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martes 2 mar 2021 | Actualizado a 15:24

EE.UU extiende brutal castigo por la ‘insurrección’ en Guantánamo

La identidad de quienes acceden al interior de los campos 5 y 6 se preserva de forma escrupulosa. Los periodistas dejan sus credenciales en la garita de la entrada. Los soldados arrancan de su uniforme el velcro que les identifica por su apellido, y los guardias —policías militares— solo portan un número por toda identificación.

/ 14 de julio de 2013 / 05:26

La huelga de hambre en la base militar de Guantánamo, iniciada el 6 de febrero, ingresó ya esta semana a su sexto mes con dos tercios de los reclusos alimentados a la fuerza por sondas que se les introduce en la nariz.

La identidad de quienes acceden al interior de los campos 5 y 6 se preserva de forma escrupulosa. Los periodistas dejan sus credenciales en la garita de la entrada. Los soldados arrancan de su uniforme el velcro que les identifica por su apellido, y los guardias —policías militares— solo portan un número por toda identificación.

En el teatro del absurdo en que se ha convertido el centro de detención de Guantánamo, los soldados que dan atención médica a los presos, encerrados en la base naval estadounidense en territorio cubano, se hacen llamar por nombres tomados de obras de Shakespeare. Así, la psiquiatra es Dionisia (de la obra Pericles, príncipe de Tiro), que confiesa, ingenua, no saber muy bien las razones por las que los reos no reclaman sus servicios de sanidad mental.

Malvolio, Feste y Orsino (de Noche de reyes) forman parte del grupo de enfermeros de refuerzo que el Pentágono se vio obligado a enviar hace un mes para atender el creciente número de alimentaciones forzosas que se estaban llevando a cabo en la cárcel como consecuencia de la cada vez mayor cantidad de presos en huelga de hambre, en protesta por su detención indefinida y por la falta de cargos formales en su contra.

Oficialmente son 104, sobre una población reclusa total de 166, según datos de la semana pasada, cuando el periódico El País fue autorizado a realizar una visita guiada de cinco días a la polémica prisión que EEUU abrió en 2002 en tierra extranjera para poder burlar un buen número de leyes, entre ellas la Convención de Ginebra, que garantiza derechos a los prisioneros de guerra.

Imposición. Cuando pasan pocos minutos de las 04.00 reina un silencio absoluto dentro del Campo 6. Se acerca la plegaria de las 05.00, que se permite escuchar a la prensa, como si el rezo de los prisioneros se tratase de un espectáculo de curiosidades. De manera paralela, los guardias —la mayoría, entre los 19 y los 21 años, unos niños cuando se produjeron los ataques del 11-S y George W. Bush iniciase la guerra contra el terrorismo— preparan los desayunos, de los que más de un centenar acabarán en la basura.

“Nuestras órdenes son seguir las normas que se aplican en las prisiones federales de EEUU y alimentar a la fuerza a los seguidores de la huelga en peores condiciones”, asegura uno de los galenos al frente del centro sanitario, exclusivo para los reos.

“Hasta que no nos ordenen lo contrario, esa práctica no va a cambiar; no dejaremos que ningún detenido muera de hambre”, asegura este miembro de la Marina que salpica su discurso con la frase: “Aquí, todo se hace siguiendo la más absoluta legalidad”. Lo que este comandante de la Marina hace, al menos dos veces cada día y con ayuda de otro militar, es atar a una silla —específicamente diseñada para esta labor— al preso que debe ser alimentado, y que llega allí por su pie o a la fuerza. Una vez maniatado, se le coloca una máscara sobre la cara que impide que mueva la boca, así como que pueda morder o escupir. Hasta aquí el primer paso.

Procedimiento. El segundo comienza con la aplicación en las fosas nasales de un lubricante quirúrgico —“también vale aceite de oliva”, apunta el comandante— antes de introducir un tubo por la cavidad nasal. Según los abogados de los presos, en este punto sus clientes se quejan de sufrir un dolor intenso y no poder dejar de lacrimar, ya que en esa zona existen muchas terminaciones nerviosas.

