreciendo ‘kits’ educativos para su uso online. Asimismo, ha brindado apoyo psicosocial y de salud mental a 2,5 millones de niños, niñas y cuidadores el año pasado.

No obstante, para garantizar la asistencia a los menores y las familias en Ucrania, incluyendo las zonas en la primera línea del frente, la agencia necesita 250 millones de dólares adicionales.

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica este jueves sobre la inmunidad presidencial absoluta que reclama Donald Trump, aunque parece dispuesta a emitir un fallo que retrasaría aún más el juicio del republicano por presunta interferencia electoral.

La sentencia puede tener repercusiones de gran alcance para el poder ejecutivo, pero también para los múltiples problemas legales de Trump, candidato a las presidenciales de noviembre.

«Estamos escribiendo una norma para la posteridad», dijo el juez Neil Gorsuch, uno de los tres magistrados conservadores nombrados por el expresidente republicano. 

Al aceptar a trámite el caso, la Corte Suprema ya retrasó de hecho el comienzo de un juicio en el que se acusa a Trump de conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.

El fiscal especial Smith presentó en agosto el caso contra Trump, de 77 años, y ha presionado para que el juicio comenzara en marzo. Pero los abogados de Trump presentaron un aluvión de mociones para aplazarlo, incluida una en la que sostienen que un expresidente goza de «inmunidad absoluta».

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Inmunidad presidencial

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que se espera que emita su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump.

Pero al menos cuatro de los nueve magistrados del tribunal parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de «inmunidad absoluta» frente a un proceso penal después de dejar el cargo. 

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un conservador, así se lo dijo a Michael Dreeben, que representaba al fiscal especial Jack Smith. 

«Según leí, dice simplemente: ‘un expresidente puede ser procesado porque está siendo procesado'», afirmó Roberts. «¿Por qué no deberíamos devolver (el caso) al tribunal de apelaciones o emitir un dictamen que aclare que esa no es la ley?». 

Enviar el caso nuevamente al tribunal inferior para una revisión adicional retrasaría casi con certeza el juicio por conspiración electoral de Trump hasta después de las elecciones de noviembre, en las que se enfrentará una vez más al demócrata Joe Biden. 

El juez Samuel Alito, otro conservador, argumentó que si se niega la inmunidad nada impide en el futuro que un presidente se indulte a sí mismo de «cualquier cosa que posiblemente se le haya acusado de haber cometido».

«No hubo delitos»

El juez Clarence Thomas, otro conservador, preguntó a Dreeben por qué no había habido ningún procesamiento previo contra un expresidente. 

La razón «es que no hubo delitos», contestó Dreeben. 

Añadió que otorgar «inmunidad absoluta» a los expresidentes los «inmunizaría» de responsabilidad penal por «soborno, traición, sedición, asesinato». En el caso de Trump, «por conspirar para utilizar el fraude para anular los resultados de una elección; además, de perpetuarse a sí mismo en el poder».

John Sauer, el abogado de Trump, dijo al tribunal que «sin inmunidad presidencial frente a procesos penales no puede haber presidencia tal como la conocemos». 

«Cualquier presidente actual se enfrentará de facto al chantaje y la extorsión de sus rivales políticos mientras ocupe el cargo», estimó.

Las tres magistradas progresistas de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson y, hasta cierto punto, la conservadora Amy Coney Barrett, rechazaron la inmunidad presidencial general. 

«¿No habría un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sintieran envalentonados para cometer delitos con desenfreno?», dijo Jackson. 

Kagan preguntó si un presidente que «vende secretos nucleares a un adversario extranjero» debería ser inmune a ser procesado.»¿Qué le parece si un presidente ordena a los militares dar un golpe de Estado?».

Sauer respondió que esas hipótesis «suenan muy mal», pero «si es una acción oficial, es necesario que haya un juicio político y una condena» del Congreso antes de que un presidente pueda ser procesado.

Quejas de Trump

Trump se quejó a periodistas en Nueva York antes de entrar en una corte que le juzga por falsificación de registros comerciales para ocultar un pago a una actriz porno para comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016.

El expresidente dijo que el juez no le permitió asistir a la audiencia en la Corte Suprema. «Me hubiera encantado estar allí, debería estar allí, pero este juez no lo permitió», lamentó. Sin inmunidad «te conviertes en un presidente ceremonial», añadió Trump.

Además del caso en Nueva York, Trump se enfrenta a cargos por las elecciones de 2020 en Georgia. También se lo acusó en Florida por presunto manejo indebido de información confidencial tras abandonar la Casa Blanca. 

El chavismo gobernante en Venezuela abrió este jueves un ciclo de manifestaciones para rechazar el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el país caribeño por cuestionamientos a las condiciones de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Cientos de partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSVU) marcharon en Biscucuy (estado Portuguesa, oeste), convocados tras la decisión de la administración de Joe Biden de reimponer sanciones al petróleo venezolano por la inhabilitación de opositores como María Corina Machado de cara a los comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de seis años.

