El Gobierno argentino confirmó que 11 de los 18 detenidos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura internados en el Hospital Militar de Buenos Aires permanecen allí pese a tener el alta médica.
El dato surgió de una investigación ordenada por el gobierno de Cristina Fernández a partir de la fuga la semana pasada de dos exmilitares presos por crímenes en la dictadura (1976-1983) que habían sido ingresados en ese hospital.
El Gobierno elevó su informe a la Justicia para la inmediata restitución a centros de detención de los 11 presos cuyo ingreso hospitalario no está justificado, informó el Gobierno argentino en su sitio web.
La investigación sobre las condiciones de los detenidos por delitos de lesa humanidad proseguirá en otros hospitales públicos dependientes de los servicios penitenciarios federal y provinciales.
Los exmilitares Jorge Olivera, condenado en la norteña provincia de San Juan a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, y Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, escaparon el pasado 25 de julio del Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde habían sido trasladados para recibir atención médica.
El ministro de Justicia argentino, Julio Alak, indicó que los motivos esgrimidos para el ingreso en el Hospital Militar de Olivera y De Marchi eran “absolutamente secundarios y no merecían en absoluto el traslado”.
“Lamentablemente fueron trasladados por orden judicial al Hospital Militar donde terminaron de perpetrar un planificado plan de fuga”, añadió.
El Gobierno ofrece una recompensa de 2 millones de pesos ($us 370.000) destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención de los prófugos.