El enfermero de turno relata en menos de ocho segundos lo que sucede a continuación, pero para los reos, aseguran sus letrados, se trata de una agonía que parece no acabar nunca. El tercer paso se inicia con el descenso del tubo quirúrgico por la garganta hasta el estómago, que hace que se haga difícil la respiración y se produzca la sensación que algunos describen como ahogamiento.

El cuarto paso comienza por sujetar el tubo a la nariz con un esparadrapo, para evitar que el detenido lo muerda y, una vez asegurado, se inicia la tarea de volcar a través del mismo 750 mililitros (un litro tiene 1.000 mililitros) de una sustancia rica en nutrientes. En este punto se puede incorporar al suplemento alimenticio el Reglan (medicina que a largo plazo provoca síntomas parecidos a los del Parkinson) para mitigar la sensación de náuseas o hinchazón en el preso.

“Todo el procedimiento dura 20 minutos”, asegura el uniformado que con frialdad quirúrgica ha explicado el desagradable proceso. “Puedo garantizar que no es doloroso, yo me lo he hecho a mí mismo”, explica el sargento segundo.

Sobre Guantánamo solo se sabe una parte de la historia, la que las autoridades militares quieren contar y que, en un acto de circense transparencia, publicitan con las visitas al penal, indeleble mancha en el historial de derechos humanos de Estados Unidos.

La prensa no tiene acceso a los presos, 86 de los cuales han obtenido el visto bueno para poder abandonar la isla y ser transferidos a terceros países y, sin embargo, ven los días pasar sin que nada suceda. Algunos llevan diez años encerrados sin cargos. De los 166 que quedan —a mediados de la década pasada llegó a haber cerca de 600—, 151 están calificados bajo la etiqueta “bajo valor”.

Casos. Solo seis enfrentan estos días las audiencias previas a los juicios que están por llegar: el responsable del ataque con bomba contra el portaaviones USS Cole en 2000 en un puerto de Yemen, Abd al Rahim al Nashiri, y los cinco supuestos responsables de los ataques terroristas del 11-S.

La versión oficial sobre la huelga de hambre, según narra el director de asuntos públicos del Pentágono en la base, el capitán Robert Durand, es que 104 ejercen la huelga de hambre de forma activa. Pero, a partir de ahí, cualquier número vale. Según uno de los médicos entrevistados, “hay presos que llevan seis años en huelga de hambre”. Ante la mirada atónita de quien escucha esa respuesta, el galeno adopta un tono de confidente y asegura que los reclusos mienten, que claro que comen, a veces poco, pero comen. “Solo quieren llamar la atención”, finaliza. Un objetivo que, sin duda, han conseguido ya hace meses.

No es posible constatar la situación real de los reos

El País

Si en 2009 el presidente Barack Obama prometía cerrar la base militar en el plazo de un año, la realidad política y el obstruccionismo del Capitolio —con la Cámara en manos de los republicanos— se impusieron, y un año más tarde el penal no sólo seguía abierto, sino que a continuación se reanudaron las comisiones militares que Obama había desterrado.

Guantánamo quedaba una vez más suspendido en un limbo jurídico e indiferente a la opinión pública. Hasta que en febrero, seis presos iniciaron una protesta dejando de comer. En principio, se atribuyó, por parte de sus abogados, a que los soldados que los vigilan habían dado un trato irrespetuoso a sus ejemplares del Corán. La protesta fue en aumento. En una semana eran ya 12 los que no ingerían alimentos. Al acabar marzo, los abogados aseguraban que eran un centenar quienes se habían sumado a la huelga.

El Ramadán (festividad religiosa que dura un mes y en la que los musulmanes ayunan) comenzó el martes, y el comandante de la prisión, coronel John Bogdan, asegura que seguirán las alimentaciones forzosas mientras no lleguen ordenes que las suspendan.

