Una marcha de cientos de manifestantes demandó este jueves en Santiago la despenalización del aborto en Chile, tema que volvió a tomar trascendencia tras la revelación días pasados del embarazo de una menor de 11 años víctima de violación.
Los manifestantes marcharon desde la céntrica plaza Italia y siguieron por la emblemática avenida Alameda con pancartas y gritos: «Sí al aborto libre, gratuito y seguro» y «Yo amo el aborto», constató un periodista de la AFP.
La marcha continuó de forma pacífica y concluyó en el paseo peatonal Ahumada, a pocos metros del Palacio gubernamental de La Moneda, bajo el estricto control de decenas de policías.
La protesta fue organizada por movimientos feministas que demandan la despenalización del aborto y que no se encarcele a las mujeres que interrumpen su embarazo, tal como ordena actualmente la ley en Chile.
«Queremos que no se criminalice a las mujeres, porque son tratadas como delincuentes cuando quieren abortar, por eso exigimos la despenalización del aborto, que actualmente se hace fuera de la ley en condiciones insalubres», dijo a la AFP Angie Mendoza, una de las organizadoras de la marcha.
Más de 150.000 abortos se producen anualmente en Chile, algunos de ellos espontáneos pero en su mayoría de forma clandestina, según el Ministerio de Salud.
El aborto terapéutico -en casos de inviabilidad del feto o de peligro de vida de la madre- estuvo permitido hasta el año 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lo abolió.
El debate por el aborto se reabrió luego de conocido el embarazo de más de tres meses de una niña de 11 años, presuntamente violada por su padre en la región de Aysén (sur), quien fue detenido tras confesar el hecho.
El caso causó conmoción en el país, en medio del clima electoral que viven los chilenos de cara a las elecciones nacionales del 17 de noviembre.
La candidata socialista y expresidenta Michelle Bachelet, favorita para ganar las elecciones, planteó que el aborto terapéutico y en caso de violación debe despenalizarse.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, dijo sentirse «impactado» por el caso y manifestó que de producirse un nacimiento prematuro debería cuidarse la vida de la madre.
El Congreso rechazó en 2012 discutir el tema ante la falta de consenso entre los partidos políticos, en un país con alta influencia de la iglesia Católica.