«La gente le pide a Biden que levante el bloqueo para poder trabajar en paz», dijo ante la multitud el número dos del PSUV por detrás de Maduro, Diosdado Cabello. «¡Es una exigencia al imperialismo!».

Será la primera de varias movilizaciones planificadas contra las sanciones en medio de la carrera electoral, según anunció Cabello.

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Chavismo

Washington había flexibilizado el año pasado sus sanciones al crudo, el gas y el oro de Venezuela, después de que delegados del gobierno de Maduro y la oposición acordaran una ruta hacia las elecciones presidenciales.

Sin embargo, tras la ratificación de la sanción contra Machado, quien había arrasado en las primarias de la mayor coalición opositora venezolana (la Plataforma Unitaria), y el veto a su sustituta, Corina Yoris, el gobierno estadounidense decidió no extender una licencia que autorizaba operaciones con la estatal petrolera PDVSA, que vencía el 18 de abril.

«Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral», alegó entonces el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

La Plataforma Unitaria terminó decantándose por el diplomático Edmundo González Urrutia como candidato.

Con cientos de detenidos y estudiantes enfrentados cara a cara con policías antidisturbios, las protestas propalestinas se han convertido en una ola en expansión en las universidades de Estados Unidos, donde los campamentos se multiplican de campus en campus en un clima de creciente tensión.

De Los Ángeles (oeste) a Nueva York (este), de Austin (sur) a Boston (noreste), el movimiento estudiantil estadounidense propalestino crece cada hora, tras su inicio hace una semana en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

El movimiento abarca a varias de las más prestigiosas universidades, como Princeton y Harvard.

Grupos de estudiantes montaron tiendas de campaña en los campus, para denunciar el apoyo militar estadounidense a Israel y la dramática situación humanitaria en la Franja de Gaza.

El miércoles por la tarde, más de un centenar de manifestantes fueron detenidos cerca del Emerson College, una universidad de Boston. A miles de kilómetros de distancia, agentes a caballo arrestaron a decenas estudiantes de la Universidad de Texas, en Austin.

También, en el campus de la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles, donde detuvieron a 93 personas por invasión de propiedad privada. 

La USC indicó en la red social X que la protesta había terminado y que el campus permanecería «cerrado hasta nuevo aviso». Las autoridades informaron que no hubo heridos y que las patrullas permanecerían en el área el jueves.

En el campus de la universidad de Emory, en Atlanta (sureste), los manifestantes fueron desalojados a la fuerza por la policía, que incluso arrojó al piso a algunos de ellos para detenerlos, según imágenes de un fotógrafo de AFP.

La policía de Atlanta admitió haber usado sustancias «químicas irritantes» ante la «violencia» de algunos de los manifestantes.

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Ola creciente de protestas

A pesar de esto, el movimiento de protestas aumenta.

A primeras horas del jueves se instaló un nuevo campamento en Washington, la capital, donde está prevista una manifestación.

En la universidad UCLA, en Los Angeles, más de 200 estudiantes instalaron un campamento con unas 30 tiendas de campaña, rodeado de pancartas.

Kaia Shah, estudiante de Ciencias Políticas de 23 años, se muestra entusiasta. «Es increíble lo que vemos en otros campus. Es una muestra de cuántas personas apoyan esta causa».

En Austin, cerca de 2.000 estudiantes se manifestaron el jueves en el campus de la universidad de Texas, al grito de «Liberen a Palestina».

Para Kit Belgium, profesora en Texas, la universidad debe asegurar «la libertad de expresión y el libre debate de ideas».

«Y si la universidad no puede tolerar esto, entonces no merece llamarse así», dijo a la AFP.

Cerca de una de las concentraciones a favor de Gaza, una treintena de estudiantes organizó una contra manifestación.

Jasmine Rad, estudiante judía de la universidad de Texas, considera que las manifestaciones de apoyo a Gaza son «peligrosas».

«Le hacen daño a los estudiantes judíos y a los que no se sienten seguros por la violencia en nuestro campus», explicó la estudiante de periodismo de 19 años.

Preocupación

Las autoridades temen que las protestas propaguen los incidentes antisemitas.

Incluso, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, acudió a la Universidad de Columbia el miércoles, donde fustigó el «virus del antisemitismo».

Y también advirtió que si las manifestaciones no paran se podría recurrir al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional.

Una declaración que evoca amargos recuerdos. El 4 de mayo de 1970 la Guardia Nacional de Ohio disparó a manifestantes en contra de la guerra de Vietnam en la universidad Kent State. Cuatro estudiantes murieron.

Este jueves, la universidad USC de Los Angeles decidió anular su principal ceremonia de graduación este año, debido a «las nuevas medidas de seguridad».