Bajo el puño férreo de Bogdan, al margen de los campos de detención, la vida sigue como si nada en la base de Guantánamo. Pero dentro de la visita al que fue denominado el Gulag del siglo XXI no se incluye ningún contacto con los reclusos. Ninguna manera de comprobar si se corresponde con la realidad la idílica situación que describen las autoridades para los prisioneros: “Tienen DVD, 25 canales de televisión, libros de Harry Potter y mejor asistencia sanitaria que la que disfrutan los ciudadanos de Estados Unidos”, lo que siendo un supuesto halago es una pésima publicidad para la nación más poderosa del mundo.

Las entrevistas están fuera de toda cuestión. Ni tan siquiera una fotografía de espaldas, “para proteger sus derechos”, justifican para negarlo, lo que no deja de ser irónico respecto a personas que no tienen ningún otro.

Tribunal veta cacheo de genitales de presos

EFE / Washington

Un juez federal en Washington prohibió que los guardias de seguridad realicen el cacheo de genitales de los reos en el penal de Guantánamo antes de reunirse con sus abogados, por considerarlo una práctica “exagerada”.

El juez R. C. Lamberth dictaminó que la práctica establecida en mayo, de registrar a los reos, incluso en sus genitales, antes de que estos se reúnan con sus abogados, es una “respuesta exagerada” en nombre de la seguridad en el penal.

“La opción entre someterse a un procedimiento de registro que es religiosa y culturalmente aborrecible o renunciar a un abogado en realidad no es una opción para musulmanes devotos como los peticionarios”, dijo Lamberth, principal magistrado del tribunal federal en Washington.

Método. Lamberth ordenó que los guardias de seguridad recurran al método antiguo de tomar al reo por la cintura y sacudir su pantalón para desprender cualquier posible artículo de contrabando.

En mayo, el coronel John Bogdan, comandante del Grupo de Trabajo Conjunto para las Detenciones en Guantánamo, estableció la nueva práctica de registro tras el hallazgo de artículos de contrabando en las celdas, incluyendo armas caseras y dispositivos electrónicos prohibidos en el penal.

El registro de los genitales era una nueva condición impuesta a los detenidos para poder reunirse con sus abogados fuera de sus celdas pero en otro lugar dentro de la base. Algunos detenidos comenzaron a negarse al traslado para evitar esos registros.

Los abogados defensores de los reclusos argumentaron ante el juez que la intención de la práctica no era mejorar la seguridad en el penal, sino privar a los reos del derecho a consultar a sus abogados, particularmente a raíz de una huelga de hambre en Guantánamo iniciada en febrero.

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Criminalidad reduce desarrollo de economía de América Latina

Impacto. Los gobiernos destinan cada vez más recursos para la seguridad ciudadana.

Sao Paulo. Policías se preparan a transportar droga confiscada en una favela. Foto: montevideo.com.uy.

/ 10 de febrero de 2013 / 04:00

La criminalidad no sólo es el principal motivo de preocupación de los habitantes de América Latina, sino que su constante aumento obliga a los gobiernos a destinar cada vez más recursos para combatirla, lo que ha reducido el crecimiento económico de la región.

Pese al progreso que vive Latinoamérica, el crimen y la violencia en la región siguen constituyendo el principal obstáculo para su desarrollo social y económico, debido a que es en los países de la zona donde se concentran los mayores índices de violencia  en el mundo, según la ONU y el Banco Mundial.

La inseguridad ciudadana no sólo es la principal preocupación de sus habitantes, por delante de otros asuntos como el desempleo o la salud, según datos del Latinobarómetro, sino que absorbe una parte importante de los recursos de los gobiernos de la región: Latinoamérica invierte en combatir la violencia el 2% de su PIB.

“Estudiar las causas que originan la violencia en América Latina es importante, pero también es muy necesario lograr una mejor estimación de los costes económicos de este fenómeno”, explicó a El País Gustavo Beliz, coordinador de la Plataforma de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Los efectos de la criminalidad se hacen evidentes en los costos de mantenimiento de infraestructuras públicas para combatirla y prevenirla. Pero también se derivan en otros más difíciles de mensurar, como el temor ciudadano a convertirse en víctimas y la desconfianza en las instituciones públicas, que puede incidir en la forma en la que se desarrollen las políticas públicas”, dijo Beliz.

