El presidente de Colombia Juan Manuel Santos ordenó este viernes la militarización de Bogotá luego de que grandes manifestaciones en apoyo a una protesta campesina terminaron en violencia, con dos muertos y graves destrozos en la capital.

«Ordené la militarización de Bogotá y así lo haré en cualquier municipio o zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados», dijo Santos este viernes en una alocución de radio y televisión en la que también informó de la muerte de dos personas en disturbios en la noche del jueves en barrios periféricos de la capital.

La militarización de Bogotá, tras la violencia que dejó además 147 personas heridas y al menos 40 detenidos, implica que «los soldados realizarán labores de patrullaje en coordinación con la policía», explicó a la AFP un vocero de la alcaldía.

Los violentos desmanes dejaron también destrozos en estaciones de transporte público, sedes bancarias y comercios. Aunque en la noche del jueves el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, responsabilizó a las FARC por los disturbios ocurridos en Bogotá, Santos se abstuvo este viernes de mencionar a esa guerrilla con la cual lleva adelante un proceso de paz.

En cambio, el presidente acusó al movimiento político Marcha Patriótica, de izquierda radical. «El movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. No les interesan para nada los campesinos», dijo.

«He dicho que bienvenida la protesta, pero no la protesta obligada a punta de fusil o de amenazas», aseveró. Esos señalamientos fueron rechazados por el portavoz de los campesinos que negociaban con el gobierno en la ciudad andina de Tunja (a unos 150 kilómetros de Bogotá), César Pachón.

«Eso es totalmente falso», respondió Pachón sobre las supuestas presiones para que manifiesten. «Aquí todos nos conocemos de toda la vida, aquí todos somos campesinos», dijo en una entrevista con la emisora RCN.

50.000 militares a las vías

Santos también destinó 50.000 militares para asegurar junto con la Policía la movilidad en las carreteras y dispuso que los aviones de transporte de la Fuerza Aérea garanticen el abastecimiento de alimentos a las ciudades.

«Es inaceptable que las acciones de algunos afecten de manera grave la vida de la mayoría», enfatizó Santos, al ofrecer recompensas por información que lleve a la detención de los responsables de los desmanes.

Asimismo, pidió a los negociadores del gobierno que mediaban con los campesinos en Tunja regresar a la capital y dejar «nuestras propuestas sobre la mesa».

«Mantenemos toda la disposición para el diálogo con los verdaderos campesinos», agregó.

Los líderes campesinos comenzaron una «reunión de balance» tras los anuncios de Santos para determinar futuras acciones, dijo a la AFP Eberto Díaz, vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), que organiza la protesta.

«Hasta ahora el gobierno ha optado por movilizar 50.000 militares, incrementar la represión y las medidas de militarización como única respuesta a las peticiones de los campesinos», lamentó Díaz.

Mientras que Pachón, representante de los productores de papa, explicó que en la mesa de negociación las autoridades sólo ofrecieron «pequeñeces» y no «soluciones contundentes».

«Lo que estamos buscando es que nos garanticen que con nuestra agricultura vamos a sobrevivir», dijo, al detallar que los labriegos colombianos no pueden competir con los productos europeos o estadounidenses que entran al país por los tratados de libre comercio (TLC).

El gobierno «no quiere ceder, no quiere tocar los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea y esa gente tiene subsidios, bajos costos de producción y alta tecnología y con eso no podemos competir», aseveró.

Los campesinos protestan desde el 19 de agosto con bloqueos en las principales carreteras del país para exigir ayudas económicas a la actividad agrícola, que sostienen se ha visto perjudicada justamente con la entrada en vigor de varios TLC.

Los cierres de vías, muchos en los alrededores de Bogotá, han dificultado la llegada de alimentos y otros bienes esenciales a la capital.

El jueves, Santos reconoció que el sector del campo colombiano atraviesa «una tormenta» y ofreció a los campesinos controlar los precios de los fertilizantes y plaguicidas, así como frenar el contrabando de alimentos.

Entre 40.000 y 50.000 camioneros se han unido a las protestas para reclamar una rebaja en los precios de los combustibles, mientras que miles de pequeños mineros se mantienen concentrados en diversos puntos del país en exigencia de ser formalizados.

Hasta la semana pasada, cinco personas habían fallecido en diversas circunstancias en medio de los cierres de carreteras.