La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes su 149º período de audiencias, marcado con fuertes cuestionamientos a Estados Unidos por denuncias de abusos contra detenidos en Guantánamo, los casos de espionaje y el trato a inmigrantes.
La semana de audiencias en Washington se abrió con una clara demanda de la CIDH al gobierno de Estados Unidos por explicaciones ante las denuncias de torturas y trato degradante a prisioneros en el centro de detención situado en la base naval de Guantánamo.
Seguidamente, una audiencia se concentró en denunciar la falta de control sobre las actividades de la agencia estadounidense de inteligencia (NSA, en inglés), y la interceptación de comunicaciones de ciudadanos comunes, tanto en Estados Unidos como en el exterior.
La tercera audiencia se centró en el caso de Kevin Cooper, un estadounidense que aguarda en el corredor de la muerte en California, en un caso fuertemente cargado de connotaciones raciales.
Sin embargo, y en medio de la frustración generalizada del auditorio, la representación de Estados Unidos ante la CIDH alegó que no tuvo condiciones de preparar las respuestas a raíz del cierre administrativo del gobierno entre el 1 y el 16 de octubre.
«Debido al cierre administrativo del gobierno, respetuosamente proponemos a la Comisión presentar respuestas por escrito en un plazo de 30 días», dijo en las tres audiencias el representante adjunto de EEUU ante la CIDH, Lawrence Gumbiner.
El Relator Especial de la ONU contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, dijo a la prensa al fin de la primera audiencia que «es injustificado decir que no pueden responder por el cierre administrativo del gobierno durante dos semanas. Este caso lleva una década. Desde el año 2004 estamos pidiendo visitas sin condiciones a los prisioneros».
A diferencia de las demás audiencias, solicitadas por organizaciones civiles o Estados, la CIDH convocó directamente la sesión sobre Guantánamo tras la reciente huelga de hambre de los reclusos, quienes, según las denuncias, han sido objeto de alimentaciones forzadas.
La Comisión, que aplaude la decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de cerrar la prisión, espera sin embargo que se autorice visitar sin restricciones al centro de retención.
En la sesión sobre interceptación de comunicaciones, el comisionado Felipe González dijo que es necesario avanzar hacia «un mecanismo que, asumiendo la legitimidad de las labores de seguridad de los estados, no resulte invasiva de los derechos de las personas».
En tanto, Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, dijo que «a nadie le sorprendió que hubiera vigilancia. A la gente lo que sorprendió fue lo masivo, el volumen con el que lo hacían y la falta de enfocar a objetivos específicos».
El fenómeno, «al volverse masivo y sin control, se vuelve intimidatorio», dijo. En otra audiencia, organizaciones no gubernamentales acusaron a Estados Unidos de criminalizar a los inmigrantes indocumentados, y exigieron poner fin a las deportaciones.
Grupos de abogados, trabajadores y académicos denunciaron que las autoridades de la agencia migratoria estadounidense (ICE), actúan a discreción, sin considerar la unión de las familias o los derechos de niños, que en muchos casos terminan bajo la custodia estatal, cuando sus padres indocumentados son deportados.
Las deportaciones infligen un «trastorno permanente de la familia» y dejan a las personas expulsadas «sin una posibilidad realista» de reunirse con sus allegados, criticó el abogado Robert Panw.
«Hay violaciones individuales a protecciones garantizadas por derechos laborales, no discriminación, unidad familiar y debido proceso», señaló por su parte Salvador Sarmiento, de la red nacional de jornaleros (NDLON, en inglés).
Durante la semana de sesiones, decenas de organizaciones civiles, académicas y sociales de la región, así como representantes de los Estados, estarán presentes en Washington para discutir los casos ante los comisionados de la CIDH.
En una audiencia el viernes 1 de noviembre se analizarán las implicaciones en derechos humanos del uso de los aviones no tripulados (drones), no sólo por Estados Unidos, sino por varios países de América.
También se revisará por primera vez la responsabilidad de los países de origen de las empresas mineras que operan en las Américas en denuncias de violaciones a derechos humanos de los trabajadores de las minas.
En combinación con las sesiones que tuvieron lugar en marzo, la CIDH cerrará 2013 con 114 audiencias celebradas de un total de 374 solicitadas, el mayor número en los últimos seis años, según Álvarez.
En las sesiones de esta semana, Colombia destaca con cinco audiencias, principalmente sobre las denuncias de represión contra indígenas y otros grupos durante distintas protestas sociales, seguida de Venezuela, Estados Unidos y México con cuatro.