Cada año, el 12% de los ciudadanos de la región es víctima de un acto de violencia (en África, la región con el índice más elevado, el porcentaje sólo es del 13%) y el 32% de sus empresas (cifra récord) sufre pérdidas económicas derivadas de vandalismo o de robo.

“La violencia en América Latina ha ralentizado en muchos países su potencial crecimiento económico”, explica Beliz. En México, durante el sexenio (2006-2012) —uno de los períodos más violentos del país, en el que se registraron al menos 50 mil muertes relacionadas con la llamada guerra de la droga— la economía local creció en 1,84%, “el promedio más bajo de las últimas cuatro administraciones”, según los datos del BID.

En México, en los municipios más afectados por la violencia de los cárteles, el consumo eléctrico anual disminuyó en 5,7%; en Brasil —el segundo país con mayor índice de homicidios en América Latina—, el incremento de la sensación de seguridad en zonas urbanas sube el valor de las viviendas en $us 1.153; y en Colombia, los menores internados como consecuencia de delitos, tienen el 15% menos de posibilidades de ingresar en el sistema educativo.

Única región donde aumentó la violencia

Latinoamérica es la única región del mundo en la que la violencia aumentó en la última década, por lo que esa problemática debe incluirse en la nueva agenda de desarrollo mundial para después de 2015, cuando vence el plazo para los Objetivos del Milenio.

“Desgraciadamente, la violencia en América Latina es una de las más altas en el mundo”, ya que es la única región en la que en los últimos diez años ese fenómeno “ha aumentado en vez de disminuir”, indicó Hernando Gómez, consultor de la ONU y director de seguridad en el Desarrollo Humano en América Latina.

Según Gómez, “diez de los 18 países con tasas por encima de 20 homicidios por cada 100  mil habitantes» están en Latinoamérica, muy por encima de la tasa media mundial de 6,7.

Magdy Martínez, vicedirector de la Oficina de Políticas de Desarrollo del Programa de la ONU para el Desarrollo, dijo por su parte que el crimen organizado y la violencia de género en América Latina “han ido creciendo más de prisa” que la respuesta de los Estados.

La ONU, aseguró, cree que la futura agenda posterior al 2015 tendrá un capítulo de gobernabilidad que podría incluirse las cuestiones de seguridad personal y ciudadana.

La tasa de homicidios subió 11% en diez años

La proporción de robos en América Latina y el Caribe se triplicó en los últimos 25 años, y es además la única región del mundo donde la tasa de homicidios aumentó en la última década (11%) según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La inseguridad “es la principal preocupación de los latinoamericanos”, subrayó Heraldo Muñoz, director regional del PNUD. “El problema de la inseguridad ciudadana ha aumentado en toda la región; en algunos casos con violencia letal, es decir, con homicidios; en otros casos con delitos contra la propiedad, como los robos, de modo que nadie se libra de estos problemas”, advirtió.

En conjunto, el índice de homicidios aumentó el 11% en la última década, y el país que sufre la mayor tasa es Honduras, con 82 por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 6,7.

En tanto, “en los países que enfrentan bajas tasas de homicidios, como Chile, los delitos patrimoniales han aumentado fuertemente”, explicó Muñoz. Según dijo, en los últimos 25 años, la proporción de robos se ha triplicado en el conjunto de Latinoamérica.

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Criminalidad reduce desarrollo de economía de América Latina

Impacto. Los gobiernos destinan cada vez más recursos para la seguridad ciudadana.

/ 10 de febrero de 2013 / 04:00

La criminalidad no sólo es el principal motivo de preocupación de los habitantes de América Latina, sino que su constante aumento obliga a los gobiernos a destinar cada vez más recursos para combatirla, lo que ha reducido el crecimiento económico de la región.

Pese al progreso que vive Latinoamérica, el crimen y la violencia en la región siguen constituyendo el principal obstáculo para su desarrollo social y económico, debido a que es en los países de la zona donde se concentran los mayores índices de violencia  en el mundo, según la ONU y el Banco Mundial.

La inseguridad ciudadana no sólo es la principal preocupación de sus habitantes, por delante de otros asuntos como el desempleo o la salud, según datos del Latinobarómetro, sino que absorbe una parte importante de los recursos de los gobiernos de la región: Latinoamérica invierte en combatir la violencia el 2% de su PIB.

“Estudiar las causas que originan la violencia en América Latina es importante, pero también es muy necesario lograr una mejor estimación de los costes económicos de este fenómeno”, explicó a El País Gustavo Beliz, coordinador de la Plataforma de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Los efectos de la criminalidad se hacen evidentes en los costos de mantenimiento de infraestructuras públicas para combatirla y prevenirla. Pero también se derivan en otros más difíciles de mensurar, como el temor ciudadano a convertirse en víctimas y la desconfianza en las instituciones públicas, que puede incidir en la forma en la que se desarrollen las políticas públicas”, dijo Beliz.

Cada año, el 12% de los ciudadanos de la región es víctima de un acto de violencia (en África, la región con el índice más elevado, el porcentaje sólo es del 13%) y el 32% de sus empresas (cifra récord) sufre pérdidas económicas derivadas de vandalismo o de robo.

“La violencia en América Latina ha ralentizado en muchos países su potencial crecimiento económico”, explica Beliz. En México, durante el sexenio (2006-2012) —uno de los períodos más violentos del país, en el que se registraron al menos 50 mil muertes relacionadas con la llamada guerra de la droga— la economía local creció en 1,84%, “el promedio más bajo de las últimas cuatro administraciones”, según los datos del BID.

En México, en los municipios más afectados por la violencia de los cárteles, el consumo eléctrico anual disminuyó en 5,7%; en Brasil —el segundo país con mayor índice de homicidios en América Latina—, el incremento de la sensación de seguridad en zonas urbanas sube el valor de las viviendas en $us 1.153; y en Colombia, los menores internados como consecuencia de delitos, tienen el 15% menos de posibilidades de ingresar en el sistema educativo.

Única región donde aumentó la violencia

Latinoamérica es la única región del mundo en la que la violencia aumentó en la última década, por lo que esa problemática debe incluirse en la nueva agenda de desarrollo mundial para después de 2015, cuando vence el plazo para los Objetivos del Milenio.

“Desgraciadamente, la violencia en América Latina es una de las más altas en el mundo”, ya que es la única región en la que en los últimos diez años ese fenómeno “ha aumentado en vez de disminuir”, indicó Hernando Gómez, consultor de la ONU y director de seguridad en el Desarrollo Humano en América Latina.

Según Gómez, “diez de los 18 países con tasas por encima de 20 homicidios por cada 100  mil habitantes» están en Latinoamérica, muy por encima de la tasa media mundial de 6,7.

Magdy Martínez, vicedirector de la Oficina de Políticas de Desarrollo del Programa de la ONU para el Desarrollo, dijo por su parte que el crimen organizado y la violencia de género en América Latina “han ido creciendo más de prisa” que la respuesta de los Estados.

La ONU, aseguró, cree que la futura agenda posterior al 2015 tendrá un capítulo de gobernabilidad que podría incluirse las cuestiones de seguridad personal y ciudadana.

La tasa de homicidios subió 11% en diez años

La proporción de robos en América Latina y el Caribe se triplicó en los últimos 25 años, y es además la única región del mundo donde la tasa de homicidios aumentó en la última década (11%) según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La inseguridad “es la principal preocupación de los latinoamericanos”, subrayó Heraldo Muñoz, director regional del PNUD. “El problema de la inseguridad ciudadana ha aumentado en toda la región; en algunos casos con violencia letal, es decir, con homicidios; en otros casos con delitos contra la propiedad, como los robos, de modo que nadie se libra de estos problemas”, advirtió.

En conjunto, el índice de homicidios aumentó el 11% en la última década, y el país que sufre la mayor tasa es Honduras, con 82 por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 6,7.

En tanto, “en los países que enfrentan bajas tasas de homicidios, como Chile, los delitos patrimoniales han aumentado fuertemente”, explicó Muñoz. Según dijo, en los últimos 25 años, la proporción de robos se ha triplicado en el conjunto de Latinoamérica.

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